La exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, ya ha anunciado que va a renunciar a su acta de concejal del Ayuntamiento de Jerez, así como a la de diputada provincial.

Según ha podido saber este medio de fuentes del partido, Sánchez ya ha comunicado al partido esta decisión que estaba tomada antes de la Navidad, según apuntan desde esta formación, y que se hará efectiva en los próximos plenos de Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Jerez, que se celebran la próxima semana y a final de mes, respectivamente.

Margarida Ledo es la siguiente en la lista del PSOE a las municipales, y será ella con toda probabilidad la que tome posesión del acta de concejal que dejará la exregidora, que también deja una vacante en la Corporación de la Diputación de Cádiz.

Sánchez ejerce actualmente el cargo de directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, un nombramiento de libre designación que publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 2 de enero. Emana de una orden del pasado 29 de noviembre y lo rubrica la consejera del ramo, Mar Moreno.

Aunque con esta decisión pone punto y final a su vida política, Sánchez aún tendrá que enfrentarse a dos citas judiciales antes de poder centrarse sin más en su trayectoria profesional. Así, no se puede olvidar que recientemente la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez emitió un auto en el que ordena la apertura del juicio oral contra ella por la presunta contratación irregular de cinco militantes socialistas en calidad de asesores en su etapa como alcaldesa (2005-2011).

La acusación particular, que representa al exalcalde Pedro Pacheco, por entonces del PSA y ahora líder de Foro Ciudadano de Jerez, solicita más de 20 años de cárcel para Sánchez y su inhabilitación en cargos y empleo público.

Del mismo modo, Sánchez continúa imputada en el llamado ‘caso PTA’, después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Jerez haya desestimado los recursos de reforma interpuestos en su día por ella, por la exedil Carmen Martínez y por el concejal Francisco Lebrero contra el auto que acordaba la transformación de las diligencias previas de la instrucción para tramitarse como procedimiento abreviado.

Este caso parte de la denuncia realizada a la Fiscalía Anticorrupción por el PSA por posibles irregularidades en la ayuda que pudo concederse a la empresa Tecnología Innovación Sanitaria S.L, para comprar suelo en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA).