Desde el Gobierno se destaca que “este es otro de los marrones que la anterior alcaldesa y su marido han dejado a este Ayuntamiento, como fue el caso de la estación de lavado de coches de Chapín, y que el Gobierno municipal está solucionando, porque no podemos permitir que se mantengan situaciones que están fuera de la legalidad”.

Cabe recordar que fue en el Pleno municipal celebrado el pasado 31 de octubre cuando se aprobó el expediente de desahucio administrativo para el desalojo de la Asociación Deportiva, Asociación Tenis de Jerez, de las instalaciones deportivas sitas en Chapín, ubicadas sobre una parcela de 26.497,40 metros cuadrados de propiedad municipal.

Esta propuesta de Pleno venía  a cumplir un mandato judicial que se remontaba a la legislatura anterior, con el Gobierno del partido socialista, cuando se volvió a sacar a concurso la concesión de estas instalaciones y el nuevo adjudicatario impugnó el procedimiento. La ATJ carecía de título y no ostentaba concesión administrativa alguna para su uso y explotación desde el 6 de abril de 2009.

Como explicó el Gobierno en dicho Pleno “traemos este asunto al Pleno para cumplir un mandato judicial, aunque no es un plato de gusto para nadie.  Estamos manteniendo reuniones tanto con los representantes de la Asociación como de los trabajadores para intentar garantizar que no se pierdan los puestos de trabajo y que se mantenga el espíritu de familia que tiene esta asociación, de tanto raigambre”.

Por tanto, el proceso se ha desarrollado con luz y taquígrafo y cumpliendo todos los pasos legales, a la vez que manteniendo informados en todo momento a los afectados. Posteriormente, la adjudicación de la concesión administrativa consistente en el uso privativo y la explotación de las instalaciones deportivas Municipales, destinadas hasta ahora a tenis, sitas en Chapín, ha sido aprobada por la Junta de Gobierno  Local a favor la entidad mercantil Tenis Chapín, S.L., por un importe de 1.502.000 euros y un plazo de de duración de veinte años.

Desde el Gobierno se destaca que “el objetivo de esta concesión es ofrecer un mejor servicio a los usuarios y que todos los jerezanos puedan disfrutar de las mismas en igualdad de condiciones en unas instalaciones de propiedad municipal, como es en este caso”. Desde el ejecutivo se pone de manifiesto que “la concesión se ha realizado atendiéndose a las pautas que la administración tiene para este tipo de concesiones administrativas, por lo que se la ha adjudicado a la oferta que mejores condiciones ofrecía en su contrato y que perfectamente se podrá hacer cargo de la explotación”.  Por otro lado, el Ayuntamiento garantiza que el servicio contará con un exhaustivo control municipal, como es obligado en cualquier concesión, para que se cumpla todo lo estipulado.

El candidato de Foro Ciudadano de Jerez, Raúl Ramírez, ha reprochado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, que “no se ponga del lado de las alrededor de 1.000 familias vinculadas a la Asociación de Tenis Jerez (ATJ) y, por el contrario, presione al máximo para favorecer los intereses de una operación de pura especulación con las instalaciones deportivas en terreno público que ocupa este colectivo”.

Según ha informado la junta directiva de la ATJ y se ha confirmado en los últimos días, ya incluso cuentan con la carta de desahucio para que desalojen las instalaciones en un máximo de 8 días, “lo que significa en la práctica que la alcaldesa y su equipo del PP han permitido que se expida el certificado de defunción de un colectivo que viene desarrollando una encomiable labor de promoción deportiva y vertebración social desde hace más de dos décadas”.

Junto al coordinador y concejal de Foro, Manuel Rosa, y la portavoz municipal, Rocío Montero, el alcaldable mantuvo en días pasados una reunión con la junta directiva y otros miembros de la asociación, y ha vuelto a considerar “esencial” pelear por la treintena de puestos de trabajo que actualmente se mantienen en la ATJ, e igualmente que “no se paralice en ningún momento la actividad en este club deportivo sin ánimo de lucro y abierto a toda la ciudadanía”. “Es evidente que el adjudicatario final se presentó con bajas temerarias al concurso, como así nos evidencian los documentos en manos de esta asociación, por lo que no llegamos a entender cómo no ha habido diligencia y voluntad política para impugnar este acuerdo que ahora tiene a este colectivo deportivo, uno de los que cuenta con mayor masa social del municipio, amenazado por un desahucio inminente”, ha mantenido.

“Este desahucio sería malo para el interés general de la ciudad y sería dejar a los trabajadores de esta asociación en una situación de total indefensión; hay que pelear porque no se queden las instalaciones vacías y se mantenga el empleo”, ha exigido Ramírez, quien recuerda que el pliego para la concesión y explotación de las instalaciones fijaba un pago inmediato del canon de dicha concesión de alrededor de un millón y medio de euros, por lo que “si realmente la empresa adjudicataria tiene un interés real en rentabilizar las instalaciones y tiene músculo económico, no un mero interés especulativo como defienden desde la ATJ, se va a haber en cuanto tenga que depositar esa cantidad”.

En cambio,  ha denunciado, “el gobierno de Pelayo, no sabemos muy bien por qué, ni con qué criterio, ni con qué intereses, se preocupa de darle todas las facilidades del mundo a la empresa y ahora nos enteramos de que va a aplazar el 100% del pago a lo largo de la concesión”. “Los más de 200 niños y niñas que aprenden en la escuela de la ATJ, los casi 30 trabajadores, las cientos y cientos de familias vinculadas con este colectivo se merecen que el gobierno local explique claramente qué intereses le mueve en relación con este adjudicatario para defender a toda costa que sea él quien se quede finalmente con las instalaciones”. De hecho, han lamentado los afectados, “nos dicen que ese aplazamiento lo ha autorizado incluso la Intervención municipal, pero no entendemos cómo es posible si va totalmente contra lo estipulado en el pliego de condiciones”.

desahucio

FOTOS: JOSÉ MANUEL DE LOS SANTOS

No pagar la cuota mensual o anual de la comunidad de vecinos puede dejarle sin vivienda. Eso es lo que le ha pasado esta misma mañana a Juan Villalba, que ha perdido su vivienda de la Barriada San Antonio al sufrir un desahucio judicial tras no abunar la cuota de la comunidad de los últimos 14 años.

El afectado, que llevaba varios años sin residir en la vivienda, aguantaba esta mañana la llegada de los representantes del juzgado, así como de la Policía, y argumentaba que era “una injusticia” lo que estaba viviendo. “He hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo con los vecinos, pero no han escuchado. Les dije que iba a aplazar el pago, pero no dieron facilidades y directamente denunciaron en los juzgados”.

Villalba, que ofreció clopias del pago de 14.000 euros que solventaran la deuda con sus vecinos, no pudo más que observar cómo la Policía lo sacaba de su vivienda, “y si no salía, empleaban la fuerza”, denuncia. La reacción del afectado llegó tarde, ya que el juez ya había sentenciado que la vivienda iba a ser sesahuciada, por lo que la cantidad adeudada no ha servido para paralizar el desahucio. Más aún, ese dinero sigue estando en el depósito judicial, operación que tuvo que realizar el presidente de la comunidad tras quedar ausente la primera subasta de la vivienda y pasar a manos de los deudores, es decir, de la comunidad.

“Nosotros no queremos quedarnos con la vivienda de ese hombre”, aclara José Luis Jiménez, presidente de la comunidad de vecinos, quien aclara que “este señor tendría que haber arreglado el asunto primero con nosotros, pero como no lo hizo, ahora tendrá que llegar a un acuerdo con los juzgados. Si ha pagado ese dinero, solo tiene que notificarlo y ya esta”. Sin embargo, la solución no es tan fácil, e incluso entre los vecinos llegar a un acuerdo con respecto a la vivienda desahuciada no es tan fácil.

Ahora, el afectado tendría que convencer al juez o bien abonar los 35.000 euros que los propios vecinos piden por la vivienda, una vivienda que hasta esta mañana era de su propiedad.

El ‘milagro’ ha ocurrido. A pesar de que a las 11.00 horas de esta misma mañana estaba previsto el desahucio de Dolores Bermejo y su hija de 12 años, y después de que todos los intentos de pararlo hubieran caído en saco roto, finalmente la jueza de Instrucción 4 ha firmado la orden de frenar la ejecución casi in extremis. Así lo ha confirmado el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Lorenzo Barba, que ha permanecido junto al resto de sus compañeros y varios representantes de Izquierda Unida y Foro Ciudadano desde primera hora en las puertas del domicilio de Dolores, situado en el barrio de La Vid. La propia afectada era la primera en comparecer ante los medios, para expresar la angustia por la que está atravesando desde que se divorciara y se quedara en paro. “Desde que me quedé sin trabajo no he podido pagar la hipoteca -explicaba-. Los ingresos que tengo ahora se limitan a 400 euros y la deuda con el banco llega a 98.000. Lo estoy llevando muy mal y mi hija también está fatal. Ahora mismo está en casa de la abuela porque la hemos tenido que recoger del colegio, ya que estaba vomitando”.

Debido a su situación, lo que esta ciudadana pide es poder llegar a un acuerdo con la entidad bancaria y acceder a un alquiler social o cualquier otro tipo de medida que le permita seguir en su vivienda. Como asegura, ni siquiera le llegó la notificación oficial del desahucio y tuvo conocimiento de la situación cuando el inmueble ya había sido subastado. Barba, por su parte, ha mostrado el alivio que ha supuesto la paralización del proceso, advirtiendo no obstante de que es posible que el desahucio simplemente haya sido retrasado y que la jueza haya podido fijar una nueva fecha, algo que trascenderá en los próximos días. El presidente de la PAH ha aprovechado para cargar duramente contra los abogados de oficio jerezanos, a los que ha culpado de no defender con las suficientes garantías a las personas que se encuentran en esta situación. “Queremos hacer un llamamiento a los abogados para que pongan empeño en defendernos, porque nos sentimos indefensos. Lo que no puede ser es que seamos nosotros los que presentemos los escritos en el juzgado, cuando por ejemplo el caso de Dolores es clarísimo y debería haberse acogido al Real Decreto de exclusión social. No entendemos por qué su abogado de oficio no lo hizo; se supone que ellos están para defendernos”.

Concretamente se refiere al RD 27/12 del 15 de noviembre, que ampara la paralización de desahucios para familias que  se encuentren en una particular situación de de emergencia y cumplan determinados requisitos como tener a su cargo a un menor o no alcanzar los 19.000 euros anuales de ingresos, como es el caso de Dolores. Entre perjudicados por las hipotecas suelo y los desahucios, el colectivo se encuentra tramitando nada menos que 232 expedientes en Jerez y poblaciones cercanas como Chipiona y El Puerto. Solo en tres semanas, además, la PAH ha conseguido frenar 60 desahucios amparándose en el citado decreto, aunque como puntualizan “la lucha es larga y aún hay mucho por lo que batallar”. Uno de sus retos más inmediatos es conseguir la aprobación de otro decreto por el que se podrán imponer multas coercitivas para evitar que existan viviendas vacías y darles salida para los que más las necesiten. Algo que será debatido en el Consejo de Gobierno andaluz esta misma semana, como ha confirmado el delegado provincial de Vivienda, Manuel Cárdenas, que también se ha personado en La Vid para arropar a esta familia.

Por otro lado, la Delegación municipal de Bienestar Social, Igualdad y Salud ha comunicado que Dolores Bermejo no se ha dirigido a los servicios sociales y tampoco, según las informaciones recibidas, a los colectivos del ámbito de lo social que trabajan en la zona para dar conocimiento de su situación. No obstante, desde el área municipal aseguran que sus técnicos están trabajando en el asunto “a pesar de no tener conocimiento directo del mismo por parte de la persona afectada”. En este sentido, Barba ha respondido al Ayuntamiento sentenciando que su Oficina de Intermediación Hipotecaria “no funciona”, y que los responsables “no tienen ni idea de cómo meterle mano a estos casos”.

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Una mujer divorciada y su hija de doce años se enfrentan este lunes a la amenaza de un desahucio, y allí, en el bloque 11 de la barriada de La Vid, están citados a los 11 de la mañana todos los ciudadanos que quieran acercarse para tratar de evitarlo en una nueva movilización de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jerez (PAH).

Así, para intentar frenar este nuevo desahucio, los integrantes de esta plataforma van a concentrarse en el lugar desde primeras horas de la mañana. A la protesta también van a acudir representantes de los partidos políticos, según cuenta el portavoz de la PAH de Jerez, Lorenzo Barba.

Tal como narran, no ha habido forma de llegar a una solución dialogada con la juez que emititó el auto, a la que le han presentado hasta cuatro escritos que no ha aceptado. De hecho, hasta el viernes al mediodía el lanzamiento seguía señalado, y solo les había instado a esperar para ver si había alguna novedad por la carta que le han remitido al banco donde tiene la hipoteca esta familia.

El portavoz de la PAH de Jerez recalca que en este caso la deuda de propietaria ronda los 70.000 euros, y es que hace un año que dejó de pagar la hipoteca ya que su ex marido no le pasa manutención y con la prestación de 400 euros no puede hacer frente más que al pago de luz y agua.

Además, Barba insiste en que existen cláusulas abusivas, por eso lamenta que la jueza no haya atendido sus escritos ni haya tenido en cuenta la última sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo que permite a un juez parar un desahucio cuando se dan esas circunstancias.

El drama de Manoli Pinto es el de cada vez más españoles cuya vida ha dado un vuelco en los últimos años y afrontan una deuda monstruosa con el banco cuando apenas si pueden subsistir día a día. Esta sevillana afincada en Jerez ha expresado su desesperación después de conocer que la entidad bancaria con la que tenía concertada la hipoteca de una casa que ya no le pertenece le exige el pago de 70.000 euros en concepto de “intereses y costas” tras haberse quedado con la vivienda. Como explica la propia afectada, su declive económico comenzó en 2009 cuando adquirió una casa junto con su pareja en Punta Umbría, localidad en la que por aquel entonces residían. Al Poco tiempo él se quedó parado, constituyendo hasta el momento su única fuente de ingresos, por lo que no podían continuar haciendo frente a esa hipoteca.

“Fui a hablar con el BBVA y les dije que quería la dación en pago. Ellos me hablaron de refinanciación pero eso era engordar para morir, porque yo tenía dos hijos que alimentar y no podía seguir pagando 1.000 euros al mes, así que dejé las llaves en el buzón y nos vinimos para acá, de donde es mi marido”. Una vez en Jerez, Manoli le pidió un préstamo a su madre con el que logró comprar el bajo que actualmente ocupa junto a su familia en San Juan de Dios. En lo que respecta a la otra vivienda, le consta que “pasó a nombre del banco y a mí nunca más me llegó ninguna carta ni nada que tuviera que ver con ella”. Pasaron los años y de buenas a primeras, como asegura, recibió una misiva por la que la entidad le pide el abono de 70.000 euros por los intereses del préstamo que solicitaron en su momento, sin obviar que sobre ellos planea ahora la posibilidad de embargo del inmueble en el que habitan si no hacen frente a ese pago.

“Yo les he explicado que no tenemos dinero; ya nos quitaron una casa y ahora se quieren llevar todo lo demás. He solicitado un abogado de oficio que tiene que ser de Huelva, porque el procedimiento se inició allí, y me dicen que van a tardar en asignármelo. No sabemos qué hacer. Estamos desesperados”. El marido de Manoli trabajaba en la construcción y lleva seis años en paro. Los ingresos que entran en casa se reducen a una ayuda a la que tiene derecho de 426 euros, lo que les obliga a acudir cada día a un comedor social para alimentar a sus hijos. “El cambio de estar bien hace unos años y vernos ahora en las últimas es duro, pero tenemos que ser realistas y mirar para adelante porque es lo que hay. Nosotros tenemos que comer, y si nos quitan la casa ya no tendremos a dónde ir”.

Por ello, solicitan que el banco tenga en consideración su situación y se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo, antes de que acaben desahuciados como está está ocurriendo cada vez con más frecuencia. “Queremos llegar a un acuerdo, aunque sea pagando 50 euros al mes, pero así podremos seguir viviendo en nuestra casa y nos quedaremos más tranquilos”. A pesar de que el futuro no se presenta muy prometedor para ellos, Manoli es optimista al tiempo que agradece y valora la ayuda de gente que tiene a su alrededor, que les ofrecen ropa e incluso alimentos, y sin la que no podrían continuar viviendo.

Ayuda por redes sociales

La desesperada situación de Manoli le condujo en los últimos días a pedir ayuda a través de las redes sociales. Con su cuenta de twitter (@manoliasecas) se encargó de pedir RT a personajes famosos para que su mensaje llegara al mayor número de personas, indicando que si 70.000 personas les donaban un 1 euros conseguiría saldar su deuda y no perder la casa. Hubo disparidad de respuestas a su llamamiento y actualmente su perfil ha sido suspendido.