“Habiendo sido inútiles e infructuosos cuantos intentos se han llevado a cabo cerca de la edil para evitar un procedimiento penal que nadie desea, y no habiendo querido dichaseñaora. ni retractarse ni atemperar las gravísimas acusaciones vertidas contra la memoria de José María Pemán que alcanzan a sus descendientes, éstos se han visto obligados a solicitar el auxilio judicial para obtener la debida reparación y la restauración del honor quebrantado”, señala en una el despacho de abogados que representa a la familia.

El Gobierno municipal considera que la nueva querella de Urbanos Amarillos sobre la compra de autobuses durante la época del PSOE es “un paso más para intentar presionar al Ayuntamiento en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa y en función del cual el Ayuntamiento está llevando la gestión directa del servicio, cumpliendo con la ley”.

Esta nueva querella se suma a la que fue desmentida en noviembre pasado por el Ejecutivo con la declaración de la alcaldesa en los juzgados, a los que se trasladó una copiosa documentación sobre el proceso de “secuestro” del servicio en mayo de 2012 y el proceso de resolución de contrato con Urbanos Amarillos.

De igual modo, el Gobierno local “considera que estamos ante un caso de deslealtad flagrante en el proceso de negociación con la empresa, ya que la última reunión al respecto se produjo el pasado 4 de febrero en el propio Ayuntamiento. Es más, antes de este encuentro hubo sobre diez reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento en el marco de tal negociación. Incluso esta nueva querella parece tener tintes políticos porque, como todo el mundo sabe, Urbanos Amarillos fue la empresa contratada por el PSOE para asumir días antes de las elecciones municipales que perdió en 2011”.

SE CONFÍA EN EL ARCHIVO DE LA QUERELLA “POR NO TENER FUNDAMENTO”

La empresa concesionaria Urbanos Amarillos, que llegó de la mano del gobierno del PSOE en vísperas de las elecciones municipales de 2011 para asumir el servicio de manera definitiva tras hacerlo varios meses de manera provisional, “demostró desde el primer momento su incapacidad para gestionar el servicio de autobuses urbanos en la ciudad, provocando una situación caótica que derivó en la paralización del servicio, que es básico para la ciudadanía. Una paralización debido a las huelgas de los trabajadores ante los continuos impagos de Urbanos Amarillos”.

“Los jerezanos son conscientes, porque lo sufrieron, de cuánto daño hizo al servicio y a la propia ciudad esta concesión del servicio de autobuses a Urbanos Amarillos, que no tenía capacidad para asumir su gestión”, ha indicado el Gobierno local.Los responsables de Urbanos Amarillos “son los primeros en ser conscientes de que este Gobierno no ha cometido ningún delito. Esta nueva querella, al igual que la de noviembre, no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa, una documentación además que ya se trasladó al juez en noviembre”.

EL TSJA CONSIDERÓ EN NOVIEMBRE EL SECUESTRO AJUSTADO A DERECHO

Al igual que con respecto a la querella presentada en noviembre pasado por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos (empresas que avalaron la compra de los Volvos que presentó la entonces delegada del PSOE, María del Carmen Martínez el 7 de mayo de 2011) el Ejecutivo “confía en el archivo de esta nueva querella ya que tampoco tiene fundamento”.

Cabe recordar que “la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Ayuntamiento recupera un servicio, los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda”.

Del mismo modo, el Ejecutivo ha subrayado que precisamente el 12 de noviembre pasado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía notificó una sentencia al Ayuntamiento que declaró definitivamente que el secuestro de la concesión es totalmente ajustado a derecho, y que se debió a incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado.

Ante la querella presentada por dos sociedades del grupo al que pertenece Urbanos Amarillos, empresas que avalaron la compra de los Volvos que presentó la entonces delegada del PSOE, María del Carmen Martínez el 7 de mayo de 2011, el Ejecutivo considera que se trata de “una querella que no tiene fundamento, por lo que se confía en el archivo de la misma”.

El Gobierno municipal expresa su más absoluta tranquilidad al respecto ya que “se ve que es una querella dirigida a presionar en el proceso de liquidación que se está llevando a cabo con la empresa Urbanos Amarillos tras rescatar el servicio”. De esta manera se entiende que “no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa.

Igualmente, “la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Ayuntamiento recupera un servicio, los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda”.

Por tanto, se considera que “la querella no tiene fundamento alguno, ya que precisamente ahora se está en ese proceso de liquidación. Un proceso de liquidación que se está tratando de consensuar con Urbanos Amarillos, para lo cual se han mantenido hasta siete reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento”.

El Gobierno Municipal, finalmente, pone de manifiesto que en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha notificado una sentencia que declara definitivamente que el secuestro de la concesión es totalmente ajustado a derecho, y que se debió a incumplimientos acreditados de la concesionaria que determinaron que no se prestara el servicio público que tenía encomendado.

“Como sabéis, la situación del Xerez, después del daño causado por Javier Tebas así que por todos los estamentos que han ido apareciendo, es mala, recuerda García, quien añade que “Energy se disoluciona y yo, como representante, sigo luchando porque creo que hay esperanzas y creo que este club no se merece que desparezca”. Sin embargo, el mandatario azulino no entró demasiado en valorar el futuro inmediato ni del club ni de su propia empresa: “El futuro de Energy es ir partido a partido, obstáculo a obstáculo, ya que siempre vamos a tener contratiempos para estar vivo y cuantas más posibilidades de salvación tengamos, más opciones de tener dinero para invertir”.

El exfutbolista reconoce que el Xerez “necesita dinero, eso está claro, para mantenerse y para los temas jurídicos, que hay muchos, así como para la gente que está reclamando dinero de temporadas anteriores. Pero el Xerez va a saltar los obstáculos”. Sin embargo, expone que “que haya inversores que quieren poner dinero, teniendo en cuenta que el club necesita tener más esperanza de vida, eso es imposible. Entramos en Segunda, pusimos un dinero y encima la Federación se queda con ese dinero porque hay una deuda de cuando el club estaba en Segunda”. “no sabíamos que había tanta gente mala queriendo cargarse al Xerez CD”.

En cuanto a la imputación de Javier Tebas por el descenso administrativo que sufrió el club en 2013, García asegura que “si quiere demandar a alguien, que me demande a mí que al Xerez bastante daño le ha hecho ya. No tengo miedo, estamos muy tranquilos”. Además, el todavía presidente del Xerez asegura que “es una querella que va rápida y la ha tenido que ver claro la jueza de Madrid. Hay indicio de delito y de que el Xerez está diciendo la verdad”.

“Hace ya un año que venimos denunciando las actuaciones y las tropelías del señor Tebas en el club”, destacaba García, quien añadía que “ahora, un juzgado de Madrid ha visto indicios de delito,  está imputado y estamos muy contentos, esto es solo la punta del iceberg”. El aún presidente del club explica que “la querella está muy bien argumentada y si yo fuese Javier Tebas estaría muy nervioso y no tan tranquilo como él asegura estar. Yo no le noto tan relejado como él dice”, argumentando que “hay indicios de delito de estafa, apropiación indebida y deslealtad profesional y si nos dan la razón, eso puede acarrearle graves consecuencias. No podemos olvidar que estamos hablando del presidente de la LFP y su nombramiento puede ser declarado nulo”.

Además, García se mostraba orgulloso ya que “hasta ahora, pocos se habían atrevido a demandarle y un club de Primera Andaluza y en una situación precaria a nivel económico lo ha hecho. Nosotros queremos que el Xerez siga vivo en esta querella tenemos depositadas muchas esperanzas. Este tema nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Ya lo dijo en su día Eduardo Herrera, algunos están ocupando su sillón de unta forma totalmente  ilegal”. El mandatario xerecista recuerda que “Tebas se lo guisa y Tebas se lo come. Firma el convenio con los acreedores, les engaña para que lo firmen y a los pocos meses ya está solicitando la liquidación. No ha parado y no me vale eso de que no está informado de lo que hace la comisión de seguimiento. Él es el jefe en la LFP y está enterado de todos los movimientos que se dan”.

En cuanto a las declaraciones del presidente de la Liga, en las que afirma que el Xerez ha ocultado información en la querella, García explica que “hemos sacado todo lo que hay y aún podemos sacar muchas más cosas. Aquí no se ha ocultado nada de nada. Cuando un juez admite a trámite una querella, lo primero que hace es analizar la documentación y verificarla. En este caso, lo ha tenido fácil, incluye cuatro documentos, el contrato que hace el despacho Tebas Coiduras con el Xerez, las facturas de todo lo que ha cobrado, extractos del libro de mayores y la testifical que hizo en su día en la Federación”. Además, en la querella el Xerez CD ha incluido “los estatutos de la LFP, que reflejan que no puede ser abogado del concurso del Xerez y presidente de la LFP y también la cesión del cargo que le hace a César Adeva, un abogado de su despacho, que también está en otros clubes como el Cádiz. Seguro que a partir de este momento salen a relucir otros aspectos de otros clubes. Tendrán que declarar todos, Tebas, Adeva y su despacho, que en este caso está representado por su esposa. Es que es lo de siempre. Yo firmo el convenio con los acreedores, cobro y pido liquidación”.

“Recibí la querella el pasado lunes”, reconoce el mandamás de la Liga en Diario de Jerez, añadiendo que “me parece bien que si creen que hubo irregularidades en mi actuación presenten una querella. Lo que ya no me parece tan normal es que para defender sus teorías ellos mientan y oculten muchísima información y muchos datos”. Además, Tebas asegura que “es normal que el juez haya admitido la querella a trámite si se tienen en cuenta todos los aspectos en los que ellos la han basado”, añadiendo que “cuando me toque declarar, me defenderé y aportaré todos documentos que pueden desmontar su acusación. A ver, ellos han ocultando documentos, facturas y fechas”.

En cuanto a los hechos, Tebas aclara una vez más que la ayuda al descenso “no la podían cobrar porque estaba embargada” y asegura que no hubo incompatibilidad de cargos ya que “renuncié al cargo de abogado del concurso el 22 de mayo, se lo comuniqué al Xerez cuando aún era presidente Rafael Mateos, le comenté que buscasen a otro y no lo hicieron y cuando llegó el grupo Energy se lo volví a recordar a Paco Gallardo”.

Ahora el presidente de la LFP se enfrenta a cargos importantes que llegan a los 9 años de cárcel e inhabilitación por presuntos delitos de deslealtad profesional, estafa y apropiación indebida.

Por todo, al Xerez CD tan solo le queda la vía ordinaria para regresar a Segunda División B. El club sigue manteniendo que el descenso fue irregular, aunque con el rechazo del recurso presentado por la entidad azulina, tan solo queda pasar por los juzgados. Tanto el club, a través de Ricardo García, como la Asociación Gestora han mostrado la intencón de usar la justicia ordinaria para recuperar la plaza en Segunda B, aunque, por muy anunciado que haya quedado, no se ha dado el paso al frente.

Fuentes del club aseguraban a principios de semana que en los próximos días se iba a presentar un recurso al juzgado Contencioso Adminstrativo en el que se iban a solicitar unas medidas cautelares para volver a Segunda B. Sería el paso previo a la querella que Ricardo García anunciara se iba a poner contra Tebas y Rubiales. De momento, ni una ni otra se ha presentado, por lo que el Xerez CD, a día de hoy, debe seguir pensando en la Primera Andaluza.

La única piedra en el camino de Ricardo García en la batalla contra Javier Tebas es una cantidad cercana a 3.000 euros que el Xerez tiene que abonar a los abogados que llevan el caso y que va destinada al procurador. Así lo ha confirmado Juan Miguel Becerra, vicepresidente de la asociación Gestora Xerez CD, en declaraciones a Canal Sur Radio: “Los letrados piden un dinero que es para el procurador, unos 3.000 euros, y la querella se presentará en cuestion de horas. Ayer (por el martes) Pedro Marín, nuestro letrado, nos lo explicó, y será cuestion de horas su presentación. En cuanto esté puesta se conocerá el contenido de la querella”.

Eso sí, Becerra explica que “ese dinero no es algo que le compete a la Gestora”, añadiendo que “en Derecho Penal hay que tener un interés directo y legítimo y en este caso el afectado es el Xerez CD y es el que tiene el derecho de presentar esta querella y reponer la situación anterior a un descenso que entendemos que es ilegal”.

El mandamás de la Liga no ha querido hacer declaraciones públicas, aunque sí que ha querido dejar claro en algunos medios que se encuentra “tranquilo”, ya que “el Xerez CD está en su derecho de proceder si se ve perjudicado” y estaría “encantado de ir al Juzgado a declarar”. El presidente de la LFP ha reflejado que Ricardo García “puede hacer lo que considere oportuno, ya hemos dicho que la conducta de LFP y AFE fue irreprochable”, añadiendo que “ya he dado todas las explicaciones donde me la han pedido. Si Ricardo García cree que ha habido un delito, lo que tiene que hacer es denunciarlo”.

Por su parte, Rafael Romero, miembro de la Gestora, ha comentado en Radio Jerez que “nosotros sabemos que Energy tiene preparada varias querellas, no solo este, pero el problema es que los abogados de Ricardo García tenían que pagar al procurador y hacía falta un apoyo económico”. Romero destaca que “los miembros de la Gestora ayudamos en lo que haga falta al Xerez en la medida que podamos. Esas querellas son muy importantes porque le pueden dar mucha vida al club, pero nuestra prioridad es el día a día. Si hiciera falta y pudiéramos, ayudaríamos”, añadiendo que “en su día nos dijo que hacía falta algo de dinero, unos 3.000 euros, y que estaba todo preparado, y nosotros les ofrecimos nuestra colaboración, pero no me consta que hayamos puesto nada. Si nos lo pide, pues lo valoraríamos”.

Y es que Romero tiene claro que dicha demanda es “algo que puede aportar muchas cosas al club, sobre todo la devolución del club a Segunda B, algo que le ha hecho mucho daño al Xerez CD”. Por lo tanto, y si la economía se lo permite, Ricardo García prepara todas sus armas para dar guerra y batallar de aquí a final de temporada con otras demandas que, según la propia Gestora, “irán viendo la luz”.

A través de Ricardo García, presidente de la entidad azulina, se conocía que el club azulino iba a llegar hasta el final con un caso que está pendiente de la decisión de CEDD, llegando incluso a pedir “daños y perjuicios” en caso de que se le rechazara su petición de recuperar la plaza en Segunda División B.

Pues bien, según informó ayer Radio Jerez, el Xerez ya ha confecionado una demanda que presentará la próxima semana contra la figura de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional y exabogado del Concurso de acreedores de la entidad azulina. En dicha demanda, el club se querella también contra Luis Manuel Rubiales, presidente de la AFE, al que también responsabiliza de ese “descenso irregular”.

En dicha querella, el club pedirá nueve años de cárcel para Javier Tebas por presuntos delitos de “estafa, deslealtad profesional e incluso delitos societarios”, solicitando también la inhabilitación para el mandatario de la patronal del fútbol. El club mantiene que, entre otras presuntas irregularidades, Tebas embargó un dinero que, según el club, “no se puede embargar”, como es la partida destinada por pérdida de la categoría. Además, en la demanda se refleja que Tebas compaginó su cargo como presidente de la LFP con el de abogado del Concurso de acreedores del Xerez, algo que el club entiende que es incompatible.

Por último, y a la espera de lo que decida el CEDD, el club también solicitará dañor y perjuicios al no haber podido competir esta temporada en la categoría que, según sus gestores, le corresponde a un Xerez que podría pedir una indemnización millonaria por un descenso administrativo que entienden que es ilegal. Por lo tanto, se avecina una nueva guerra entre Ricardo García y estamentos tan importantes en el fútbol español como la LFP o la AFE.