Para el gobierno municipal “esta nueva confirmación ministerial avala la tesis mantenida por el Ayuntamiento de Jerez de que el proyecto del Centro Tecnológico del Motor (CTIM) se puede ejecutar ya que está dentro de plazo en contra de lo que sostienen los representantes de la Junta de Andalucía Ana Mestre y Juan Marín en sus declaraciones”.

Ya en su reciente visita a Jerez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero confirmaba que el periodo de ejecución del Centro Tecnológico de Innovación del Motor, según el marco europeo, tiene tres años añadidos de ejecución, es decir que terminaría el 31 de diciembre año 2023.

Este marco europeo hace posible, según manifestó la ministra, que el proyecto del CTIM pueda licitarse, ejecutarse y certificar los correspondientes fondos europeos. Para Montero, las reglas de la ejecución de los fondos europeos permiten a Jerez poner en marcha el CTIM.

En estas declaraciones la ministra señaló que se enviaría un escrito al Ayuntamiento de Jerez confirmando las posturas comunes del Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Jerez.

El escrito del Ministerio de Hacienda ha llegado con fecha de 16 de abril, está dirigido al teniente de alcaldesa Santiago Galván y responde a las cuestiones planteadas por el responsable municipal Economía con respecto a la fecha límite de ejecución. El ministerio señala que el Reglamento de Disposiciones Comunes n.º 1303/2013 establece en su artículo 65.2 las condiciones generales para el periodo de elegibilidad: “El gasto será subvencionable con una contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos si el beneficiario ha incurrido en él y lo ha abonado en fecha de presentación del programa a la Comisión, o partir del 1 de enero de 2014 si esta fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2023″.

En su carta el ministerio añade que en base a este reglamento “por tanto, la fecha límite de ejecución del gasto es el 31 de diciembre de 2023″.

A continuación, el Ministerio de Hacienda añade en su escrito que “en cuanto a la fecha limite de justificación y a falta de que la Comisión haya adoptado las normas de cierre de los Programas Operativos del periodo 2014-2020″, en ese mismo reglamento, en su artículo 135.2 “se establece que: La autoridad de certificación presentará la solicitud final de pago intermedio no más tarde del 31 de julio, una vez finalizado el ejercicio contable previo y en cualquier caso, antes de la primera solicitud de pago intermedio del siguiente ejercicio contable”.

Y “dado que el último año contable finaliza el 30 de junio de 2024, ésta será la fecha límite para que la Autoridad de Certificación disponga de certificaciones de gastos remitidas por los organismos intermedios de gestión correspondientes a gastos pagados hasta el 31 de diciembre de 2013”, recalca.

El Ministerio de Hacienda recuerda a continuación en su escrito que “tanto los organismos intermedios como la Autoridad de Gestión deben realizar las verificaciones previstas en los reglamentos por lo que habrá de establecer para los beneficiarios plazos más ajustados, anteriores en algunas semanas al límite de 30 de junio de 2024, en que la Autoridad de Certificación deberá contar con certificaciones de gastos ya verificadas y validadas por la Autoridad de Gestión”, apostilla.

La lista incluye 345 personas físicas con una deuda conjunta de más de 700 millones y 4.510 personas jurídicas con una deuda de 14.900 millones. Entre esos deudores aparece el Xerez CD con una deuda que señalan en 10,27 millones de euros.

Otros clubes de fútbol que aparecen son el Recreativo de Huelva (con una deuda de 11,12 millones), el R.Murcia (10,66 millones), el Racing de Santander (8,99 millones), la UD Salamanca (club ya disuelto, con 13,09 millones), el Lleida (11,39 millones), el Mérida (4,85 millones), el Ciudad de Murcia (3,87 millones), el Cartagena (3,05 millones) y el Compostela (3,02 millones).

Pero sin duda, en la lista de morosos de Hacienda el nombre que quizás llama más la atención es el de Dani Pedrosa. El piloto catalán aparece con una deuda de 7,85 millones de euros, así como otros personajes del deporte como el exfutbolista del Zaragoza y del Barcelona Gabi Milito (1,83 millones de deuda) o el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz (1,36 millones).

FUERA DEL FÚTBOL

Mario Conde, los hermanos Areces, el ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y el conocido abogado José Emilio Rodríguez Menéndez figuran, entre otros, en la lista de morosos publicada este miércoles por Hacienda por tener, a 31 de julio, deudas con la Administración Tributaria superiores al millón de euros. Las constructoras en concurso de acreedores Reyal Urbis y Nozar, y el Grupo Prasa son las compañías que más dinero adeudan al fisco, con 378, 203 y 101 millones de euros, respectivamente, según la lista de deudores con Hacienda que acaba de hacer pública la Agencia Tributaria.

Igualmente, los populares indica al Delegado de Economía que “es sorprendente que haga una noticia de lo que es una normalidad” y continúan que “es de primero de economía municipal que los préstamos y anticipos para pagar deudas hay que devolverlos y pagar intereses, por cierto mucho menores que los intereses legales de demora que dejó el gobierno del PSOE en Jerez” y le recuerdan al PSOE que “los préstamos de pago a proveedores y los anticipos se corresponden al pago de las inmensas deudas que dejó el PSOE en el periodo 2004-2011 y que alcanzaron los 1.000 millones de euros”.

Finalmente, desde el Partido Popular de Jerez recuerdan a Mamen Sánchez, que “las tres operaciones del gobierno de España que ha solicitado el PSOE en los primeros meses de gobierno y que han supuesto casi 100 millones de euros adicionales de préstamos iban precisamente encaminadas al pago de las sentencias judiciales, los vencimientos de planes de pago y anticipos así como las facturas pendientes de pago y, por tanto, la noticia generada por el PSOE sólo busca engañar a los ciudadanos y ocultar su incapacidad para afrontar los problemas.

El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, ha explicado que “esta medida tal y como está aprobada por el Gobierno de la Nación supone una exclusión para el Ayuntamiento de Jerez ya que este Consistorio no tiene retenida la PIE por el impago de la deuda con Hacienda y Seguridad Social sino por los anticipos que solicitó el Gobierno del Partido Popular, uno de 26 millones de euros, por el que nos retienen 722.000 euros,  y otro de 22 millones de euros de este mismo año, por el que nos retienen 2 millones de euros, aproximadamente en total 2,7 millones de euros. Igualmente nos retienen más de 1 millón de euros de los 4 préstamos ICO solicitados e impagados”.

“La medida fue planteada hace dos meses por este gobierno municipal al ministerio de Hacienda en una reunión que mantuvimos con los responsables de este organismo y de la que después, tal y como se ha planteado la Ley, estamos excluidos”, ha añadido el teniente de alcaldesa. “Le pedimos al Gobierno del señor Rajoy antes de irse que ayude al Ayuntamiento de Jerez que se encuentra en una situación especial”, ha solicitado Galván, quien también ha señalado que “el acogimiento a esta medida supondría al Ayuntamiento un ahorro de 25 millones de euros para los próximos 10 años al incorporar la deuda del Consistorio de Jerez con Hacienda y Seguridad Social al Fondo de Ordenación con unos intereses de demora del 1,31 por ciento. Una medida que sería muy beneficiosa para el Ayuntamiento de Jerez en la situación económica en la que se encuentra, con una PIE retenida de la que sólo recibimos 297.000 euros mensuales”.

ORDENANZAS FISCALES 

La justicia dominicana ha aprobado la extradición del empresario español José María Gil Silgado, expresidente del Xerez , quien fue detenido a principios de noviembre en la capital dominicana por un delito contra la Hacienda y su salida a España se va a producir “en cuanto sea posible”.
La decisión sobre su extradición se ha aplazado en varias ocasiones desde finales del año pasado y Silgado se encontraba detenido en la República Dominicana en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El 19 de diciembre del año pasado, España amplió la solicitud de extradición que ya había cursado el 21 de noviembre a las autoridades dominicanas tras el aplazamiento de la vista semanas atrás. El empresario tiene pendiente el cumplimiento de una condena de dos años de prisión como autor de una apropiación de 528.865,65 euros.

Esa cantidad era la correspondiente al IVA de una operación de venta de una finca realizada por su empresa y que el imputado no liquidó en Hacienda. El expresidente azulino fue detenido en la República Dominicana en virtud de una orden de búsqueda internacional.

Este sencillo aserto puede tener consecuencias extraordinarias, como así lo demuestra la realidad económica. En la actualidad, en torno al 38% de la población andaluza hace deporte de manera habitual. Además, la incidencia económica del sector deportivo en el producto interior bruto autonómico se sitúa en el 3,23%, generando en torno a 70.000 empleos directos e indirectos. Nada desdeñable si se tiene en cuenta que el turismo en Andalucía representa el 12 % del PIB regional. En Andalucía hay  registradas 18.794 entidades deportivas, 540.116 personas con  licencias federaciones, 4.871 empresas de  actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento y todo una emergente actividad turística y de  eventos deportivo, que solo en golf, por citar un ejemplo,  ha provocado la estancia en Andalucía, durante 2012, última actualización de que disponemos, un total de429.000 mil turistas, con una estancia media de 13 días y un gasto medio por persona/día de 60,00 €.

Esta realidad económica es precisa ponerla en contraste con los diferentes agentes sociales que la genera. No es igual la gestión y puesta en valor de un  campo de golf, la carrera ciclista de mi pueblo, las instalaciones deportivas de uso público de un municipio, o el desarrollo de un equipo deportivo profesional de categoría élite,  que un equipo de deportivo de benjamines de cualquier deporte, formado por veinte niños y niñas menores,  de entre siete u ocho años edad, y un ilusionado grupo de amigos adultos,  que deciden constituirse en club deportivo o un pertinaz entrenador deportivo que desarrolla su actividad por mera vocación de oficio. No, no es lo mismo, aunque todos son parte de esta realidad económica tan pujante.

Como todo en la vida, cada vez que se acomete algo, debe de considerarse criterios de ponderación o de lógica proporcionalidad, que permitan regular la realidad de las cosas, con el establecimiento de las medidas oportunas que permitan su logro. De esto sabe mucho el legislador español, que continuamente hace de su oficio de creación de normas legales, un constante ejercicio de oportunidad, previsión y ponderación del pulso social, para comprobar la idoneidad o no de sus propuestas. Incluso con propósito de evitarla, una vez que la respuesta no ha sido la esperada. Numerosos ejemplos de ello tenemos, lamentablemente, en los últimos tiempos.

Sin embargo, en el caso particular de las  anunciadas inspecciones laborales en el deporte base, por cuenta de los Servicios de Inspección Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como consecuencia del informe conjunto del dicho Ministerio y el Consejo Superior de Deportes; habría mucho que puntualizar. Por supuesto, no será quien suscribe, el que niegue a ningún trabajador sus reconocidos derechos laborales y sociales, y menos aún si corresponde al ámbito deportivo, tan necesitado de un justo reconocimiento social y una más que merecida adecuación de su esfuerzo productivo y profesional; empezando por una adecuada regulación académica y facultativa, y continuando por un estatuto profesional que garantice y avale el ejercicio de sus derechos laborales.

Pero mientras esto llega, se redacta el meritado informe ministerial y que no se ha hecho público. El cual viene a considerar a todo deportista, monitor-entrenador o colaborador, que perciba alguna compensación por su esfuerzo o actividad efectuada, durante unas horas a la semana, sujeto de una relación laboral por cuenta ajena. Es decir, entiende que son personal laboral de los clubes deportivos.

Aquí la regulación legal aplicable es clara, basta con considerar los rasgos de ajeneidad, voluntariedad, dirección empresarial y remuneración, que definen las relaciones laborales, a la luz del artículo 1 del vigente Estatuto de los Trabajadores. Si bien, lo que llama la atención, es que se aplicada con disparidad de criterio, por parte del Ministerio de Empleo y el CSD, respecto de otras prácticas deportivas no de base.

No todos los deportistas y técnicos operan con la misma licencia. La  Ley Deportiva nacional como autonómica,  distingue entre aficionado y profesional. En el caso del fútbol profesional, éste se rige por los acuerdos de las asociaciones deportivas de futbol profesional y la Liga Nacional de Fútbol. Nos referimos a la Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad de fútbol profesional (B.O.E.Núm. 245, de 9 de octubre de 2014).  Convenio que no rige para el deporte amateur o aficionado, que es donde se ubica la actividad objeto de inspección. Y por la que  quedan excluidos.

Dicha norma tiene su amparo legal  en el  Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales (BOE» núm. 153, de 27 de junio), por el que también quedan excluidos de su  ámbito de aplicación,  aquellas personas que se dediquen a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club, percibiendo de éste solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva (art.1.2).

Exclusión de la que igualmente se hace partícipe, el propio Estatutos de los trabajadores, cuando establece expresamente que quedan fuera del ámbito regulado por la ley laboral los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad (art. 1.3. E.T.). Sustrato social en la que, precisamente, se asientan la inmensa mayoría de las personas participes o próximas al deporte base.

De otro lado, conviene reparar en el hecho indubitado de que los técnicos, utilleros y demás personal vinculados a la práctica deportiva bajo la modalidad de aficionado, provistos de sus respectivas licencias federativas, no suponen ningún fraude al sistema público de prestaciones de la Seguridad Social. Entre otros motivos porque así lo decidió en su momento el propio legislador, quien estableció para los deportistas y técnicos federados un sistema de seguranza excluido de la propia Seguridad Social.  De suerte, que es el propio licenciado quien sufraga su propio coste, al quedar sometida su actividad bajo la regulación del Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo, (BOE de 23 de Junio de 1993).  Expreso deseo del legislador de entonces, quien para  cubrir  los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente, y en atención a la especificidad de los riesgos que conlleva la práctica del deporte de competición, optó por el pleno sometimiento de dicha actividad a la Ley de Contrato de Seguro y no al régimen general o especial de la Seguridad Social. Origen de las Mutualidades Deportivas.

Luego si la práctica deportiva de aficionado solo cuenta con la compensación de los gasto que genera, son prestaciones basadas en razones de benevolencia, amistad o vecindad y disponen de su propio sistema legal de cobertura de seguros bajo licencia federativa, no encontramos motivos suficientes, cuanto menos declarados por la Administración, que justifique fundamente, el plan de inspección laboral anunciado en el ámbito de la práctica deportiva del deporte base.

Lo cual no quiere decir, que efectivamente, el entorno laboral y profesional deportivo, si esté llamado a una profunda renovación legislativa, aclamada ya por muchos colectivos y agentes sociales del deporte, que ponga el orden necesario en este ámbito. Y que pueda armonizar situaciones legales incómodas como pueda ser la implantación de la licencia única, la multimillonaria deuda de los clubes profesionales con la Seguridad Social, o la simple relación deportiva de un árbitro de fútbol de categorías profesionales, que percibiendo entre 10.000 y 30.000 euros anuales, según actividad, no cotiza a la Seguridad Social; o que un Presidente de una Federación Deportiva o un Delegado Territorial de la misma, con dedicación exclusiva, tampoco lo haga. Se impone la cordura. El legislador no debe  dar palos de ciego, ya que atenta contra la seguridad jurídica, que exige todo Estado social y democrático de derecho.  Nuevamente se ha obviado el más que recomendable trámite de audiencia de los interesados.

A nuestro modo de ver la medida anunciada es desafortunada, escasa de fundamento, desproporcionada y absolutamente inoportuna, ya que no se ataja por el legislador el problema de fondo y la medida podría ocultar intenciones no declaradas. Todo ello, sin desmerecer, de los justos y legales derechos que le son reconocidos a todo trabajador del ámbito deportivo, verdadera víctima de la vigente regulación legal sobre la materia.

Javier Gómez Vallecillo

Abogado

Secretario del Xerez Deportivo F.C.

Las reacciones no se han hecho esperar después de que técnicos de Hacienda se personaran el martes en las oficinas del Jerez Industrial para reclamar 46.000 euros en concepto de impagos de impuestos del cuadro de la copa y la venencia en la época en la que presidia Ricardo García. Desde el club blanquiazul, han señalado mediante un comunicado lo siguiente: 

“Desde la Junta Directiva del Jerez Industrial C.F. queremos expresar la siguiente nota en relación a lo acontecido en la tarde del martes 22 de Julio de 2014 en la Secretaría de nuestro Club. En primer lugar, esta Junta Directiva es la segunda en sucesión a la que presidida por D. Ricardo García en 2009, crea la deuda reclamada por hacienda.

En segundo lugar, teniendo conocimiento confuso por la información heredada del asunto, nos hemos interesado en varias ocasiones por el problema, pero debido a la delicada situación entonces de la entidad, nos limitamos a comparecer y a colaborar con varios requerimientos en los que nuestro presidente D. Salvador Beato, ha estado presente en las oficinas de la Agencia Tributaria.

En tercer lugar, a pesar de ser una deuda no generada por la gestión de esta Junta Directiva, asumimos en todo momento la responsabilidad y hemos solicitado una cita urgente a la Agencia Tributaria para estudiar el asunto en profundidad y de la cantidad resultante que sea firme, establecer un calendario de pagos acorde con nuestra actual estructura económica.

Por otro lado, entendemos tal actuación en la tarde del día 22 como desproporcionada y no acorde con los cauces idóneos por los que creemos deben ir estos asuntos (el club estaba colaborando en los requerimientos y citaciones), y que ha causado daños de difícil reparación a nuestra campaña de abonados y a la imagen de nuestro club. Con toda seguridad, pensamos que hay muchísimos casos de cantidades mucho mayores antes que atentar de forma tan grave contra una entidad modesta cuyo único objeto es competir defendiendo los colores de una ciudad y fomentando el deporte del fútbol.

Por último, expresar un mensaje de tranquilidad a la masa social y a los aficionados del club, que seguirá con sus objetivos y proyectos intactos y una vez mas, superará un nuevo escollo, para seguir perdurando en el tiempo defendiendo la bandera de rayas azules y blancas de la ciudad de Jerez de la Frontera”.

Cinco inspectores de Hacienda, acompañados de agentes de la Policía, se presentaron ayer por la tarde en la sede del club aprovechando el inicio de la campaña de abonados de un Jerez Industrial que ha mostrado su sorpresa. Pedro Garrido, directivo del club de la copa y le venencia, aseguraba en Onda Jerez que “habrá entidades que deberán mucho más y no se personan los inspectores con la Policía”, añadiendo que “por una cantidad tan baja entiendo que es algo desproporcionado y una falta de respeto a la entidad”.

Ahora todo pasa por lograr cerrar con la Agencia Tributaria un compromiso de pago para paliar la deuda de 46.000 euros y evitar un embargo que pudiera ser mortal para un club humilde como el Jerez Industrial: “Nosotros vamos a administrar los pocos ingresos que tengamos y a partir de ahí abonarle a Hacienda la cuota oportuna del pago para abonar todo lo que nos requieren. Lo importante es pedir exploicaciones a Hacienda, reunirnos con ellos y mostrar nuestra voluntad de pago porque no vamos a oponernos al pago”. Además, Garrido alivia al aficionado industrialista y asegura que “este club tiene casi 70 años de historia y creemos que por ese dinero no se va a acabar. Para eso estamos los directivos, para salvar todos estos escollos”.

La sombra de Ricardo García es alargada y sigue trayendo de cabeza a la directiva industrialista. “Se nos escapan las operaciones que se hacían en aquella época y ahora estamos pagando el pato, pero para ello estamos trabajando”, expone el directivo industrialista, quien añade que “llevábamos mucho tiempo con cierta tranquilidad, ya habíamos solucionado algunos asuntos importantes gracias a una economía austera, pero el pasado regresa y estas cosas se conocen ahora”.

De un total de 35.321 millones, el Ayuntamiento jerezano debe a las entidades bancarias un total de 563.614.000 euros, lo que supone un incremento de algo más de 37 millones de euros con respecto a los datos de 2012, año que cerraba la ciudad con 526 millones de euros de deuda. La razon, un crédito que solicitó el consistorio municipal en septiembre de 2013 para la ejecución de facturas a proveedores, una deuda que alcanza los 400 millones de euros.

De esta manera, el Consistorio jerezano es el sexto con mayor deuda viva de España y el segundo de toda Andalucía, solo superado por Madrid (7.035 millones), Barcelona (1.110 millones), Valencia (872 millones), Zaragoza (860 millones) y Málaga (701 millones), aunque todos estos Ayuntamientos lograron reducir en mayor o menor manera su deuda con respecto al año anterior.