Estos trabajos, que fueron adjudicados recientemente a la empresa Demoliciones y Reciclados S.L. por un importe de 74.958 euros, contemplan las obras de edificaciones existentes en las calles Ronda de El Pelirón, Batalla de Majaceite y Batalla de Higueruela. La superficie construida total a demoler de 2.448,75 metros cuadrados. Como ha subrayado la alcaldesa durante su visita, el derribo de estas edificaciones “supone la culminación de un largo y complejo procedimiento urbanístico que iniciamos esta legislatura para desbloquear otro proyecto más que nos encontramos paralizado, y que desde un principio consideramos prioritario para el desarrollo de la zona y el bienestar de los vecinos, con los que adquirimos el compromiso de actuar para dar respuesta a una demanda histórica. Así que hemos ido paso a paso hasta el día de hoy, por lo que nos sentimos muy satisfechos”.

Igualmente, García-Pelayo ha pedido disculpas a los vecinos “en nombre de todos los Gobiernos, os pido disculpas porque hasta ahora nadie os hizo caso en vuestra reivindicación, y habéis tenido que esperar 20 años para que se ejecute vuestra demanda, pero hoy es un día importante porque el compromiso que asumimos con vosotros por fin es hoy una realidad”. Asimismo, la regidora ha declarado que “también nos hemos puesto a disposición de los vecinos, y les he facilitado los teléfonos de la delegada de Medio Ambiente, por si con el movimiento de tierras y las obras, fuera necesario actuar por la aparición de roedores, al tratarse de unas edificaciones que han estado abandonadas durante más de dos décadas”. Asimismo, la alcaldesa ha adelantado que “en la próxima legislatura, la barriada de El Pelirón, junto a las barriadas de San Juan de Dios, Torresoto y Cerrofruto, serán prioritarias en la delegación de Urbanismo, para acometer las actuaciones proyectadas y evitar que en la ciudad ningún vecino se encuentre con espacios abandonados como este”.

Hay que recordar que el Ayuntamiento procedió este verano a tapiar las distintas entradas de los edificios, que se encontraban abandonados desde hace años. Igualmente se procedió al desalojo de las 38 personas que vivían en las casas y locales abandonados y que eran en su mayoría de origen rumano. Un desalojo que se realizó sin incidentes ya que los servicios sociales del Ayuntamiento llevaban más de dos años trabajando con las personas que ocupaban estas edificaciones.

El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, recuerda que “el derribo de estas edificaciones es un objetivo prioritario para el gobierno municipal así como la urbanización de los terrenos, cuyo proyecto se encuentra ya aprobado así como el de la reparcelación de la finca”.

La unidad de ejecución de El Pelirón se desarrolla por sistema de compensación, por lo que su puesta en marcha corresponde a la iniciativa privada, y son los propietarios interesados los que asumen la gestión urbanística de los suelos, constituidos en Junta de Compensación.  Entre sus obligaciones se encuentra la demolición de las edificaciones ya que se encuentran en estado de evidente abandono.

El Ayuntamiento ha hecho un requerimiento a la Junta de Compensación, cuyo propietario mayoritario es una sociedad participada por una entidad bancaria, para que lleve a cabo la demolición del bloque que se encuentra en estado ruinoso, y como paso previo a la urbanización de los terrenos. Finalmente, será el Ayuntamiento el que ejecute el proyecto de demolición de forma subsidiaria.

El derribo efectivo de los once primeros bloques de Cerrofruto ha comenzado este jueves por la mañana, después de los trabajos previos realizados en las últimas semanas. Estos trabajos fueron adjudicados en el mes de junio a la empresa Demoliciones Córdoba S.L. La obra tiene un plazo de ejecución de cuarenta y ocho días.

La Junta de Gobierno Local aprobó el 6 de junio la adjudicación de las obras del proyecto de reformado del primer desglosado del proyecto de demolición de la barriada de Cerrofruto a la empresa Demoliciones Córdoba S.L. En este primer desglosado se incluyen 11 bloques que se encuentran ubicados en las calles González de Mendoza y beato Diego de Cádiz y que supondrá la demolición de 110 viviendas.

Cabe recordar que el inicio del expediente de contratación para esta primera fase de derribo se aprobó a principios del pasado mes de mayo, una vez superados los últimos trámites legales relacionados con la autorización por parte de algunos propietarios para proceder al derribo de sus viviendas.

La demolición de estos primeros bloques se ha adjudicado a  Demoliciones Córdoba S.L. por un importe de 152.585,19 euros y la empresa tiene un plazo de ejecución de las obras de 48 días.

Cerrofruto cuenta con un total de veinte bloques que suman 200 viviendas. Una vez adjudicada la demolición de los primeros 11 bloques, la intención del gobierno municipal es continuar con el procedimiento en el más breve tiempo posible hasta completar la demolición de la totalidad de la barriada.

El presupuesto de ejecución de este primer desglosado del proyecto asciende a 203.446 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las previsiones del gobierno municipal son que estas obras de demolición puedan comenzar a principios de este verano. Esta actuación se incluye en el Plan de Actuación 2014-2015, que incluye la realización de 40 proyectos prioritarios para la ciudad, respondiendo a demandas históricas de los ciudadanos y priorizando proyectos de recuperación de patrimonio histórico, vivienda social, dotación de equipamientos, actuaciones medioambientales,  e impulso de los espacios industriales y productivos de la ciudad. Estos proyectos se realizarán con cargo a parte del segundo pago del canon de la concesión del agua.

El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha explicado que “una vez aprobada en Junta de Gobierno Local los últimos trámites legales, hemos podido iniciar el proceso de contratación de las obras de demolición. Hay que recordar que estos trámites estaban relacionados con la autorización por parte de algunos propietarios para proceder al derribo de sus viviendas. Desde el gobierno municipal hemos intentado ser lo más escrupulosos posibles a la hora de iniciar este proceso de licitación, respetando en todo momento la legislación vigente”.

El delegado también ha incidido que “los vecinos de Cerrofruto han estado plenamente informados de todas las actuaciones que hemos realizado desde el gobierno municipal con el fin de poder iniciar la tramitación de las obras de demolición”. En este sentido hay que recordar que el delegado mantuvo a principios de mes una reunión con los representantes de la asociación de vecinos de Cerrofruto para explicarles la situación.

En aquella reunión, el delegado ya explicó a los vecinos que en esta primera fase de demolición se había conseguido ampliar el número de bloques, ya que en principio se contemplaba el derribo de ocho edificios y se ha conseguido ampliar hasta 11 con el objetivo de acelerar al máximo el procedimiento.

Llevan años reclamando el derribo de la antigua sede de la asociación de vecinos, conocida en el barrio como Casa Colorá. Y, aunque en los últimos meses han sido varias las visitas de arquitectos y técnicos al centro para hacer mediciones e incluso catas, la comunidad educativa del colegio Alcazaba aún no tiene constancia oficial de cuándo empezarán las obras. “Dicen que en el mes de mayo pero no nos lo han comunicado por escrito, oficialmente. No es la primera vez que dan fechas y no las cumplen”, aseguran la presidenta y la tesorera de la asociación de madres y padres del centro, Silvia Partida y Cati Lobatón.

Por eso, se han puesto manos a la obra y han recogido más de 300 firmas para pedir la demolición de esta vieja caseta y la construcción de los nuevos espacios necesarios para el centro, un proyecto que ha cambiado en varias ocasiones y que finalmente se ha quedado reducido a dos aulas más y un porche. “Las obras de nuestro centro han aparecido dos veces en el Plan Ola, en la primera y en la segunda fase (2011 y 2012), con partidas presupuestarias diferentes, pero aquí no se ha hecho nada aún. ¿Dónde está ese dinero?”, se preguntan las responsables del colectivo.

La Casa Colorá, de titularidad municipal, fue cedida a Educación en 2007 pero el centro no tiene acceso a ella. “Está abandonada desde hace unos 13 años aunque hay una persona que siembra y tiene herramientas ahí dentro”, indican.

Los laterales y la parte trasera de la casa limitan con el patio del colegio y los padres denuncian que parte del techo de uralita está roto.

Aula que no cumple la normativa

El colegio Alcazaba, construido hace 30 años, acoge a 436 niños con edades de 3 a 12 años. Sus limitadas dimensiones han provocado que una de las aulas donde actaulmente estudian los niños de 3º de Primaria no cumpla la normativa legal de espacio. “El centro ha instalado aire acondicionado en las dos aulas de 3º porque no se podía soportar. Lo ha pagado el colegio con sus propios recursos. Y tampoco pueden tener pizarra digital”, aseguran desde el AMPA.

Otras de sus carencias son la antigüedad de la instalación eléctrica -que no soporta la potencia necesaria y a veces sufre interrupciones-, la ausencia de comedor y de gimnasio, unas necesidades que, de momento, han quedado aplazadas.

Juventudes Socialistas (JSA) de Jerez critica que el Ayuntamiento no haya ejecutado el derribo de las viviendas situadas en la calle Salvador Mairena en la barriada de El Portal, desalojadas hace ya 11 meses por el riesgo de derrumbe que suponía para sus residentes. Recuerda al respecto que el pasado julio de 2012, el gobierno local “trasladó a los vecinos y vecinas que allí habitaban a las 62 viviendas adosadas de VPO construidas para el desalojo de los pisos en Salvador Mairena”. Por este motivo, 48 familias fueron reubicadas en otros alojamientos de El Portal “con el compromiso municipal de proceder al derrumbe de las viviendas de la calle Salvador Mairena, ya que su estructura suponía también un riesgo para las colindantes”.

Pero los pisos siguen sin ser demolidos, “causando un peligro para los vecinos de la barriada, ya que cada día sufren la caída de cascotes desde las cornisas, además de los reiterados ataques vandálicos que se han llevado a cabo: incendios; destrucción de paredes y tabiques que ponen en peligro la estabilidad del edificio; así como la aparición de plagas de ratas, cucarachas y otros animales que habitan en entre los escombros de los pisos”.

Juventudes Socialistas apunta también que, además,  ”desde que se produjo el desalojo y el posterior desmantelamiento de los bloques con la desaparición de los cables de luz y las tuberías de cobre, entre otros, la calle Salvador Mairena se ha quedado sin luz suponiendo un perjuicio de los vecinos que siguen viviendo allí y que tienen el mismo derecho que todos a tener alumbrado público”.

Los jaramagos y los escombros son la decoración actual de la antigua estación de ferrocarril de El Portal. El edificio, que en otro tiempo fue el orgullo de los vecinos y uno de sus centros neurálgicos, apenas es hoy una sombra de sí mismo. Y puede verse reducido a un recuerdo si antes las administraciones no ponen remedio a su situación de abandono. El último susto se produjo la pasada semana, cuando una cuadrilla de operarios empezó a desmantelar una instalación anexa a la estación que había servido de ampliación del edificio cuando lo ocupó la cooperativa de construcción tras quedar en desuso. Esa infraestructura sirve de apoyo al viejo apeadero que ahora tiene aún menos estabilidad.

Los vecinos temen que la estación sea la siguiente en sucumbir a la piqueta si no se toman cartas en el asunto. Por eso, el presidente de la Asociación Vecinal Guadalete-El Portal ha trasladado la petición mediante un escrito a la propia alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo. “Los gobernantes siempre hacen muchas promesas en campaña electoral y después, nada”, asegura con evidente indignación Diego Almodóvar. A juicio del líder vecinal a la primera edil “le ha importado un pepino lo histórico”. Dice en su carta que “ya no cuela a excusa del tema económico, porque lo mismo que buscó los ciento cinco mil euros para las cofradías, lo podía haber hecho para esto, que es más importante a mi entender”.

El paso del tiempo y la falta de mantenimiento sigue haciendo mella en esta estación que, precisamente, no es una cualquiera sino la primera de Andalucía. Abrió sus puertas en 1904, cuando ya llevaba varios años en funcionamiento la línea Jerez-Trocadero (también la primera de la comunidad), y la construcción del nuevo viaducto -el más largo de España- la dejó definitivamente sin servicio y condenada al derribo. En 2007 la presión vecinal y la petición del Ayuntamiento la salvaron de la demolición pero, de momento, sigue sin tener el uso social que siempre han pedido los habitantes de El Portal. Tras su función original, fue sede de una cooperativa en los años 90. Después llegaron las incursiones de delincuentes y un incendio que destrozó parte del techo.

“La alcaldesa me ha dicho que elevará una petición a la Junta de Andalucía”, ha explicado Almodóvar tras su denuncia pública. “Ni siquiera está muy claro si el edificio sigue siendo de Renfe o ya es municipal porque todos quedaron en hacer gestiones pero nunca hemos sabido nada”, ha recordado.

“Su valor histórico es más que suficiente para que los gobernantes se hubieran preocupado antes. Ahora hay que hacer una inversión salvaje”, ha indicado el presidente vecinal. Ahora ya no quedan restos de la antigua vía y el ir y venir de los trenes es un recuerdo en El Portal, donde el ferrocarril se cobró 11 víctimas mortales entre 1950 y 1999.