La sentencia dictada este martes por la Audiencia de Sevilla dispone que Griñán deberá cumplir 6 años de prisión y Manuel Chaves 9 de inhabilitación especial por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación el segundo.

También han sido condenados a prisión otros nueve ex altos cargos: los ex consejeros Antonio Fernández (7 años), José Antonio Viera (7 años), Francisco Vallejo (7 años), Carmen Martínez Aguayo (6 años), los ex viceconsejeros Agustín Barberá (7 años), Jesús María Rodríguez (6 años), el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (7 años), el ex director general Juan Márquez (7 años), el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (6 años).

El resto de las condenas conllevan penas de inhabilitación, entre ellas la de la ex ministra Magdalena Álvarez, para la que el tribunal ha dictado 9 años de inhabilitación. Junto a ellas se encuentran el ex consejero Gaspar Zarrías (9 años de inhabilitación), el ex viceconsejero José Salgueiro (9 años de inhabilitación), el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano (9 años de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Javier Aguado (9 años de inhabilitación), la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina (8 años y 6 meses de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez (9 años de inhabilitación) y, por último el ex director de IDEA Jacinto Cañete (8 años y 6 meses de inhabilitación).

Además, hay dos personas que han resultado absueltas. Se trata del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que estaba acusado por delitos de prevaricación y malversación, y del ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río, procesado por prevaricación.

CLAVES DEL FALLO

La sentencia señala que José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009, y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013, era consciente del uso irregular de las transferencias de financiación para pagar los ERE y sitúa a los ex presidentes en el centro de la toma de las decisiones que permitieron que se estableciera un mecanismo al margen de la ley y de los controles para repartir de forma arbitraria los fondos desviados del presupuesto andaluz.

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años hasta 2009, presidía el Consejo de Gobierno cuando se empezaron a articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los años 90 y en el año 2000. Los jueces subrayan que “la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”. Y el resultado de esta decisión política “lo encontramos en la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procedimientos de reestructuración o crisis empresarial, a finales de los años 90″. “Por ello resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía”, añade la resolución judicial.

Destaca, además, el papel jugado por el convenio que el 17 de julio de 2001 firmaron el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del entonces Instituto de Fomento de Andalucía, Antonio Fernández, también viceconsejero de Empleo, para materializar las ayudas. En virtud de este convenio se encargaba al instituto, que luego sería rebautizado como Agencia IDEA, el pago de las ayudas que le ordenara el director general de Trabajo, Javier Guerrero, a pesar de que, incide el tribunal, no tenía competencias para ello. Sobre el ex director general de Trabajo durante una década (con tres consejeros de Empleo diferentes) la sentencia dice que era “plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó”. “Disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”.

Ese convenio establecía un procedimiento específico que suponía, en la práctica, que los expedientes de las ayudas no llegaran a la Intervención y, junto a las transferencias de financiación, apuntan los magistrados de la Sección Primera, permitieron dar el dinero a discreción y sin pasar por ningún control. Desde al año 200 al 2010, el período que se ha investigado en la causa de los ERE, no se fiscalizó ni uno solo de los expedientes de ayudas sociolaborales irregulares.

Hablan los magistrados también de una “absoluta falta de control” en la concesión de las subvenciones, puesto que, explican en la sentencia, lo único que se fiscalizaba era que efectivamente se habían pagado. “Y la conclusión no puede ser otra, que ése fue el efecto buscado”, concluye la resolución. Se prescindió, abunda la Audiencia, “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, algo que fue denunciado en los informes de la Intervención, que alertaron de las irregularidades y de los desfases presupuestarios que se producían en la Agencia IDEA y que también se reflejaba en las cuentas anuales de esta entidad pública.

Por lo que se refiere a las subvenciones sociolaborales, expone la sentencia que el “beneficiario” real no era el trabajador, sino la empresa, y apunta a la Consejería de Hacienda, ya que fue la inclusión en los presupuestos de la figura de las ‘transferencias de financiación’ lo que permitió que “se prescindiera total y absolutamente” del procedimiento legal y que los fondos públicos se pudiesen destinar “a fines ajenos al interés público”. Y, apostillan los magistrados, las consecuencias de todo ello para la Junta de Andalucía fueron “claras e importantes”.

Con respecto a las transferencias de financiación, insiste la Audiencia en el uso indebido que se hicieron de este instrumento que estaba contemplado para paliar pérdidas en las entidades públicas. Señala la sentencia que la “ley nunca permitió que con cargo a aquéllas se concedieran subvenciones, como indebidamente hizo la Consejería de Empleo”.

SIN DECLARACIONES

Los ex altos cargos han abandonado la Audiencia de Sevilla a toda velocidad, sin detenerse ante los periodistas que los aguardaban. Ninguno ha querido hacer declaraciones.

La mayoría han salido con gesto serio, como era de esperar dado el importante varapalo que ha supuesto la sentencia para casi todos ellos.

Algunos de los abogados defensores han anunciado que piensan recurrir la sentencia de la Audiencia de Sevilla ante el Tribunal Supremo. El letrado Juan Carlos Alférez ha explicado que cuentan con un plazo de cinco días para anunciar el recurso, pero tienen previsto solicitar una ampliación de plazo, citando el precedente de la ‘operación Malaya’ sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, un caso en el que los abogados contaron con un plazo más amplio para formular sus recursos.

Para la notificación, el tribunal citó a todos los acusados, con procuradores, a las doce del mediodía en la sala de vistas principal del Palacio de Justicia de Sevilla. Allí, la secretaria ha ido llamando, uno a uno, a todos los acusados y les ha entregado la resolución en formato digital, en un pen drive, además de un extracto en papel con los fundamental, con el fallo.

La sentencia que se ha conocido hoy es el colofón a un juicio que arrancó el 13 de diciembre de 2017 y que se prolongó casi un año, hasta el 17 de diciembre del año siguiente, cuando la causa quedó vista para sentencia después de 152 sesiones.

Justo después de que el presidente del tribunal pronunciase el ‘visto para sentencia’ empezó la fase de deliberación, para la que los tres magistrados -Esperanza Gómez y Pilar Llorente además del propio Juan Antonio Calle- estuvieron liberados durante seis meses. A partir de entonces, sólo Calle ha seguido dedicado en exclusiva ya a la redacción de la sentencia.

Ese período de liberación terminaba el 26 de octubre, pero el magistrado pidió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una prórroga de quince días que le fue concedida y que permitió que la sentencia de los ERE no se conociera en mitad de la campaña electoral de las generales del pasado día 11 de noviembre, sino justamente después, hoy.

El juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, después de un año y cuatro días en los que se han celebrado 152 sesiones. Los 21 ex altos cargos imputados no hicieron uso de su derecho a última palabra, salvo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes su agradecimiento al tribunal por la forma en la que se habían desarrollado las sesiones.

El juicio queda visto para sentencia con el agradecimiento de Chaves y Griñán al tribunal
Manuel Chaves dijo entonces que no tenía “nada” que añadir a todo lo que se ha desarrollado en el juicio, salvo el reconocimiento a la “labor del tribunal y de los magistrados”, y sólo agregó que las intervenciones de todos los letrados en este juicio ha sido para él un “cúmulo de conocimientos e información” y “una experiencia vital”

Al final del juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra 19 ex altos cargos más, y la retiró contra Antonio Estepa Giménez, que se enfrentaba inicialmente a una petición de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

En su escrito de conclusiones definitivo, el Ministerio Público ha reclamado una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente Manuel Chaves y otros seis ex altos cargos –Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Francisco Del Río y Antonio Vicente Lozano– y penas de cárcel de entre seis y ocho años de prisión para los otros 15 acusados, a los que atribuye además un delito de malversación, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel.
El fiscal rebajó de ocho años de prisión a seis la pena que solicitaba inicialmente para dos ex altos cargos: el ex director de IDEA Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo.

El principal reproche de Anticorrupción a los ex presidentes y a los otros acusados sigue siendo que no tomaran a la vista de las actuaciones de la Intervención General de la Junta –que alertaban de las deficiencias en el pago de las ayudas durante una década– “decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento” seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de las controvertidas transferencias de financiación del programa 31L.

Y esa pasividad, según el fiscal, tuvo lugar a pesar de que tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”.

En vista de ello, el equipo de Abogados para tus deudas se ha volcado a la tarea de diseñar un método bastante novedoso para permitir a las personas saldar las morosidades de una forma fácil, sencilla, segura y sobre todo, cómoda.

Y aunque en Abogados para tus deudas se caracterizan por su método de atención en línea, no hay nada como tener el contacto directo con los especialistas. Por tal razón, hoy te hablaremos sobre el nuevo despacho que están abriendo los abogados al sur de España, para ser más concretos en Sevilla.

Nuevo despacho

Los abogados para tus deudas tienen su despacho principal en Barcelona. Sin embargo, por motivo de la gran cantidad de llamadas que reciben diariamente de otras ciudades del país, establecieron sedes en La Comunidad de Madrid y en Valencia.

Asimismo, los especialistas decidieron crear un nuevo despacho para estar más cerca y accesibles a todos los clientes ubicados en el sur de España, en donde tendrán disponible un despacho en Sevilla; siendo esta una de las regiones que presentan mayor índice de deudas en sus habitantes, debido a los aportes que están obligados a pagar por concepto de la nómina de los funcionarios municipales.

Asimismo, sin importar la localidad, puedes entrar a cualquier hora en la página web https://abogadosparatusdeudas.es/, donde encontrarás números de contacto de varias regiones del país, a los cuales se puede llamar y hablar directamente con un trabajador del despacho o uno de los especialistas. Además de ello, podrás evaluar todos los servicios que ofrecen, tales como el novedoso método de pagar tus deudas vía online, sin moverte de casa, del cual te hablaremos a continuación.

¿Cómo funciona el pago de deudas vía online?

En vista de la cantidad de personas que solicitaban los servicios de los abogados para tus deudas, tanto de Barcelona como de otras ciudades de España, surgió la idea y la necesidad de crear un método que les permitiera ayudar a todos los clientes en sus problemas de endeudamiento.

De este modo, han creado un portal con el que aprovechan la accesibilidad que ofrece el Internet, para que si no puedes pagar tus deudas, pero no puedes venir a uno de los despachos abiertos, puedan ayudarte de forma online.

Aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad, los especialistas son capaces de ayudarte a solucionar cualquier caso de impago de prestaciones, falta de liquidez para pagar la hipoteca, reclamos como responsable, deudas después de que el banco se adjudique el piso, entre otras complicaciones.

El procedimiento es bastante simple, pues solo consta de cuatro fases. Para empezar, es necesario realizar una llamada al despacho de abogados, donde el empleado de despacho recaudará toda la información necesaria sobre el caso expuesto por la persona y así poder valorar y determinar si es viable, y ofrecerle las posibles formas de solucionarlo.

Sin embargo, también se tiene la opción de dejar el número de teléfono en la mensajería para que uno de los especialistas realice el contacto. Es allí donde inicia la segunda fase, que consiste en una videollamada por Skype o Whatsapp, que servirá para ampliar la información del caso, la cual fue evaluada previamente mediante el envío de la documentación al despacho para su estudio minucioso.

Como tercer paso, los abogados te indicarán qué documentos hacen falta para proceder al trámite del concurso de acreedores para personas físicas. Finalmente, la cuarta y última etapa será cuando el abogado encargado aplique la Ley de la Segunda Oportunidad con el objetivo de liberar las deudas, contando con el apoyo de otros profesionales como las notarías o el  Registro Mercantil, por ejemplo. Y sin importar cuánto tarde todo en ser procesado, los abogados cada dos semanas estarán comunicándose con sus clientes para dar informes sobre los progresos de los trámites.

Paga tus deudas

Pagar tus deudas y vivir tranquilo nunca antes había sido tan fácil y rápido. Así que, sabiendo toda la ayuda que pueden proporcionarte en Abogados para tus deudas, no dudes en llamarles. Su misión es ayudarte a recuperar tu tranquilidad.

Pedro Pacheco recurrirá al Supremo para tratar de evitar volver a Puerto III, de donde salió en tercer grado el pasado mes de abril. Su abogado, Manuel Hortas, avanza que si el Supremo confirma el fallo, pedirán la suspensión de la condena toda vez que los hechos ocurrieron cuando Pacheco, que ahora tiene 69 años, no tenía antecedentes penales.

Esta es la cuarta sentencia condenatoria para el histórico político. Pacheco entró en Puerto III en octubre de 2014 para cumplir una pena de cinco años y medio de cárcel por dos casos de enchufismo. Posteriormente fue condenado a otros casi dos años de prisión por pagar con dinero municipal los 120.000 euros que costó la remodelación de la casa hermandad de Jerez en el Rocío y a un año y 10 meses por la venta de suelo de la antigua estación de autobuses, condena esa última que sí fue suspendida años más tarde.

Pedro Pacheco suma esta nueva condena a la de cinco años y medio de prisión que cumple en la prisión de Puerto III por varios delitos relacionados con la contratación en 2005 de dos políticos de su partido como asesores de diferentes empresas municipales de Jerez.

La Audiencia Provincial de Cádiz le ha condenado ahora a un año y medio de prisión y trece de inhabilitación como autor de delitos de prevaricación en concurso medial con otro de fraude a la administración por la venta del solar municipal de la antigua estación de autobuses. La sentencia, que ha condenado por los mismos delitos a las otras cinco personas que fueron acusados por este caso, ha absuelto al exalcalde de Jerez de los delitos de falsedad en documento oficial y estafa, de los que sí le acusaba la Fiscalía Anticorrupción, que por ello pedía para Pacheco una condena de siete años de cárcel.

La Audiencia Provincial de Cádiz dio el pasado viernes un plazo de dos días a la que fuera alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011 para que ingresara en prisión para cumplir la sentencia que le impuso y que el pasado diciembre fue confirmada por el Tribunal Supremo.

La sentencia considera probado que la que fuera también exsecretaria del PSOE de Jerez cometió falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación al interceder para que un informe técnico aumentara de 9 a 14 los puntos con los que se evaluó la subvención de 244.000 euros que el Ayuntamiento concedió a TISA, una empresa dedicada a la fabricación de generadores de oxígeno, para que se instalara en suelos del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

La sentencia sostiene que cuando se tramitó esta subvención, en el 2007, Sánchez le dijo al técnico encargado de puntuar a la empresa que la tratara “con cariño” y que, por un correo electrónico que recibió el jefe de su gabinete, su marido, se deduce que ella siguió de cerca los pasos de un informe que fue firmado por un capataz municipal porque el técnico al que le correspondía se negó a hacerlo.

El fallo condenó también a dos años y medio de prisión a la entonces delegada de Medio Rural y a un año y nueve meses al capataz municipal que rubricó el documento por orden de ésta y absolvió a los tres consejeros de la empresa que se sentaron en el banquillo de los acusados por este caso, que fue denunciado por (PA) en el 2009.

Sánchez dejó en octubre de 2014 el PSOE y su cargo como directora general del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía a raíz de una sentencia que la condenó a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas y gastos corrientes en el Ayuntamiento jerezano con fondos estatales del Plan E.

La Audiencia Provincial de Cádiz anuló posteriormente esta sentencia, que se derivó de una denuncia de su sucesora en el cargo, la popular María José García-Pelayo, y la absolvió, al entender que no usó los fondos en beneficio propio. El ingreso en prisión de Pilar Sánchez (nacida en Ceuta en 1958 y funcionaria del ámbito de la Educación) es un paso más del cruce de denuncias en los juzgados en los que derivó el enfrentamiento político entre los tres alcaldes que ha tenido Jerez desde el inicio de la Democracia hasta las últimas elecciones municipales y que han combinado malas relaciones con pactos de gobierno.

Dos de ellos, Pacheco y Sánchez, están ya en prisión, y la tercera, la popular García-Pelayo, es investigada por el Tribunal Supremo por su condición de aforada (en la anterior legislatura fue senadora y en esta es diputada) dentro de una pieza separada de lo que se conoce como la rama jerezana de trama Gürtel.

Los tres coincidieron el pasado 19 de enero en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde estos días está siendo juzgado Pedro Pacheco por un supuesto caso de corrupción urbanística por los que el fiscal pide para él otra condena de siete años de cárcel. Ellas fueron como testigos. Aquel día, en lo que sería su última aparición pública antes de ingresar hoy en prisión, Sánchez, insistió en su inocencia, en que nunca se ha “llevado nada de nadie”, en que siempre buscó el bien de la ciudad y en que aún conservaba esperanzas de que el Tribunal Constitucional crea su versión, la de que ella sólo quiso apoyar a una empresa que iba a invertir ocho millones de euros en la ciudad.

“Me ha salido muy caro ser la alcaldesa de esta ciudad”, señaló aquel día a los periodistas, mientras contaba que “una y otra vez” se pregunta por qué le ha tocado a ella pasar por este “calvario” judicial por gestiones que en otros ayuntamiento no han tenido estas consecuencias.

Con tono decidido, e incluso permitiéndose algunos toques de humor, como cuando ha llamado “centro residencial” a la cárcel en la que cumple una condena de cinco años y medio, Pacheco ha defendido su actividad política en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Cádiz y en el que se le acusa de haber participado en la venta fraudulenta en el 2006 del solar municipal de la antigua estación de autobuses de Jerez. El fiscal pide para él una condena de siete años de prisión por esta venta, en un juicio en el que también están acusados el entonces gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Miguel Ballesteros; los promotores a los que presuntamente quiso beneficiar con la venta de este solar a menor precio del de mercado, y los tres “hombres de paja” que supuestamente utilizaron para simular un proceso de concurrencia en la adjudicación.

Pacheco no ha reconocido haber hecho nada mal en el proceso de venta que se inició en 2004 y concluyó en 2006, por lo que abarca desde el tiempo en el que tuvo sucesivos pactos de gobierno, primero con la popular María José García-Pelayo y después con la socialista Pilar Sánchez. Ha explicado que con ambas el Ayuntamiento quería “desprenderse” de “activos innecesarios” para cubrir el déficit de tesorería del consistorio, entre ellos la antigua estación de autobuses de Jerez, que se quiso transformar en un centro de ocio y comercial.

Pacheco, que en varias ocasiones ha tenido que levantarse de su asiento para estirar las piernas, ha asegurado que nunca intervino en el trámite de este venta, como dice el fiscal, para hacer que ese solar fuera adjudicado a los promotores José Luis López, El Turronero, y Francisco Chávez, a los que se vendió el inmueble por 2,7 millones de euros cuando supuestamente su valor era de 4,4 millones. El histórico líder andalucista ha señalado que la tasación hecha por los técnicos del inmueble no se revisó porque los técnicos pensarían que “estaba perfectamente valorado” y ha opinado que acertaron en esa decisión porque una nueva tasación seguramente hubiera sido a la baja. “Los bienes se deprecian con los años, como las personas”, ha apuntado.

“HABÍA DÍAS QUE FIRMABA 40 ESCRITURAS”

Pacheco, que firmó la escritura de compra con Ángel Moreneo, uno de los “hombres de paja” de los promotores, ha explicado que no tenía tiempo para leer todos los informes y documentos que tenía que firmar, en un periodo en el que se encargaba de coordinar el trabajo de cuatro concejalías. “Había días que firmaba 40 escrituras”, ha señalado para explicar que otro representante municipal leía con el notario y la otra parte el documento y cuando “todo el mundo estaba conforme”, él salía de su despacho y los firmaba “en cinco minutos”.

Pacheco ha aludido a que en su etapa al frente del Gobierno municipal se creó “un equipo técnico muy competitivo” en el que él confiaba plenamente porque “no tenía tiempo” de leer todos los informes que ofrecían para avalar las operaciones y ha asegurado que en aquel tiempo el Ayuntamiento “funcionaba como un reloj” y era “un hervidero de actividad”. Ha asegurado que si el gerente de Emusujesa estimó que la oferta de Ingeniera Jienense era la mejor para la compra del solar “sería la mejor” que recibieron.

El ex alcalde ha afirmado que no tenía amistad con “El Turronero”, un muy conocido promotor inmobiliario de la provincia por aquellos años. “En esa época no. Hoy sí es mi amigo”, una relación que, según ha contado, se inició cuando dejó la política y que confirma “cuando le miro a los ojos” cada vez que va a visitarle al “centro residencial Puerto III”. Pacheco no ha perdido la oportunidad de hablar de lo difícil que fue gobernar con sucesivos pactos con la popular García-Pelayo y la socialista Pilar Sánchez, dos ex alcaldesas que están citadas a declarar como testigos en este juicio el próximo martes, lo que puede crear una situación pintoresca en el juicio. “No se puede imaginar lo que es gobernar en contra de los celos y de los recelos”, ha dicho en una sesión en la que también se ha referido a los “ataques” que hubo entre ellos. “Las consecuencias han sido muy graves”, ha señalado en referencia a que, años después, él está en prisión, Sánchez está a punto de entrar, y García-Pelayo está siendo investigada por el Tribunal Supremo.

La Sala Segunda del alto tribunal ha rechazado el recurso de casación interpuesto por Sánchez, así como el de la concejal María del Carmen Martínez Martínez -condenada a dos años, seis meses y 15 días de prisión– por los mismos delitos–. Sánchez, que también fue condenada a ocho años de inhabilitación, tendrá que pagar junto a la exconcejal, de forma solidaria 122.360 euros al Ayuntamiento de Jerez.

La Audiencia Provincial de Cádiz consideró probado que en el marco de la solicitud de TISA para incorporarse al PTA, el encargado de emitir los informes de valoración de solicitantes comentó las dificultades que veía para poder informar favorablemente de la incorporación de TISA al PTA. Tras ello, Sánchez habló con aquel y le dijo que «tratase con cariño a esa empresa, facilitándole diversa documentación y un teléfono de contacto».

Asimismo, TISA obtuvo la adjudicación de la parcela, basada en una valoración que otorgaba a su solicitud nueve puntos sobre una puntuación de 14, y Sánchez «decidió que iba a concederle una ayuda del 40 por ciento del precio establecido por el Consejo de Administración de Emusujesa», pese a que la valoración era un «impedimento para ello» ya que un adjudicatario valorado con nueve puntos, como era el caso, sólo tenía derecho a una ayuda del 20 por ciento.

La Audiencia Provincial tiene la «certeza» de que Pilar Sánchez «estuvo al tanto de lo que ocurría con el informe para otorgar los 14 puntos a la solicitud de TISA», que fue «la que decidió la modificación del borrador» y «que debía ser firmado por algún otro empleado municipal para crear la apariencia de informe técnico de valoración con 14 puntos, habiendo sido ella quien decidió conceder a TISA la máxima puntuación posible».

La sentencia del Supremo recuerda que la exdirigente socialista ha sido condenada por los delitos de prevaricación, falsedad y malversación, en relación de concurso medial y explica que en los de prevaricación y malversación concurre prueba directa de los elementos objetivos, ya que «la resolución administrativa que materializa la prevaricación y constituye el instrumento de la malversación fue dictada personalmente por la recurrente», en su calidad de alcaldesa de Jerez, dato «indiscutido, documentalmente acreditado y reconocido».

Además, expone que se cuestiona el requisito subjetivo, «a sabiendas de su injusticia», «que es lo que se ha acreditado a través de prueba indiciaria» y añade que «la acreditación del elemento subjetivo del tipo de prevaricación a través de la prueba de indicios constituye un supuesto generalizado, que no aporta motivo alguno para cuestionar la resolución impugnada».

«ARBITRARIEDAD MANIFIESTA»

La decisión de la alcaldesa de adjudicar la ayuda máxima a la empresa TISA constituyó «una resolución adoptada con el único sustento de su exclusiva voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, y situada extramuros de toda justificación que pudiera tener el más mínimo apoyo racional», mantiene el Supremo, que señala que Sánchez influyó primero sobre el funcionario competente «para que tratase con cariño a la empresa»; y, después, visto que el perito no le adjudicaba a la empresa TISA la puntuación máxima, necesaria para la concesión de la ayuda máxima, «se le presionó para que cambiase el informe».

Por último, como el nuevo informe tampoco daba cobertura a la máxima subvención que arbitrariamente quería conceder la alcaldesa, «se manipuló el informe y se sustituyó por otro firmado por un capataz». «La arbitrariedad del proceso es manifiesta», sostiene.

En lo que se refiere al delito de falsedad, indica que no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que «la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada», de modo que «es autor tanto quien falsifica materialmente como quien en concierto con él se aprovecha de la acción con tal de que tenga el dominio funcional sobre la falsificación».

En esa línea, mantiene que «no existe ninguna hipótesis alternativa razonable» a que la operación, que exigía necesariamente como instrumento esencial la manipulación del informe, se pudiese realizar «sin el impulso y aquiescencia» de la alcaldesa. Asimismo, expone que era ésta, además, «la que iba a beneficiarse de la falsificación del dictamen», al permitir que su resolución del expediente pudiese superar las objeciones de la Intervención, si la concesión de la máxima subvención no estuviese apoyaba en un dictamen con la máxima puntuación.

La sentencia, hecha pública este lunes, prosigue señalando que, valorados los indicios existentes y relacionándolos racionalmente, «surge como conclusión natural de las normas ordinarias de la lógica y la experiencia que la falsificación se realizó a instancia de la recurrente, que fue quien se aprovechó de la documentación falseada, conclusión que supera el canon de la lógica o cohesión interna, y el canon externo de la suficiencia o calidad de la conclusión».

En declaraciones a los periodistas en Almería, Hernando ha afirmado que García-Pelayo fue incluida en la Comisión Permanente, porque “en el Senado se han producido numerosas bajas de senadores que se han presentado en distintas listas, como pasará ahora en el Congreso, con dos diputados encabezando las listas en Tarragona y otro que va de número tres en la de Barcelona”.

Hernando ha apuntado que uno de estos últimos también pertenece a la Comisión Permanente en el Congreso, por lo que habrá que cubrir su plaza con otra persona. Aunque el fiscal del Supremo ha pedido a este tribunal que asuma la causa contra la exalcaldesa por una presunta prevaricación continuada en las adjudicaciones a la trama Gürtel para la participación del Ayuntamiento en Fitur, Hernando ha insistido en que “no está imputada, por lo que no tengo nada más que decir”.

Sin embargo, en referencia al caso de los ERE en Andalucía, el portavoz ha dicho que la situación de García-Pelayo “no tiene nada que ver con un proceso que sí tiene responsabilidades evidentes”, por cargos políticos que “han tenido que dimitir”. En concreto, se ha referido al exdiputado del PSOE José Antonio Viera, ahora en el Grupo Mixto, imputado en el caso de los ERE, que renunció ayer a su acta en el Congreso y pierde así su condición de aforado “para tener una mayor libertad de actuación” en su defensa, por lo que el Supremo devolverá el caso a un juzgado de Sevilla.

Hernando ha apuntado que, con esta renuncia, Viera ha “eludido un suplicatorio en el Congreso de los Diputados”, que ya se encontraba fijado en el orden del día de la semana. Así, el portavoz popular ha expuesto que “a lo mejor es la presidenta Susana Díaz la que tiene que dar explicaciones de por qué todos los que han sido sus jefes en Sevilla tienen que dimitir por este caso de corrupción”, que, según él, ha “afectado” a la propia Díaz.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 18/2014 de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. El recurso sucederá al interpuesto contra el Real Decreto Ley 8/2014 del mismo título, que posteriormente fue tramitado y aprobado como texto legal por el Congreso de los Diputados.

A juicio de la Junta, los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley, así como su Anexo 1, dejan sin contenido competencias autonómicas sobre horarios de comercio, además de suponer un perjuicio para las pymes del sector en Andalucía.

Estos artículos obligan a las comunidades autónomas a declarar obligatoriamente nuevas ciudades con Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales, aunque no lo hayan solicitado y rebajando los criterios que deben cumplir. En el caso de Andalucía, las poblaciones afectadas son Almería, Jerez y Marbella (Málaga), que se sumarían a las cuatro que se declararon por imposición del anterior Real Decreto Ley 20/2012, también recurrido por la Junta: Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Los preceptos que se recurrirán modifican diversos preceptos de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales para introducir un alto grado de concreción en su regulación. Según el Consejo de Gobierno, este nivel de detalle, que sólo se justifica en el caso de competencias estatales exclusivas y directas, supone una extralimitación que deja sin margen a la comunidad para determinar el régimen de apertura de los establecimientos comerciales.

El Gobierno andaluz subraya que la nueva ley estatal va más allá de la habilitación que la vigente normativa básica ofrece a las comunidades para declarar la libertad horaria, como ha hecho Madrid en ejercicio de sus competencias, sino que directamente impone una política comercial que impide el desarrollo de las atribuciones autonómicas.

En su acuerdo de autorización del recurso, el Consejo de Gobierno recuerda que en Andalucía ya existe libertad total de horarios comerciales en los supuestos que la Administración autonómica ha establecido en ejercicio de sus competencias: los locales de menos de 300 metros cuadrados; las tiendas de conveniencia; los comercios especializados (fundamentalmente dedicados a venta de pastelería, repostería, pan, platos preparados, prensa, combustibles, flores y plantas), y los establecimientos de estaciones, aeropuertos y de los municipios andaluces declarados Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios. La Junta considera que tanto estos supuestos como su regulación de detalle no pueden ser alterados por una norma estatal de ordenación económica general.

El recurso autorizado hoy se suma al ya interpuesto y aceptado a trámite por el TC, por los mismos motivos de inconstitucionalidad, contra otra norma similar de regulación estatal de horarios y rebajas comerciales: el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

La Junta considera que tanto esta norma como la que ahora se recurrirá perjudican al comercio minorista, que no puede hacer frente a la capacidad de las grandes superficies para mantener estrategias basadas en los tiempos de apertura o la reducción de precios. Según el Gobierno andaluz, las medidas que introducen ambas normas rompen el equilibrio de competencia del actual modelo comercial y no garantizan la convivencia de una pluralidad de formatos, como ocurría hasta ahora.

El sector comercial representa el 11% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 165.000 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 480.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.