Esta prohibición, que se ordena comunicar por exhorto al juzgado de guardia de El Puerto de Santa María, se mantiene vigente hasta que haya resolución firme sobre la reclamación de paternidad que lleva el juzgado de Pozuelo de Alarcón.

Ruiz-Mateos fue enterrado este martes en el columbario que posee la familia en la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la O, en Rota, ciudad natal del empresario, donde también se celebró el funeral. El fundador de Nueva Rumasa murió el lunes después de permanecer ingresado en el hospital de El Puerto de Santa María desde mediados de agosto, cuando sufrió una fractura de cadera que se complicó con una neumonía.

Sus restos mortales fueron trasladados a las dependencias de las Hermanitas de los Pobres de la misma localidad portuense, donde fueron velados antes de partir hacia su ciudad natal para recibir sepultura. El abogado de Ruiz-Mateos, Marcos García Montes, asegura que ni él, ni la familia del empresario ni la iglesia donde se le dio sepultura han recibido la notificación del auto del juzgado, un hecho que ha calificado de “realmente sorprendente”. Además, García Montes explica que “jamás” se ha pensado en incinerar a José María Ruiz-Mateos, ya que su deseo expreso fue ser enterrado

Así al menos se lo ha hecho sabe a la entidad azulina a través de una diligencia en la que el juzgado decide no admitir a trámite el escrito previo a la demanda presentado por el club azulino hace dos semanas, un impedimento importante a la hora de presentar uba demanda en la que se pedía la recuperación de la plaza en la división de bronce del fútbol española través de unas medidas cautelares.

De esta manera, ahora el club, o más bien sus representantes legales, tienen un plazo específico para convencer al juzgado de su capacidad a la hora de tramitar una demanda por la que el Xerez pudiera a largo plazo recuperar una categoría perdida por los impagos a los futbolistas.

Conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, la reclamación administrativa deberá presentarse ante el órgano competente. A partir de ese momento iniciará, instruirá y terminará un procedimiento administrativo cuya resolución se notificará al interesado. Ahora queda por delante un plazo de 20 dias para presentar la demanda, donde se solicitarán las medidas cautelares que correspondan, en este caso, la nulidad del descenso administrativo a Tercera División.

Para acabar, el Xerez CD ha querido informar que “la reclamación administrativa previa a la vía judicial puede definirse como un mecanismo por virtud del cual la Administración Pública conoce la pretensión que tiene un sujeto con el que mantiene una relación jurídico-privada o laboral que va a interponer una demanda contra ella a causa de esa relación. Es un privilegio del que goza la Administración”.

De esta manera, el Xerez CD, repreentando en esta ocasión por la asociación Gestora Xerez CD, presentará en Madrid un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que sirve de paso previo a una demanda en la que el club pedirá el ingreso en Segunda División B para la temporada 2014-15.

Este recurso es algo ajeno a la demanda que Ricardo García anunciara tiempo atrás que iba a presentar contra Javier Tebas, aunque la premura impera y el club tendría hasta este viernes para presentarlo. Será el letrado José Manuel Sánchez Biel, que ya se encargara del recurso presentado por el Xerez CD a la Federación tras el descenso amdinistrativo, el encargado de presentar mañana este paso previo para que en lo Contencioso Administrativo se dé forma a la demanda definitiva.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez ha fijado para el lunes 7 de julio la vista por la demanda presentada por Manuel Leira contra los gestores del Xerez CD por apropiación indebida. Los hechos se remontan a 2008, cuando Leira recurrió su despido y la justicia falló a su favor, obligando al club a la readmisión o la indemnización. No se dio ninguno de los dos casos y el subdirector del club tuvo que llegar a un acuerdo con los administradores concursales del club ya en 2011.

Sin embargo, el ministerio fiscal ha citado a Morales y Monterrubio al admitir la denuncia por apropiación indebida, ya que Leira, al ser despedido del club, no pudo tener acceso a la documentación y a los archivos personales que guardaba en el ordenador que habitualmente usaba en su puesto de trabajo.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad ha desestimado el recurso interpuesto por Urbanos Amarillos contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de los pasados 4 y 7 de mayo de 2012, por los que se procedió a secuestrar el servicio público de autobuses urbanos, al entender que se ajusta a derecho. La sentencia fue dictada el 26 de diciembre y notificada al Ayuntamiento el viernes. El juzgado, asimismo, ha condenado en costas a Urbanos Amarillos. La resolución judicial considera, en contra de lo argumentado por la empresa concesionaria, que no ha habido indefensión de ésta en el acuerdo de la Junta de Gobierno para el secuestro del servicio y que la medida se adoptó para preservar un servicio esencial para los ciudadanos. Igualmente, la sentencia estima que la medida se ajusta a la legalidad vigente.

En este sentido, establece que “el secuestro de la concesión se configura por tanto en nuestro ordenamiento jurídico como una suerte de medida cautelar destinada a asegurar la prestación y continuidad del servicio”. De igual modo, el fallo recoge que Urbanos Amarillos “conocía suficientemente las obligaciones a las que se comprometió al acceder a la concesión y las condiciones en las que debía desarrollarla. Si en cuatro meses (desde finales de enero de 2012 hasta mayo del mismo año) no consiguió resolver el problema que afectaba al servicio público que gestionaba, debió resultarle razonable una actuación administrativa destinada a dar cumplimiento a la Ley. No puede así estimarse que se le haya causado indefensión alguna”.

De esta manera la resolución judicial, frente a la indefensión que manifestaba Urbanos Amarillos, refleja en su punto quinto que “el artículo 133 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales establece, en su primer párrafo, que si el concesionario incurriese en infracción de carácter grave que pusiera en peligro la buena prestación del servicio público, incluida la desobediencia a órdenes de modificación, la administración podrá declarar en secuestro la concesión con el fin de asegurar aquel provisionalmente”. En la sentencia aparece probado que “durante al menos cuatro meses la ciudad se vio privada del servicio público de transporte de viajeros y que no cabía duda de que se imponía una actuación de la administración local destinada a dar cumplimiento” de este servicio esencial para la ciudadanía.

BENEFICIOS DEL SECUESTRO

Cabe recordar, como recalcan desde el Ayuntamiento, que el gobierno local decidió ejecutar el secuestro en aras del funcionamiento y estabilidad del servicio. Se trata de una figura jurídica actualmente en vigor y que ha proporcionado la estabilidad en la prestación del servicio de autobuses urbanos a la ciudad, la configuración y puesta en marcha de una nueva red de líneas, la llegada de 30 vehículos de nueva adquisición para refuerzo de la flota y llegar a los 4 millones de viajeros cumpliendo el objetivo trazado en el primer aniversario de puesta en marcha de la nueva red (cuya inauguración fue el 17 de diciembre de 2012).

La normalización económica tras la ejecución del secuestro, insisten, se ha traducido en aspectos tales como los acuerdos de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, eliminando los riesgos de embargo que hasta ahora existían por la deuda acumulada con tales instituciones, así como la estabilización del pago de las nóminas de los trabajadores gracias también a la reducción del 20% de los costes de personal en virtud del nuevo convenio colectivo alcanzado con la plantilla. 

Según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, el recurso presentado por Pedro Pacheco y José López contra el acuerdo plenario del 28 de junio que aprobaba el expediente de incompatibilidad de ambos concejales ha sido desestimado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez. Explica que la sentencia declara que “desestima en su integridad el recurso contencioso-administrativo de protección de los derechos fundamentales interpuesto por José López y Pedro Pacheco contra el acuerdo de 28 de junio de 2013 del Pleno del Ayuntamiento de Jerez, por entender que éste no infringe los derechos fundamentales invocados por los recurrentes”.

Cabe recordar que el Pleno celebrado el 28 de junio aprobó el expediente de incompatibilidad de los concejales Pedro Pacheco y José López al haberse desestimado las alegaciones presentadas por ambos conforme a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y entender que se daba el supuesto de incompatibilidad para el ejercicio de sus respectivos cargos.

Este expediente de incompatibilidad se argumentaba la sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial que condenaba a Pedro Pacheco a 4 años y medio de cárcel y 8 años de inhabilitación para cargo público y a José López a 2 años y 6 meses de cárcel “por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos” por el conocido como caso de los asesores.

Cabe recordar, igualmente, que este pasado lunes, la Junta Electoral Central ya notificó al Ayuntamiento la sustitución de Pedro Pacheco y José López, emitiendo las oportunas credenciales para Daniel Gómez Jiménez y Manuel Rosa Prado, como los siguientes candidatos incluidos en la lista de Foro Ciudadano, para que tomen posesión de sus cargos en el Pleno ordinario que se celebre el 29 de noviembre.

A través de un comunicado a los medios de comunicación, ‘Salvemos al Xerez’ ha pedido “ayuda ciudadana” para localizar a dos exgerentes de la entidad azulina, el que fuera director general, Antonio Fernández Monterrubio, y el expresidente, José María Gil Silgado. La razón, según ‘Salvemos al Xerez’, es que la ausencia de los dos antiguos dirigentes está “retrasando la resolución de la pieza de calificación del concurso de acreedores del Xerez, C.D., SAD”.

En el comunicado, la Plataforma recuerda que “el Ministerio Fiscal, una vez analizado el informe confeccionado por Antonio Del Puerto y Jesús Rodríguez, que declaran el concurso como culpable, solicita para Joaquín Morales, Antonio Fernández Monterrubio y José María Gil Silgado una indemnización total de 3.381.580,88 euros -cantidad que recalaría en las arcas azulinas- y entre siete y ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad Xerez, .C.D., S.A.D”.

Esta comunicación, en los casos de José María Gil Silgado y Antonio Fernández Monterrubio, “no se ha podido efectuar por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, ya que se encuentran en paradero desconocido, lo que está retrasando la resolución de la pieza de calificación del concurso”, denuncia ‘Salvemos al Xerez’, quien pide “a toda aquella persona que pueda facilitarnos cualquier información sobre el paradero de estas personas contacte con nosotros a través del correo salvemosalxerez@jerez.es”.

“Ya lo hemos puesto en conocimiento, que no vamos a abandonar las instalaciones, y así se lo hemos hecho saber al Ayuntamiento”, señala Gallardo, quien apunta que “la denuncia no fue puesta ni en tiempo ni en forma y entendemos que el convenio sigue en vigor. Hemos puesto la demanda para que el convenio siga vigente. El primer paso es pedir medidas cautelares para que la solicitud no tenga efecto, así como una posible indemnización”. Y es que el grupo sevillano entiende que está en derecho de usar Chapín: “Estamos dispuestos a pagar por el estadio, asi como renegociar el convenio, pero no hemos recibido respuesta alguna por parte del Ayuntamiento. No creo que el Ayuntamiento se niegue a cedernos el campo incluso pagando por él”.

Gallardo, además, destaca que “hemos presentado la documentación completa, los contratos de compraventa, el plan de viabilidad, etc, etc… Hemos informado también de las negociaciones con Hacienda, asunto que ellos saben que no es fácil, así como la cantidad embargada al club y que aún no ha llegado a la Agencia Tributaria. Pero ellos se apoyan en el respaldo social al club, pero es algo relativo porque tenemos muchos problemas externos que hacen que el apoyo directo no sea el que se esperaba“. En cuanto a eso, el secretario del club se excusa en que “cuando arranca la campaña de abonados se informa a la afición que no vamos a jugar en Chapín. Eso nos afecta muchísimo, tanto en abonados como en patrocinio”.

La puesta en libertad del conocido como ‘estafador del seguro’, Carlos Bellido, ha sentado como un jarro de agua fría no solo a las decenas de afectados sino también a la propia Fiscalía, que ha recurrido esta decisión judicial después de que hace apenas unos meses fuera condenado a 8 años de prisión. Así lo ha conocido este medio por fuentes del caso, que han confirmado que junto al citado recurso el Ministerio solicita también que Bellido se presente a diario en los juzgados, en tanto en cuanto el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre si el fallo es firme o no. Como ya publicara Reporteros Jerez, se esperaba que este mes de septiembre Bellido quedara libre tras cumplir cuatro años en prisión provisional, lo que corresponde a la mitad de la pena impuesta y supone por tanto el máximo de tiempo posible que un reo puede permanecer en este régimen.

En la actualidad, disfruta de una libertad condicionada por el pronunciamiento final del Supremo: si el tribunal termina por ratificar la sentencia que en su día fijó la Audiencia Provincial de Jerez, el condenado deberá volver a la cárcel para cumplir lo que le quede de la pena. Si por el contrario admite el recurso interpuesto por la defensa, que consideraba “desproporcionado” el fallo, podría quedar definitivamente libre. Mientras todo ello se dirime, el abogado del condenado, Ángel Durán, ha decidido oponerse a la petición de la Fiscalía de que su cliente pase a diario por los juzgados, ya que le parece “una barbaridad, cuando lo normal es que lo haga los días 1 y 15 como hasta ahora. Así, es imposible para él buscar trabajo”, ha apostillado. Además de ello, el Ministerio también ha solicitado que se le retire el pasaporte para que no pueda viajar al extranjero, algo que según Durán no entra en los planes de su cliente. 

El caso del conocido como ‘el estafador del seguro’ fue de los más sonados en 2009, cuando Carlos Bellido fue detenido y trasladado a prisión acusado de cometer una importante estafa, haciéndose pasar por trabajador de una aseguradora con la que ya no mantenía ninguna relación contractual. La enorme cantidad de perjudicados (82) y del dinero defraudado dio relevancia a un procedimiento que culminó con una condena de 8 años de prisión para él, y una absolución para el que fue juzgado como su presunto colaborador. Además, deberá afrontar en solitario el pago de indemnizaciones que en su totalidad superan los 2 millones de euros.