De los 23 clubes que conforman la Asociación votaron un total de 22, con 10 votos a favor de asumir la gestión, 7 en contra, 3 nulos y 2 abstenciones. Sin embargo, la votación podrá ser impugnada, una vez que la mesa de la presidencia no permitiera al secretario del Xerez Balompié, Carlos Tenorio, que votara también en nombre del Ciudad de Jerez, del que es tesorero.

De esta manera, los equipos podrían impugnar la decisión ante el Ayuntamiento de Jerez, lo que supondría tener que celebrar de nuevo la votación. Aún así, la presidencia de la Asociación ha dejado claro que toda la polémica se debe a que  “hay clubes que van a perder privilegios y no están de acuerdo pero la votación ha sido democrática”.

Ahora se abre un período de baremación, de ver los equipos que utilizan un campo y ver cómo se hace el reparto.De esta manera, la el fútbol base jerezano tratará de racionalizar el uso de las instalaciones, una cuestión que no ha sido debidamente regulada en los últimos años.

Será el 27 de mayo cuando el expresidente del club tenga que dar explicaciones ante el Juez, así como los administradores concrusales del club, Antonio del Puerto y Jesús Rodríguez, cuyo informe reflejó a finales de 2012 que una parte de los créditos que pretendía compensar en acciones Luz Costa “no estaban justificados”, además de la ausencia de escritura de dicha ampliación en el registro mercantil.

Este juicio se enmarca en la impugnación realizada por el accionista minoritario Francisco Franco, con el apoyo de la Plataforma Salvemos al Xerez, de la anteriormente mencionada ampliación de capital por compensación de créditos que fue aprobada, con los votos de la mayoritaria, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 2 de julio de 2009 y por un importe final de 4.304.722,60 euros.

De ser ejecutada la impugnación, habría un cambio sustancial en el pastel accionarial del Xerez, ya que el exmandatario sustentaba su mandato gracias a los títulos adquiridos tras incrementar el capital de la sociedad.

La Asociación de Técnicos Municipales ha reiterado este sábado su intención de impugnar el convenio colectivo tanto por la vía laboral como por la contenciosa si el documento sale ratificado en la asamblea de trabajadores convocada para este lunes 16 de septiembre. A juicio de este colectivo, “el SIP y CGT han conseguido que el gobierno reparta beneficios solo entre ellos. Es una demostración más de que el gobierno local es rehén de estos sindicatos y le importa poco el resto de la plantilla”.

“La ATMJ no ha participado de esta nueva tomadura de pelo -no asistieron a la convocatoria- y  está en contra del Convenio  porque es ilegal, peor que el anterior y arbitrario”, han explicado. Denuncian que el texto ha sido “pactado” en una mesa “sin autoridad legal para ello” y que “los empleados municipales han perdido derechos que habíamos conseguido en los últimos años”. Argumenta, igualmente, que el acuerdo “solo recoge mecanismos de compensación económica de las reducciones de sueldos operadas por la RPT, para una parte de la plantilla.

El convenio, según las mismas fuentes, “vuelve a crear algunos de los pluses eliminados el año pasado, beneficiando a los colectivos que ya resultaron premiados con la RPT, en especial y de nuevo a los policías locales”. De esta forma, hay agentes de la Policía Local que pueden cobrar “hasta 4.000 euros” mientras que “los policías nacionales con mayor responsabilidad cobran 2.000″. La ATMJ asegura que sus miembros “han sido amenazados en varias ocasiones por la CGT pero no por ello vamos a dejar de ejercer la defensa de los intereses de los empleados municipales”.

Por último con respecto al convenio, critican que los sindicatos “pretendan que las votaciones sean a mano alzada y no en secreto, como recoge la ley, situación que catalogan de “atropello”.

Balance de la actuación municipal

La ATMJ ha aprovechado la comparecencia para hacer un balance de las actuaciones municipales en asuntos laborales desde que se aprobara la RPT. Entre las principales denuncias, destacan los nombramientos “a dedo” de los puestos más relevantes y jefaturas a “personas allegadas”, dos “modificaciones ilegales” de la RPT, más de 200 movimientos de trabajadores entre distintas áreas y departamentos sin el proceso legal correspondiente, el pago de un complemento personal transitorio para un grupo de empleados con informe contrario del interventor y disconformidad de la Junta así como la asignación de gratificaciones extraordinarias que no cuentan con la aprobación de la Junta de Gobierno Local. Por todo ello y a lo largo del año, la ATMJ ha presentado varias demandas.

La Asociación de Técnicos Municipales ha anunciado su intención de impugnar el convenio colectivo, en el caso de que finalmente salga adelante, justificándolo en que recoge “aspectos manifiestamente ilegales”. A través de un comunicado, el colectivo ha recordado que el proceso de negociación partió de una propuesta inicial del gobierno municipal que fue remitida a todos los empleados por correo electrónico del 25 de mayo pasado. A partir de ahí y pese a la asistencia del resto de las centrales sindicales, no pudo celebrarse ninguna otra reunión al no acudir a las mismas los sindicatos CGT y SIP, “provocando con ello deliberadamente una falta de quórum”. Para la sorpresa de los técnicos, estos sindicatos asistieron sin embargo a la reunión convocada en el día de ayer, con la supuesta intención de negociar las materias comunes que afectaban a todos los empleados públicos, ya en régimen laboral o en régimen funcionarial.

“Para nuestro estupor así como del resto de las secciones sindicales, -explican en el comunicado- la CGT en su falso papel de salva patrias viene a la mesa a presentar una propuesta con condiciones económicas por debajo de la propuesta inicial del propio gobierno municipal, y encima a vender que han desbloqueado la negociación del convenio”. La ATMJ lamenta así que el ejecutivo “se burle de sus técnicos”, sin entender que el desglose retributivo inicialmente propuesto por el gobierno de repente dé un giro de 360 grados y éste “se pliegue ante la amenaza de CGT y SIP” . “Qué poco vale la palabra del gobierno -apostillan-, que en diversas reuniones con la ATMJ nos manifiesta que es una propuesta de mínimo intocable y cuando nos damos la vuelta, cambian de opinión”.

Entre las presuntas irregularidades en las que se habría concurrido, señalan que la propuesta de CGT se aseguró que estaba en poder del ejecutivo y sin embargo éste no cumplió con el propio reglamento de la mesa y no se la trasladó en tiempo y forma al resto de los sindicatos para su conocimiento y posterior debate. Asimismo, se preguntan por qué la propuesta presentada ha sido negociada en la mesa general, cuando debía de haber sido expuesta en las mesas de laborales y funcionarios, según la normativa vigente.

 Ante todo ello, el colectivo está decidido a “no favorecer esta connivencia entre gobierno y CGT plagada de irregularidades, ilegalidades y arbitrariedades en perjuicio de los empleados públicos, obligando irremediablemente y por primera vez también en la historia de este Ayuntamiento a que, de seguir en esta línea, en su momento se proceda a la impugnación del convenio colectivo y lo que es peor, al riesgo que se corre para los intereses de todos los trabajadores en el supuesto de que la impugnación prospere”.

Esperanzados y contentos están los miembros de la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua tras conocer la noticia de que el juez podría suspender la concesión a Aqualia en los próximos días. Como han anunciado Radio Jerez y El País, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria se enfrentan a la impugnación presentada por otra compañía después de que se hayan rechazado sus respectivos recursos. “Esto demuestra que no estábamos equivocados”, asegura Paco López desde el colectivo que desde el primer momento se ha mostrado contrario a la privatización de la gestión del agua.

“Esperamos que el tribunal dé la razón a la empresa demandante -que es Aquagest- y haga pensar a la alcaldesa: privatizar el agua no es dar oxígeno al Ayuntamiento sino arruinarlo aún más porque Ajemsa es rentable”, continúa López. “Esto demuestra que alrededor del negocio del agua hay una trama con políticos y multinacionales. Nosotros batallamos en una lucha desigual pero ahí estaremos”, asegura. La coordinadora tiene también preparado un recurso aunque ante las novedades han decidido esperar. “Miramos con lupa que se cumpla el pliego”, insiste.

Se da la circunstancia, además, de que está ya cerca el pago de la primera parte de canon al Ayuntamiento, unos fondos que el equipo de gobierno tiene previsto destinar a la amortización del préstamo que mantiene Ajemsa con Unicaja (28 millones), al préstamo sindicado y a la Seguridad Social.

“La justicia confirma el pelotazo”, dice el Foro

El Foro Ciudadano, que ya había mostrado su rechazo al proceso, ha sido de los primeros en reaccionar. Según la edil Rocío Montero, “la justicia confirma el pelotazo y el traje a medida que diseñó el PP para malvender el agua de todos los jerezanos”. Ha recordado que el partido ya presentó hace tiempo un informe técnico en el que alertaba de irregularidades e incongruencias que podían llevar a esta situación. “Con esta impugnación se explican muchas cosas, como el hecho de que ni 24 horas más tarde de hacerse con el control de la sociedad, Aqualia incumpliera el pliego de condiciones al desprenderse de tres altos cargos de Ajemsa para que su coste fuese asumido por el Ayuntamiento”. O el hecho, “tan chocante y llamativo, de que el contrato de la adjudicación no lo rubricara la máxima autoridad municipal, la alcaldesa, sino su delegada de Medio Ambiente”, ha asegurado la concejal.

Montero ha ido un paso más allá señalando que el recurso contencioso puede no ser el único ya que “hay que estudiar muy detenidamente si las actuaciones seguidas durante el procedimiento pueden derivar en acciones penales contundentes contra los responsables del gobierno local del PP”. Una de las cuestiones más “llamativas y sorprendentes” de todo el proceso -indican desde el Foro- ha sido el hecho de que en la memoria anexa a la licitación siempre se hablase de un beneficio para la futura adjudicataria de 300 millones de euros en 25 años, cuando curiosamente casi al día siguiente de resultar adjudicataria, Aqualia ya habló pública y abiertamente de un volumen de negocio que iba a rondar los 900 millones. Es decir, tres veces más de lo previsto en la memoria que acompañaba la licitación.

Ha destacado, entre otras cosas, que “si un concurso queda desierto, no parece lógico volverlo a sacar con más restricciones que antes, lo que implica una limitación a la concurrencia y limita la posibilidad de que se presenten empresas. A todo esto, ha sumado el hecho de que en ese nuevo pliego ya se plasmaba la posibilidad de que las tarifas suban, independientemente del IPC, cuando crezca el precio del agua o cuando se impongan cargas tributarias por las administraciones. “Esto significa en la práctica que se pensaba imponer para Jerez la ola privatizadora del PP en los ayuntamientos de Andalucía y el resto de España que está suponiendo que los recibos del agua, entre otros, crezcan a una media del 40%”, ha ultimado.

Lo cierto es que el paso dado por los minoritarios puede tener mucha repercusión en un futuro, pues de ser ejecutada la impugnación, Joaquín Morales perdería muy posiblemente la mayoría del accionariado de la entidad azulina. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el empresario sevillano sustenta su mandato gracias a los títulos adquiridos tras incrementar el capital de la sociedad en 4.304.722,60 euros durante la junta general de accionistas que tuvo lugar el 2 de julio de 2009 con los votos a favor de Luz Costa.

Este grupo de xerecistas ha encontrado sus argumentos en el informe definitivo de los administradores del Xerez, pues dicho documento señala que los créditos no están “justificados”.