La hermana mayor de la joven asesinada Miriam Tamayo comparecerá este jueves ante la jueza de Violencia de Género, poniendo fin así a la ronda de testigos que han sido llamados a declarar en el marco de la instrucción del caso. Marcos Rodríguez, abogado de la familia de la víctima, ha confirmado este hecho explicando que la chica no ha podido acudir hasta ahora a los juzgados por encontrarse en Mallorca, donde reside de manera habitual. Aunque el letrado ha asegurado no saber en qué consistirá la declaración de esta última testigo, puesto que “desconozco lo que le preguntará la jueza”, ha manifestado que alberga ciertas esperanzas de que su testimonio pueda aportar algún dato revelador que termine de consolidar la acusación contra la expareja de la fallecida, Germán J. G.

“A lo mejor ella sabía algo de la hermana que nos pueda ayudar, alguna confidencia con respecto a él o algo que le pudiera haber contado, puesto que tenían una relación muy estrecha”. Una vez que se cierre el capítulo de los testigos, la instrucción seguirá su curso con las pruebas periciales, entre las que se incluyen las psiquiátricas que se realizarán al procesado con el fin de establecer su estado mental y si éste se encontraba influido o no por el consumo de algún tipo de sustancia en el momento del crimen. El informe forense también resultará determinante en esta fase, y Rodríguez ha adelantado que lo estudiará atentamente ya que la calificación del delito como presunto asesinato (que es lo que el letrado persigue) dependerá en gran medida de cómo se infringieron las heridas a la chica.

Hace ya dos meses que los padres de Miriam, María José y Pepe, pasaron por el trance al que se enfrentará mañana su hija mayor en el Juzgado de Violencia de Género. A la salida de su declaración, la pareja dedicó unas palabras a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, con las que visiblemente emocionados quisieron animar a todas las mujeres víctimas de maltrato a que denuncien sin demora lo que les está ocurriendo. “No nos pueden devolver a Miriam, pero lo que queremos es que no le vuelva a pasar a nadie más”, sentenciaron.

“Justicia para Miriam” y gritos de “¡Cobarde!” han sido las expresiones más aclamadas durante la marcha que unas 300 personas han protagonizado desde el domicilio de los padres de la joven asesinada hasta el Ayuntamiento. Ciudadanos de a pie y fundamentalmente vecinos y conocidos de la chica han querido arropar de este modo a la familia, en una manifestación que también ha contado con la presencia de buena parte del gobierno local, incluida la alcaldesa, que han preferido no encabezar la comitiva ocupando un discreto segundo plano entre la multitud. María José García-Pelayo, no obstante, ha tenido palabras para la víctima y los suyos ahondando en el sentido de la manifestación.

“Hoy había que estar aquí, porque aunque Miriam haya muerto su recuerdo no debe morir. Debemos implicarnos todos en mantenerlo vivo y reclamar que su muerte sea la última, que se haga Justicia y nos unamos contra la violencia. Nosotros nos volcaremos con la familia, que han perdido a su hija pero que tienen un pueblo que les apoya”. Los manifestantes se han expresado de manera más drástica, y más de una vecina de los padres de la joven ha pedido que se pague al presunto autor del crimen con la misma moneda. “Queremos que pague lo que tenga que pagar y que no salga a los dos o tres años”. “¡Que lo fusilen! -apostillaba otra ciudadana con voz queda- Que tenga una muerte lo más lenta posible. Es un criminal, y lo que tenían que hacer es fusilarlo y no meterlo preso. Que lo dejen morir lentamente”.

Los padres de Miriam, que han encabezado la marcha, apenas si han podido reprimir las lágrimas y se han mostrado muy agradecidos por el apoyo de sus vecinos. Junto a ellos se encontraba el pastor de la Iglesia Evangélica cuya fe profesan, que está siendo para ellos un pilar fundamental en el que apoyarse para intentar superar esta tragedia. Como se recordará, la chica de solo 21 años perdía la vida el pasado 12 de junio cuando fue abordada en plena calle por su expareja, Germán J. G., que le asestó presuntamente varias puñaladas provocándole la muerte.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón, W.F.C., como presunto autor de tres atracos a conocidos restaurantes de comida rápida en la ciudad. El arrestado accedía a los locales siempre a la hora del cierre para inmediatamente hacer uso de una enorme arma blanca, un machete de 51 centímetros de hoja, con la que amenazaba de muerte a los empleados para que le entregaran el dinero de la recaudación. El detenido hacía uso de una gran violencia, colocando la hoja de su arma muy cerca del rostro de sus víctimas, golpeando con gran fuerza el mobiliario del restaurante y amenazando a los empleados hasta que conseguía apoderarse del dinero de la recaudación.

Las investigaciones tomaron un nuevo rumbo después de la comisión por parte del arrestado de un nuevo asalto, en esta ocasión la encargada de uno de estos restaurantes fue asaltada en el parking de una conocida plaza de la ciudad cuando se disponía a ingresar el dinero de la recaudación en una entidad bancaria. Los agentes pudieron identificar al ahora detenido como el autor, no solo de este hecho, sino de otros dos delitos cometidos en distintos establecimientos. El hecho de que el individuo careciera de antecedentes penales dificultó notablemente la investigación aunque finalmente pudo ser identificado y arrestado antes de que pudiera cometer un nuevo atraco.

Plantación clandestina

El registro del domicilio deparó nuevas sorpresas a los agentes que, además de encontrar el machete que utilizaba para sus atracos, un arma de fuego sin los permisos oportunos y ropa con la que había cometido los asaltos (entre ella, una gorra muy característica), hallaron una plantación de marihuana totalmente equipada para el cultivo. Contaba con un completo sistema de ventilación mecánica cuyos tubos cubrían el techo, asimismo disponía de potentes lámparas ultravioletas dispuestas en los tabiques para favorecer el rápido crecimiento de las plantas que se encontraban dispuestas en multitud de macetas ordenadas por toda la dependencia.

Ante estos hechos se procedió a la imputación al detenido de un segundo delito, esta vez contra la salud pública, igualmente fue detenida por este delito la pareja del arrestado Sandra F.G. como presunta partícipe en el cultivo y tráfico de esta sustancia.

La investigación sigue abierta y se trabaja en averiguar si el detenido puede haber sido autor de otros delitos de similares características tanto en esta ciudad como en otras poblaciones.  La investigación ha sido dirigida por el Grupo I de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez, especializado en delitos contra el patrimonio.

En apenas tres semanas, cuatro individuos sembraron el pánico entre los dueños y trabajadores de gasolineras de toda la provincia y parte de Sevilla, que fueron víctimas de robos violentos perpetrados presuntamente por una banda que en breve se sentará en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez. Pedro C. C., Jonathan D. G., Fernando C. C. y Sebastián M. B. están acusados de haber cometido estos delitos valiéndose de coches que previamente habían robado; para dos de ellos, el fiscal pide 27 años y diez meses de cárcel, 26 años y medio para un tercero y 6,2 para el que se enfrenta a una pena menor.

Como consta en la calificación del fiscal, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, la captura de estos sujetos fue posible gracias al trabajo del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Comisaría jerezana, que abrió una investigación a raíz de una serie de robos violentos realizados en gasolineras y ventas del extrarradio de núcleos urbanos. Del operativo puesto en marcha se desprendió que una banda llevaba a cabo la actividad delictiva con turismos que robaban previamente sus integrantes, todos ellos de fabricación antigua evitando así la presencia de sistemas de antirrobo modernos. Para sus golpes, iban ataviados con sudaderas con capuchas y guantes con el fin de no ser identificados ni dejar huellas e intentaban que no duraran más de 10 ó 15 minutos, para que les diera tiempo a huir antes de que se hiciera efectivo el protocolo de aviso de las alarmas.

En todos los casos, los ladrones lograron hacerse con las cajas registradoras, además de la recaudación de otro tipo de máquinas como las expendedoras de tabaco. La vigilancia de los establecimientos y el estudio de las denuncias presentadas pusieron a los agentes sobre la pista de los procesados, en cuyos domicilios se encontraron efectos relacionados presuntamente con la comisión de estos delitos. A juicio de los investigadores y siempre según el fiscal, Pedro C. C., con un importante historial delictivo a sus espaldas, era el que llevaba la voz cantante y contaba con Jonthan D. G. como su mano derecha y brazo ejecutor de sus órdenes. Fernando C. C. y Sebastián M. B., también con antecedentes penales, están acusados de colaborar activamente con ambos.

Los delitos que se imputan a todos ellos sucedieron entre el 13 de octubre y el 8 de noviembre de 2011, un periodo durante el que presuntamente cometieron diversos robos de vehículos, que usaron para hacer lo propio en gasolineras, restaurantes y ventas. Los puntos en los que supuestamente actuaron son Jerez, El Puerto, Chipiona, Puerto Real, Los Barrios, Tarifa, Vejer, Rota, El Cuervo, Chiclana, Trebujena, Arcos, Las Cabezas, San Cristóbal y Bornos, obteniendo en todos ellos un importante beneficio económico. Su forma de irrumpir en los establecimientos solía ser fracturando los cristales con mazas u otro tipo de armas, e incluso mediante el alunizaje si la estructura en cuestión se resistía. En alguna ocasión llegaron a amedrentar a los empleados y fueron sorprendidos por la Policía, logrando darse a la fuga.

El 8 de noviembre de 2011 no tuvieron tanta suerte, y tras una dura persecución por parte de la Guardia Civil fueron finalmente apresados. Por todo ello, el fiscal les imputa múltiples presuntos delitos de robo con fuerza, robo de uso, hurto, daños, robo con intimidación, atentado y constitución o integración en grupo criminal, modificando en cada caso la autoría concreta según la supuesta participación de cada uno en los hechos. Así, solicita 27 años y 10 meses de cárcel para los presuntos cabecillas, Pedro C. C. y Jonathan D. G.; 26 años y medio para Fernando C. C. y 6 años y 2 meses para Sebastián M. B. Los cuatro afrontan también multas a razón de 6 euros diarios que oscilan entre los 53 meses y los 92 meses de duración, sin olvidar las correspondientes indemnizaciones por daños a los afectados cuyas cuantías aún están por concretar.

Es un viejo conocido de la justicia jerezana puesto que, desde que su ex pareja se trasladara a esta ciudad, el conocido como ‘Papá Huelva’ ha emprendido una cruzada contra ella en los juzgados durante la que no ha dejado títere con cabeza y ha acabado condenado hasta en tres ocasiones por calumniar a dos magistrados. Ahora, el Juzgado de lo Penal número 1 tampoco le ha dado la razón en la última de las batallas judiciales, considerándolo autor de varios delitos y faltas infringidos sobre su ex y su hija, menor de edad, y por lo que deberá cumplir una pena de 7 años y 8 meses de cárcel.

Como consta en la sentencia, Mariano O. T. estuvo casado con la perjudicada de 1996 a 2001, año en que se produjo la separación matrimonial. Posteriormente, ella se trasladó a Jerez (residían en Huelva) con la hija de ambos, sobre quien tenía la guardia y custodia. A raíz de la ruptura y siempre según el fallo judicial, el condenado comenzó a maltratar psicológicamente a su ex pareja y también a su hija, llegando a infringirle a esta última malos tratos físicos. La sentencia está repleta de ejemplos en los que se ponen de manifiesto la violencia ejercida, con continuos insultos y amenazas a ambas, tanto a través de conversaciones telefónicas como en persona.

Entre otros, el individuo hostigaba continuamente a la menor asegurándole que cuando se topara en el punto de encuentro familiar con la madre de ésta, a la que tachaba de “golfa, subnormal y choriza”, le iba a “rajar como un cochino” u otras lindezas con expresiones soeces. Todo un rosario de despropósitos en el que se cruzaron las denuncias y que conllevó la detención del sujeto en una ocasión, en la que se le intervino un cuchillo de grandes dimensiones. La gota que colmó el vaso se produjo el 2 de marzo de 2007, cuando el condenado intentó llevarse a su hija por la fuerza del domicilio de la abuela, propinándole patadas y guantazos al tiempo que le dedicaba los mismos insultos que a su madre. La anciana, que intentó interponerse, también resultó golpeada.

Por todos estos hechos, el juez le ha condenado a 7 años y 8 meses de prisión como autor de un delito de maltrato psíquico y físico habitual sobre su ex conyúge y su hija; tres delitos de amenazas; cinco faltas de injurias; un delito de quebrantamiento de medida cautelar; un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica y una falta de amenazas. Además, no podrá acercarse a su ex en 7 años y 6 meses y a su hija en 11, ni podrá tener o llevar armas durante 10 años. A modo de indemnización, deberá pagarles 13.000 euros a ambas por los daños morales ocasionados.

Es una lacra difícil de erradicar. Los médicos de la provincia de Cádiz han sufrido más de 50 agresiones -físicas o verbales- en el desempeño de su profesión en lo que llevamos de año, según la estimación del Colegio Oficial. Son 26 las denuncias que esta institución está gestionando desde el pasado mes de enero pero son otras muchas las que no pasan necesariamente por este organismo.

Según el presidente del Colegio, Miguel Morgado, “la cifra se mantiene alta y si cambia con respecto al año pasado, es hacia arriba no hacia abajo”, explica. Uno de los motivos de ese temido repunte es que “la p0blación está más irritada”. Las áreas donde se producen más episodios violentos son las Urgencias y los centros de Atención Primaria, aunque ya se están registrando también algunas situaciones conflictivas en las consultas privadas. “Donde se pueden dar más casos es en Jerez, pero por la sencilla razón de que es donde hay más población. En las localidades pequeñas estos incidentes son más aislados pero también ocurren”, asegura Morgado.

Algunas de estas agresiones en la provincia han sido muy graves, como explica el representante de los médicos colegiados. “En una ocasión pretendieron romperle la cabeza al médico con la silla de la consulta”, cuenta Morgado. El caso más grave ocurrió hace algún tiempo en Murcia, donde una doctora de Urgencias murió asesinada en su puesto de trabajo.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), en sus estadísticas propias, tiene registradas 22 agresiones a profesionales sanitarios, hasta el mes de septiembre incluido, en la provincia de Cádiz. En el resto de la comunidad autónoma se ha tenido constancia de 162 casos. En 2011, los servicios jurídicos del SAS realizaron 242 asistencias letradas en toda la comunidad y se notificaron 174 sentencias condenatorias. Además, se notificaron nueve sentencias condenatorias por delito de atentado. La pena máxima de cárcel impuesta en Andalucía ha sido de dos años.

El último caso, en Chipiona

El último caso del que se tiene constancia en el Distrito Jerez-Costa Noroeste ocurrió en el centro de salud Tolosa Latour, en Chipiona. La víctima, una doctora que estaba trabajando en el área de Urgencias del centro, fue objeto de una agresión física así como de insultos por parte de una persona no identificada que exigió medicamentos para su pareja. La afectada, acompañada del director del centro de salud, presentó el mismo día una denuncia en la Comisaría. Inmediatamente, el SAS activó el protocolo de actuación existente para estos casos.

La importancia de la prevención

En el Colegio de Médicos, donde hay personal jurídico dedicado en exclusiva a estos casos, insisten en la importancia de la prevención de este tipo de situaciones. “Aconsejamos a nuestros colegiados que siempre denuncien las agresiones”, asegura Morgado, a la vez que solicitan a la Consejería de Salud que disponga de mayores medidas de seguridad y mecanismos de defensa en los centros sanitarios, como timbres antipánico y personal de seguridad. Recientemente, tuvieron un encuentro con el delegado de Salud, Ángel Acuña, en el que se abordó el problema. “Los sanitarios necesitan un lugar de trabajo seguro porque situaciones como éstas afectan a la dignidad profesional”, insiste el presidente del Colegio. A su juicio, “hay sistemas de protección en algunos sitios, donde parece que se dan más agresiones pero no es una circunstancia igualitaria para todos. Hay profesionales que se ven solos”.

Según el SAS, en la provincia existen 173 timbres antipánico, 1.144 interfonos y 89 teléfonos, así como 282 salidas alternativas, 85 videocámaras y 72 vigilantes de seguridad. A ello hay que sumar también la formación de los profesionales para saber reaccionar ante una posible agresión o acto violento. Salud tiene desde 2005 un Plan de Prevención y Atención ante las agresiones con el objetivo de reducir las posibles agresiones, al tiempo que ofrece asistencia jurídica y apoyo psicológico al profesional que lo necesite.

El Distrito de Atención Primaria Jerez-Costa Noroeste ha activado el Plan de Prevención y Actuación ante Agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que incluye asistencia sanitaria y jurídica, así como apoyo psicológico, ante un episodio de violencia sufrido por una médica del centro de salud Tolosa Latour de Chipiona.

Tanto el distrito como la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz desean mostrar su solidaridad y apoyo a esta profesional sanitaria que el pasado sábado sufrió, en el ejercicio de su labor en el área de urgencias, una agresión física, así como insultos por parte de una persona no identificada que exigió medicamentos para su pareja. La afectada, acompañada del director del centro de salud, presentó el mismo día una denuncia en la Comisaría.

La agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

Salud y Bienestar Social condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones.

El SAS pone a disposición de sus trabajadores un plan de prevención con el objetivo prioritario de reducir las posibles agresiones incorporando, además de un protocolo de actuación con asistencia jurídica y apoyo psicológico, una serie de herramientas tales como cursos de formación en manejo de situaciones conflictivas, adaptaciones de locales y ubicación de profesionales y análisis de las incidencias que se producen, entre otros.