El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, mantuvo esta semana una reunión con los adjudicatarios de las 125 viviendas protegidas para la Integración Social de Cerrofruto para informarles del estado actual en que se encuentra esta promoción de realojo, así como del procedimiento que se llevará a cabo para la entrega de las viviendas. La intención del Ayuntamiento es entregar los pisos a sus inquilinos en los primeros días de octubre.

En el transcurso de la reunión, el delegado les informó de las gestiones que se han estado realizando desde la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, para flexibilizar las condiciones de acceso a la promoción, dadas las dificultades económicas por las que atraviesan algunas familias adjudicatarias para hacer frente al pago de las rentas mensuales. En este sentido, Agustín Muñoz les anunció que en el momento de la firma del contrato, el adjudicatario solamente abonará la fianza equivalente a una mensualidad, que se depositará en el organismo autonómico correspondiente, y no tendrá que empezar a pagar la renta de alquiler hasta enero de 2014.

De esta forma, señaló Agustín Muñoz, “este gobierno está haciendo un gran esfuerzo para atender y dar respuesta a las distintas problemáticas sociales y, por tanto, quiere mostrar su sensibilidad con algunas de estas familias que en su día nos trasladaron su situación de precariedad y la dificultad que les supone hacer frente el pago de una nueva vivienda en el momento actual en que nos encontramos”.

Así pues, con esta medida, “flexibilizamos las condiciones de acceso y les damos un plazo razonable de varios meses para que tengan tiempo de hacer la mudanza e instalarse, antes de empezar a pagar las rentas mensuales”.

Asimismo, Agustín Muñoz apuntó que se ha tenido en cuenta también que estamos el época de inicio del curso escolar, por lo que las familias han tenido que hacer frente a un desembolso económico adicional.

En cuanto a las últimas gestiones que se están llevando a cabo para poder entregar las viviendas, Agustín Muñoz les explicó a los interesados que  se están realizando una serie de trámites con Endesa como paso previo a la obtención de la licencia de ocupación  y la calificación definitiva, que son requisitos necesarios para poder entregar las viviendas.

Características de II Fase de Cerrofrutos 

Esta promoción de Cerrofruto está enmarcada en un proceso de realojo, por lo que su  objetivo es el traslado de ocupantes de sus viviendas habituales a promociones nuevas para mejorar sus condiciones de habitabilidad. La II fase de Cerrofruto está situada en la avenida de La Libertad, y se compone de 125 viviendas protegidas para la Integración Social.

Está ubicada en un edificio de seis plantas de altura con un sótano para 96 plazas de aparcamiento; consta de seis viviendas de cuatro dormitorios; 75 de tres dormitorios; 32 de dos dormitorios y 12 de un dormitorio. Existen cuatro viviendas destinadas a usuarios de silla de ruedas y varias con baños adaptados para utilizarlas personas con algún tipo de movilidad reducida.

Las superficies medias útiles para las viviendas de cuatro dormitorios es de 89 m², las de tres dormitorios tienen una superficie útil de 69 m², siendo de 57 m² para las de dos dormitorios y de 43 m² las de un dormitorio.

Las rentas aproximadas determinadas para estas viviendas, para cuyo cálculo se ha tenido en cuenta tanto el destino de las mismas, realojo, como las circunstancias de los destinatarios, han resultado muy por debajo de las establecidas por la calificación definitiva, vienen a representar de un 45 a un 50% de estas. El precio de estos alquileres oscila entre 97 euros las de un dormitorio a 193,22 euros de cuatro dormitorios.

Esta promoción está calificada como de Viviendas Protegida en Régimen de Alquiler para la Integración Social, una figura que permite acogerse a subvenciones y subsidiaciones del préstamo. Al tratarse por tanto de una operación singular y de que el Ayuntamiento ha colaborado con la redacción del proyecto y la  dirección de obra, se les ha bonificado la renta mensual que tienen que abonar en un 50%.

Las familias jerezanas han presentado alrededor de 300 recursos ante la Delegación de Educación durante el proceso de escolarización, una cifra similar a la de años anteriores. Una tercera parte de ellos requieren investigación ya que vienen acompañados de la denuncia de un posible fraude o irregularidad de otro candidato. De hecho, en estas últimas semanas se están llevando a cabo las indagaciones -en las que suele participar la Policía Local para comprobar datos- y las resoluciones empezarán a llegar en breve.

Lo que sí es novedad este año es que han descendido el número de peticiones de medidas cautelares por motivos confesionales, ya que se han dado varias resoluciones judiciales contrarias. Ha aumentado, no obstante, el número de sospechas por posibles irregularidades en las declaraciones de las rentas para conseguir más puntos y, por tanto, la plaza escolar en el colegio deseado.La mayoría de los recursos, como suele ser habitual, se refieren a colegios concertados.

Como ya explicó a REPORTEROS JEREZ el abogado Manuel Luis Fernández, “hay familias que tienen hasta un punto por renta, que significa que cobran muy poco, y tienen un notable patrimonio o traen a sus hijos de una guardería privada cara. Es escandaloso”. Evidentemente, la crisis ha hecho estragos en muchas familias de un tiempo a esta parte y hay casos verídicos pero no es creíble que haya hasta 20 puntos por renta en una sola clase.

En cursos anteriores era la falsa domiciliación el principal motivo de reclamación, una variable que ha descendido en esta ocasión.

Si hace un par de cursos era la falsificación del domicilio habitual el fraude más común en las solicitudes de plazas escolares, una nueva modalidad se está abriendo paso este año. Se trata de la manipulación de la renta, criterio por el cual las familias pueden obtener puntuación para acceder al centro escolar deseado y que puede resultar crucial para el ingreso en muchos casos. Según el abogado Manuel Luis Fernández, que lleva años trabajando en este ámbito con muchas familias afectadas y que ya está recibiendo consultas, “se está convirtiendo en una nueva bolsa de fraude cuando, a mi juicio, este criterio no debería siquiera existir ya que la enseñanza pública es gratuita”.

En el caso de los trabajadores por cuenta ajena es más complicado que pueda darse el caso que, sin embargo, sí se está detectando en el caso de profesionales liberales, autónomos y empleados de empresas familiares que reducen las nóminas sobre el papel y declaran cantidades diferentes a las que realmente se cobran. “Hay personas que tienen hasta un punto por renta, que significa que cobran muy poco, y tienen un notable patrimonio o traen a sus hijos de una guardería privada cara. Es escandaloso”, cuenta el especialista. Evidentemente, la crisis ha hecho estragos en muchas familias de un tiempo a esta parte y hay casos verídicos pero no es posible que haya hasta 20 puntos por renta en una sola clase.

La cuestión económica depende de la Agencia Tributaria y no de la Delegación de Educación que simplemente recibe los datos y los evalúa.

También en domicilio

Aunque son ya menos, se siguen dando intentos de fraude por falsificación del domicilio habitual, una práctica que hace unos años era bastante llamativa. Alquileres de pisos en las zonas de influencias de los colegios elegidos, empadronamientos con abuelos y hasta poner la casa en venta eran técnicas utilizadas para obtener la puntuación. “La policía está haciendo bien su trabajo y está más controlado”, cuenta Fernández. Otra triquiñuela común era la monoparentalidad, que ya quedó solventada cuando el divorcio o la separación de los progenitores dejó de considerarse como tal.