La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha denunciado esta semana la presencia de ratas en la residencia de mayores de La Granja, lo que muestra una vez más la dejadez de la Junta de Andalucía hacia estas instalaciones de su competencia. Delegados de CSIF en el centro alertan sobre el empeoramiento de las condiciones higiénico sanitarias, cuyas consecuencias perjudiciales afectan tanto a la plantilla que ahí trabaja como a los casi 150 residentes.

Según explican a través de un comunicado, “a comienzos de mes, CSIF comunicó a la Dirección del centro la situación, sin que hasta ahora se haya resuelto el problema. Ni siquiera cuando se dio traslado de lo que ocurre en el centro a la Delegación de Igualdad, Salud y Bienestar Social, días más tarde”.

Desde CSIF se recuerda que “la empresa Hyssan, de Sevilla, contratada para el servicio de laboratorio, control de legionella y desratización, cobra por estos servicios unos 6 mil euros anuales”. Sin embargo, salta a la vista que no realiza su trabajo en condiciones aceptables. Según el reglamento de régimen interno del centro, la Dirección tiene la obligación de desratizar y desinfectar al menos una vez al año el centro, pero “según la plantilla no se tiene constancia de que se haya llevado a cabo en años”.

El personal encargado de tirar la basura tiene verdadero pánico y la Dirección todo lo más que ha hecho es pedirle al personal de servicios domésticos de la residencia que, literalmente, “traten de espantarlas tocando las palmas”. Las ratas salen del contenedor de basuras, en el patio, y también las han visto en las taquillas del vestuario. CSIF denuncia que se han detectado ratas en otras ocasiones, pero esta vez comienza a ser desbordante.

Al mismo tiempo, CSIF recuerda que “existe un informe de la Inspección de Sanidad en el que se reflejan las múltiples deficiencias que presentan tanto el centro como la empresa Hyssan en relación a la prevención y control de legionella”. Ante esto, CSIF ha advertido que “tomará las medidas oportunas si no se resuelve el problema cuanto antes”.

La Asociación de Técnicos Municipales ha reiterado este sábado su intención de impugnar el convenio colectivo tanto por la vía laboral como por la contenciosa si el documento sale ratificado en la asamblea de trabajadores convocada para este lunes 16 de septiembre. A juicio de este colectivo, “el SIP y CGT han conseguido que el gobierno reparta beneficios solo entre ellos. Es una demostración más de que el gobierno local es rehén de estos sindicatos y le importa poco el resto de la plantilla”.

“La ATMJ no ha participado de esta nueva tomadura de pelo -no asistieron a la convocatoria- y  está en contra del Convenio  porque es ilegal, peor que el anterior y arbitrario”, han explicado. Denuncian que el texto ha sido “pactado” en una mesa “sin autoridad legal para ello” y que “los empleados municipales han perdido derechos que habíamos conseguido en los últimos años”. Argumenta, igualmente, que el acuerdo “solo recoge mecanismos de compensación económica de las reducciones de sueldos operadas por la RPT, para una parte de la plantilla.

El convenio, según las mismas fuentes, “vuelve a crear algunos de los pluses eliminados el año pasado, beneficiando a los colectivos que ya resultaron premiados con la RPT, en especial y de nuevo a los policías locales”. De esta forma, hay agentes de la Policía Local que pueden cobrar “hasta 4.000 euros” mientras que “los policías nacionales con mayor responsabilidad cobran 2.000″. La ATMJ asegura que sus miembros “han sido amenazados en varias ocasiones por la CGT pero no por ello vamos a dejar de ejercer la defensa de los intereses de los empleados municipales”.

Por último con respecto al convenio, critican que los sindicatos “pretendan que las votaciones sean a mano alzada y no en secreto, como recoge la ley, situación que catalogan de “atropello”.

Balance de la actuación municipal

La ATMJ ha aprovechado la comparecencia para hacer un balance de las actuaciones municipales en asuntos laborales desde que se aprobara la RPT. Entre las principales denuncias, destacan los nombramientos “a dedo” de los puestos más relevantes y jefaturas a “personas allegadas”, dos “modificaciones ilegales” de la RPT, más de 200 movimientos de trabajadores entre distintas áreas y departamentos sin el proceso legal correspondiente, el pago de un complemento personal transitorio para un grupo de empleados con informe contrario del interventor y disconformidad de la Junta así como la asignación de gratificaciones extraordinarias que no cuentan con la aprobación de la Junta de Gobierno Local. Por todo ello y a lo largo del año, la ATMJ ha presentado varias demandas.

Desconfianza generalizada hacia los datos publicados por el Servicio Analuz de Salud (SAS). Esta es la conclusión de los sindicatos CC OO y UGT respecto a las estadísticas de demanda quirúrgica, pruebas diagnóstico y consultas externas. No creen que el número de pacientes pendiente de una visita al especialista, por ejemplo, haya aumentado solamente en unas mil personas cuando las contrataciones de personal están al 75% y apenas se hacen sustituciones.

“Las listas están falseadas de principio a fin”, señalan desde CC OO con rotunidad. Argumentan que “hay un periodo de tiempo en el que los solicitantes están en el limbo, no serían capaces de decirnos desde cuándo están los pacientes inscritos en el registro”. Los representantes sindicales indican que “solo hay que ir a las consultas externas y preguntar a la gente. Hay quien lleva meses esperando”. Aseguran tener constancia de que “hay demandas en los cajones a la espera de ser registradas y pasan 20 ó 25 días hasta que lo hacen”.

Igualmente, desde CC OO aseguran que están indagando la posibilidad de que “se estén dando falsas citas. Tenemos constancia de una persona a la que se le ha citado a las cinco de la madrugada. No sabemos si es un error o es intencionado”, indican.

En el caso de la lista de espera quirúrgica ponen como ejemplo la situación de una delicada intervención: “Se están haciendo ahora las reconstrucciones de mama correspondientes a 2011 a mujeres que han sufrido un cáncer y que llevan dos años esperando así que no se les llene la boca con cifras porque la respuesta está fallando”.

La misma incredulidad muestran desde UGT donde creen que las listas de espera “han tenido que crecer más” debido al descenso de las contrataciones. Aseguran que “hay muchos casos en los que no se cumple el decreto de garantía” y que “habrá que estar atentos a lo que ocurra en octubre con las sustituciones”.

Más pruebas diagnósticas a la empresa privada

Uno de los principales temores de los sindicatos es que más pruebas diagnósticas terminen en la empresa privada en detrimento de lo público. “En el Hospital de Jerez el área de Radiodiagnóstico no da abasto y la empresa Davisa está creciendo aunque le recorta los salarios a sus empleados”, explican. Los conciertos se irán ampliando y la externalización que tanto se critica en otras comunidades autónomas “se hará aquí de forma disimulada”. A juicio de CC OO, “el sistema andaluz de salud está en peligro”.

Los fectos del plan de verano -con reducción de personal y de jornadas contratadas- “darán la cara en octubre”, lamentan. A los sindicatos, las cuentas no les salen: “Se ha planificado un incremento del 7% de la actividad quirúrgica pero se ha contratado a menos personal que el año pasado. Es imposible”. Desde UGT apuntan que “el hospital está bajo mínimos y venden la moto de las habitaciones individuales cuando lo que hacen es cerrar camas”.

En Primaria la merma de las contrataciones es evidente: “El centro de salud de La Granja pasa de diez médicos a cuatro y en Guadalcacín se han quedado sin pediatra por enfermedad y no saben cuándo volverá”, indican desde CC OO.

La de esta mañana ha supuesto solo el pistoletazo de salida de todo un calendario de movilizaciones con el que la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento está dispuesta a reivindicar la aplicación para los funcionarios con salarios más bajos del polémico Complemento Personal Transitorio (CPT). Como se recordará, esta organización se levantó recientemente de la Mesa General de Negociación después de que los distintos sindicatos no consiguieran llegar a un acuerdo en torno al citado complemento. Nieves Calvillo, miembro de CGT, ha liderado una protesta a las puertas de la Delegación de Recursos en la que se ha concentrado más de un centenar de personas, con el fin de que “la ATM, el SIP y UGT, que son los que aún permanecen en la mesa, se den cuenta de quién está pasando verdadera necesidad”.

El quid de la cuestión radica en que el gobierno local eliminó el CPT de las nóminas a comienzos de año, y posteriormente ha trasladado su intención de volver a aplicarlo a los trabajadores municipales que ganen menos de 25.000 euros anuales. Aunque todas las centrales sindicales quieren recuperarlo, para CGT solo debe aplicarse en el caso de los que tienen sueldos más pequeños, ya que su erradicación ha provocado que algunas personas cobren poco más de 800 euros, mientras que la ATMJ defiende que se beneficie de ello toda la plantilla afectada por la rebaja de sueldos tras la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Debido a este escollo se han roto las negociaciones, y desde hoy la mesa se constituirá todos los lunes y jueves sin la presencia de CGT y CC OO, que también la abandonó hace unos días. Como subraya Calvillo, sin ambos sindicatos no se podrán adoptar acuerdos, por lo que la firma final del convenio podría enquistarse sine die. 

En lo que respecta a la posición del Ayuntamiento, a pesar de que la posibilidad de firmar un pacto económico para el pago inmediato del CTP fue una propuesta suya, finalmente ha trasladado su intención de no aplicar nada mientras ese reconocimiento económico no esté integrado en la firma final del Acuerdo-Convenio. Una actitud decepcionante para el sindicato mayoritario, puesto que según Calvillo “la fórmula propuesta por CGT es viable, legal y práctica habitual en muchísimas administraciones públicas”. Así las cosas, la sección sindical continuará concentrándose a las puertas de Recursos todos los lunes y jueves, coincidiendo con la reunión de la mesa, en tanto en cuanto no se adopte una postura que satisfaga los intereses de todos.

El Gobierno municipal reitera, en el marco de la negociación del acuerdo-convenio, que los representantes sindicales deben buscar el consenso y soluciones con arreglo a la legalidad para beneficio de todos los colectivos de trabajadores y que no generen exclusiones entre los distintos colectivos de trabajadores que conforman la plantilla.

De esta manera, el segundo teniente de alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, subraya que “lo mejor para todos es volver a sentarnos a negociar, que los sindicatos apuesten por el consenso y que se pueda firmar el acuerdo-convenio. Las condiciones económicas están sometidas al Plan de Ajuste Municipal y el acuerdo pasa por aplicar las mejores respetando siempre los límites presupuestarios establecidos en el mismo”.

En este sentido, Durá explica que “el pago del complemento personal transitorio (CPT) así como de otros conceptos económicos solo se puede abonar una vez esté firmado el acuerdo-convenio, un hecho que deberían tener en cuenta los sindicatos para alcanzar el quórum necesario y que se vuelvan a reanudar las sesiones de la Mesa General de Negociación para avanzar en la misma y llegar a un acuerdo satisfactorio para todos”.

Desde el Gobierno, se reitera que “las posiciones extremas de dos distintas secciones sindicales perjudican al resto de los trabajadores municipales porque impiden que se avance en una negociación cuyo objetivo final es la firma de un acuerdo-convenio que permitiría inmediata que se pudieran abonar conceptos como el anteriormente eludido de CPT”.

El Gobierno confía en que los representantes sindicales desbloqueen esta situación de estancamiento en el proceso de negociación por el bien de los trabajadores y también por la calidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos”.

CC OO, a través de su Sindicato Provincial de Sanidad en Cádiz, ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo en la que acusa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 36,4 y 33.1.a. El primero, relativo a que la negativa del empresario a adoptar medidas propuestas por el delegado de prevención deberá ser motivada, y el segundo, que establece que cualquier modificación en las condiciones laborales de los trabajadores deberá acordarse con las centrales sindicales o consultarse con los delegados de prevención.

En concreto, el sindicato se refiere a las jornadas laborales del personal de carácter eventual que el SAS contrata al 75% en toda la provincia de Cádiz que, según asegura, asumen las mismas cargas de trabajo que los empleados interinos o de plantilla contratados al 100%.

Así, CC OO ha recordado que esta contratación al 75%, es la primera consecuencia del Plan de Reequilibrio y Ajuste Financiero de la Junta de Andalucía 2012-2014, y que ha consistido precisamente en pasar al 75% de jornada y salario (así como de cotización) al colectivo de trabajadores llamados “eventuales estructurales”, que son, según recoge la denuncia, “aquellos que vienen desempeñando tareas esenciales en el SAS, de forma continuada, pero a los que se les renueva su nombramiento eventual cada cierto tiempo —últimamente mes a mes— en lugar de haber dado cobertura a una necesidad permanente mediante nombramientos de interinidad”.

En este sentido, el sindicato ha afirmado que es evidente, por otra parte, que esta “absoluta discrecionalidad por parte de la empresa en la programación de los turnos y la no disminución proporcional de las cargas de trabajo programadas para esas jornada reducidas, suponen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de este colectivo, las cuales no han sido acordadas con las centrales sindicales, ni tampoco se han consultado con los delegados de prevención de Riesgos Laborales, tal como se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han reflejado en la denuncia.

“Esta reducción de jornada sin la disminución proporcional de las cargas de trabajo es claramente lesiva para la salud, porque aumenta la carga de trabajo y por tanto la sobrecarga mental y el estrés, debido a que el trabajador o trabajadora debe hacer frente al mismo trabajo en menos tiempo”,  han subrayado.

Y, al respecto, los responsables sindicales han destacado lo que establece la Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales, elaborada por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo donde, además del estrés, se incluye la fatiga “del trabajador ligada a la ordenación del tiempo de trabajo” y se destaca que “los problemas de salud  aparecen cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador o cuando éste no recibe una adecuada compensación”.

CC OO ha explicado, además, que esta denuncia se ha formulado ante la falta de respuesta de las direcciones sanitarias gaditanas sobre la misma, a las que se les hizo llegar con anterioridad.

Con todo, el sindicato, ha reseñado que la denuncia presentada afecta a los profesionales sanitarios de carácter eventual contratados por el SAS al 75%en toda la provincia y que suponen en la actualidad 1.334 gaditanos repartidos entre sus 5 hospitales y 4 distritos sanitarios.

Con cánticos, pancartas, palmas y sentadas han amenizado los estudiantes la manifestación convocada contra los recortes en educación. La comitiva, formada por más de medio millar de personas, ha salido del Campus de La Asunción a las 11.00 horas y se ha dirigido al centro de la ciudad por la rotonda del Minotauro y la calle Medina. Tres han sido los principales puntos de interés durante el recorrido: las sedes del PP y el PSOE y la puerta del Ayuntamiento, donde han leído un manifiesto antes de concluir la manifestación.

Junto con los estudiantes de Secundaria y de la Universidad, se han manifestado también algunos padres de alumnos, la plantilla de Respuestas Auxiliares en su cuarto día de huelga indefinida y el colectivo de afectados por el ERE municipal, que se han incorporado ya en el Ayuntamiento.

La protesta de hoy ha sido el colofón a los tres días de huelga convocados por el Sindicato de Estudiante en toda la enseñanza Secundaria en España. En esta última jornada se ha unido la confederación de asociaciones de padres de alumnos de la provincia por lo que en algunos centros de Infantil y Primaria también se ha notado la ausencia de escolares. El seguimiento ha sido muy desigual en la ciudad ya que hay colegios en los que ha predominado la normalidad y hay otros, por ejemplo, el CEIP García Lorca, donde las familias han secundado en un 85% la convocatoria de “huelga de padres” como la han denominado las asociaciones.

Manu Arteaga, portavoz de la asamblea universitaria de Jerez, asegura que “las reclamaciones van dirigidas al gobierno central y al autonómico”, de ahí a que hayan elevado sus proclamas a las puertas de PP y PSOE. Entre los padres que se han sumado a la protesta, Francisco Javier Román, explica que “con esta situación volvemos a lo que ocurría hace treinta años, que los padres no podían pagar los estudios de los hijos”.

Alrededor de un centenar de profesionales sanitarios del Hospital de Jerez y del resto de la provincia han secundado hoy la protesta convocada por la plataforma compuesta por los sindicatos FSP-UGT, CC OO, CSIF, USAE, USO y Satse. Los participantes se han concentrado a las puertas del centro sanitario y seguidamente han interrumpido el tráfico de la antigua Nacional IVdurante unos minutos, con el consiguiente caos en el tráfico.

El representante de CC OO, José Antonio Aparicio, mostró su malestar porque “en este hospital no tenemos garantía de que todas las camas que se cerraron en verano se vayan a reabrir ni tenemos datos de la actividad quirúrgica”. Creen que “las listas de espera se van a incrementar en las próximas fechas” y calculan que “el recorte de personal se ha multiplicado por dos en comparación con el mes de junio”. Desde el sindicato de Enfermería Satse, María Alaminos explica que “la pérdida de puestos de trabajo perjudica claramente al usuario y se va a empezar a notar, por ejemplo, en las listas de espera”. A su juicio, los directivos “deben ser conscientes de que los recortes afectan a los pacientes, no solo a los profesionales”. Sebastián Cantos, desde CSIF, augura “las medidas que está tomando la administración no solo no va a sacarnos de la crisis sino que la ahonda”. Explica que “faltan ciertos materiales y los que se están comprando son de peor calidad“, además de la falta de camas y el aumento del tiempo de espera. Desde USO Javier Hernández insiste en que “hay otras maneras de adelgazar los presupuestos, por ejemplo, adelgazando la administración“. Por último, desde UGT Guillermo López resume el objetivo de la convocatoria: “Hacer un llamamiento a la ciudadanía porque los recortes en sanidad desmantelan el estado del bienestar”.

La protesta terminó con la entrega al director del hospital, Manuel Herrera, del manifiesto de la plataforma. Ante las peticiones de los sindicatos, el responsable se comprometió a tener informados a los trabajadores y a consensuar la aplicación de todas aquellas medidas que les afecten.

Como sindicato integrante de la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLB-A), una representación del Sindicato Independiente de la Policía ha participado este fin de semana en una manifestación en Sevilla cuyo recorrido transcurrió desde el Palacio de San Telmo hasta la sede del Parlamento Andaluz.

Esta manifestación fue convocada por una Plataforma de Sindicatos de los colectivos de Seguridad, creada a nivel andaluz, y que la componen diversos sindicatos de los Cuerpos de Policías Locales de Andalucía, Policías Nacionales, Guardias Civiles, Bomberos, funcionarios de Prisiones y Justicia, y Asociación Militar.  El motivo de esta convocatoria son “los continuos y brutales recortes salariales y laborales que nos están imponiendo y aplicando al personal que estamos al servicio de la administración pública”.

Con estos actos de protesta y manifestaciones, “estamos lanzando un mensaje muy claro tanto al Gobierno Central, como al gobierno autonómico, así como a los diferentes gobiernos de las administraciones locales: el personal que presta sus servicios y ejerce sus funciones en Seguridad, Justicia y Prisiones, estamos muy hartos y cansados. No somos los responsables de esta crisis”. Aseguran que “sí son los responsables los políticos que de forma ineficaz e incompetente nos han estado gobernando durante los últimos años”.

Desde el SIP-Jerez “participaremos de forma activa en todos los actos que se convoquen por la citada plataforma, y seguiremos mostrando el enorme descontento que existe en el colectivo que representamos, motivado por tanta pérdida de poder adquisitivo y derechos laborales en general”