Cabe recordar, que “los 16 beneficiarios de la tercera edición de esta iniciativa aún se encuentran en plena fase práctica, ya que estas cuadrillas de trabajadores están realizando trabajos, tanto en la vía pública como en edificios de titularidad municipal situado en el Distrito Sur”, explica el delegado de Participación y Distritos, José Galvín.

“La novedad respecto a ediciones anteriores de este mismo programa es que será un contrato directo de 6 meses para el sector de la albañilería, especialmente dañado por la crisis económica en la zona”, asegura José Galvín.

De esta forma, el programa ‘Segunda Oportunidad 2015′ seleccionará a 12 personas con categoría de peón, en la que se valorará principalmente su experiencia en la vida laboral en albañilería, así como a 4 tutores/as, oficiales de primera de albañilería, a los que también se le tendrá en cuenta su experiencia en este puesto.

REQUISITOS

Podrán participar en el proceso de selección todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

- Estar en posesión de la nacionalidad española, los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes y los extranjeros con residencia legal en España.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

- Tener cumplidos dieciocho años.

- Estar en situación de desempleo y registradas en las    oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que estén disponibles para el empleo.

- Residentes de la zona de actuación del programa Iniciativa Urbana Jerez Sur.

- Desempleados/as que no perciban prestación alguna.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Las personas interesadas en participar en este programa, en la categoría de peón, deberán entregar su solicitud acompañada de la fotocopia del DNI o documento equivalente; autorización de la persona solicitante para recabar datos de otras administraciones públicas; para acreditar que tiene hijos a su cargo: fotocopia del Libro de Familia; documentación que acredite de la pertenencia a alguno de los colectivos de exclusión social; fotocopia de contratos y última nómina o certificados de empresa, para acreditar experiencia laboral como peón de albañilería.

En el caso de optar a una de las plazas de tutor/a se requerirá 24 meses de experiencia como oficial de primera de albañilería, por lo que deberán presentar fotocopia del DNI, Curriculum Vitae y todos aquellos documentos que acrediten los méritos expuestos en el CV.

SOLICITUDES

Las solicitudes podrán presentarse en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Jerez, Oficinas de la Delegación de Personal del Ayuntamiento de Jerez (calle Caballeros, 19), Oficina de la Delegación de Impulso Económico (avenida Álvaro Domecq, 5, 7-9) o mediante cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para la selección de las personas que finalmente podrán participar en este programa se establecerá un Comité de Selección formado por personal de diferentes delegaciones municipales. Esta selección se realizará en dos fases eliminatorias y será supervisado por dicho Comité.

Se trata de una actuación incluida dentro del Plan Iniciativa Urbana-Jerez Sur, proyecto cofinanciado por la Unión Europea en un 80 por ciento con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y un 20 por ciento por el Ayuntamiento de Jerez, dentro del Eje 5 de Desarrollo Sostenible Local y Urbano, del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

Este sencillo aserto puede tener consecuencias extraordinarias, como así lo demuestra la realidad económica. En la actualidad, en torno al 38% de la población andaluza hace deporte de manera habitual. Además, la incidencia económica del sector deportivo en el producto interior bruto autonómico se sitúa en el 3,23%, generando en torno a 70.000 empleos directos e indirectos. Nada desdeñable si se tiene en cuenta que el turismo en Andalucía representa el 12 % del PIB regional. En Andalucía hay  registradas 18.794 entidades deportivas, 540.116 personas con  licencias federaciones, 4.871 empresas de  actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento y todo una emergente actividad turística y de  eventos deportivo, que solo en golf, por citar un ejemplo,  ha provocado la estancia en Andalucía, durante 2012, última actualización de que disponemos, un total de429.000 mil turistas, con una estancia media de 13 días y un gasto medio por persona/día de 60,00 €.

Esta realidad económica es precisa ponerla en contraste con los diferentes agentes sociales que la genera. No es igual la gestión y puesta en valor de un  campo de golf, la carrera ciclista de mi pueblo, las instalaciones deportivas de uso público de un municipio, o el desarrollo de un equipo deportivo profesional de categoría élite,  que un equipo de deportivo de benjamines de cualquier deporte, formado por veinte niños y niñas menores,  de entre siete u ocho años edad, y un ilusionado grupo de amigos adultos,  que deciden constituirse en club deportivo o un pertinaz entrenador deportivo que desarrolla su actividad por mera vocación de oficio. No, no es lo mismo, aunque todos son parte de esta realidad económica tan pujante.

Como todo en la vida, cada vez que se acomete algo, debe de considerarse criterios de ponderación o de lógica proporcionalidad, que permitan regular la realidad de las cosas, con el establecimiento de las medidas oportunas que permitan su logro. De esto sabe mucho el legislador español, que continuamente hace de su oficio de creación de normas legales, un constante ejercicio de oportunidad, previsión y ponderación del pulso social, para comprobar la idoneidad o no de sus propuestas. Incluso con propósito de evitarla, una vez que la respuesta no ha sido la esperada. Numerosos ejemplos de ello tenemos, lamentablemente, en los últimos tiempos.

Sin embargo, en el caso particular de las  anunciadas inspecciones laborales en el deporte base, por cuenta de los Servicios de Inspección Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como consecuencia del informe conjunto del dicho Ministerio y el Consejo Superior de Deportes; habría mucho que puntualizar. Por supuesto, no será quien suscribe, el que niegue a ningún trabajador sus reconocidos derechos laborales y sociales, y menos aún si corresponde al ámbito deportivo, tan necesitado de un justo reconocimiento social y una más que merecida adecuación de su esfuerzo productivo y profesional; empezando por una adecuada regulación académica y facultativa, y continuando por un estatuto profesional que garantice y avale el ejercicio de sus derechos laborales.

Pero mientras esto llega, se redacta el meritado informe ministerial y que no se ha hecho público. El cual viene a considerar a todo deportista, monitor-entrenador o colaborador, que perciba alguna compensación por su esfuerzo o actividad efectuada, durante unas horas a la semana, sujeto de una relación laboral por cuenta ajena. Es decir, entiende que son personal laboral de los clubes deportivos.

Aquí la regulación legal aplicable es clara, basta con considerar los rasgos de ajeneidad, voluntariedad, dirección empresarial y remuneración, que definen las relaciones laborales, a la luz del artículo 1 del vigente Estatuto de los Trabajadores. Si bien, lo que llama la atención, es que se aplicada con disparidad de criterio, por parte del Ministerio de Empleo y el CSD, respecto de otras prácticas deportivas no de base.

No todos los deportistas y técnicos operan con la misma licencia. La  Ley Deportiva nacional como autonómica,  distingue entre aficionado y profesional. En el caso del fútbol profesional, éste se rige por los acuerdos de las asociaciones deportivas de futbol profesional y la Liga Nacional de Fútbol. Nos referimos a la Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional (B.O.E.Núm. 245, de 9 de octubre de 2014).  Convenio que no rige para el deporte amateur o aficionado, que es donde se ubica la actividad objeto de inspección. Y por la que  quedan excluidos.

Dicha norma tiene su amparo legal  en el  Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales (BOE» núm. 153, de 27 de junio), por el que también quedan excluidos de su  ámbito de aplicación,  aquellas personas que se dediquen a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club, percibiendo de éste solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva (art.1.2).

Exclusión de la que igualmente se hace partícipe, el propio Estatutos de los trabajadores, cuando establece expresamente que quedan fuera del ámbito regulado por la ley laboral los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad (art. 1.3. E.T.). Sustrato social en la que, precisamente, se asientan la inmensa mayoría de las personas participes o próximas al deporte base.

De otro lado, conviene reparar en el hecho indubitado de que los técnicos, utilleros y demás personal vinculados a la práctica deportiva bajo la modalidad de aficionado, provistos de sus respectivas licencias federativas, no suponen ningún fraude al sistema público de prestaciones de la Seguridad Social. Entre otros motivos porque así lo decidió en su momento el propio legislador, quien estableció para los deportistas y técnicos federados un sistema de seguranza excluido de la propia Seguridad Social.  De suerte, que es el propio licenciado quien sufraga su propio coste, al quedar sometida su actividad bajo la regulación del Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo, (BOE de 23 de Junio de 1993).  Expreso deseo del legislador de entonces, quien para  cubrir  los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente, y en atención a la especificidad de los riesgos que conlleva la práctica del deporte de competición, optó por el pleno sometimiento de dicha actividad a la Ley de Contrato de Seguro y no al régimen general o especial de la Seguridad Social. Origen de las Mutualidades Deportivas.

Luego si la práctica deportiva de aficionado solo cuenta con la compensación de los gasto que genera, son prestaciones basadas en razones de benevolencia, amistad o vecindad y disponen de su propio sistema legal de cobertura de seguros bajo licencia federativa, no encontramos motivos suficientes, cuanto menos declarados por la Administración, que justifique fundamente, el plan de inspección laboral anunciado en el ámbito de la práctica deportiva del deporte base.

Lo cual no quiere decir, que efectivamente, el entorno laboral y profesional deportivo, si esté llamado a una profunda renovación legislativa, aclamada ya por muchos colectivos y agentes sociales del deporte, que ponga el orden necesario en este ámbito. Y que pueda armonizar situaciones legales incómodas como pueda ser la implantación de la licencia única, la multimillonaria deuda de los clubes profesionales con la Seguridad Social, o la simple relación deportiva de un árbitro de fútbol de categorías profesionales, que percibiendo entre 10.000 y 30.000 euros anuales, según actividad, no cotiza a la Seguridad Social; o que un Presidente de una Federación Deportiva o un Delegado Territorial de la misma, con dedicación exclusiva, tampoco lo haga. Se impone la cordura. El legislador no debe  dar palos de ciego, ya que atenta contra la seguridad jurídica, que exige todo Estado social y democrático de derecho.  Nuevamente se ha obviado el más que recomendable trámite de audiencia de los interesados.

A nuestro modo de ver la medida anunciada es desafortunada, escasa de fundamento, desproporcionada y absolutamente inoportuna, ya que no se ataja por el legislador el problema de fondo y la medida podría ocultar intenciones no declaradas. Todo ello, sin desmerecer, de los justos y legales derechos que le son reconocidos a todo trabajador del ámbito deportivo, verdadera víctima de la vigente regulación legal sobre la materia.

Javier Gómez Vallecillo

Abogado

Secretario del Xerez Deportivo F.C.

Según la diputada socialista, “la Audiencia Nacional, habla  en la sentencia de  Tragsa de la  obligatoriedad de exigir a las administraciones públicas una precisión mucho mayor que a cualquier empresa privada a la hora de elegir a los afectados, con el fin de anular cualquier posibilidad de adoptar decisiones arbitrarias o discrecionales”.

“Hay que recordar que el despido de los 260 trabajadores municipales se lleva a cabo porque el Ayuntamiento se acoge, voluntariamente, a un plan para pagar a los proveedores. Por supuesto, los proveedores tienen todo el derecho a cobrar, pero lo que no se puede hacer es sacrificar a 260 familias para ello. La primera medida que Pelayo ofreció al Ministerio fue despedir trabajadores; otros ayuntamientos, no obstante, han puesto planes de ajuste en marcha sin que hayan despedido a nadie”, señala  Mamen Sánchez.

La diputada Jerezana  se ha comprometido  con los trabajadores a mantenerles informados de cuantas gestiones lleve a cabo, así como a participar en la plataforma que crearán los afectados por el ERE.

Los representantes de los trabajadores agradecieron a la diputada nacional y al PSOE su apoyo, “fundamental para desmontar ante la opinión pública la farsa que ha sido este ERE”. Señalaron que las consecuencias del fallo del Tribunal Supremo son “gravísimas”, por cuanto abre la puerta a que se adopten medidas similares en cualquier ayuntamiento de España, además de frenar las contrataciones.

Los afectados, que anunciaron a la diputada y a los concejales socialistas que se constituirán en plataforma en unos días, también lamentaron que el ERE haya supuesto que Jerez se encuentre peor atendida, que los ciudadanos tengan peores servicios y que se estén dando casos de privatización.

La ‘advertencia’ de la Junta subraya, concretamente, que Jecomusa, la sociedad que gestiona la radiotelevisión municipal, “es una sociedad anónima que depende de una administración pública, pero no está sometida al derecho público”.

Al respecto, García-Pelayo afirma si los informes definitivos del ERTE “no son favorables” y “falta una pata”, habrá que “sentarse” con los trabajadores para “buscar otras fórmula para esa reducción”, aunque ha dejado claro que el Ayuntamiento de Jerez “no va a hacer nada en contra del acuerdo de la autoridad laboral” y “sin consensuarlo” con los empleados.

El gobierno local considera que “la sentencia del TSJA supone un espaldarazo a la RPT ya que en la misma queda acreditado que se ha hecho conforme a la Ley, reconociéndose además la voluntad negociadora, con existencia real de negociación y, por tanto, ha quedado también claro que no se vulneró el derecho a la misma”. “Además, confirma que la valoración de los puestos de trabajo se hizo correctamente, al igual que se reconoce la especial situación del Ayuntamiento de Jerez, dando la posibilidad de que de forma provisional el personal laboral pueda ocupar puestos de funcionarios, tal y como se recoge en la modificación que se hizo de la RPT, en enero de 2013, para garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento dado el escaso número de funcionarios”, destaca el ejecutivo municipal en un comunicado de prensa.

Considera igualmente importante que “el TSJA haya dictaminado que el procedimiento de libre designación para los puestos previstos se ajusta a Derecho y, por tanto, está plenamente justificada, estimándose únicamente la demanda en lo que se refiere a los escoltas, y cuestionando solamente la motivación que justifica la opción por este sistema, sin que se haya cuestionado el procedimiento en sí”.

El TSJA, tras dejar clara la utilidad de la RPT como instrumento técnico legalmente previsto para llevar a cabo la ordenación del personal, considera que el resto de los puntos denunciados por el sindicato deben ser desestimados. De esta manera, entiende y justifica, atendiendo a las numerosas ocasiones en las que fue convocada la Mesa General de Negociación, la existencia “real” de negociación y declara que no se ha vulnerado el derecho a la negociación por cuanto se ha garantizado el sometimiento del documento a la negociación con sus representantes, con independencia del resultado.

En la misma sentencia, el alto tribunal andaluz alude a la falta de quórum para la celebración de las reuniones por ausencia de representantes sindicales, y añade “entre ellos el sindicato recurrente”. También considera que todos los puestos están suficientemente valorados de manera individualizada, por lo que desestima también el punto en el que el sindicato alega la falta de valoración de los mismos.

Igualmente, en el dictamen de los jueces se considera que el procedimiento de libre designación para determinados puestos, en atención a su especial responsabilidad y confianza, se ajusta a Derecho y está, por tanto, justificado, ya que, según reconoce en la sentencia, se utiliza de forma excepcional, siendo la generalidad el concurso de méritos.

Conforme a este argumento, la sentencia admite el uso de este procedimiento para los puestos de carácter directivo (coordinadores generales y titular de la asesoría jurídica); el jefe de la Policía Local, por su especial responsabilidad; las direcciones de servicio, por entender que son puestos de responsabilidad en cuanto que dirigen los servicios y procuran el cumplimiento de las directrices políticas del Ayuntamiento; los puestos de secretario y secretaria de órganos directivos, que han sido motivados por la confianza en el puesto en el que sirve, “encontrándose dicha previsión expresamente recogida dentro de los límites excepcionales fijados por la jurisprudencia”.

En todos estos casos, la sentencia declara que de las fichas que recogen las funciones de los puestos y de la propia memoria de la RPT se desprende que está plenamente justificada su utilización.

Por último, el Tribunal estima que es correcta la utilización indistinta de puestos para funcionarios y laborales (F/L) en la medida que los puestos sólo pueden ser desempeñados provisionalmente por laborales y en los términos que se describieron en la modificación puntual de la RPT, aprobada el 21 de enero de 2013, declarando la sentencia que esta modificación tiene plena cobertura legal. Por tanto, el alto tribunal andaluz considera en este punto que no ha existido “vulneración alguna cuando se permite sólo con carácter provisional el desempeño por el personal laboral que lo venía desarrollando”.

La resolución de la Junta de Andalucía, fechada en este pasado miércoles, ordena la inscripción de dicho acuerdo-convenio del personal funcionario y laboral en el Registro de Acuerdos y Convenios Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, notificándose la misma a la Comisión Negociadora. Asimismo, la resolución de la delegación territorial en Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía dispone la publicación del acuerdo-convenio en el Boletín Oficial de la Provincia.

El gobierno municipal destaca, a través de un comunicado, que “esta resolución a favor “ha sido posible gracias al esfuerzo desarrollado tanto por la plantilla municipal como por los sindicatos,  gracias al cual y por primera vez este Ayuntamiento va a contar tanto con una Relación de Puestos de Trabajo como con un convenio aprobado y con todos los requisitos legales”.

Recuerda también que “el acuerdo-convenio cuenta con todos los informes preceptivos, y cumple el compromiso tanto de bajada de sueldos para los altos cargos como que los salarios más bajos no se vean afectados por los recortes salariales”, ya que “nunca antes este Ayuntamiento había contado con un convenio estatutario, es decir, un convenio negociado, fiscalizado por la Intervención municipal, ratificado por el órgano competente y remitido a la autoridad laboral para su control, inscripción, depósito y, finalmente, su publicación”.

Estas empresas que se han incluido en el calendario de visitas de la Agencia de Empleo pertenecen a todos los sectores y desarrollan actividades diversas: desde una academia de idiomas hasta una empresa dedicada a la investigación, pasando por un centro de fisioterapia. En estas visitas, además de la entrevista personal que el técnico prospector realiza, se detectan también, mediante otras herramientas, todo tipo de necesidades laborales y formativas en las empresas, así como de los servicios municipales destinados al sector.

El delegado de Impulso Económico, Francisco Cáliz, ha valorado muy positivamente los resultados que está ofreciendo esta iniciativa desde su puesta en marcha. “Desgraciadamente, las demandas de empleo vienen solas y lo que estamos haciendo es buscar ofertas que puedan absorberlas. Por este motivo, nuestra agencia de colocación está saliendo a la calle, para brindar al tejido empresarial las prestaciones de este servicio municipal con el que pueden contar”, ha indicado.

En la misma línea de trabajo, la Agencia de Empleo ha realizado contactos y ha ofrecido sus servicios a varias empresas extranjeras que se dedican a intermediar entre demandantes de empleo y empresas del exterior para la contratación de profesionales.

La Agencia de Empleo de Jerez no sólo mantiene su servicio de atención personalizada, tanto para empresarios como para demandantes, sino que ofrece también a sus usuarios un programa de  talleres grupales de orientación laboral, por los que han pasado más de 400 alumnos en la primera mitad del año.

De los últimos meses es destacable también la apertura, a primeros de año, de la nueva oficina de la agencia en la Zona Sur de la ciudad, concretamente en el Centro de Formación El Zagal, que ha facilitado a los ciudadanos el acceso a los servicios de empleo municipales.

También es reciente la creación Punto de Información para el Trabajo en el Extranjero (PITE). Desde este recurso se ha atendido a las personas que tenían pensado buscar trabajo en otros países de la Unión Europea. La mayor parte de estos usuarios aporta ya una idea clara del país al que desplazarse y realiza  consultas respecto a la legislación laboral, y los procedimientos de búsqueda de su destino. También solicitan traducciones de su currículum.

La enorme crisis económica por la que atraviesa el país ha abonado el terreno para que proliferen los fraudes más variopintos. Dentro de ellos, han cobrado gran relevancia los relacionados con el mundo laboral, especialmente en una provincia en la que la tasa de desempleo y la precariedad están al máximo nivel. Tanto es así que la llamada Comisión Provincial de la Lucha contra el Fraude, formada por representantes de distintas administraciones, Cuerpos de Seguridad y Fiscalía, ha decidido echar el resto y combatir con todas sus armas una picaresca que se ha disparado en los últimos años. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha comparecido tras la reunión de la comisión celebrada en Jerez para mostrar su preocupación por los últimos datos recabados al respecto.

“La Inspección de Trabajo ha levantado en lo que va de año 1.229 actas en la provincia por falta de altas, y ha encontrado 994 casos de gente que compatibilizaba el trabajo con la prestación. Son cifras importantes, a las que hay que sumar las de explotación laboral, con unas actuaciones de Guardia Civil y Policía Nacional en este terreno que han pasado de 31 a 90 en solo un año”. Es por eso que la detección de empresas ficticias, el fraude en prestaciones y la falta de altas se ha convertido en una prioridad para la comisión, junto al alarmante aumento de empresas “serias” que de repente han optado por cometer infracciones. “También hemos detectado connivencia para cobrar prestaciones en 251 casos con los propios empresarios, que procedían a dar altas ficticias el tiempo necesario para que el beneficiario cobrara la ayuda”. 

La época de verano, como ha señalado De Torre, es sensible a este tipo de casos por lo que los profesionales que luchan contra el fraude harán hincapié en “vigilar que en los contratos de verano se den las altas precisas y se cumpla la prevención en riesgos laborales, con especial cuidado en las ferias e instalaciones turísticas”. Aunque estas irregularidades son de las más preocupantes, tampoco hay que pasar por alto que en materia de tabaco en la provincia de Cádiz es donde más se defrauda, copando el 35% de todo el territorio nacional. Junto a ello, cabe destacar otras actividades ilícitas como las de las peleas de gallos o los talleres ilegales, que dan lugar a una creciente economía sumergida y en donde por lo tanto también pondrá el acento la comisión antifraude.

“Lo importante es que la lucha sea permanente y se establezca una política de comunicación, como ocurrió con la ‘operación Espolón’ en la que se produjeron actuaciones integrales para atajar las peleas de gallos, con información sobre asistencia sanitaria, tenencia de armas, menores, etcétera”. Una batalla que las autoridades parecen haberse tomado muy en serio, con un mensaje que el subdelegado ha querido trasladar a la sociedad: “El fraude es una falta de solidaridad con el sistema, y al final acaba perjudicando a quienes pagan sus impuestos”, ha sentenciado.

La mediación de este lunes, que se ha prolongado durante dos horas y media, se ha cerrado con tres puntos principales en su acuerdo. Las partes confrontadas mantendrán una primera reunión este miércoles, día 15, con carácter urgente para estudiar la ampliación de la ultraactividad de su convenio colectivo y, de esta manera, tener mayor margen de tiempo en la negociación de un texto nuevo. En segundo lugar, se ha fijado como calendario de reuniones los próximos cuatro jueves para tratar en ellas los distintos asuntos relativos al contenido del convenio que vayan determinando las partes. Dichas cláusulas han permitido la desconvocatoria de la huelga planteada por la plantilla, el tercero de los puntos recogidos por el acta del Sercla.

De esta forma, los trabajadores han mostrado un gesto de buena voluntad hasta a ver qué ocurre el miércoles en la primera negociación con la firma de la ultractividad del convenio como punto principal. Si el Ayuntamiento acaba sin firmar el documento, la plantilla no descarta volver a iniciar el proceso para convocar una nueva huelga.