El delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, José Galvín, convocó a la Asociación de Mujeres ‘Por la Igualdad y Progreso’ a la entrega de las llaves de un local provisional para que puedan instalarse en el mismo, una vez que desalojen su sede actual en cumplimiento de una orden judicial. Se trata de un local situado en la calle Oropesa, s/n – Ronda Muleros, 13, y ubicado en un espacio en el que existen otros locales de otros colectivos de la ciudad. Asimismo, se le ofrece la posibilidad de que hagan uso compartido de un amplio salón con el que también cuenta este espacio. “Le hemos ofrecido este local de manera totalmente provisional hasta que encontremos otro más idóneo a sus necesidades”, explica José Galvín.

Sin embargo, este colectivo de mujeres no “ha aceptado coger las llaves y para ello han argumentado que quieren consultar con su abogado las condiciones de la cesión de este local que le ofrece el Ayuntamiento”, asegura el delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos. Por ello, continúa José Galvín, “estamos a la espera de que la Asociación de Mujeres ‘Por la Igualdad y el Progreso’ finalmente nos comunique su decisión. Aunque queremos dejar claro que esta propuesta es una cesión provisional, ya que seguimos trabajando para encontrarles un local definitivo y más adaptado a sus necesidades”.

Para solucionar esta cuestión “contamos con dos problemas, uno de ellos es la premura y otro es la ausencia de locales municipales en el entorno de la barriada Torresoto, no obstante seguiremos buscando y haremos todo lo posible en darle solución a este asunto”, concluye el delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.

El delegado ha recordado también que “el desalojo de la Asociación de Mujeres del Centro de barrio responde a un tema judicial entre dos entidades privadas. En ningún momento, el Ayuntamiento ha ejecutado ninguna acción judicial y nos estamos limitando, tal y como nos hemos comprometido con la asociación, a colaborar con ellos para intentar encontrar una solución y que puedan seguir con su actividad”.

La Asociación asegura que van a seguir adelante porque su marcha de allí es provisional. “No estamos tristes. Hay que seguir trabajando”. “Lo que nos ha ofrecido el Ayuntamiento es un local aún en obras, con un despacho y zonas comunes para compartir con otras cinco asociaciones. No tenía ni luz, aunque vamos a estudiar la posibilidad”.

El 12 de noviembre está marcado en rojo en el calendario de la Asociación de Mujeres por la Igualdad y el Progreso, de la barriada de Torresoto. Este colectivo lleva años dirimiendo un conflicto ya enquistado con la asociación de vecinos del barrio por el uso del local de la plaza Hermana María Dolores. La reciente sentencia le da la razón a los denunciantes y la ejecución provisional dicta que las mujeres deben abandonar las instalaciones antes de la fatídica fecha, aunque ya está en trámite un nuevo recurso.

Sus rostros revelan total incredulidad y preocupación ante esta situación: “No nos pueden echar, hacemos algo bueno aquí”, aseguran Segundi Delgado (secretaria) y Antonia Vega (vicepresidenta). No pretenden disfrutar en exclusiva el espacioso local -con más de 400 metros cuadrados, escenario, patio, cocina y baños recientemente renovados- sino que apuestan por compartirlo con éste y otros colectivos si es necesario. “Queremos sentarnos con el Ayuntamiento y solucionar este problema de una vez por todas”, insisten. El local pertenece a la Obra Social de Cajasol pero ésta ha cedido su gestión al Ayuntamiento. Según aseguran, han solicitado reuniones al actual equipo de gobierno en repetidas ocasiones y últimamente han optado por enviar una petición cada semana, y ya van siete.

Actualmente, medio centenar de mujeres forma parte de la asociación, que trabaja por la mejora del barrio, la educación de los niños y, debido a la crisis económica, la subsistencia de muchas familias. “Nos hemos unido al Banco de Alimentos y repartimos miles de kilos cada mes a más de 50 familias. Tenemos una larga lista de espera”, explican. Zambombas solidarias y reparto de juguetes a los niños sin recursos, participación en colectas de alimentos y ayudas puntuales completan su labor benéfica. “Cuando un vecino necesita una cama nueva y no puede comprarla, la buscamos. A una vecina se le quemó la cocina y allí fuimos 30 mujeres a ayudar”, detallan.

El colectivo denunciante -la Asociación de Vecinos Torresoto-Hijuela de las Coles- está constituido desde 1972, con estas  mismas mujeres integradas en su organización. En 2006 decidieron separarse y constituirse como entidad aparte. Cuando empezó el conflicto, solicitaron un local municipal y llevan cuatro años esperando su concesión, porque, según argumentan “antes tenía que resolverse el proceso judicial”.

Aunque son conscientes que las sentencias hay que cumplirlas, de momento no han recogido nada y mantienen su actividad habitual. “No queremos irnos, tenemos ya nuestro calendario anual de actividades y a principios de cada mes repartimos alimentos a mucha gente que lo necesita, no solo del barrio”, explican las responsables mientras enseñan el almacén donde guardan la ayuda solidaria. “Como mujeres nos sentimos impotentes, es machismo”, concluyen.

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La cesión, con una duración de dos años prorrogables, se sustenta en un convenio firmado por la consejera Elena Cortés y el presidente de la PAH en Jerez, Lorenzo Barba. El acuerdo contempla la cesión del local con un compromiso por parte de la entidad beneficiaria de asumir el coste de la adecuación del espacio, que tiene una superficie útil de 97,37 metros cuadrados.

“La PAH forma parte de lo mejor y más admirable de la sociedad. Es un colectivo movilizado, organizado y comprometido que defiende una causa justa, el derecho humano a una vivienda digna y adecuada, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, por citar tres textos fundamentales”, ha señalado Cortés, quien ha animado a la PAH a “seguir batallando y manteniéndose en el centro del conflicto de la vivienda”.  En ese sentido, ha recordado cómo la “lucha incansable de la PAH” le ha costado ser “denigrada, atacada, calumniada y víctima de odiosas comparaciones por parte de la derecha, dentro y fuera de las instituciones”.

Las entidades locales menores (antiguas pedanías) de todo el país han escenificado su “cierre patronal parcial” este jueves, tal y como se anunció desde la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) en respuesta al texto de la Reforma Local, y más en concreto, “a las mentiras del ministro Montoro y de esta ley”. La iniciativa se ha llevado a cabo entre las 10 y las 11 de la mañana “con el fin de perjudicar lo menos posible a los vecinos y vecinas de las ELAs”, de manera simultánea en los más de 3.700 entes de esta categoría que hay en todo el país, entre ellas las siete jerezanas, y en los que viven más de 800.000 personas habitualmente, aunque en época estival sus poblaciones se multiplican.

Ésta es la primera de las acciones que han previsto desde la FEEM para quejarse públicamente y hacer partícipes a los vecinos de estas entidades rurales de un texto que  “en el caso de las entidades locales no ha mejorado ni delimitado absolutamente nada, por lo que para nosotros sigue siendo un intento por terminar con nuestros pueblos”, asegura su presidente, Antonio Martín Cabanillas. Al mismo tiempo que este “cierre patronal parcial”, la FEEM va a iniciar una ronda de charlas informativas por las entidades locales de todo el territorio nacional para explicar cuáles son las consecuencias de esta ley, ateniéndose ya al texto aprobado,  para promover “la sensibilización de todos nuestros habitantes, porque nuestros vecinos y vecinas deben tomar conciencia de la situación real y de dónde podemos vernos abocados”.

Reacción del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Jerez ha reiterado su apoyo a las entidades locales autónomas del municipio y su compromiso a trabajar de la mano para que puedan cumplir todos los requisitos que exige la reforma de la Administración local, aprobada en Consejo de Ministros.

El Ayuntamiento incide en que desde el minuto uno ha estado apoyando a las ELAs y las ha defendido, como parte de la historia del municipio de Jerez. En este sentido, ha  recordado que impulsó en la Junta de Portavoces hace casi un año una declaración conjunta de todos los grupos municipales de apoyo y defensa del mantenimiento de las Entidades Locales Autónomas del municipio de Jerez, que fue traslada al presidente del Gobierno de la Nación, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y a otros importantes representantes públicos. El Gobierno municipal también ha recordado su participación en las manifestaciones que ha habido en Madrid para solicitar la preservación de las ELAs.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha transmitido a todos los ciudadanos de la zona rural de Jerez un mensaje de tranquilidad en base al esfuerzo que se está realizando para garantizar el futuro de las entidades locales, según lo establecido en la nueva normativa. En este contexto se ha realizado un trabajo técnico de diagnóstico de la situación en cada entidad, del análisis de las competencias y la población de cada una, y se está trabajando en los convenios de financiación entre cada núcleo de población y el Ayuntamiento. Y asimismo, se ha puesto a disposición de los alcaldes de las entidades a  una nueva secretaria interventora para agilizar los trámites.

Además, el Ayuntamiento ha destacado el esfuerzo conjunto para realizar el Proyecto de Estatuto de las relaciones entre el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y las entidades locales autónomas de El Torno, Estella del Marqués, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete y Torrecera. Este documento, abierto al consenso y aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, permitirá que las entidades, por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Jerez, puedan participar de la PIE, de los ingresos de la Junta y de los impuestos municipales, lo que les permitirá solicitar nuevas competencias.

Este estatuto incluye, no sólo el sistema de financiación de las pedanías, sino también el régimen competencial y las relaciones con el Ayuntamiento matriz. En virtud de este documento, los alcaldes de las ELAs tendrán voz en el Pleno del Ayuntamiento de Jerez, en temas de su competencia, y podrán acceder a los expedientes de los temas que les afecten. Las entidades ganarán en autonomía y no perderán un ápice de ingresos.

El Gobierno ha afirmado que este documento se ha hecho pensando en lo mejor para la zona rural y considerando, por tanto, esta fórmula como la manera de saldar una deuda histórica de este Ayuntamiento con las pedanías.

Apenas hora y media ha durado un pleno intenso en el que, no obstante, el resultado estaba cantado de antemano: el gobierno ha aprobado con la abstención de los grupos de la oposición el Estatuto Jurídico que regulará las relaciones del Ayuntamiento matriz con las Entidades Locales Autónomas. La única novedad que ha deparado la sesión plenaria es que el periodo de exposición pública para presentar alegaciones se ampliará de 30 a 60 días, que es justo lo que han argumentado los distintos partidos para abstenerse en la votación: no aportarán nada definitivo, en tanto en cuanto no se diriman las alegaciones que todos ellos interpondrán. Manuel Bertolet, alcalde de Torrecera, ha sido el primero en intervenir haciendo una pequeña concesión al ejecutivo al subrayar que “es la primera vez que se plantea un documento de estas características, y eso hay que reconocerlo”.

Más allá de este comentario, ha mostrado sus reticencias sobre un estatuto que considera que no está lo suficientemente consensuado, así como sus dudas con respecto a que se pueda garantizar que los convenios que luego se firme con cada entidad en el marco de este documento se lleven finalmente a cabo. En lo que se refiere al primer punto, la alcaldesa le ha recordado que el pleno de aprobación se ha celebrado hoy y no más adelante, como algunos pedían, porque así lo votó la mayoría de las pedanías afectadas. Alejandro López, alcalde de La Barca, ha sido el segundo en intervenir con un discurso sin sorpresas, dadas sus siglas populares, animando a todos los presentes a votar a favor de la iniciativa con la que ha afirmado que las ELAs “avanzarán después de 33 años”. Seguidamente le ha tocado el turno a la delegada de Medio Rural, Susana Sánchez, que ha expuesto las ‘bondades’ del estatuto más que el documento en sí, destacando que con él “los pueblos podrán participar en los ingresos municipales del Ayuntamiento, los alcaldes tendrán voz y voto y los ciudadanos de la zona rural se convertirán en ciudadanos de primera”.

“Partíamos de unas relaciones con convenios caducados cuando llegamos al gobierno. Los alcaldes nos pidieron un estatuto que recogiera la financiación, la regulación de las relaciones con el Ayuntamiento matriz y la integración de los pueblos, y es lo que hemos plasmado”. Joaquín del Valle, portavoz de Izquierda Unida, ha transmitido la opinión de su partido al respecto criticando “la falta de claridad y la concentración de competencias”, al tiempo que ha lamentado que se recoja específicamente en la iniciativa la existencia de elementos de control por parte del gobierno jerezano, de lo que también se han quejado otros partidos. José Ramón Alonso, concejal de Foro Ciudadano, ha calificado el estatuto como “una nueva operación de cirugía estética” de los populares, aludiendo a su ‘sospechosa’ coincidencia en el tiempo con el Proyecto de Ley de Reforma Local del Gobierno central. “Esto es un nuevo brindis al sol, porque lo que quieren es destruir el municipalismo. Queremos comprobar que no se trata de otro lavado de cara”.

LOS CONCEJALES SE PIERDEN EN LA ANÉCDOTA

El último de los grupos de la oposición en intervenir ha sido el PSOE, que por boca de Francisco Lebrero ha censurado la “arbitrariedad” y los “eufemismos” aparecidos en el documento, como el que “el Ayuntamiento velará por el uso equitativo y prudente de las ELAs”, poniendo en tela de juicio el significado real de esos adjetivos y señalando el mecanismo controlador que esconde la sentencia, lo que “demuestra una falta de confianza y de lealtad institucional”. El momento más tenso de la sesión se ha producido cuando la delegada de Medio Rural, en su réplica, ha acusado a la oposición de “asustar” a los ciudadanos con la venida de la Reforma Local, recordando un capítulo de su niñez en el que le prohibieron subir a un autobús porque era vecina de una barriada rural, algo que según ella dejará de suceder en virtud de estos cambios. Del Valle ha mostrado entonces su indignación al respecto, apuntando con énfasis a que “aquí no venimos a contar nuestra vida”, y mencionando algún episodio del franquismo.

A pesar de que los alcaldes pedáneos hicieron un amago final de volver a intervenir, la alcaldesa clausuró rápidamente la sesión una vez que se recogieron los votos afirmativos de los populares, con lo que la iniciativa seguirá adelante con la abstención de la oposición, a la espera de que se resuelvan las alegaciones pertinentes.

Ante las indicaciones de los policías el detenido desoyó las órdenes de los agentes y comenzó una arriesgada huída por las calles de la zona sur llegando a incorporarse a gran velocidad en distintas vías en sentido contrario a la circulación a la vez que no respetaba los cruces y semáforos, superando las intersecciones y señalizaciones a toda velocidad, poniendo en peligro no solo su vida sino la del resto de conductores y peatones de las zonas que atravesaba.

Finalmente los agentes consiguieron recuperar el vehículo usado pero no pudieron impedir que el varón consiguiera eludir la acción policial cuando abandonó el ciclomotor y emprendió la huida a la carrera. El vehículo fue retirado al depósito municipal por los agentes locales al ser objeto de delito y por carecer de varios elementos obligatorios para la circulación en un vehículo a motor. Los datos aportados por los agentes de la Policía Local permitieron a los investigadores de la Policía Nacional revelar que la identidad del huido no correspondía con el propietario de vehículo, este resultó ser un joven menor de edad que le había prestado el ciclomotor al varón autor de la conducción temeraria y posteriormente, al tener que hacer frente a los gastos de las sanciones administrativas para recuperar su vehículo, presentó una denuncia falsa en compañía de uno de sus progenitores alegando que el vehículo le había sido robado cuando en realidad se lo había cedido voluntariamente al autor de la peligrosa fuga.

Los policías recabaron indicios suficientes que confirmaban esta hipótesis por lo que tanto el propietario del ciclomotor como su madre fueron detenidos por un presunto delito de simulación de delito y denuncia falsa. El primer arrestado, quien responde a las iniciales de J.C.L., aparte de tener que responder por los delitos presuntamente cometidos, tendrá que hacer frente paralelamente a las numerosas sanciones administrativas por infracción de reglamento de conductores de las que es responsable.

Acciones que se traducen en delitos

Tanto la Policía Nacional como la Policía Local quieren incidir en lo necesario de usar casco cuando se haga uso de una motocicleta o un ciclomotor ya que cualquier golpe en la zona de la cabeza consecuencia de una caída, por pequeña que esta sea, puede ocasionar la muerte o provocar gravísimas lesiones que acarrean secuelas de por vida. De la misma manera quieren dejar patente que iniciar una huída haciendo uso de un vehículo a motor ante las indicaciones de los agentes de Policía por la comisión de una falta administrativa, como lo es no portar el casco obligatorio o por cualquier otra circunstancia, deriva en la comisión de graves delitos y provoca situaciones de altísimo riesgo tanto para el autor como para el resto de usuarios de la vía.

“Consideramos que el espacio reúne las condiciones que esta asociación necesita para convertirlo en el centro logístico de reparto de alimentos que ellos necesitan. De esta manera, se da un paso más para que el este colectivo convierta a Jerez en un punto estratégico tanto para la distribución por nuestro amplio municipio como para las localidades más cercanas. Una vez que este espacio esté adaptado y en pleno funcionamiento, se evitarán muchos desplazamientos y se reducirán, por tanto, los gastos”, asegura la alcaldesa.

La colaboración del Ayuntamiento de Jerez con el Banco de Alimentos no termina con la cesión de este local, ya que “vamos a ayudarles un poco más en esta tarea de dotar al colectivo y a su vez a nuestra ciudad de un centro logístico de reparto de alimentos. De hecho, vamos a realizarles el proyecto para el acondicionamiento de esta nave”, explica María José García-Pelayo.

El presidente provincial del Banco de Alimentos, Mateo Sánchez, ha acudido al acto acompañado por voluntarios de la asociación, que han expresado su satisfacción por poder contar un espacio acorde con sus necesidades para seguir desarrollando su importante labor.

LA ONG

La Asociación Banco de Alimentos es una organización sin ánimo de lucro formada por voluntarios, y cuyo principal fin es aprovechar los alimentos excedentarios, mermas, destríos, etc. y hacerlos llegar a entidades, comedores sociales y asociaciones que asisten a personas y familias que lo necesitan.

Para ello, llevan a cabo diversas actividades durante todo el año como son la recogida de alimentos en Merca Jerez y campañas “Operación kilo” en diferentes supermercados y grandes superficies, entre otras.

El Banco de Alimentos deposita los comestibles que reciben, los almacena, selecciona, somete a control sanitario, y reacondiciona en su caso para finalmente, distribuirlos.

La redistribución de alimentos se realiza únicamente a través de asociaciones y entidades de asistencia social, que previamente son homologadas conforme a una serie de requisitos, permitiendo decidir sobre las necesidades de las mismas y la cantidad de alimentos que van a recibir, bien para consumo interno o reparto a familias en situación de necesidad.

En Jerez se benefician en la actualidad de la labor de Banco de Alimentos unas 70 entidades de carácter social o religioso, y el pasado año consiguieron repartir más de 720 mil kilos de alimentos en la ciudad.

La Policía Local está desarrollando desde esta semana distintos controles antidroga en colaboración con la Dirección General de Tráfico y formando parte del proyecto europeo DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines). La base del citado proyecto es aunar y coordinar todos los campos de investigación desarrollados en materia de alcohol, otras drogas y medicamentos y seguridad vial. DRUID está promovido por la Comisión Europea y tiene como objetivos principales profundizar en el conocimiento del problema del consumo de alcohol, otras drogas y medicamentos en los conductores, revisar las posibilidades de intervención y armonizar las actuaciones en el marco europeo de la Unión Europea para optimizar las políticas preventivas aplicar.

El segundo teniente de alcalde y delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, explica que “es un motivo de satisfacción para la Policía Local de Jerez que la Dirección General de Tráfico tenga en cuenta la labor que realiza el cuerpo de Policía Local a la hora de desarrollar en nuestro país el proyecto DRUID. En materia de Seguridad, Jerez es una referencia internacional como evidencia la organización del Mundial de Motociclismo, y esta labor de la Policía Local coordinada con otros cuerpos no pasa inadvertida para la DGT”. En este sentido, Durá subraya que “desde el Ayuntamiento de Jerez agradecemos a la DGT la confianza que muestra en la Policía Local y el hecho de haber elegido a Jerez, entre otras ciudades españolas del mismo perfil poblacional, para ser base de controles de este importante programa a nivel europeo. Asimismo, también quisiera agradecer el apoyo expreso de la Jefatura Provincial de Tráfico en la configuración del dispositivo que estamos realizando”.

La Policía Local, durante el presente mes de junio, tiene previsto establecer 8 controles antidroga en distintas zonas de la ciudad y otros 8 durante el mes de noviembre. La Jefatura Provincial de Tráfico apoya el dispositivo con un vehículo adaptado de control y distintos tipos de instrumentos de detección de drogas como analizadores de sustancias estupefacientes y etilómetros evidenciales. La población susceptible de ser sometida a estos controles son los conductores de vehículos que circulan por vías públicas, indistintamente de su nacionalidad, en ámbito urbano e interurbano y en vehículos a motor. Los que ofrezcan resultado positivo en alguno de estos controles preventivos se enfrentarán a una sanción de 500 euros y seis puntos menos en el carné de conducir. También queda abierta la posibilidad de una sanción penal. 

En el acto han intervenido el delegado de Gobierno de la Junta, Fernando López Gil y el delegado de Salud y Bienestar Social, Ángel Acuña. María José García-Pelayo ha dado las gracias a todos los niños, jóvenes y padres que “forman parte de esta gran familia porque hoy después de más de 20 años de esfuerzo, de trabajo sin descanso y de un enorme sacrificio, guiado por vuestro amor hacia estos niños y jóvenes con síndrome de Down, podemos decir que es un gran día para Aspanido, y un día especial para Jerez y su Ayuntamiento”.

Como ha recalcado la primera regidora, la asociación ya cuenta por fin con una sede acorde a sus necesidades, servicios, proyectos de futuro y legítimas aspiraciones, al tiempo que ha agradecido a la multinacional sueca “este toque de vida alegre que dice mucho de las empresas que dan cosas a los demás; habéis creado un hogar”. García-Pelayo ha recordado el esfuerzo de Aspanido en favor de la autonomía de las personas  con síndrome Down y ha mencionado el empeño personal de Rafael González de Lara (creador de los estatutos) y de Juana Zarzuela por los años de trabajo. “Durante estos años habéis formado personas para que sean libres, para que tengan autonomía, valores, siempre con constancia, esfuerzo y sin rendiros ante los obstáculos”. En esta línea, ha invitado a Aspanido a formar parte del Plan Local de Salud, “donde tendréis vuestro espacio con las medias concretas que podéis aportar”.

“El Ayuntamiento valora enormemente el trabajo y el respeto que mantenéis hacia las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, salvaguardando sus derechos y proporcionándoles los apoyos necesarios para que puedan ser regidores de su propia vida”, ha afirmado la alcaldesa. El nuevo local posee una superficie 269 metros cuadrados útiles, y las obras han consistido en la finalización de reforma del recinto original y la adaptación de un anexo. La sede dispone ahora de una planta baja y una entreplanta, unidas por un ascensor, que se distribuyen en varios despachos, aulas, aseo adaptado, y una recepción en la planta baja; vestíbulo, varias aulas y aseo en la entreplanta.

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El PSOE-A de Jerez advierte de las consecuencias negativas que va a tener la reforma local que va a emprender el Gobierno central en la prestación de servicios sociales, ya que va a suponer según la formación un recorte significativo en la prestación de estos servicios y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.  ”La reforma planteada por el Gobierno del PP supone un cambio profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la administración local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios”.

Según el PSOE, el Gobierno pretende hacerlo además en un momento en que las cifras de pobreza en el país y en la ciudad son cada día más dramáticas. En un contexto como el actual, apuntan a que es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral. Y esta primera atención se realiza de manera habitual en los servicios sociales municipales, además de por las ONG de acción social. “Concretamente, el Gobierno pretende limitar extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la mera “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, desnaturalizando por completo el sistema actual”. 

De llevarse a cabo en los términos planteados en el anteproyecto, aseguran, la reforma implicaría el cierre de muchos servicios y el despido del personal cualificado (trabajadores y educadores sociales) que hasta ahora trabajaba en los ayuntamientos. Asimismo, aseguran que se marginaría a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales. Por todo ello, el PSOE-A de Jerez  reafirma su defensa de la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad, al tiempo que apuesta por  potenciar la red pública de Servicios Sociales de Atención Primaria.