“El PP y la señora alcaldesa se han colocado delante de sus narices un palo y una zanahoria y ya solo visualizan llegar a mayo en las mejores condiciones para su partido, no para los jerezanos y su Ayuntamiento”, ha advertido, asegurando que “el problema no es tener deudas, es tener una administración local totalmente paralizada y sin reacción para generar ingresos y ahorros con los que pagar esas deudas que genera la prestación de servicios por parte del Ayuntamiento de un territorio singular muy mal financiado por las administraciones competentes”. “Al gobierno local, que no paga nada, le da igual que el Presupuesto se desvíe del Plan de Ajuste que él mismo aprobó en pleno hace unos meses en casi 6 millones; le da igual que incumpla la Ley de Estabilidad Presupuestaria; le da lo mismo que la Intervención diga que los sobresueldos (gratificaciones, productividades…) sobrepasan el límite legal… Este gobierno local amortizado es la irresponsabilidad personificada y ya no vale culpar a los demás de la incompetencia propia.

“Si están al frente del Ayuntamiento es para que resuelvan los problemas, no para que hagan como que los resuelven y cuando fracasan una y otra vez se escuden en la socorrida herencia de gobiernos anteriores”, ha enfatizado la concejal y diputada. En este sentido, Rocío Montero advierte de que el Presupuesto incumple la ley al incluir incrementos de retribuciones de personal y al aumentar en un 32%, por ejemplo, las productividades a través de un nuevo régimen que hace que la partida para este gasto crezca en más de 800.000 euros. Asimismo, el Presupuesto también da exclusividad al 100% a otro concejal del PP, pese a que la ley de reforma local que aprobó Rajoy prohíbe expresamente que haya más concejales con dedicación exclusiva que los había a 31 de diciembre de 2012.

El Ayuntamiento señala que esta nueva ordenanza nace de la necesidad de adaptar la normativa municipal reguladora de la publicidad a la realidad actual en dicha materia, ya que la vigente ordenanza fue aprobada hace 28 años y está desactualizada. Como novedades, la nueva normativa contempla la posibilidad de regular todos los soportes publicitarios, evitando el vacío legal que impedía al Consistorio corregir casos de mal uso de esta publicidad.

Aunque en la ordenanza, con carácter general, se prohíben los rótulos publicitarios en las azoteas de los edificios, el Ayuntamiento está tramitando la modificación puntual del PGOU de Jerez, relativa a cuestiones de normativa urbanística. Con esta modificación, el Ayuntamiento motivadamente podrá, “de manera excepcional y en atención al interés general”, aceptar propuestas de implantación de elementos singulares en edificaciones y espacios públicos que contribuyan al embellecimiento de la escena urbana.

Uno de los aspectos más significativos de la ordenanza, sin embargo, es que no permite la colocación de octavillas publicitarias y similares en los vehículos estacionados en la vía pública. El gobierno local asegura que esta restricción “recoge la queja de la ciudadanía, a causa de la invasión que sufren en sus vehículos, por la publicidad vertida en sus parabrisas, que se agrava los días de lluvia, encontrándose a veces situaciones de deterioro o falta de higiene”. No obstante, el Ayuntamiento aclara que al encontrarse en exposición pública, y, por tanto, en período de alegaciones, el texto definitivo de la ordenanza recogerá las modificaciones derivadas de aquellas alegaciones que sean estimadas.

Las alegaciones presentadas por la ONCE hacen referencia al traslado de los perros guías en los vehículos, al transporte de cochecitos de niños y de sillas para personas con discapacidad así como a que las tarifas estén escritas en sistema braille y macrotipos. En cuanto a las alegaciones presentadas por uno de los profesionales del taxi, las mismas hacen referencia a la autorización para vehículos de más de cinco plazas y los datos que deben aparecer en la tarjeta de identificación del conductor.

La ordenanza concreta aspectos de competencia municipal de ordenación y gestión en materia de taxi que no vienen recogidos en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, aprobado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía en febrero del año pasado.

Desde el Ayuntamiento se asegura que “garantiza la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio; el equilibrio  entre la suficiencia del servicio y la rentabilidad del mismo; la universalidad, la continuidad y la sostenibilidad del servicio; la accesibilidad en el transporte público como elemento básico para la integración social de las personas y la superación de barreras. Igualmente se basa en la coordinación con los demás modos de transporte público y la búsqueda de la complementariedad con los mismos así como el respeto de los derechos y obligaciones recíprocas de las personas usuarias y de los conductores de los vehículos”.

“Voy a pedir todos los amparos posibles, porque la derecha tratará de mantener esta vía de tratar de laminarme, y tendrán que dar pie a un recurso por el que empieza una larga lucha judicial”. Así explicaba hoy el líder y portavo del Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, el proceso que se ha iniciado con las alegaciones que ha presentado esta mañana su formación en contra del procedimiento abierto por el gobierno local de Jerez para propiciar la expulsión de los dos ediles inhabilitados (el mismo Pacheco y José López) por la sentencia del ‘caso de los asesores’.

Con su sorna habitual -”se ve que la derecha teme tanto a Pedro Pacheco y al ascenso del Foro que solo se les ocurre provocar este tremendo disparate”, ha dejado caer en varias ocasiones-, el exalcalde ha dado a conocer hoy el documento de 15 páginas que recoge todas las objeciones al “atropellado procedimiento” abierto para su expulsión en aplicación de la Ley Electoral que impide que un concejal inhabilitado se pueda mantener en el cargo, incluso aunque la sentencia no sea firme -en su caso se ha recurrido al Tribunal Supremo-.

De esta forma, las alegaciones del Foro Ciudadabo argumentan que el procedimiento iniciado para su destitución es “nulo de pleno derecho, atentatorio contra los derechos fundamentales, y dictado con clara desviación de poder”. Para ello, se basan en cuestiones como que el informe de la Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno “no se sostiene en punto alguno, pues esta señora claramente se extralimita en sus funciones decidiendo por su cuenta sobre el procedimiento a seguir y emitiendo informes no preceptivos y mucho más apartándose de la Junta Electoral Central, a la que se tenía que haber remitido la sentencia”.

Es decir, como ha apuntado hoy Pacheco, para elaborar el informe que se ha utilizado para su expulsión “la señora secretaria, no sabemos con cuántas presiones, ha procedido no solo excediéndose de sus funciones, sino que además se ha arrogado competencias interpretativas que solo corresponden a los tribunales”, ha dicho.

Por si fuera poco, en sus 15 folios de alegaciones se deja claro que la decisión municipal infringe los artículos 23.1 y 2 de la Constitución Española, en relación con los artículos 16, 20.1.a) y 22 del mismo texto, así como los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el artículo 3 del Protocolo núm. 1 del citado Convenio.

Del mismo modo, el Foro Ciudadano cuestiona en sus alegaciones que se le haya aplicado esta reforma de la Ley Electoral de forma retroactiva cuando la modificación realizada en 2011 en la norma tenía “el claro objetivo de aislar de los órganos democráticos a los entornos etarras o proetarras, pero con un sentido claro de la Ley: de futuro”. Según recalcan, y así se recoge literamente en el documento registrado hoy, el sentido de la ley es que “a partir de las elecciones locales que se celebren tras su entrada en vigor pero no con efecto retroactivo, no para anteriores elecciones, quienes vayan a presentarse a las elecciones no pueden haber sido condenados por cometer delitos contra el Estado. No es una Ley para anteriores elecciones”.

Tampoco olvida el documento hacer hincapié en que mientras la sentencia no sea firme no pueden ejecutarse decisiones que vayan en contra del principio de presunción de inocencia. “No caben las ejecuciones anticipadas de sentencias en nuestro código penal”, dicen las alegaciones, al tiempo que recuerdan el intento de expulsión mientras hay puesto un recurso de casación “viola la Ley de Enjuciamiento Criminal”.

Por todo lo anterior, en sus alegaciones Pacheco y el Foro exigen que se ordene “la inmediata cancelación y archivo de este procedimiento administrativo”. En paralelo, el portavoz municipal de la formación ha asegurado que tanto él como el otro concejal de Foro Ciudadano afectado “nos reservamos el derecho de emprender las acciones legales oportunas frente a los responsables de la apertura y tramitación de este procedimiento”.

Ahora queda esperar la respuesta del gobierno municipal a las alegaciones que, como el propio Pacheco adelanta, serán seguramente para rechazarlas. Por eso, si esto es así y se mantiene abierto el proceso, el exalcalde ya ha apuntado que recurrirá a los estamentos necesarios, como el Tribunal Constitucional. Y lo hace así porque, como ha dicho, “el propio Foro Ciudadano nos lo ha pedido así, nos dicho que mantengamos el escaño y nos ha pedido que vayamos hasta el final y demostremos nuestra inocencia”.

PP: “SI TUVIERA DIGNIDAD, DIMITIRÍA”

La respuesta del PP no se ha hecho esperar. Ha llegado en forma de comunicado, en el que contempla las últimas intervenciones públicas “del ex alcalde condenado Pedro Pacheco sin sorpresa”, ya que, para los populares, “las huidas hacia adelante y hacia ninguna parte del todavía concejal del Foro son inherentes a la forma de actuar de este político, que nunca quiso aceptar que los jerezanos lo echaron de la Alcaldía después de años de derroches y mala gestión”.

Así, y tras conocer las últimas declaraciones provenientes de la sede del Foro, la secretaria general del PP de Jerez, Lidia Menacho, se ha limitado a señalar que, según consta en la sentencia de la juez, “Pacheco está condenado por pagar a sus amigos con el dinero de los jerezanos, por lo que si tuviera dignidad, dimitiría”.

La dimisión hubiera sido, a juicio de los populares, “la salida más respetuosa para un Pacheco vencido por la Justicia, que se encuentra atrapado y sin salida ante una condena que lo señala como prevaricador, y, en este sentido, la sentencia es clara: los dos concejales de Foro, Pacheco y López, están condenados por hacer uso del dinero público para lucro personal”. “Y esto –ha señalado la secretaria general-, no tiene vuelta de hoja, no puede hacer desaparecer la condena por prevaricación, por mucho que intente a la desesperada desviar la atención atacando una y otra vez al gobierno municipal, que nada tiene que ver con lo que le ha pasado”.

“Que no mezcle las churras con las merinas para confundir a la opinión pública –ha añadido-, porque el estar o no estar sentado en su banco del pleno municipal -al que ahora se quiere agarrar con Loctite sin respeto alguno por los ciudadanos, con cuyo dinero delinquió-, no le va a salvar de tener que cumplir su condena”.

Añaden que se encuentran ”revisando” los documentos que van a presentar. Cabe recordar a este respecto que el plazo de alegaciones concluye el próximo lunes.

El ex alcalde Pedro Pacheco ya anunció en su momento que no renunciará a su acta de concejal y calificó de “disparate” que el Pleno del Ayuntamiento aprobara el punto en cuestión, en el que se trasladaba a la Junta Electoral Central la presunta incompatibilidad para que siga ejerciendo sus funciones como concejal, algo que también afecta a su compañero de partido José López, condenado igualmente en la misma causa judicial.

Pacheco fue condenado a cuatro años y medio de prisión por contratar de manera que ha sido considerada irregular a dos compañeros de partido (también condenados) como asesores de empresas municipales y por malversación de caudales públicos. Los hechos se remontan al año 2005, cuando ocupaba el cargo de teniente de alcalde en virtud del acuerdo de gobierno con el PSOE tras la moción de censura que desbancó al PP de la alcaldía.

La Junta de Gobierno Local del pasado 15 de febrero aprobó el proceso para la celebración y el desarrollo de los Presupuestos Participativos en la ciudad en los años 2013 y 2014. Este proceso, que nace bajo el seno de los Consejos Territoriales de Distrito, se centra en la participación de los ciudadanos para proponer y decidir los proyectos que se pueden ejecutar, desde la perspectiva de la viabilidad técnica, y la disponibilidad económica, siendo el consejo Territorial de cada distrito el órgano fiscalizador de los Presupuestos Participativos.

Los Presupuestos Participativos permitirán a los ciudadanos tomar decisiones referentes a la priorización del gasto en el presupuesto municipal. Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio.

El procedimiento establece que los Presupuestos se organizarán en siete distritos, estableciéndose un censo con los vecinos empadronados en cada uno de los mismos, Norte, Oeste, Centro, Sur, Este, Noreste y Rural.

Las propuestas que se presenten deben ser de competencia municipal, encontrarse localizadas en el distrito donde el vecino se encuentre empadronado y versar sobre formación, actividades culturales y festivas, inversiones de obras pequeñas, parques infantiles, arbolado y jardines.

El proceso contará con diversas fases:

-Una fase informativa, en la que se activará una campaña de difusión de cara a la ciudadanía.

-Una fase de presentación de las propuestas, en la que cada vecino mayor de 16 años podrá presentar sus propuestas localizadas en su distrito en su correspondiente Asamblea de Distrito.

-Fase de selección de propuestas. El Consejo Territorial de Distrito estudiará las propuestas presentadas y el plenario del Consejo votará hasta 10 propuestas para pasar a informe técnico.

-Fase de estudio técnico. Que determinará las propuestas que son viables.

-Fase de difusión de las propuestas viables. Se informará a los vecinos que hayan presentado sus propuestas y a los ciudadanos de todo el distrito sobre las distintas propuestas.

-Fase de votación de las propuestas viables. Las 10 propuestas seleccionadas en cada distrito serán votadas por los vecinos del distrito mediante el procedimiento de consulta de opinión de manera telemática.

-Fase de selección de propuestas definitivas. Se elegirán un máximo de 5 propuestas de las que hayan obtenido un mayor número de votos, siempre que cuenten con la viabilidad técnica y la disponibilidad presupuestaria. El Pleno deberá aprobar para su ejecución las cinco propuestas de cada distrito.

-Fase de ejecución de las propuestas. Las propuestas deberán ser ejecutadas antes de junio de 2015.

Recuerda también que de todo ello dio cuenta tanto en las alegaciones presentadas a los Presupuestos Municipales de 2013 como en las alegaciones que se presentó a la RPT.

En lo que respecta a las alegaciones al Presupuesta Municipal, apunta que alertó de diversos contenidos de estas partidas por estimar que no cumplen con la legislación vigente. En concreto, destacó que  el Presupuesto “incumple el Plan de Ajuste aprobado por el gobierno del PP en marzo de 2012; incumple lo exigido en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado y, por último, advirtió que la plantilla presupuestaria y el documento de Relación de Puestos de Trabajo del Presupuesto contiene adscripciones provisionales y nombramientos que incumplen con la legislación reguladora”.

Apunta que los Presupuestos Generales del Estado respecto a las retribuciones del personal municipal establece que para el año 2013 “no se podrá incrementar la masa salarial y tampoco podrá existir incrementos de las retribuciones de los empleados públicos, salvo que el incremento obedezca a los supuestos casos específicos”. Añade que si se analiza el Capítulo I de gastos del Presupuesto de 2012 y se compara con el Presupuesto de 2013, “encontramos que la RPT ha supuesto un incremento de las retribuciones de un gran número de empleados y ello se demuestra ya que  la aplicación de la eliminación de los pluses del convenio suponía un importe de 15,8, lo que sumado a la reducción de 10,3 millones por el ERE, supondría  una reducción de 26,1 millones  y finalmente se ha quedado en una reducción de gastos de personal del Ayuntamiento de 14,4 millones,  lo que quiere decir que la RPT ha supuesto una subida de retribuciones de alrededor de 12 millones de euros”. Todo ello, apostilla, “teniendo en cuenta que ha habido empleados municipales que han visto reducidas sus retribuciones, la cuantía de incrementos retributivos es aún superior a los 12 millones de euros”.

En cuanto a las alegaciones presentadas en lo que respecta a personal, explica que “se detectó que la plantilla presupuestaria y el documento  de Relación de Puestos del Presupuesto contienen adscripciones provisionales y nombramientos que incumplen la legislación reguladora”.  Concreta que en la documentación del Anexo de Personal del Presupuesto “aparecen empleados municipales adscritos a puestos de la RPT sin que haya sido como consecuencia  de la superación de los sistemas de provisión contenidos en la ley, es decir, el concurso y la Libre Designación”.

En cuanto a las alegaciones presentadas a la RPT, el Grupo Municipal Socialista aclara que en su día se denunció “la arbitrariedad en la valoración de los puestos, ya que existen puestos excepcionalmente valorados sin existir en el expediente  justificación alguna sobre ello, con lo que es evidente que el reparto de puestos se ha hecho a dedo”.

Además, el PSOE denunció que la RPT “contiene una adscripción de puestos de manera directa a todos los empleados, sin justificar porqué a unos trabajadores le dan un puesto más valorado que a otros, al margen de denunciar que los incrementos retributivos eran “arbitrarios e injustificados”.  “El gobierno de la señora Pelayo ha utilizado la RPT como un instrumento para premiar a los empleados afines al PP  en detrimento del resto del personal”, sentencia.

“La política de gestión de recursos humanos emprendida  por este gobierno municipal está siendo una caza de brujas para despedir y para premiar y castigar a los empleados que se quedan. Está haciendo del ‘amiguismo’ a política laboral del Ayuntamiento y mucho nos tememos que los próximos nombramientos vayan en la misma línea para favorecer a personal cercano a ese partido”, concluye.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Miriam Alconchel, ha presentado las alegaciones que el PSOE ha presentado a los Presupuestos Municipales de 2013, en las que se pone de manifiesto el desacuerdo con diversos contenidos de estas partidas por estimar que no cumplen con la legislación vigente. En concreto, Alconchel destacó que  “el Presupuesto incumple el Plan de Ajuste aprobado por el gobierno del PP en marzo de 2012; incumple lo exigido en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado; es antisocial al prescindir de la dotación presupuestaria suficiente para llevar a cabo las política sociales y el documento de Relación de Puestos de Trabajo del Presupuesto contiene adscripciones provisionales y nombramientos que incumplen con la legislación reguladora”.

Respecto al incumplimiento del Plan de Ajuste, Miriam Alconchel señaló que el Presupuesto de 2012 lo incumple en todo sus términos, ya que “ni la partida de ingresos ni de gastos coincide con lo estimado por el propio gobierno en este plan”. Aseguró que no prevé subida del IPC de los impuestos, salvo el IAE, mientras que  el Presupuesto 2013 prevé  subida del IPC de  todos los impuestos, “lo que demuestra que  el incumplimiento de las medidas del Plan de Ajuste, se hace recaer en los contribuyentes”. De igual forma, aseguró que el  Plan de Ajuste prevé ingresos patrimoniales por 7 millones de euros mientras que en el Presupuesto consolidado prevé ingresos patrimoniales por importe de 34. 586.364,09 euros.

Otro de los motivos que han sido objeto de las alegaciones es “el incumplimiento de lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado respecto a las retribuciones del personal municipal”. Alconchel explicó que para el año 2013 “no se podrá incrementar la masa salarial y tampoco podrá existir incrementos de las retribuciones de los empleados públicos, salvo que el incremento obedezca a los supuestos casos específicos”. Abundó en que  “si analizamos el Capítulo I de gastos del Presupuesto de 2012 y lo comparamos con el Presupuesto de 2012, nos encontramos que la RPT ha supuesto un incremento de las retribuciones de un gran número de empleados y ello se demuestra ya que  la aplicación de la eliminación de los pluses del convenio suponía, un importe de 15,8, lo que sumado a la reducción de 10,3 millones por el ERE, supondría  una reducción de 26,1 millones  y finalmente se ha quedado en una reducción de gastos de personal del Ayuntamiento de 14,4 millones,  lo que quiere decir que la RPT ha supuesto una subida de retribuciones de alrededor de 12 millones de euros. Todo ello, teniendo en cuenta que ha habido empleados municipales que han visto reducidas sus retribuciones, la cuantía de incrementos retributivos es aún superior a los 12 millones de euros”.

SILENCIO

Por todo ello, denunció que “el gobierno municipal silencia y oculta los datos económicos reales de la aplicación de la RPT, camuflándolos al presentarlos conjuntamente con la eliminación de pluses, además de no ofrecer la información correspondiente a los empleados que han visto incrementadas sus retribuciones”. Añadió que “con  la documentación del Presupuesto se desprende claramente que no todos los incrementos retributivos obedecen a las circunstancias que permite la ley   para el cumplimiento de la congelación salarial y, por lo tanto, el Capítulo I de gastos no incrementa la masa salarial, pero si contiene retribuciones  retributivas con respecto a las del ejercicio 2012”.

Alconchel hizo hincapié en el carácter “antisocial” de los Presupuestos, ya que hay  muchas partidas de gastos de naturaleza eminentemente social que se han visto reducidas con respecto a los presupuestado en 2012, entre las que destacó las destinadas a los mayores, juventud o centros de día, entre otras. Todas estas reducciones presupuestarias en programas eminentemente sociales, suman un importe total de 1.844.266.19 euros, aclaró.

“El Grupo Municipal Socialista -dijo- considera que la situación económica actual exige una intensificación de las actuaciones municipales en todos los ámbitos que tienen un impacto directo en los colectivos más necesitados, por lo que  no es aceptable que todas los Programas Presupuestarios no sólo no aumenten con respecto a 2012, sino que sufren una bajada, demostrando lo que importa al gobierno municipal estas políticas de actuación  y los colectivos ciudadanos a los que van dirigidas”. “Esto explica –añadió- que el gobierno aprobará en el último pleno una tasa de 7 euros para los mayores que quieran disfrutar de los programas de envejecimiento activo”.

PERSONAL

Por último, Alconchel se refirió a las alegaciones presentadas en lo que respecta a personal, ya que se ha detectado que la plantilla presupuestaria y el documento  de Relación de Puestos del Presupuesto contiene adscripciones provisionales y nombramientos que incumplen la legislación reguladora.  De hecho, explicó que en la documentación del Anexo de Personal del Presupuesto, “aparecen empleados municipales adscritos a puestos de la RPT sin que haya sido como consecuencia  de la superación de los sistemas de provisión contenidos en la ley, es decir, el concurso y la Libre Designación”.

Además, matizó que también se detallan empleados municipales con asignación a puestos que tampoco ha sido como consecuencia  de la superación de los sistemas de provisión de concurso o de libre designación, sino por unas comisiones de servicio que no cumplen con lo  con la normativa en lo que respecta a promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y ello porque este sistema de provisión provisional y excepcional es sólo de aplicación al personal funcionario y nunca al personal laboral y, además, han de ser llevadas a cabo exclusivamente para cubrir puestos que han quedado vacante tras un concurso de méritos.

Alconchel mantuvo que “el carácter provisionalísimo que el gobierno municipal predicó sobre ellas, impide que se incluyan en el Presupuesto General para 2013, pues dichos puestos se supone que van a ser cubiertos por los empleados que superen los sistemas de libre designación y concurso de méritos, que el Gobierno municipal dice van  a ser convocados y resueltos en un corto espacio de tiempo”.