El medio centro iba a firmar por el Balón de Cádiz, a la postre próximo rival del Xerez CD, aunque el cambio en la dirección técnica del conjunto gaditano frustró el fichaje del jugador jerezano, que ha estado esta últimas semanas entrenando con el Jerez Industrial para no perder el ritmo de partido.

“López es un chico muy joven, la plantilla era muy amplia y optó por marcharse para buscar minutos”, reconoce Juan Pedro, director deportivo del Xerez, quien añade que el futbolista “ha madurado y se ha dado cuenta de que esto no es fácil. Sólo juegan once y el entrenador sólo puede convocar a dieciséis, así que siempre hay alguno que se tiene que quedar fuera. Estamos contentos con su regreso porque es un futbolista que encaja en nuestro perfil, tiene cualidades y seguro que las acaba demostrando, igual que hizo en el Estella. Tiene que aprender a esperar su oportunidad”.

De esta manera, Jesús Mendoza podría incluso citar al centrocampista para el encuentro de mañana ante el Balón de Cádiz, ya que el jugador en ningún momento cursó ficha con el conjunto amarillo.

Toni López ha sido segundo entrenador de Juan Pedro Ramos en el Bornense, está finalizando el nivel 2 de entrenador y ha realizado varios cursos de entrenador de porteros. “Llego de la mano de Juan Pedro, que cuando tomó la dirección deportiva confió en mí. Hasta ahora estaba colaborando en la captación de jugadores y tras coger el equipo Mendoza me han encomendado esta nueva función. Es un honor que un capitán histórico como Mendoza cuente conmigo”, afirma. López compatibilizará este cargo con su labor dentro de la comisión deportiva de la cantera con Dani López Ramos.

Antonio Tejero es un preparador físico que ya ha pasado anteriormente por el Xerez CD, donde trabajó con José Antonio Luna y con Pepe Correa. Además, ha formado parte de las categorías inferiores del Real Zaragoza y del Club Deportivo Ebro.

Foro Ciudadano de Jerez ha renovado un año más su compromiso político con la ciudad a través de la celebración de un emotivo acto-convivencia con militantes y simpatizantes en la Bodega La Plazuela, en el que se conmemoró el tercer aniversario de esta organización política. Con la asistencia al encuentro de unas 400 personas que disfrutaron de un agradable rato de convivencia, la coordinadora local de la formación hizo entrega de los primeros carnets a la militancia, mientras que en el transcurso de esta semana se procederá al envío de alrededor de medio millar a los integrantes del movimiento sociopolítico. Un proyecto, como dijo su coordinador local, José López, “con el que no van a poder” las grandes multinacionales de la política, PP y PSOE. En su discurso, reiteró que “el único objetivo de Foro es Jerez porque entendemos que, en el año 79 y hoy en 2013, a problemas locales hay que dar soluciones locales”; e insistió en que “Foro no se debe ni a Europa, ni a Madrid, ni a Sevilla: solo piensa en Jerez”.

“El proyecto es Jerez –abundó- y está por encima de las personas, está por encima de Pedro Pacheco y de José López”, aseguró en una noche en la que la formación volvió a presentarse como “única alternativa para una ciudad desbocada y herida de muerte por culpa de las políticas del PP”. Con la presencia de los integrantes de la coordinadora local y el grupo municipal, también intervino en el acto la portavoz municipal, Rocío Montero, quien en su alocución aseguró que “le pese a quien le pese, Foro Ciudadano es el futuro de Jerez”, por lo que animó a la militancia a “seguir luchando contra el gobierno de una ciudad que hoy es un caballo desbocado que necesita cuanto antes un jinete que agarre bien sus riendas, mantenga el equilibrio, y nos haga cabalgar hacia el futuro y la prosperidad”. 

El portavoz de Foro Ciudadano, Raúl Ramírez, fue el encargado de cerrar el acto y tuvo unas unas palabras para Pacheco y López, que se han visto obligados a abandonar sus actas como concejales por su condena en el ‘caso Asesores’: “Frente a las agresiones que estamos sufriendo, personificadas en los compañeros Pedro y Pepe, es el momento de estar en la calle porque vamos a ser la única y exclusiva alternativa. Vamos a seguir sin callarnos, denunciando y proponiendo soluciones, y sobre todo tenemos que seguir en los barrios y asociaciones, con la cabeza bien alta, y proponiendo ilusión y proponiendo soluciones para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”. 

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El gobierno municipal ha permanecido firme en su intención de destituir a Pedro Pacheco y José López tras su condena por el ‘caso de los Asesores’, por lo que a pesar de las consideraciones de PSOE e IU y la frontal y lógica oposición de Foro Ciudadano, el pleno con la mayoría absoluta del PP ha aprobado el inicio del expediente de incompatibilidad. En una sesión marcada por la ausencia de los dos ediles, la alcaldesa ha puesto sobre la mesa la propuesta poco antes de la finalización del pleno y ha sido el portavoz de Izquierda Unida, Joaquín del Valle, el primero en pronunciarse al respecto. En un alegato a la honestidad política, el concejal ha lamentado que “la corrupción y las guerras judiciales enturbien el ya desolador futuro de la población”, reconociendo que su formación mantenía la esperanza de que Pacheco y López renunciaran voluntariamente a sus actas por “coherencia y por favorecer el cambio para la ciudadanía”.

A pesar de estas consideraciones, Del Valle decidió no participar en la votación, lo que a efectos prácticos supone una abstención de su grupo. En la misma línea se expresó la socialista Miriam Alconchel, que tampoco facilitó voto alguno al entender que no es el pleno el órgano capacitado para adoptar este tipo de decisiones. “La competencia del pleno es la de tomar conocimiento del informe sobre la incompatibilidad aportado por la Secretaría General del Ayuntamiento. Por lo demás, esta decisión no puede estar supeditada a la composición del pleno, así que nosotros certificamos que tenemos conocimiento del informe, pero nada más”. Mucho más se explayó la edil de Foro Ciudadano, Rocío Montero, que volvió a referirse a “linchamientos” y persecuciones políticas.

“Este pleno debe discutir propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y no para alimentar un linchamiento público y gratuito. Lo que se pretende aquí es montar un circo mediático, pero ninguna fuerza política está en disposición de dar lecciones de moralidad, y mucho menos el PP”. En esta línea, Montero recordó que en las elecciones de 2011 Foro Ciudadano consiguió el respaldo de más de 14.000 jerezanos, por lo que “estamos orgullos, hemos realizado un gran trabajo y nos sentimos legitimados para seguir haciéndolo”. En lo que se refiere a los dos concejales condenados, aseguró que continuarán luchando “por demostrar su inocencia”, al tiempo que advirtió que su formación se reserva la acciones legales que considere oportunas para anular el expediente de incompatibilidad que “vulnera un principio constitucional”. Huelga decir que Foro votó ‘no’ a la propuesta, que no obstante siguió adelante en virtud de la aprobación de todos los concejales populares. 

DIEZ DÍAS PARA RENUNCIAR O ALEGAR

Una vez que el pleno ha dado luz verde al inicio del expediente, Pacheco y López cuentan con diez días para renunciar voluntariamente a sus actas, o bien interponer las alegaciones que consideren oportunas para intentar tumbarlo. Si ello no se produce, o el secretario municipal no las tiene en consideración, la incompatibilidad seguirá su curso y tendrá que ser aprobada de manera definitiva por el pleno. En ese momento es cuando el órgano debe dar traslado de la situación a la junta electoral central, comenzando entonces el proceso de sustitución de actas. En principio, se incorporarían como concejales los dos nombres siguientes en la lista de Foro Ciudadano.

Las consecuencias de la condena contra Pedro Pacheco y José López por el ‘caso de los Asesores’ siguen coleando y ahora ha sido el portavoz de Foro Ciudadano, Raúl Ramírez, quien ha cerrado filas en torno a los ediles y ha echado por tierra los argumentos del gobierno municipal para destituirlos. Como se recordará, hace unos días la alcaldesa, María José García-Pelayo, anunciaba que el ejecutivo ha encargado un informe a su gabinete jurídico como paso previo al inicio de un expediente administrativo de cara a aplicar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, cuya reforma de 2011 impide que políticos inhabilitados por delitos contra la administración continúen en sus cargos. Ramírez, que ha insistido en que “el expediente ni siquiera ha sido iniciado aún”, ha asegurado que “hay base legal suficiente” para no aplicar una reforma que “choca con las garantías de cualquier persona y cargo público”.

Una circunstancia que los asesores jurídicos del Foro se encuentran estudiando durante estos días, aunque el portavoz ha puntualizado que la coordinadora “está a la expectativa, y en función de si finalmente se inicia el expediente o no ya nos pronunciaremos”. Mientras todo ello se dirime, la vida política sigue su curso y el próximo viernes se celebrará un pleno municipal con una duda que planea en el aire: si los dos concejales condenados acudirán a la sesión. En este sentido, Ramírez ha afirmado que desconoce la intención de ambos, si bien ha hecho hincapié en que “están legitimados por el pueblo de Jerez, hasta que la junta electoral central diga lo contrario, que es la que debe manifestarse en estos casos”. Con estas palabras, el portavoz ha vuelto a certificar el respaldo de toda la organización a Pacheco y López, sentenciando que “seguiremos en la misma línea”.

Durante su comparecencia, Ramírez se ha referido a otro tema candente de la actualidad política alertando de las posibles consecuencias que a nivel penal puede conllevar para el gobierno local el Expediente de Regulación de Empleo del Ayuntamiento. A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados por las partes, ha mencionado el ejemplo de otras administraciones cuyos eres han acabado “tumbados” en los tribunales. “Puede haber un problema gordo, como el caso del ERE de Telemadrid, donde el gerente ha sido imputado por malversación y prevaricación. Yo si fuera el gobierno no estaría muy tranquilo. Aparte de esto, un ERE municipal que fue una chapuza debería haber tenido consecuencias políticas. Si eso no las tiene, ¿qué va a tener consecuencias políticas en este país?”.

El líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, y el concejal y diputado José López, pueden tener los días contados como cargos públicos. Según la normativa electoral, no pueden ser ediles las personas condenadas -sea en firme o no- por delitos catalogados como contrarios a las administraciones públicas, situación en la que se encuentran los dos políticos jerezanos por el conocido como ‘caso de los asesores’. Ante esta circunstancia, el equipo de gobierno ha encargado un informe jurídico por el que conocerán las condiciones y el procedimiento exacto para aplicar la ley.

“No es cuestión de voluntad política ni de mayoría absoluta del PP, es la aplicación de la ley”, ha insistido hoy la alcaldesa, María José García-Pelayo, al respecto. “La ley hay que cumplirla porque si no, al final, las responsablidades las voy a tener yo”, ha señalado. De esta forma, el gobierno local se encuentra a la espera de las instrucciones jurídicas adecuadas para llevar a cabo el proceso, por ejemplo, si la sentencia tiene que estar notificada o no es necesario y en qué plazos, si hay que elaborar un expediente, si hay que llevar el asunto a Pleno, etc… “Seguiremos el camino que nos indiquen los servicios jurídicos”, ha concluido.

Así lo han confirmado a Reporteros Jerez fuentes del caso, explicando que el recurso de la Fiscalía podría estar cimentado en el siguiente párrafo de la sentencia: “Si bien es cierto que los contratos suscritos no han respondido a la realidad y que cabría penalizar por falsedad ideológica, en cuanto que son un artificio, inexistentes y nulos… dada la prevaricación, que ha consistido en realizar unas contrataciones sin que respondan a lo concertado con el fin de obtener una ganancia del erario público, se considera que no cabe penalizar doblemente los mismos hechos”. Es decir, la magistrada aún reconociendo que existió falsedad en documento, lo engloba todo en el delito de prevaricación y no estima conveniente penarlo por separado.

En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera finalmente el recurso que interpondrá la Fiscalía la condena se ampliaría para los tres procesados, y en el caso concreto del exalcalde podría alcanzar los seis años de prisión, que fue lo solicitado por el Ministerio durante el juicio. Si por el contrario admitiese a trámite el recurso de la defensa, es posible que Pacheco consiguiera la absolución por haber realizado unos contratos que, como él sigue manteniendo, “se acogieron a la legalidad y estuvieron amparados por un pacto político”.

El juicio por el ‘caso de los Asesores’ contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho ha quedado visto para sentencia después de una última sesión extensa en la que cada parte ha expuesto sus conclusiones y alegato final. Llamativa aunque esperada ha sido ha sido la reducción de penas solicitada por la Fiscalía, que ha pasado de pedir 17,8 años de cárcel y 28 de inhabilitación para el exalcalde, a 6 y 10 respectivamente. En lo que se refiere a los otros dos procesados, ha fijado su petición en 4,5 años de cárcel para ambos y 8 de inhabilitación para López y 7 para Cobacho. Los delitos imputados, no obstante, siguen siendo los mismos: presunta prevaricación, malversación y falsedad documental, con la salvedad de que se han sustituido los tres de cada tipo atribuidos a Pacheco y los dos a López por uno solo pero continuado. La fiscal Anticorrupción, Virginia Alonso, ha protagonizado un dilatado discurso centrado en la presunta impunidad con la que los acusados, especialmente el líder de Foro Ciudadano, hacían y deshacían como creían conveniente dentro del ámbito municipal.

“Ante la evidencia de que López y Cobacho no habían sido designados como asesores por el pleno, acordaron aprovecharse de la condición de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa de Pacheco para ganar dinero con cargo al erario público... Nadie puede hacer lo que le dé la gana en el ámbito de lo público”. En este sentido, Alonso incidió en que el pleno era el único legitimado para llevar a cabo el nombramiento de asesores, fijando un número concreto de éstos que ya había sido ocupado por otras personas con anterioridad a la contratación de los dos colaboradores de Pacheco. En cuanto a los contratos en sí, recordó que en uno de los casos solo fue verbal, algo que “está prohibido en la administracion”, sin olvidar que ninguno de ellos se atuvo a los requisitos de concurrencia y publicidad “que son vinculantes siempre, cuando se trata de brazos ejecutores de la administración local”.

Igualmente mencionó la peculiaridad de que no tuvieran una fecha de expiración, dado que se trataba en teoría de trabajos de asesoramiento concretos, destacando las cantidades astronómicas que se pagaron (32.407, 74.580 y 99.856 euros en cada contrato) por una labor que nunca quedó acreditada. “No sabemos qué se hizo, ni los presupuestos ni qué costaba nada”, sentenció. Tras su alocución llegó el turno de Juan Pedro Cosano, abogado del Ayuntamiento como acusación particular, que detalló la reducción de penas solicitada que ya había anunciado el día anterior pasando de 18 a 4,5 años de cárcel para Pacheco y 8 de inhabilitación; 2 años y 3 meses de prisión para López y Cobacho y 5 años de inhabilitación también para los dos. En lo que respecta a sus conclusiones, tras alabar el informe de la fiscal y adherirse al mismo, hizo hincapié en la ilegitimidad de los contratos, asegurando incluso que “aunque hubieran sido legales, se habría prevaricado ante la evidencia de no cumplirlos”.

IMPUNIDAD Y ALEJAMIENTO DEL MARCO LEGAL

“Los contratos fueron contrarios al interés público, no idóneos y carentes de objeto. Su única causa fue el enriquecimiento de los adjudicatarios”. Asimismo, resaltó que su celebración se produjo dejando a un lado los requisito legales “en un claro desprecio a los intereses generales”, puesto que no solo se pasó por el alto el nombramiento del pleno sino también los consejos de administración de las empresas, a las que había que haber dado traslado de las contrataciones. “Durante años ha habido en Jerez mucha sensación de impunidad que tiene que acabar”, concluyó, al tiempo que ironizó sobre las reuniones de trabajo “celebradas en los bares” de las que algunos testigos habían hablado. Felipe Meléndez, letrado de Pacheco, fue el tercero en exponer su informe final incidiendo como es lógico en la libre absolución de sus representados, al igual que los abogados de López y Cobacho.

Lo primero que hizo la defensa del exalcalde fue establecer el evidente paralelismo con el ‘caso de los Asesores’ en el que está imputada la exalcaldesa, Pilar Sánchez, declarando no comprender la actuación de la Fiscalía, que en este último procedimiento ha pedido el archivo de actuaciones contra la antigua edil. Del mismo modo criticó el hecho de que Alonso haya reducido la petición notablemente a mitad de juicio, cuando las razones esgrimidas “ya existían durante la calificación”. En cualquier caso, el letrado centró su discurso en la legitimidad otorgada a Pacheco para nombrar asesores en virtud del documento de desarrollo del acuerdo plenario presentado ayer, insistiendo en la libertad o discrecionalidad de contenido que caracteriza el contrato de un asesor. “Se pueden haber equivocado en las formas del contrato pero no en el contenido, igual que ocurre con los asesores de la señora Sánchez”. 

Aquí radica precisamente el quid de la cuestión planteada por Meléndez, que va en la línea de lo declarado por el catedrático Rivero cuando ayer afirmaba que “se pudo incurrir en irregularidades pero no se contravino una sola norma”. “Estamos en todo caso ante unas infracciones administrativas -apuntó el abogado-… Si la materialización del contrato no es conforme a la legislación, habrá que preguntárselo a quien lo redactó. Se está criminalizando algo que debería haber ido a otro orden jurisdiccional”. Así, insinuó (aportando un cierto matiz cómico en su parrafada final) que todo se debía a una clara intención con tintes políticos: “Todo esto me recuerda a la canción de Lola Flores titulada cómo me las maravillaría yo… En este caso, cómo me las maravillaría para condenar a Pacheco”.

La sesión más tediosa hasta el momento del juicio por el ‘caso de los Asesores’ ha dejado sobre la mesa el vacío existente en cuanto a la contratación, cobro y actividades que realizaban José López y Manuel Cobacho dentro de las sociedades Speed Festival y Emusujesa. Diversos técnicos y personal de estas empresas han comparecido en la vista para corroborar la presencia de ambos en estos organismos y la existencia de reuniones en el marco de su papel como asesores, si bien nadie ha podido concretar qué se gestaba en las mismas, por qué en alguno de los casos no existía un contrato como tal, cuál era la razón para que se cobrara por estos trabajos antes de facturar o por qué no hay documentación que acredite ninguna labor al respecto. Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de Antonio Fernández Vera, secretario del consejo de administración de Speed Festival, que ha sembrado la duda en torno a ciertos aspectos legales relacionados con la gestión de la empresa y ha señalado con un dedo casi ‘acusador’ a la exalcaldesa, Pilar Sánchez, y presidenta de ambas sociedades por aquel entonces.

“Speed Festival estaba sujeto a otra legislación, por lo que no hacían falta los requisitos de concurrencia ni publicidad a la hora de contratar”, ha justificado el antiguo secretario y colaborador cercano a Pacheco, reconociendo que algunos nombramientos no estaban sujetos a los acuerdos del consejo de administración por lo que nunca se llegó a levantar acta sobre ellos. Un punto que fue del todo rebatido por el abogado de la acusación particular, Juan Pedro Cosano, quien aseguró que “por Ley, en las sociedades mercantiles en las que participa una administración pública en al menos el 50% regirán los principios de publicidad y concurrencia”. Pero lo más destacado del testimonio de Fernández fueron sus alusiones directas a Pilar Sánchez, afirmando que durante el pacto “había una vigilancia recíproca sobre la actividad de cada parte”. “Entiendo francamente improbable, por no decir imposible, que la presidenta de la sociedad no estuviera al tanto de quién trabajaba allí ni lo que hacía. Ella despachaba continuamente con el gerente, y no tiene sentido que no tuviera conocimiento de nada”.

Otra de las comparecencias más esperadas fue la del miembro de la ejecutiva socialista Luis de Flor, que en su calidad  de coordinador de Servicios Turísticos entre 2005 y 2007 certificó una serie de reuniones de trabajo mantenidas con López como asesor de Speed Festival, con el fin de abordar la “planificación y la promoción turística” del parque de ocio. Sin embargo, a preguntas de Cosano Flor reconoció que todos estos encuentros se realizaron “en bares” y sin que se realizara informe alguno por escrito sobre ello. En la misma línea se expresó Antonio Junquera, antiguo director de Jerez Centro Comercial, que declaró haberse reunido a menudo con López como asesor de Emusujesa aunque no supo concretar su contenido.

VIAJES Y ENCUENTROS

En cuanto al resto de testigos, la primera en subir al estrado fue la secretaria de Pacheco y estrecha colaboradora Mari Paz Cañero, que al igual que otra secretaria y el jefe de ordenanzas de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo corroboró la presencia “continua” de los dos asesores en la GMU así como el mantenimiento de diversas reuniones con el entonces delegado. Unas reuniones de las que, una vez más, no se llevaron a cabo informes, actas o documentos de los que se desprenda su contenido. Cañero confirmó incluso que estas labores de asesoramiento requirieron de viajes fuera de Jerez, aunque declaró “no saber” quién pagaba esos desplazamientos. Igual de ‘desconocedora’ se mostró la secretara del gerente de Speed Festival, Julia Simo, que explicó que ella se limitaba a “preparar las órdenes de pago”, sin saber cómo es que muchas de las transferencias a López se produjeron antes de que se emitieran las facturas.

A preguntas de la fiscal, lo primero que hizo Sánchez fue referirse a cómo se dio curso a estos contratos (dos de ellos en 2005 y un tercero en 2007), insistiendo en que según resolución de pleno del 18 de enero de 2005, tanto el número de asesores como sus retribuciones y nombramientos debían pasar por este órgano. Con posterioridad y siempre según la testigo, nunca se llevó a cabo resolución o acuerdo alguno que modificara el inicial, por lo que ninguna persona u órgano fuera del pleno estaba legitimado para este tipo de contrataciones. “Cuando se cesó a Pacheco en 2007 -contó Sánchez- se me pasaron a Alcaldía órdenes de transferencias bancarias a nombre de José López. Detectamos un documento extraño, indagamos y vimos con absoluta claridad que eran pagos sin contraprestación ni expediente de contratación, por lo que lo pusimos en manos de nuestra asesoría jurídica”. Según su relato, varios técnicos fueron interrogados a este respecto, “y ninguno dio respuesta ni supo decir qué servicio estaba prestando López”.

Otro de los requisitos que presuntamente tampoco se cumplieron fue el de informar de las contrataciones a los consejos de administración de las empresas, que según Sánchez desconocían cualquier tipo de movimiento al respecto, así como de publicarlas convenientemente en el Boletín Oficial de la Provincia. Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, intentó desviar la atención poniendo el acento en los asesores municipales que había contratado Sánchez en su calidad de alcaldesa, algo que la jueza recordó que está siendo instruido en otra causa y por lo tanto no tenía lugar en ésta, e incluso equiparó la contratación del exdirector de Onda Jerez, Pedro Rollán, con las ahora juzgadas. “Hay cosas que no recuerdo, pero lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que cualquier contrato que yo hice tuvo su tramitación adecuada -recalcó la exedil-. Mis asesores iban a su puesto de trabajo todos los días y actuaban conforme a lo que dice la Ley”. 

EJECUTAR ÓRDENES SIN CUESTIONAR

En lo que respecta al resto de los testigos, el gerente de Emusujesa, Miguel Ballesteros, fue el primero en declarar para ratificar que él recibió la orden de Pacheco de contratar a López y Cobacho y que no se planteó si se pudiera incurrir con ello en alguna irregularidad. “Mis funciones son ejecutar y no me corresponde cuestionar lo que se me está pidiendo”, subrayó. A preguntas de Juan Pedro Cosano, letrado del Ayuntamiento, reconoció que la contratación no cumplió con los requisitos de publicidad ni concurrencia ni en general con “las normas” que se deberían haber tenido en cuenta, en la misma línea del gerente siguiente de la citada sociedad, José Agüera, que sentenció que “la contratación de asesores es un mundo abierto”. En este sentido, ninguno de los interrogados supo responder a cómo pudieron darse órdenes de transferencia con anterioridad a la emisión de facturas a López, o por qué siguió cobrando como asesor de Pacheco a pesar de que éste acababa de ser cesado.

Dos de los técnicos interrogados con posterioridad reconocieron que, a instancias de Pilar Sánchez, realizaron un informe en el que se aludía a estas presuntas irregularidades en las contrataciones a pesar de que en algunos casos no tenían conocimiento al respecto. “No nos amenazaron para realizar el informe, pero desde luego no fue voluntario”, apostilló uno de ellos. Cayetano Gómez, gerente de Speed Festival por aquella época, declaró que más que existir un contrato para López lo que hubo fue “una carta, porque algo tenía que constar por escrito”, confesando que tampoco en esta ocasión se respetaron los principios de publicidad y concurrencia. Un cargo del que al final el que fuera mano derecha de Pacheco acabó cesado “verbalmente”, como también confirmó Agüera.

Después de todo este rosario de declaraciones, la vista continuará este miércoles con nuevas y esperadas comparecencias como la de la secretaria del exalcalde, Mari Paz Cañero.