Esta iniciativa tiene como fin incentivar los valores, las habilidades sociales, los hábitos saludables, el desarrollo de la creatividad, trabajar las emociones, la convivencia, el apoyo escolar, el autocontrol, la comunicación y el trabajo en equipo de los/as menores dentro del ámbito familiar. Comprende zonas desfavorecidas del municipio y trabaja con familias que tengan menores en situación de vulnerabilidad.

Dentro de las líneas de trabajo, donde se llevan a cabo sesiones individuales y sesiones grupales, destacar en primer lugar la acción centrada en estudiar la situación de las unidades familiares, en segundo lugar se actúa con menores para estudiar las competencias emocionales y académicas en asignaturas de lenguaje y matemáticas, la tercera línea abarca sesiones con personas adultas en competencias digitales, y la última línea recoge distintas tutorías.

En resumen el Proyecto POPI, que finalizará en el mes de noviembre, se centra en reducir el absentismo escolar y contempla cuatro ejes: competencias familiares para mejorar sus dinámicas, competencias emocionales y académicas de los menores, competencias digitales de personas adultas, y competencias de trabajo colaborativo.

La delegada municipal del área de Ciudadanía y Bienestar Social, María José Muñoz, destacaba “la importancia de llevar a cabo esta iniciativa en Arcos desde el punto de vista de la inclusión social en menores con situación de vulnerabilidad”.

Dentro de los diversos proyectos que están en marcha merced a estas prestaciones, uno de los principales es la puesta en marcha de los comedores escolares, que, según aclaró ayer el Consistorio, volverán a ponerse en marcha durante el próximo curso académico y que tendrá un coste total de alrededor de 42.000 euros cargados al segundo semestre presupuestario.

Jerez es el municipio de la provincia que más necesita una inyección económica para hacer frente a todas las situaciones de emergencia social que padece. Ésta es una de las consideraciones llevadas a cabo por el Partido Socialista, que por boca de su secretaria local, Miriam Alconchel, ha exigido al Ayuntamiento que se acoja al nuevo decreto de la Junta de Andalucía contra la exclusión, que incluye aportaciones a las administraciones locales para atender circunstancias de extrema necesidad. En total, la financiación del gobierno autonómico alcanza los 120 millones para toda la comunidad, orientada a que en cada una de las localidades beneficiadas se lleven a cabo programas específicos de solidaridad, contratación a desempleados y alimentación.

Como ha explicado Alconchel, en el caso concreto de Jerez serían 1.600.00 euros los que el Consistorio recibiría para crear planes de acción social y aportar un refuerzo a la Ley de Dependencia para quien más lo requiera o garantizar comidas en comedores escolares o centros de día, entre otras medidas. La única condición sine qua non es tan básica como que el gobierno local solicite acogerse a este decreto, cuyo plazo de inscripción expira el próximo 18 de mayo. “No se puede desaprovechar esta ocasión, y en tiempos de crisis se debe invertir en los ciudadanos. Mientras Rajoy pide sacrificios y ve cómo nos morimos en la sala de espera, los progresistas ponemos 120 millones encima de la mesa. Solo espero que el gobierno local lo aproveche y no entre en la estrategia de desprestigiar y enturbiar las iniciativas de otros partidos”.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, no ha tardado en pronunciarse sobre este asunto aunque sin arrojar demasiada luz al respecto. Así, la primera edil ha informado de que la Delegación de Bienestar Social “está estudiándolo en estos momentos”, sin atreverse a dar ninguna respuesta a los requerimientos de la oposición. “Cuando tengamos un planteamiento claro ya lo diremos. Necesitamos que nos financien los servicios, porque muchas veces acabamos prestando servicios que corresponden a la Junta de Andalucía. No nos negamos a colaborar, pero todo tiene que estar financiado”.

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, acompañada de Isabel Paredes, delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, se han reunido con la presidenta provincial de Cruz Roja Española, Concepción García y el coordinador provincial, Javier Gil, con el objeto de trabajar en un protocolo de actuación para apoyar a familias que se encuentren en una situación de dificultad. Pelayo ha explicado que esta medida se enmarca dentro del convenio marco de colaboración que el Ayuntamiento y Cruz Roja firmaron (en julio de 2012) para el desarrollo de programas de actividades en materia de Servicios Sociales, Cooperación Internacional y Servicios Socio Sanitarios, así como de Servicios Preventivos.

El trabajo coordinado entre ambas instituciones permitirá que familias con especial dificultad puedan a acceder a una vivienda a través de un alquiler social. “Esta medida responde al trabajo coordinado dentro de actuaciones vertebradas que el Ayuntamiento pone en marcha con otras administraciones e instituciones; en este caso es con Cruz Roja con el objeto de  ayudar a familias vulnerables que necesitan una vivienda. Hace unos días nos reunimos con las entidades financieras firmantes del Fondo Social de Viviendas, y hoy lo hacemos con Cruz Roja. Vamos a seguir en esta línea de trabajo. Hay un problema grave en Jerez, como en el resto de España, de muchas familias que no pueden pagar sus viviendas y se quedan en la calle”, ha recordado Pelayo.

El protocolo de actuación establecerá que sean las personas que más lo necesiten las que accedan a estas viviendas de alquiler social. “Queremos poner en manos de los ciudadanos una batería de medidas en materia de vivienda para las familias que más lo necesitan”, ha subrayado la alcaldesa. Isabel Paredes ha recordado que, tal y como se pone de manifiesto en el Plan Estratégico de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social, “hoy en día es más necesario que nunca complementarnos y coordinarnos con las instituciones sociales, como en este caso con Cruz Roja, para lo cual hay que realizar protocolos de actuación ante determinados problemas emergentes que tiene la población”. Asimismo, ha lamentado que durante el Gobierno de Zapatero se aprobase un decreto en el año 2009 que daba luz verde a los desahucios ‘express’. “Estamos recogiendo los frutos de aquella política tan nefasta en materia de vivienda. Muchas familias que vivían en alquiler también han sido desahuciadas; los desahucios son desahucios sean por una hipoteca o de familias que viven de alquiler, porque ¿son menos que los que tienen una hipoteca? Me pregunto”.

De este modo, Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez pone en marcha este proyecto, firme en su objetivo de fomentar la inserción laboral y social. Así, durante un periodo de entre ocho a diez meses, desde marzo hasta final del 2013, se están formando a veinte personas, seleccionadas previamente por el equipo de Cáritas, en el área de la educación infantil. El perfil de los alumnos son desempleados de entre 18 y 30 años procedentes de los diferentes recursos de Cáritas Diocesana de Asidonia–Jerez, con conocimientos relacionados con el sector de la educación infantil o el área sanitaria, entre otros.

El director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, Francisco Domouso, y la responsable de Acción Social, Marián Pozo, han acudido a las instalaciones donde se desarrolla este proyecto, para saludar a los participantes, garantizarles todo el apoyo, y manifestarles la esperanza de Caritas en la utilidad del proyecto y explicarles  en qué consiste Cáritas, la labor que realiza, así como los diferentes ámbitos en los que actúa.

De este modo, el objetivo principal de esta nueva iniciativa formativa, denominada ‘Primeros Pasos’, es la búsqueda de mejora de la cualificación en el sector de la atención y educación infantil, mediante la formación, la realización de prácticas y la intermediación (guardería, ludoteca, centro de educación infantil, etc.), así como la realización de iniciativas de autoempleo.

Cáritas, mediante este proyecto, busca como objetivo final la posibilidad de que estas personas, una vez terminado el periodo de formación, adquieran experiencia en las prácticas profesionales que también están dentro de esta formación y se planteen la posibilidad del autoempleo, contando en todo momento con el apoyo de Cáritas. Sin duda, en una sociedad en la que el empleo se presenta como un gran problema, la posibilidad de tomar la iniciativa en este aspecto, puede ser la solución.

Una persona que sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a luchar en los tribunales para que le reconozcan una incapacidad, puede llegar a pagar hasta 10.000 euros en recursos gracias a la recién estrenada Ley de Tasas. Así de contudente y así de crudo lo han planteado un grupo de graduados sociales jerezanos, que han decidido comparecer ante la opinión pública para expresar su frontal oposición a la nueva norma y adherirse así a jueces, abogados y procuradores, argumentando que divide definitivamente el sistema creando “una Justicia para ricos y otra para pobres”. Antonio Ortega es el portavoz de estos profesionales, que como subraya han declarado su postura a título individual, explicando que en el caso de la jurisdicción social las tasas no se abonan en primera instancia pero sí en segunda, estableciendo una brecha económica importante difícil de solventar.

“Creemos que es injusto que una ley impida a algunos ciudadanos acceder a los tribunalespara reivindicar un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva. Con esta norma lo único que hace el Gobierno es poner cortapisas y crear ciudadanos de primera y segunda categoría”. Como recuerda Ortega, la supuesta finalidad con la que nace la controvertida ley no es otra que la de descongestionar los juzgados y reducir la litigiosidad, algo que a su juicio debería conseguirse con la inclusión de más medios materiales y humanos y no “delimitando un derecho constitucional”. Según el experto, no hay que olvidar que las personas que recurren en el ámbito de lo social luchan por su medio de subsistencia bien sea en forma de pensión, salario laboral o prestación por desempleo.

Por ello, consideran especialmente injusto que en esas circunstancias estos ciudadanos deban abonar unas tarifas “abusivas” que les impedirán batallar por lo que es suyo. En este sentido, los comparecientes ponen como ejemplo el de un joven de 25 años que por un accidente laboral quede incapacitado de manera grave, y se vea obligado a recurrir tras haberle sido denegada la pensión. En este caso, teniendo en cuenta que la tasa a pagar sería proporcional al montante total de la cantidad que solicita percibir (durante los 40 años siguientes que le corresponderían trabajar), la cifra podría alcanzar los 10.000 euros, algo inasumible para la mayoría de demandantes. Por todo ello, este grupo de graduados sociales ha decidido unirse a las protestas del resto de colectivos, con la esperanza de que si el Gobierno no da marcha atrás en su determinación sean los tribunales los que acaben tumbando una ley que supone “una aberración a la Justicia”.