Salones de celebraciones y discotecas suman el mayor número de inspecciones con 5 y 9, respectivamente, seguidos de las salas de fiesta, con 3 Discotecas y salones de celebración acumulan también la mayoría de las denuncias con 6 y 2, respectivamente, mientras que los agentes han levantado 2 actas en salas de fiesta.

La Consejería de Justicia e Interior ha intensificado la inspección de las salas, discotecas o recintos de espectáculos y ha pedido a los promotores de fiestas navideñas y cotillones y a los ayuntamientos responsables de su autorización que extremen las medidas de seguridad y cumplan la normativa vigente.

La Junta realiza estas actuaciones en aquellos recintos cuya capacidad supera las 700 personas y dentro del marco del Plan de Inspección bianual en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas impulsado por la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, que fija la tipología de establecimientos que son objeto de inspección y vigilancia en este ámbito y los aspectos objeto de control.

El programa da prioridad a aquellas instalaciones que tienen la categoría de ‘establecimientos de esparcimiento’ -salas de fiesta, discotecas, discotecas de juventud y salones de celebración- con capacidad superior a 700 personas, ya que la Junta es competente en la inspección de estos recintos de mayor aforo junto con los ayuntamientos.

Los profesionales encargados de realizar las labores de supervisión y control de estas instalaciones son, junto a los agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta, miembros de la Inspección de Espectáculos Públicos de la Junta y técnicos de empresas especializadas autorizadas por la Consejería.

En estas inspecciones se comprueba la documentación general de estos establecimientos, los requisitos técnicos de sus instalaciones y se revisan  aspectos importantes para la seguridad de las personas como las instalaciones eléctricas, las de protección contra incendios y los elementos y condiciones de evacuación del edificio.

La Junta podrá clausurar aquellos establecimientos en los que se detecten deficiencias graves hasta su completa remodelación. Los planes de inspección desarrollados anteriormente han demostrado su eficacia para corregir los eventuales incumplimientos registrados durante los mismos y su importante efecto preventivo y disuasorio, ya que las inspecciones fomentan actitudes responsables por parte de  los propietarios de estos establecimientos.

Control municipal de las fiestas navideñas

La Consejería de Justicia e Interior ha pedido a todos los ayuntamientos andaluces que extremen las medidas de control previo sobre las distintas fiestas y cotillones que se organizan durante las navidades con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como los derechos de los asistentes a tales celebraciones.

Para este tipo de fiestas, los establecimientos que se dedican habitualmente a actividades de ocio y esparcimiento no tienen que pedir autorización, siempre que cumplan las condiciones autorizadas en su licencia municipal. El resto de establecimientos sí deben pedir autorización expresa al ser consideradas estas fiestas eventos de carácter extraordinario. Es el caso de espacio que tienen usos diferentes -tales como garajes, locales o naves- y que, excepcionalmente, se utilizan para albergar una fiesta en esta época.

En todos estos casos son los ayuntamientos los competentes para otorgar las licencias conforme a la legislación vigente, motivo por el que la Consejería ha solicitado a las corporaciones locales andaluzas la conveniencia de reforzar los controles previos a la concesión de las necesarias autorizaciones oficiales. La Junta subraya que la normativa vigente regula la presencia de un servicio de vigilancia y admisión en los eventos de carácter ocasional y la necesidad de contar con un seguro de responsabilidad civil.

La resolución municipal que autorice la fiesta deberá contener información detallada del evento, incluyendo información del titular y organizador, objeto, duración o vigencia, aforo máximo, horario u otras condiciones particulares. Por lo que respecta a los espacios utilizados de forma eventual, éstos deberán reunir todas las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias y de accesibilidad para el evento que tiene previsto albergar.

El delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, ha informado de que los servicios técnicos del Departamento de Disciplina Urbanística han realizado una inspección en el inmueble del antiguo Tabanco del Duque, “confirmando el desplome parcial de una parte de la cubierta del mismo, por lo que se adoptarán, de forma preventiva, las medidas necesarias para garantizar la seguridad”.

El edil ha señalado que “en los últimos meses se han dado importantes pasos para frenar el deterioro de este edificio”, y en este sentido, apunta que recientemente se aprobó en Junta de Gobierno Local un proyecto de consolidación de cubiertas por un importe de unos 135.000 euros, “y que se están siguiendo los pasos necesarios para sacar las obras a licitación pública”. Asimismo, ha explicado que se ha estado trabajando para adquirir la totalidad de la propiedad de la finca, pues hasta hace escasas fechas, había una parte de la misma que estaba en manos privadas, lo que dificultaba una intervención municipal.

Cabe recordar a este respecto que los vecinos de la zona han denunciado el peligro de nuevos desprendimientos, también hacia la calle, en el lugar, quejándose de la pasividad del Ayuntamiento en este asunto y reclamando una actuación urgente.

MESA DEL CENTRI HISTÓRICO

Agustín Muñoz ha recordado que la consolidación de cubiertas del Tabanco del Duque “es un proyecto prioritario para el Ayuntamiento y así se trasladó a la Mesa del Centro Histórico celebrada el pasado 19 de septiembre, en la que se pusieron sobre la mesa varias propuestas de regeneración para la zona”.

Apunta que en aquella reunión, a la que asistieron alrededor de medio centenar de representantes de asociaciones vecinales, culturales, empresarios y profesionales de la arquitectura, se propuso una serie de acciones de bajo coste en el eje de atención prioritaria formado por las calles Juana de Dios Lacoste, Santa María de Gracia y Liebre, entre las cuales figuraba la intervención de limpieza y consolidación en el Tabanco del Duque.

Sin embargo, los vecinos de la AA. VV. Casco Histórico no parecen muy conformes con las medidas que se han tomado, “que se limitan a poner cuatro vallas”, denuncian.

Durá ha explicado que “dos de estos vehículos están desde hoy operativos, que un tercero se espera que lo esté desde mañana, y sólo uno está pendiente de llevar a la ITV, ya que es cierto que tiene una avería y deberá, por tanto, arreglarse antes de llevarlo”.

Javier Durá ha recordado que “la ampliación del parque móvil está incluida en los Presupuestos de 2013 al considerarse un asunto prioritario en la delegación”. Según ha explicado, “en los Presupuestos se incluyó la adquisición de dos vehículos todo-caminos, que ya están adjudicados y que, por tanto, en un breve espacio de tiempo estarán ya funcionando, dos motocicletas, que están ya también adjudicadas, y los cuatro coches que estaban en renting y que han pasado a ser propiedad del Ayuntamiento”. Además, para el segundo semestre del año está prevista la contratación de un nuevo renting para otros cuatro coches nuevos.

Respecto a los medios materiales, el delegado recuerda también que se han adquirido un cinemómetro para medir la velocidad de los vehículos en la vía urbana, así como un alcoholímetro evidencial y dos digitales para la realización de pruebas preventivas de alcoholemia. Asimismo, está prevista la adquisición de un monitor que permitirá conocer con precisión la ubicación de todas las unidades móviles de la Policía, lo que servirá para agilizar la respuesta ante situaciones de necesidad.

Javier Durá ha pedido al SIP que “mantenga la vía del diálogo para solucionar los problemas en lugar de crear alarmismo ya que se está trabajando desde el primer día para que la seguridad de los ciudadanos esté garantizada”.

La enorme crisis económica por la que atraviesa el país ha abonado el terreno para que proliferen los fraudes más variopintos. Dentro de ellos, han cobrado gran relevancia los relacionados con el mundo laboral, especialmente en una provincia en la que la tasa de desempleo y la precariedad están al máximo nivel. Tanto es así que la llamada Comisión Provincial de la Lucha contra el Fraude, formada por representantes de distintas administraciones, Cuerpos de Seguridad y Fiscalía, ha decidido echar el resto y combatir con todas sus armas una picaresca que se ha disparado en los últimos años. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha comparecido tras la reunión de la comisión celebrada en Jerez para mostrar su preocupación por los últimos datos recabados al respecto.

“La Inspección de Trabajo ha levantado en lo que va de año 1.229 actas en la provincia por falta de altas, y ha encontrado 994 casos de gente que compatibilizaba el trabajo con la prestación. Son cifras importantes, a las que hay que sumar las de explotación laboral, con unas actuaciones de Guardia Civil y Policía Nacional en este terreno que han pasado de 31 a 90 en solo un año”. Es por eso que la detección de empresas ficticias, el fraude en prestaciones y la falta de altas se ha convertido en una prioridad para la comisión, junto al alarmante aumento de empresas “serias” que de repente han optado por cometer infracciones. “También hemos detectado connivencia para cobrar prestaciones en 251 casos con los propios empresarios, que procedían a dar altas ficticias el tiempo necesario para que el beneficiario cobrara la ayuda”. 

La época de verano, como ha señalado De Torre, es sensible a este tipo de casos por lo que los profesionales que luchan contra el fraude harán hincapié en “vigilar que en los contratos de verano se den las altas precisas y se cumpla la prevención en riesgos laborales, con especial cuidado en las ferias e instalaciones turísticas”. Aunque estas irregularidades son de las más preocupantes, tampoco hay que pasar por alto que en materia de tabaco en la provincia de Cádiz es donde más se defrauda, copando el 35% de todo el territorio nacional. Junto a ello, cabe destacar otras actividades ilícitas como las de las peleas de gallos o los talleres ilegales, que dan lugar a una creciente economía sumergida y en donde por lo tanto también pondrá el acento la comisión antifraude.

“Lo importante es que la lucha sea permanente y se establezca una política de comunicación, como ocurrió con la ‘operación Espolón’ en la que se produjeron actuaciones integrales para atajar las peleas de gallos, con información sobre asistencia sanitaria, tenencia de armas, menores, etcétera”. Una batalla que las autoridades parecen haberse tomado muy en serio, con un mensaje que el subdelegado ha querido trasladar a la sociedad: “El fraude es una falta de solidaridad con el sistema, y al final acaba perjudicando a quienes pagan sus impuestos”, ha sentenciado.

CC OO, a través de su Sindicato Provincial de Sanidad en Cádiz, ha presentado una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo en la que acusa al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 36,4 y 33.1.a. El primero, relativo a que la negativa del empresario a adoptar medidas propuestas por el delegado de prevención deberá ser motivada, y el segundo, que establece que cualquier modificación en las condiciones laborales de los trabajadores deberá acordarse con las centrales sindicales o consultarse con los delegados de prevención.

En concreto, el sindicato se refiere a las jornadas laborales del personal de carácter eventual que el SAS contrata al 75% en toda la provincia de Cádiz que, según asegura, asumen las mismas cargas de trabajo que los empleados interinos o de plantilla contratados al 100%.

Así, CC OO ha recordado que esta contratación al 75%, es la primera consecuencia del Plan de Reequilibrio y Ajuste Financiero de la Junta de Andalucía 2012-2014, y que ha consistido precisamente en pasar al 75% de jornada y salario (así como de cotización) al colectivo de trabajadores llamados “eventuales estructurales”, que son, según recoge la denuncia, “aquellos que vienen desempeñando tareas esenciales en el SAS, de forma continuada, pero a los que se les renueva su nombramiento eventual cada cierto tiempo —últimamente mes a mes— en lugar de haber dado cobertura a una necesidad permanente mediante nombramientos de interinidad”.

En este sentido, el sindicato ha afirmado que es evidente, por otra parte, que esta “absoluta discrecionalidad por parte de la empresa en la programación de los turnos y la no disminución proporcional de las cargas de trabajo programadas para esas jornada reducidas, suponen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de este colectivo, las cuales no han sido acordadas con las centrales sindicales, ni tampoco se han consultado con los delegados de prevención de Riesgos Laborales, tal como se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han reflejado en la denuncia.

“Esta reducción de jornada sin la disminución proporcional de las cargas de trabajo es claramente lesiva para la salud, porque aumenta la carga de trabajo y por tanto la sobrecarga mental y el estrés, debido a que el trabajador o trabajadora debe hacer frente al mismo trabajo en menos tiempo”,  han subrayado.

Y, al respecto, los responsables sindicales han destacado lo que establece la Guía de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre Riesgos Psicosociales, elaborada por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo donde, además del estrés, se incluye la fatiga “del trabajador ligada a la ordenación del tiempo de trabajo” y se destaca que “los problemas de salud  aparecen cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador o cuando éste no recibe una adecuada compensación”.

CC OO ha explicado, además, que esta denuncia se ha formulado ante la falta de respuesta de las direcciones sanitarias gaditanas sobre la misma, a las que se les hizo llegar con anterioridad.

Con todo, el sindicato, ha reseñado que la denuncia presentada afecta a los profesionales sanitarios de carácter eventual contratados por el SAS al 75%en toda la provincia y que suponen en la actualidad 1.334 gaditanos repartidos entre sus 5 hospitales y 4 distritos sanitarios.

El delegado de Urbanismo y Movilidad Agustín Muñoz, ha confirmado que, en el día de hoy miércoles, técnicos del área de Disciplina Urbanística han inspeccionado el estado del inmueble de la calle Prieta número 15, cuya fachada se derrumbó ayer martes, para evaluar la situación y estudiar las medidas de seguridad a adoptar, dado el estado de precariedad estructural en que han quedado los forjados que apoyaban en el muro que se ha desplomado, y que según la inspección realizada, existe la amenaza de nuevos desplomes en la fachada.

Ante esta situación, Agustín Muñoz ha informado de que el Ayuntamiento ordenó el desalojo de la finca del número 17 para evitar posibles riesgos a terceros; asimismo, la zona afectada permanece cortada al tráfico rodado y al paso de peatones como medida de seguridad.

También se ha estado inspeccionando el inmueble de la calle Beato Diego de Cádiz, número 3, donde en el día de ayer se produjo el derrumbe parcial del forjado de la primera crujía de la edificación. Durante la inspección se han estado analizando los daños ocasionados al objeto de determinar las medidas preventivas a adoptar para evitar el deterioro progresivo de los forjados y los posibles riesgos a sus habitantes, que permanecen desalojados desde ayer.

Ésta ha sido una mañana fructífera para el Grupo de Cobre de Jerez de la Guardia Civil, que ha realizado inspecciones simultáneas en cinco chatarrerías del municipio dentro de su plan de actuación y prevención contra el robo de este material, que se ha saldado con 27 intervenciones en toda la provincia. Reporteros Jerez ha acompañado a los agentes en una de ellas, llevada a cabo en la chatarrería Puente del Duque del polígono industrial de El Portal, adonde han acudido en colaboración con el Seprona para supervisar la mercancía adquirida por si hallaran alguna irregularidad. Como ha explicado el portavoz de la Comandancia, Manuel González, el objetivo de este tipo de controles no es otro que comprobar si las cantidades de cobre que se han comprado están registradas como es debido, pues de lo contrario se han de requisar para determinar si su origen es ilícito.

El procedimiento es sencillo: los funcionarios toman muestras de la mercancía susceptible de ser robada, basándose en que no aparezca en el registro, e investigan si existe una denuncia que se pueda relacionar con ella. Luego se coteja adecuadamente, y en el supuesto de que el resultado sea positivo se procede a la detención, por un presunto delito de receptación (compra de material robado a sabiendas). No obstante, la Guardia Civil quiere dejar claro que normalmente los chatarreros suelen incurrir en infracciones administrativas que tienen que ver con el almacenaje o el incorrecto uso de residuos sólidos, pero son menores las ocasiones en las que se les llegan a imputar estos delitos.

Algunos, incluso, colaboran con la Benemérita en la resolución de los casos. “Nosotros realizamos estas inspecciones, que son como un tipo de presión indirecta, para evitar que caigan en la tentación. Si toda la mercancía está registrada con detalle, no tiene por qué haber nada sospechoso”. Ellos son solo el eslabón de una cadena que culmina con la detención de los ladrones, lógicamente, pero en la que también hay que tener en cuenta a la parte afectada: si no se interpone una denuncia o llega tarde, la persecución de estos delitos es mucho más complicada. “Los jueces suelen tratarlos como meros robos, cuando detrás hay más. Si las empresas o el ayuntamiento no se personan como acusación particular, es más difícil resolverlo todo”.

PERJUICIO SOCIAL

Y es que aparte del perjuicio obvio que suponen para los afectados, en el caso del robo de alumbrado público conlleva un gasto extra para los contribuyentes, pues no solo hay que reponer el cobre sustraído sino también volver a facilitar el suministro. Un dinero, en definitiva, que pagamos todos. Ésta es precisamente una de las vertientes más de moda entre los cacos en el último año, pues les resulta relativamente fácil hacerse con el materal de las pocetillas o el alumbrado público, que incluso llegan a robar a plena luz del día. Las ganancias tampoco desmerecen, pues el kilo de cobre oscila en el mercado en la actualidad entre los 5 y los 8 euros, un valor que se ha triplicado en pocos años.

Todo este movimiento es el que ha propiciado la aparición del citado grupo, que lleva operando un lustro en la zona con unos resultados determinantes. Gracias a ello, sus miembros aseguran que al menos en las chatarrerías la actividad ilegal se ha reducido radicalmente, debido a la presión continua que ejercen con las inspecciones. Otra cuestión muy distinta es la captura de los que cometen los robos, puesto que mientras el cobre se siga revalorizando de ese modo será muy complicado poner coto al delito. En estos momentos, el mercado chino es el que más paga por este metal, utilizado para todo tipo de artículos electrónicos.

Las 27 inspecciones a nivel provincial han culminado con la identificación de 44 personas, el levantamiento de 188 infracciones administrativas, la detención de dos individuos en Arcos relacionada con el robo de cobre y la intervención de 82.000 kilos de este material.

Las declaraciones del delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, en las que confirmaba que el proyecto de Ciudad de la Justicia de Jerez está paralizado han sentado como un jarro de agua fría a la plantilla de los juzgados. Como se recordará, hace unos días el socialista visitó la localidad y no solo anunció esta ‘buena nueva’ sino que también intentó minimizar los daños asegurando que los jerezanos cuentan con unas instalaciones “dignas y de calidad”. Ahora, desde el Sindicato Profesional de Justicia han querido desmentir estas consideraciones aludiendo al informe elaborado por la Inspección de Trabajo, en el que se advertía del “riesgo grave” que supone el estado de las infraestructuras para el personal.

El documento en cuestión fue elaborado a raíz de las continuas denuncias en las que se ponía de manifiesto la situación “deplorable” del edificio judicial de Tomás García-Figueras, pasto de inundaciones, averías continuas y falto de espacio para albergar la correcta gestión de los procedimientos. Tras la investigación preceptiva de los inspectores, Trabajo realizó un informe demoledor en el que aludía a una serie de deficiencias con las que se incumplía la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, urgiendo a una remodelación integral del edificio y a la elaboración de un Plan de Emergencias.

Unos meses después, el informe se completaba con una evaluación de la plantilla en la que se alertaba del elevado nivel de estrés de la misma, debido a las condiciones extremas en las que desarrollaban su labor los funcionarios. Han transcurrido casi cuatro años desde que trascendiera ese informe, y aunque se han acometido algunas obras desde el SPJ insisten en que las instalaciones continúan obsoletas y son insuficientes para la carga de trabajo que soportan.

“Dijeron que se tenían que hacer reformas estructurales, pero la conclusión final es que salía más barato hacer un edificio nuevo. Ahora resulta que paralizan la Ciudad de la Justicia, cuando las instalaciones de Tomás García-Figueras está muy mal, a lo que se añade que sigue habiendo una considerable sobrecarga de trabajo. No creemos que el delegado se haya molestado en visitar este edificio, porque de lo contrario no habría realizado esas declaraciones”. Así las cosas, lamentan que en el presupuesto de la Consejería de 2013 se incluyan arreglos para sedes judiciales de La Línea, Algeciras y San Fernando, pero ni un solo euro destinado a la planta de Jerez. “Entendemos que no hay dinero -reconocen-. Pero se trata de una necesidad, y cuanto más se demore, peor será”.