A juicio de Mamen Sánchez, “en estos dos años y medio de su gestión la  agricultura jerezana ha sufrido tres recortes presupuestarios, un 40% de reducción con respecto a los presupuestos socialistas a lo que hay que añadir la pérdida de más de 20 millones de euros en el nuevo reparto de la ayuda de la PAC; una ayuda que supone el 30% del ingreso de las explotaciones agrarias jerezanas lo que supone poner en riesgo la rentabilidad de muchas explotaciones”.

En este sentido desde el PSOE se ha reclamado a Cañete que salde su deuda con la agricultura jerezana y que compense las pérdidas que este sector de la economía está sufriendo con un programa integral de fomento de la actividad agraria en la campiña jerezana con la participación de las asociaciones agrarias, de las cooperativas, de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez.

Se trataría de un programa “donde se fomente el crecimiento, la diversificación de la producción, el desarrollo de las iniciativas y actividades comerciales tanto en la promoción del mercado interno como en el mercado exterior; y que además permita la incorporación de nuevas personas del sector agroalimentario y que contemple toda la cadena productiva tanto la producción primaria como la transformación de la producción y sirve para hacer empresas más grande, más fuertes, más competitivas, que puedan poner en valor sus producciones, crear puestos de trabajo y mejorar la renta de los productores”.

Sánchez ha expuesto que la financiación de este Plan podría venir del Plan Nacional de Desarrollo Rural que cuenta con 260 millones de euros, y así se compensaría también lo que Jerez dejaría de recibir por la PAC. “Si el actual Ministro de Agricultura no lo deja firmado en estos 3 días, mi grupo parlamentario lo pedirá como proposición no de ley en el Congreso al próximo titular del Ministerio. Eso también querrá decir que Arias Cañete habrá vuelto a dar la espalda al campo jerezano”, sentenció.

OLVIDO

La parlamentaria socialista ha recordado igualmente que desde el Gobierno central se discrimina a cultivos tan importantes como el trigo duro que se queda sin ayuda acoplada y que se ha puesto en riesgo una política esencial para la agricultura como es la de los seguros agrarios. “Un 40% en el recorte de las ayudas –añade- que está llevando a que en Jerez se esté reduciendo en un 20% la superficie que se asegura”.

Mamen Sánchez ha insistido de otro lado en que “se ha vaciado de contenido y de presupuesto la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y el Programa de Desarrollo Sostenible, amén de que Jerez no ha recibido aún un euro de financiación para la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural”.

“No han desarrollado la Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, ha habido un recorte presupuestario del 30% del programa de jóvenes agricultores, se ha negado un segundo programa piloto de mosto concentrado rectificado  para utilizar el excede de viña, noventa personas han dejado de cobrar el subsidio agrario y la renta agraria; y el  paro en el sector se ha incrementado por encima de las 1.000 personas en estos dos años y medio”, ha enumerado.

Asimismo Sánchez ha calificado al Ministro de Agricultura “flojo de fuelle a la hora de defender a los agricultores de las amenazas de sus compañeros Ministros”, a pesar de que el sector agroalimentario jerezano constituye un sector fundamental de la economía de la zona. “Su facturación, el volumen de mano de obra que genera, junto al dinamismo e internacionalización lo sitúan en un lugar primordial para poder tirar  de nuestra economía, pero la situación por la que atraviesa el sector está impidiendo su desarrollo y su consolidación”, afirmó la diputada.

Del mismo modo se ha cuestionado que Arias Cañete, “tiene tres días aún para ayudar al campo de Jerez” a pesar de que por ejemplo “no ha he hecho nada ante la subida de un 40% de la subida de la luz para los regantes, las sanciones de Montoro  a las cooperativas agrarias en su actividad de distribución del gasóleo a tipo bonificado o también ha evitado pronunciarse  sobre la modificación del Reglamento Comunitario en la que se quiere permitir que el  Brandy se pueda hacer con  destilados no procedentes del vino”.

Por último Mamen Sánchez ha apostillado que “a cada uno de estos temas  el grupo parlamentario socialista hemos dado respuesta a través de distintas incitativas parlamentarias y siempre no hemos encontrado con el NO del PP”. En este sentido cabe señalar la Proposición No de Ley presentada por el PSOE esta semana relativa a la distribución de gasóleo a tipo bonificado del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

DEMANDAS DEL SECTOR

Por su parte el secretario general de COAG en Cádiz ha detallado las tres principales reivindicaciones del campo jerezano: el reconocimiento real del consumo energético de los regantes que no facilitan las compañías eléctricas; la orden de reducción de los módulos a los agricultores por parte de Hacienda a los productores de vacuno de leche, la flor cortada y el algodón; y la negación de un precio especial al sector para el gasóleo o hidrocarburos.

Por su parte, los socialistas les han trasladado a los representantes de las organizaciones sectoriales las iniciativas institucionales que el PSOE de Cádiz está llevando a cabo para “tratar de impedir un reparto caprichoso y perjudicial para esta provincia y para esta comunidad autónoma”.

Así, Ruiz Boix ha explicado que “en el Parlamento andaluz, hemos pedido la comparecencia de la consejera, hemos presentado proposiciones no de ley para defender la necesidad de cambiar los criterios de reparto, y vamos a reclamar que el olivar de montaña reciba el tratamiento de ayuda acoplada”. “En el Congreso de los Diputados, hemos pedido la presentación del Plan de Comercialización para que cada agricultor y ganadero pueda calcular las nuevas ayudas y sepa con qué dinero pueden contar; hemos solicitado la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para escuchar la valoración de expertos y representantes tanto de las Comunidades Autónomas como del sector; hemos reclamado la comparecencia del ministro; y hemos registrado diversas preguntas e iniciativas al respecto”.

En lo que respecta al Senado, han presentado una moción para reclamar que el Gobierno “no lleve a cabo un nuevo ataque” contra los pequeños agricultores y ganaderos. “En concreto, los socialistas hemos pedido a Rajoy y a Arias Cañete que se aplique una excepcionalidad contemplada en el Reglamento de Transición de la UE para llevar a cabo el ajuste presupuestario en las ayudas directas de este año 2014, de forma que se establezca una franquicia de 5.000 euros; y que los agricultores y ganaderos que en 2013 recibieron ayudas por menos de ese importe no vayan a padecer la consiguiente reducción”, ha apuntado. “Si no se hiciera, esos agricultores y ganaderos que menos ingresan verían reducidas sus ayudas este año entre un 8 y un 9%, lo que supondría un golpe durísimo para ellos. Además, como el importe que se perciba en 2014 deberá servir de base para la asignación de los derechos de cobro a partir del 2015, la rebaja que se aplique este año se consolidará hasta 2020 y no podrá recuperarse. En el conjunto de Andalucía, estamos hablando de una posible incidencia en más de 200.000 agricultores y ganaderos”, ha detallado.

Y en el caso de la Diputación, Ruiz Boix ha anunciado que en el Pleno que tendrá lugar pasado mañana miércoles, el Grupo Socialista va a defender una propuesta de rechazo al reparto discriminatorio de los fondos de la PAC. La propuesta plantea también la inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto y de zanjar definitivamente esta discriminación con una motivación sectaria que puede perjudicar enormemente a miles de familias de esta tierra y a un sector clave para el desarrollo socioeconómico y para el empleo.

“A lo largo de la negociación en Bruselas para definir los fondos de la PAC para el período 2014-2020, hemos escuchado hasta la saciedad de boca del ministro Arias Cañete que el gran objetivo de la posición española era mantener el nivel de ayudas que hasta ahora venían llegando a nuestro país. Cuando se produjo el acuerdo final, el ministro se felicitó por lo que él mismo calificó de buen acuerdo. Pero la realidad es que habiendo aumentado la asignación europea, Andalucía perderá 418 millones de euros respecto a lo recibido entre 2007 y 2013”, se ha lamentado Ruiz Boix en rueda de prensa.

“Arias Cañete, ese ministro que sigue empeñado en dilapidar un patrimonio de todos los gaditanos y de todos los andaluces como es la finca La Almoraima, deberá responder por qué ha consumado un nuevo agravio a esta tierra. De la misma manera que tendrá que explicar por qué el olivar de montaña, un cultivo enormemente arraigado en la comarca de la Sierra, con una enorme trascendencia social y ambiental, que mantiene una importante industria transformadora y una denominación de origen de máxima calidad, se ha quedado fuera de las ayudas acopladas. Porque no hay que olvidar que el 90% de las 19.000 hectáreas de olivar de esta provincia pertenecen a esa categoría de montaña”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha enfatizado que “las cuentas de la PAC no salen por ningún lado para los intereses de Andalucía, ya que es la única comunidad que pierde dotación cuando es la que tiene más  superficie y mayor población rural”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 22.000 euros que la Comisión Nacional de la Competencia impuso a COAG Cádiz por un supuesto acuerdo de precios alcanzado entre productores de uva y bodegas dentro del Plan Estratégico para el Marco de Jerez. Así lo confirma la organización en un comunicado, en el que también muestra su satisfacción por la anulación de la sanción. Como se recordará, en octubre de 2011 la CNC le impuso una sanción de 22.000 euros por considerarla responsable de “una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por haber llevado a cabo una práctica concertada para fijar los precios de la uva y el mosto contraria a dichos artículos”.

El hecho por el que se impuso la sanción está relacionado con un acuerdo alcanzado dentro del Plan Estratégico para el Marco de Jerez, en el que participaron tanto la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y que fue alcanzado entre productores de uva y bodegas. Por el citado acuerdo se establecían una serie de condiciones que permitieran garantizar la viabilidad tanto de la producción de la uva y el vino como de su comercialización. Como explican desde COAG, “no era un acuerdo lesivo para el interés general, puesto que no redundaba en un incremento de precio para el consumidor, sino que las partes que intervienen en el proceso de producción y comercialización pactaban unas condiciones que permitieran asegurar la viabilidad de la actividad para todos ellos”.

La sentencia de la Audiencia Nacional, según COAG, “recoge expresamente que existía una legislación en la que podía basarse la actuación, y que existió participación activa de las autoridades, por lo que se estima el recurso presentado por COAG Cádiz y se anula la sanción impuesta”.

La organización agraria COAG Cádiz ha recalcado hoy que suscribe la denuncia expresada por los representantes nacionales de COAG, Asaja, UPA, las Cooperativas Agroalimentarias de España y de la asociación de destiladores Adevin, que han solicitado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, una reunión para analizar los movimientos comunitarios del lobby de bebidas espirituosas para modificar el reglamento regulador de estas bebidas en lo que respecta a la elaboración de brandy y analizar las previsibles repercusiones negativas para el sector vitivinícola español.

El secretario general de COAG Cádiz, Miguel Pérez, lamenta estas presiones para cambiar la definición actual del producto a nivel comunitario y para permitir la creación de una nueva categoría (el ‘blend brandy’) en el que sería posible permitir el uso de hasta un 49 por ciento de otros alcoholes agrícolas de procedencia distinta a la uva.

Pérez denuncia que este movimiento “va en contra de todas las reivindicaciones históricas de los viñistas del Marco de Jerez, que siempre han luchado por tener un mayor peso en la elaboración del brandy y han reclamado que se garantizara que una parte del alcohol destilado para hacer este producto tuviera su origen en la Denominación”.

El secretario general también recuerda que de salir adelante esta iniciativa “el brandy se desvirtuaría a sí mismo como producto, ya que dejaría de atender a los consumidores que apuestan por él porque creen en el origen vínico y que saben que solo por eso es un producto de mayor calidad que otros”.

“Por sentido común un vaivén comercial no puede hacer que se modifique la normativa de productos como el que se regula bajo el término brandy, ya que desvirtuamos la tradición y la historia en la que se sustentan las distintas indicaciones geográficas”, añade Pérez.

La organización agraria también quiere poner de relieve los perjuicios económicos que esta medida puede acarrear a los viñistas del Marco de Jerez, ya que “también vendemos uva fuera de la Denominación de Origen, y si tras el cambio de la normativa hay miles de hectáreas de viñedo de otras regiones productoras sin salida comercial volverán a competir con nosotros y a saturar el mercado”.

Por otra parte, hay que recordar otra consecuencia aún más directa, ya que actualmente el vino de la Tierra de Cádiz puede abastecerse de uva de fuera del Marco de Jerez en un 15%, pero hasta ahora la uva de esta zona productora es la elegida por los operadores al cien por cien porque es competitiva. “No sabemos qué ocurriría si hay disponible uva de fuera a precios más bajos, pero las empresas podrían traerla entonces de otras zonas históricamente destiladoras”.

Por todo lo anterior, desde COAG Cádiz nos sumamos a la petición al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que fije cuanto antes una reunión para analizar la situación.

 Postura “radicalmente contraria” de la Junta

Por su parte, el consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, calificó ayer de “aberración” la posible existencia de una propuesta para que se reduzca a la mitad el porcentaje de destilados de vino necesarios para la elaboración del brandy y se sustituya por alcoholes procedentes de la destilación de subproducto.

A la salida del Consejo Consultivo de Agricultura celebrado ayer en Madrid, el consejero defendió una postura “radicalmente contraria” a la propuesta y lo ha hecho “con la misma rotundidad” con la que minutos antes había defendido una normativa europea para el uso de envases irrellenables de aceite de oliva en las mesas de los restaurantes.

Aunque desconoce si existe la propuesta, el titular andaluz de Agricultura no descarta que basándose en el dicho “cuando el río suena, quizás pueda existir algún documento en algún despacho” y, de existir ese planteamiento, Planas sospecha que haya sido promovido por “los mismos que se oponen a los envases irrellenables”.

La semana ha sido intensa para los agricultores de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía, que han protagonizado nada menos que tres movilizaciones que han llevado a cabo conjuntamente las organizaciones COAG y UPA para exigir a las autoridades europeas una Política Agraria Común (PAC) que no perjudique a los productores

Las marchas han estado encabezadas por los secretarios generales de UPA y COAG, Agustín Rodríguez y Miguel López, respectivamente, bajo el lema ‘Por una agricultura con precios y mercados regulados’.

La protesta no es baladí, ya que restan apenas tres meses hasta que la propuesta de la PAC sea definitiva, y desde UPA y COAG consideran que con este borrador de reforma “no está apostando por el tejido productivo, ni por los profesionales de la agricultura y la ganadería, ni por la diversidad productiva, elementos clave para Andalucía”. “Tampoco reconoce un elemento peculiar, como es el regadío, esencial para nuestra comunidad, el cual genera casi el 70 por ciento de la producción final agraria, así como por el nivel de inversiones realizado, la productividad alcanzada y el empleo que genera”, argumentan.

Además, “no apuesta por una agricultura productiva y no incluye mecanismos básicos de regulación de mercado que garanticen una recuperación real de los precios en origen y el reequilibrio de la cadena agroalimentaria”. Asimismo, la reforma que se plantea “no favorece a los sectores mediterráneos y provocaría un impacto muy negativo para nuestro sistema productivo, básico para mantener el empleo y la vertebración del territorio andaluz”.

Por todo eso, y porque el futuro del campo andaluz está más en juego que nunca, las dos organizaciones agrarias han iniciado este miércoles un proceso de movilizaciones que arrancó con una tractorada en Jerez, que ha seguido en Lebrija (Sevilla) y Andújar (Jaén), y que se extenderá por más provincias, como Córdoba donde estarán este lunes.

En el caso de Jerez, alrededor de 150 tractores salieron de distintos puntos de la provincia de Cádiz para circular por las carreteras y dirigirse al Circuito de Jerez, que es donde se produjo la gran concentración que dio el pistoletazo de salida a esta reivindicación de los productores.

Por último, COAG-A y UPA-A han realizado un llamamiento a la tercera organización agraria, Asaja, para que se sume a la reivindicación, dado el “carácter general de los intereses que se defienden, sin que hasta ahora haya habido respuesta por su parte”.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha vuelto a la zona afectada por la crecida del río Guadalete para supervisar el estado actual.  La regidora, junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Federico Fernández, el secretario de Asaja-Cádiz, Cristóbal cantos, el secretario de Coag-Cádiz, Miguel Pérez, y los delegados de alcaldía de las barriadas rurales afectadas, han comprobado el estado de los cultivos que se encuentran en la la Vega del Río.

En el recorrido, han estado también el teniente de alcalde, Antonio Saldaña, el delegado de Seguridad y coordinador del Plan de Emergencia Municipal, Javier Durá, la delegada de Medio Ambiente, Felisa Rosado, y la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez. Algunos de estos cultivos afectados han sido cítricos, zanahorias, remolacha y trigo. Todos ellos están ubicados en la zona de modernización de la zona regable del río.

Tras la visita in situ, todos ellos han quedado emplazados a una posterior reunión de trabajo en la que realizarán balance y análisis de los daños ocasionados por la crecida del río.

Explica al respecto que están pendientes de percibir estas cuantías un total de 1.683 familias, “habiéndose ya realizado inversiones millonarias y con “los apoyos” a las modernizaciones (pendientes de pago desde 2008 por importe de más de diez millones de euros) y a las primeras instalaciones de jóvenes agricultores (con inversiones superiores a los tres millones y medio de euros) paralizados”. COAG asegura que esta actitud “asfixia al sector, que ha realizado inversiones productivas, que se ha endeudado y que lleva esperando incluso hasta cinco años para percibir lo que por derecho les corresponde”.

COAG–Cádiz avisa que va a dar “un tiempo prudencial” a la Consejería para que presente un calendario de creíble de pagos a corto plazo. “En caso contrario, iniciaremos un calendario de movilizaciones que no vamos a zanjar hasta el cobro de estas deudas, que garantizan la supervivencia de las explotaciones agrarias y ganaderas”, sentencia.