El servicio de Consumo, adscrito a la Delegación de Medio Ambiente, informa que en las últimas semanas se están formulando numerosas consultas relativas al servicio de reparaciones de gas a domicilio destinadas, mayoritariamente, a personas de avanzada edad y que, ante esto, hay que tener siempre en cuenta, que estas labores deben ser solicitadas por los titulares de los contratos a las empresa a las que se tiene contratado el servicio. Por lo tanto, se recomienda abstenerse de recibir en los hogares a este tipo de equipos que pueden ser fraudes para el consumidor.

Desde la OMIC se informa que se debe tener en cuenta de que en caso de que este tipo de empresa efectúe el trabajo, con las autorizaciones de los titulares pertinentes, no será posible reclamar con posterioridad.

Para evitar este tipo de fraudes, el servicio de Consumo de Cádiz de la Delegación de Gobierno, ha realizado un aviso informativo remitidos a organismos e instituciones, en el que se pone de manifiesto que no se deje entrar en las viviendas a ningún operario ante la más mínima duda, salvo que se trate de la empresa con la que se tenga contrata previo de revisión o mantenimiento. Para las revisiones periódicas obligatorias se puede contratar libremente con la industria que se haya contratado llamando y concertando día y hora de la visita, así como presupuesto.

Las familias jerezanas han presentado alrededor de 300 recursos ante la Delegación de Educación durante el proceso de escolarización, una cifra similar a la de años anteriores. Una tercera parte de ellos requieren investigación ya que vienen acompañados de la denuncia de un posible fraude o irregularidad de otro candidato. De hecho, en estas últimas semanas se están llevando a cabo las indagaciones -en las que suele participar la Policía Local para comprobar datos- y las resoluciones empezarán a llegar en breve.

Lo que sí es novedad este año es que han descendido el número de peticiones de medidas cautelares por motivos confesionales, ya que se han dado varias resoluciones judiciales contrarias. Ha aumentado, no obstante, el número de sospechas por posibles irregularidades en las declaraciones de las rentas para conseguir más puntos y, por tanto, la plaza escolar en el colegio deseado.La mayoría de los recursos, como suele ser habitual, se refieren a colegios concertados.

Como ya explicó a REPORTEROS JEREZ el abogado Manuel Luis Fernández, “hay familias que tienen hasta un punto por renta, que significa que cobran muy poco, y tienen un notable patrimonio o traen a sus hijos de una guardería privada cara. Es escandaloso”. Evidentemente, la crisis ha hecho estragos en muchas familias de un tiempo a esta parte y hay casos verídicos pero no es creíble que haya hasta 20 puntos por renta en una sola clase.

En cursos anteriores era la falsa domiciliación el principal motivo de reclamación, una variable que ha descendido en esta ocasión.

La enorme crisis económica por la que atraviesa el país ha abonado el terreno para que proliferen los fraudes más variopintos. Dentro de ellos, han cobrado gran relevancia los relacionados con el mundo laboral, especialmente en una provincia en la que la tasa de desempleo y la precariedad están al máximo nivel. Tanto es así que la llamada Comisión Provincial de la Lucha contra el Fraude, formada por representantes de distintas administraciones, Cuerpos de Seguridad y Fiscalía, ha decidido echar el resto y combatir con todas sus armas una picaresca que se ha disparado en los últimos años. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha comparecido tras la reunión de la comisión celebrada en Jerez para mostrar su preocupación por los últimos datos recabados al respecto.

“La Inspección de Trabajo ha levantado en lo que va de año 1.229 actas en la provincia por falta de altas, y ha encontrado 994 casos de gente que compatibilizaba el trabajo con la prestación. Son cifras importantes, a las que hay que sumar las de explotación laboral, con unas actuaciones de Guardia Civil y Policía Nacional en este terreno que han pasado de 31 a 90 en solo un año”. Es por eso que la detección de empresas ficticias, el fraude en prestaciones y la falta de altas se ha convertido en una prioridad para la comisión, junto al alarmante aumento de empresas “serias” que de repente han optado por cometer infracciones. “También hemos detectado connivencia para cobrar prestaciones en 251 casos con los propios empresarios, que procedían a dar altas ficticias el tiempo necesario para que el beneficiario cobrara la ayuda”. 

La época de verano, como ha señalado De Torre, es sensible a este tipo de casos por lo que los profesionales que luchan contra el fraude harán hincapié en “vigilar que en los contratos de verano se den las altas precisas y se cumpla la prevención en riesgos laborales, con especial cuidado en las ferias e instalaciones turísticas”. Aunque estas irregularidades son de las más preocupantes, tampoco hay que pasar por alto que en materia de tabaco en la provincia de Cádiz es donde más se defrauda, copando el 35% de todo el territorio nacional. Junto a ello, cabe destacar otras actividades ilícitas como las de las peleas de gallos o los talleres ilegales, que dan lugar a una creciente economía sumergida y en donde por lo tanto también pondrá el acento la comisión antifraude.

“Lo importante es que la lucha sea permanente y se establezca una política de comunicación, como ocurrió con la ‘operación Espolón’ en la que se produjeron actuaciones integrales para atajar las peleas de gallos, con información sobre asistencia sanitaria, tenencia de armas, menores, etcétera”. Una batalla que las autoridades parecen haberse tomado muy en serio, con un mensaje que el subdelegado ha querido trasladar a la sociedad: “El fraude es una falta de solidaridad con el sistema, y al final acaba perjudicando a quienes pagan sus impuestos”, ha sentenciado.

Las sospechas comenzaron a raíz  de la queja que un paciente de dicha clínica presentó ante el Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Cadiz, en la cual relataba haber sufrido mala praxis profesional y prácticas dudosas por parte del personal de ese centro, derivándole en unas graves lesiones y en un perjuicio económico importante. El Colegio de Dentistas comunicó el caso a la Policía Nacional, que demostró que los imputados realizaban trabajos como odontólogos para los que no estaban titulados, utilizando la consulta como tapadera para usurpar funciones propias de los dentistas, con el consiguiente riesgo para las personas que se ponían en sus manos.

Cabe destacar que uno de los detenidos ejercía funciones de dentista también en Rota, donde tenía instalada una clínica en una vivienda unifamiliar sin ningún rótulo o indicación de que allí se encontrara una consulta de odontología.

La Guardia Civil ha alertado a los empresarios de la puesta en marcha de una campaña de publicidad agresiva por parte de firmas publicitarias en la que se  utiliza como reclamo la imagen corporativa de la propia Guardia Civil, solicitando cantidades de dinero. El modus operandi detectado consiste en ponerse en contacto con empresarios de la provincia en nombre de ciertas asociaciones supuestamente relacionadas con la Benemérita, y tras pedir una aportación económica ofrecen la inserción en dichas revistas de anuncios publicitarios a cambio de cantidades de dinero que nunca superan los 400 euros. Posteriormente, envían por correo una portada de la revista y un listado de precios por la inserción de la publicidad.

La publicidad fraudulenta en revistas de temática relacionada con la  Guardia Civil constituye un problema que afecta a personas que de buena fe creen hacer un bien para colegios de huérfanos, hermandades, fundaciones, etcétera, cuando en realidad están siendo manipulados por publicistas que les hacen creer que con esa inserción de anuncios ayudan al Cuerpo. Por ello, los funcionarios recuerdan que la única revista oficial y profesional de la institución se llama ‘Guardia Civil’, por lo que aunque otras revistas utilicen en sus portadas esta nomenclatura e incluyan una profusión de fotografías y emblemas de guardias civiles de todas las especialidades, no tienen vinculación alguna con la revista oficial, ya que aunque están inscritas y autorizadas por el Ministerio del Interior, son administradas y dirigidas por entidades particulares.

En esta línea, quieren dejar claro que la Guardia Civil no respalda ni está detrás de estas asociaciones y que el uso de anagramas y simbología corporativa del Cuerpo obedece a meros intereses mercantiles para la captación de clientes publicitarios con el único fin del lucro. Por último, desde la Comandancia de Cádiz se insta a aquellas empresas que hayan sufrido este tipo de prácticas a que las denuncien en las dependencias de la Benemérita más cercanas.

La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo, ha llevado a cabo una importante operación contra el fraude a la Tesorería y a la Seguridad Social con la identificación de nada menos que 116 personas, a las que se investigará con posterioridad para comprobar si han estado trabajando en situación irregular. Como han confirmado fuentes de la Benemérita, la intervención se ha realizado en la empresa Mercajerez y sus alrededores, en el polígono industrial de El Portal, a raíz de un compromiso adquirido el pasado mes de noviembre con la Subdelegación del Gobierno, para incentivar los controles en este sentido.

Los agentes han centrado su objetivo en mayoristas y transportistas del sector de la alimentación, ante la sospecha de que tengan empleados sin contrato o trabajando al mismo tiempo que cobran la prestación por desempleo. La operación ha dado sus frutos, puesto que además de la identificación de las personas anteriormente citadas, se han inspeccionado 33 vehículos de transporte de mercancías perecederas y se han impuesto diversas sanciones a varios conductores que no llevaban encima la documentación que exige la ley en estos casos. El siguiente paso será el de investigar a las empresas en cuestión, que tendrán que justificar ante la Inspección todo lo relativo a estos trabajadores y su situación laboral.

Como han recordado desde la Guardia Civil, además de la correspondiente sanción administrativa todos los que hayan trabajado mientras cobraban el paro estarán obligados a devolver las ayudas, que recibieron de manera ilegal. Esta operación es una de las tantas que el Cuerpo tiene pensado organizar con el fin de prevenir y evitar que este tipo de fraude se siga propagando por toda la provincia.