La sentencia da la razón a los demandantes, por lo que anula los nombramientos de las direcciones de servicio de Secretaría Técnica de Personal y Seguridad, de Secretaría Técnica de Economía, de Dirección de Servicio de Gestión de Recursos, Dirección de Servicios de Distrito, Dirección de Servicio de Deportes, Dirección de Servicios de Medio Rural, Dirección de Servicio de Secretaría Técnica de Servicio al Ciudadano, Dirección de Servicio de Infraestructura.

Los técnicos municipales apuntan a este respecto que, para la defensa de este procedimiento, el Ayuntamiento contrató al Bufete Sagardoy, “con el coste que ha supuesto para las arcas municipales”. Añade que esto demuestra “la nefasta gestión de personal llevada a cabo por el gobierno municipal de la señora García-Pelayo, que ya tuvo una sentencia, la del ERE, que lo calificaba de absoluta arbitrariedad y ahora está de lesión de derechos fundamentales”.

REACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Desde el Ayuntamiento, la reacción ha llegado en boca de su primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Antonio Saldaña. Destaca que esta sentencia no afecta al funcionamiento de los servicios, y que una vez registrado el acuerdo convenio, “se iniciarán, dentro de las posibilidades legales, los procedimientos de funcionarización y consolidación, todo ello con el objetivo de  prestar el mejor servicio al ciudadano”.

PSOE

Desde la oposición, el Grupo Municipal Socialista ha sido esta vez el primero en reaccionar. A través de un comunicado asegura que “una vez más la Justicia ha desautorizado a la señora Pelayo por no respetar y aplicar la legalidad en las decisiones que está adoptando a lo largo de esta legislatura y en este caso  concreto en lo referente a materia de personal, ya que hemos tenido conocimiento de que el Juzgado de lo contencioso ha declarado nulos los nombramientos de altos cargos que fueron motivo de denuncia pública por parte de este grupo municipal”.

“Esta decisión de la justicia pone de manifiesto una vez más la arbitrariedad con la que actúa la señora Pelayo en materia de personal en este Ayuntamiento y, de hecho, basta recordar que ya ha recibido varias sentencias judiciales en las que hasta tres instancias judiciales se han pronunciado en su contra”, añade.

El escándalo saltó hace casi dos meses cuando la Junta de Andalucía requirió al Ayuntamiento la nulidad del nombramiento de 11 altos cargos que, a juicio de la administración regional, se había llevado a cabo de manera irregular y sin atender al procedimiento legalmente establecido. El ejecutivo local anunció entonces que prepararía una batería de alegaciones que respaldaran su actuación, y que como ha podido saber Reporteros Jerez ya se ha hecho llegar a la Junta a la que no solo no ha convencido, sino que incluso ha puesto en marcha todos los resortes necesarios para el comienzo de un posible litigio entre ambas administraciones.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Cádiz, el escrito remitido por el Ayuntamiento no ha satisfecho las expectativas ya que no contiene ninguna resolución de la alcaldesa a lo que se le solicitó; es decir, “ni acata ni rechaza el requerimiento de nulidad de los nombramientos, sino que se limita a adjuntar una serie de informes suscritos por técnicos municipales, que tratan de demostrar que el procedimiento es ajustado a Derecho”. Como insisten desde el gobierno regional, el primer requisito indispensable para poder optar a una plaza por concurso (tanto ordinario como de libre designación) es que el aspirante tenga la condición de fijo, ya sea funcionario de carrera o laboral. Sin embargo, en el caso de estos nombramientos los 11 corresponden a laborales no fijos, lo que los invalidaría. 

Llegados a este punto, la Consejería de Hacienda y Administración Local ha decidido consultar con sus servicios jurídicos la posibilidad de, por un lado, realizar un nuevo requerimiento al Ayuntamiento en los mismos términos y, por otro, iniciar un litigio para que el asunto termine por dirimirse en los tribunales. La alcaldesa, por su parte, durante todo este tiempo ha defendido el procedimiento adoptado para los nombramientos al tratarse de personal de libre designación, al tiempo que ha acusado al delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, de “intoxicar y poner zancadillas a un gobierno que está trabajando con la mejor voluntad”.

El delegado del gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha echado más leña a un fuego que no hace sino engordar a pasos agigantados retando a la alcaldesa de Jerez a que le lleve a los tribunales. El socialista se ha vuelto a referir a la polémica surgida a raíz del requerimiento de nulidad por parte de la administración autonómica de 11 nombramientos de altos cargos municipales, lamentando el enfrentamiento que ambas partes siguen alimentando. “No es agradable que García-Pelayo, en un estado permanente de nerviosismo, esté continuamente atacando a este delegado en lo personal. A mí me han llegado informes jurídicos de la Junta que dicen que hay un problema en el Ayuntamiento de Jerez, como lo hay en muchos otros. Yo le pido que se tranquilice, porque existe un procedimiento que hay que cumplir y los técnicos de la Junta lo acordaron con los técnicos municipales para hacerlo bien”.

A juicio de López Gil, este no puede ser motivo de continua confrontación entre dos administraciones, ya que se trata de una simple obligación de corte administrativo que hay que cumplir. Por ello, tiende incluso la mano a la primera regidora jerezana a la que invita a dialogar para dirimir estos asuntos, si bien no puede evitar lanzarle uno de sus dardos. “Es muy grave decir que yo utilizo a los ciudadanos de Jerez para hacer daño. Eso tiene un nombre jurídico muy claro, que me lleve a los tribunales. Nadie puede decir ‘o yo, o el caos’, eso es de personas que no respetan la democracia. La alcaldesa tiene que tener la suficiente altura”. A pesar de esta últimas palabras, el delegado concluye pidiendo “disculpas” a García-Pelayo si “ha visto que existe una intencionalidad política con todo ello, porque no la hay”.

El gobierno local lo tiene meridianamente claro; por ello, pese a la decisión de la Junta de Andalucía de requerir la anulación de 11 nombramientos de altos cargos municipales por su “arbitrariedad”, el Ayuntamiento seguirá adelante y prepara un escrito de alegaciones con el que oponerse frontalmente a la determinación autonómica. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha ratificado lo que ya adelantara ayer Antonio Saldaña defendiendo unos nombramientos que se han realizado “siguiendo criterios jurídicos y no políticos, de acuerdo con los técnicos de la Junta”. No obstante, la edil ha recalcado que se trata de “decisiones de transición”, en tanto en cuanto el Consistorio no disponga de los funcionarios necesarios para la reestructuración total de la plantilla.

“Son ganas de intoxicar y poner zancadillas a un gobierno que está trabajando con la mejor voluntad. Hay que poner orden en las cuentas y en la plantilla, los ciudadanos demandan transparencia pero el PSOE se mueve mejor en el caos. Habrá que preguntarle al delegado del gobierno de la Junta en Cádiz, López Gil, si prefiere las políticas de Pacheco que han terminado en los juzgados con una condena a que se adopten decisiones por el cumplimiento de la ley”. En lo que respecta al tiempo de duración de estos nombramientos, la alcaldesa ha preferido no aportar plazos ni fecha concretas, asegurando que “estarán el tiempo necesario hasta que exista personal”. 

Otro de los asuntos de candente actualidad a los que se ha referido García-Pelayo ha sido a las protestas de los vecinos de la zona centro, a raíz de la reactivación del botellón en sus calles. La primera regidora ha confirmado que el delegado de Seguridad, Javier Durá, se reunirá con ellos el próximo lunes y ha trasladado su intención de acudir a la interposición de multas “como último recurso”. “Desde aquí les pido disculpas a los vecinos y les digo que trabajaremos intensamente con la Policía Local. Tenemos que cumplir la ley, porque no se puede beber en la calle pero también hay que transmitir a los jóvenes que existen otras alternativas de ocio. Estamos intentando convencer antes que multar, pero si es reiterativo no habrá alternativa…”.

SANZ DEFIENDE LA REFORMA LOCAL

El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, ha comparecido junto a la alcaldesa y ha centrado su intervención en la defensa sin ambages del Estatuto Jurídico que regulará las relaciones de los ayuntamientos con las Entidades Locales Autónomas. A su juicio, esta reforma supone “un ejercicio de estabilidad y competencias muy importante”, que no contribuirá como denuncia el PSOE a la desaparición de las ELAs y las mancomunidades sino que “limitará el sueldo de cargos públicos y supondrá un ahorro”, además de acabar con la “multiplicidad” de la administraciones. “Esta ley garantizará el mantenimiento de servicios y de empleo. Si la Junta siguiera sin pagar habría problemas, pero con esto se apostará también por la financiación”, ha sentenciado el popular.

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El Grupo Municipal Socialista asegura que la resolución de la Junta de Andalucía en la que ordena anular el nombramiento a dedo de 11 altos cargos del Ayuntamiento por parte del PP confirma la arbitrariedad con la que actúa el Gobierno municipal y la chapuza de su gestión en materia de personal, que ya fue objeto de denuncia por parte de este grupo municipal. De hecho, la decisión de la Junta se atiene estrictamente al cumplimiento de la legalidad y, por tanto, cuando una decisión adoptada por la Junta Local de Gobierno no cumple con la ley como es el caso, el incumplimiento es rotundo y no porque el PP le quiera dar el carácter de provisionalidad a esos nombramientos, la ilegalidad se puede permitir.

“Lo que es ilegal, por tanto, no se puede acordar con técnicos de la Junta”, tal y como ha declarado Saldaña, porque “la ley está para cumplirla en todos sus términos y no se puede trasladar la responsabilidad de estos hechos a la Administración autonómica”. “Es obvio que el PP confunde  la manera arbitraria y no ajustada a derecho que tiene de resolver los temas de personal, la RPT (Relación de Puesto de Trabajo) y los nombramientos de altos cargos. Y, como muestra de ello, cabe recordar por ejemplo el nombramiento de un consejero en la sociedad que gestiona los Montes de Propios (Ememsa) y que el Juzgado de lo Mercantil declaró nulo tras la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista”.

La decisión de la Junta no se puede considerar “ni una bronca política ni un ataque a Jerez”, sino que “evidencia la arbitrariedad de las decisiones municipales de la que el PP sigue dando muestras de forma permanente en esta legislatura”.

Los procedimientos de acceso al empleo público son por capacidad, libre concurrencia y publicidad, con lo que  la provisión de puestos de trabajo son para los empleados públicos que ya tienen la condición de funcionarios. “La rumorología, a la que tanto aludir al Gobierno de la señora Pelayo, no es ningún criterio objetivo para la gestión en la Administración”. Las fuerzas sindicales, entre éstas la ATMJ, recurrió el procedimiento y ha tenido una resolución favorable. “La Junta ha tomado una decisión para velar por el cumplimiento de la legalidad vigente, algo que el PP no termina de aceptar ni de asumir”, finaliza el PSOE en su comunicado.

Hasta el 30 de septiembre tiene el Ayuntamiento de Jerez  para anular el nombramiento de once trabajadores aprobados por libre designación el pasado mes de febrero en una junta de gobierno local. Según la Junta de Andalucía -que ha analizado la situación de hasta 25 trabajadores- estos 11 nombramientos “no cumplen las condiciones para poder concursar a los mismos ya que es personal laboral indefinido no fijo en esa administración”.

El expediente se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Técnicos Municipales (ATM) por presuntas irregularidades y hoy mismo el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, ha hecho referencia a la resolución del expediente. Según el político, las personas afectadas “son del PP o se han pasado al PP recientemente”.

Si el Ayuntamiento no acata la orden de la Junta de Andalucía podría enfrentarse a una nueva denuncia en el apartado de personal en el juzgado de los Contencioso-Administrativo.