Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia.

En la misiva dirigida a la Red Judicial de Consejos de Justicia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se informa de “los graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España”.

“Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción”.

El CGPJ alerta de que “el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes”.

“En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes”, le traslada.

Como soporte documental, le remite la declaración institucional adoptada el pasado lunes por el Pleno del CGPJ –con nueve votos a favor del sector conservador, cinco en contra del ala progresista y el voto en blanco del presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte– donde se advierte de que la aprobación de una ley de amnistía supondrá la “abolición” del Estado de Derecho en España.

Envía también el aprobado el jueves en una sesión extraordinaria por la Comisión Permanente, que cuenta con el respaldo de 12 vocales tanto conservadores como progresistas y un voto en contra de la vocal progresista Pilar Sepúlveda, donde el órgano expresa su “frontal oposición” a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto ‘lawfare’ y anticipa que actuará por “los cauces legalmente establecidos”.

El CGPJ pide a la presidenta que ponga esta comunicación y los documentos adjuntos “a disposición de los demás miembros y observadores de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, con la petición añadida de que la difundan en sus propios poderes judiciales”.

Según se refleja en esta guía, el “Zoo de Jerez es una pequeña institución pública, situado en el sur de España que realiza y colabora en variadas actividades de conservación, como la cría en cautividad del lince ibérico. Cuentan con instalaciones, fuera de la vista al público, para que las crías de lince ibérico estén monitoreadas, manteniendo y criando especies sustitutas (lince rojo) para la investigación, además de promover y dar a conocer el proyecto”.

Asimismo, esta guía recoge que el ZooBotánico de Jerez se compromete y colabora en la investigación de Especies Exóticas Invasoras y al menos diez especies nativas. También asegura que lleva a cabo otros proyectos de conservación libros genealógicos europeo, rescate y ex incubación in situ de los huevos de espátula de Eurasia, rescate e incubación ex situ de Montagu de Huevos Harrier, rehabilitación de búho real, restauración de la flora nativa, cría en cautividad de varias especies de buitres de la UE y programas de reintroducción, así como la cría en cautividad y reintroducción de Ibis Eremitas, entre otras iniciativas.

La coordinadora Zona Sur Existe ha anunciado hoy su decisión de no participar más en las comisiones consultivas del Plan Urban ni ningún otro organismo relacionado con el proyecto ya que, entre otras razones, “nuestras opiniones no son tenidas en cuenta y se vulneran los procesos”. Según ha explicado el portavoz del colectivo, Antonio Rivera, el colectivo ha presentado una segunda queja ante la Unión Europea por las “decisiones arbitrarias, unilaterales y caprichosas del Ayuntamiento”.

La gota que ha colmado la paciencia del colectivo ha sido la petición municipal de fondos del Plan Urban para arreglo y adecuación de la Laguna de Torrox, un proyecto que “no tendría cabida en el plan”, aseguran. Critican que el 75% de las inversiones estén dedicadas a infraestructuras y ladrillos mientras que apenas hay recursos para planes y programas “para trabajar con las personas”. Además, en el escrito solicitan que “se investigue la vulneración de la normativa comunitaria, el destino de los fondos económicos europeos y el estado de las actuaciones desarrolladas ya que después de haber invertido 7 millones de euros en la laguna y otros 10 en el plan Urban, es lamentable el estado del parque y la falta de finalización de otros proyectos”.

Señalan, por ejemplo, que el proyecto incluía la adecuación de dos aparcamientos por valor de 46.000 euros cuando finalmente lo gastado ha sido de más de 120.000, casi cuatro veces más. Esta actuación, además del Parque de la Igualdad y la reforma del mercado de Abastos de Federico Mayo -aún por concluir- son las únicas intervenciones visibles hasta ahora. “Cuando se supone que la inversión del Plan Urban era inamovible, nos enteramos por la prensa de que se iba a intervenir en la Laguna de Torrox, que es un proyecto que no responde a las necesidades reales de la zona sur”, asegura Rivera.

Unos barrios en ‘recrisis’

Mientras que el resto de Jerez padece los efectos de la crisis, “en la zona sur se vive la recrisis”, aseguran desde la Coordinadora. Los índices de paro son los más altos de toda la ciudad y la recesión económica actual no ha hecho sino ahondar la brecha que ya existía antes. El colectivo ha solicitado intervenir en el pleno municipal para explicar su malestar.”Hay muchas cosas por hacer en la zona sur, siempre hemos pedido planes de actuación social, inversión en educación, en coordinación con las administraciones públicas”, insisten.

Mientras que la primera queja fue presentada a través de Willy Meyer (IU), esta segunda llegará a la Comisión correspondiente del Parlamento Europeo con la intermediación de la socialista Mamen Sánchez. Desde la coordinadora reconocen que no tienen muchas esperanzas en los efectos de la protesta y que su signficado se asocia más al derecho de queja de los ciudadanos.