En la jornada de ayer, el presidente del club mandaba a Paco Barea, delegado de campo del Xerez desde 2009, una carta en la que certificaba su despido alegando problemas económicos del club. Hasta hí, lo normal, ya que el propio Barea había solicitado la extinción de su contrato por impago de sus nóminas. En dicha carta viene certificado que el despido es improcedente, correspondiéndole a Barea una indemnización de 22 días por año, una cantidad que, obviamente, el Xerez no ha pagado al ya exdelegado.

Por desgracia, y teniendo en cuenta los precedentes en estos casos con Energy en el Xerez, que Barea no haya recibido un solo euro tras su despido no ha llamado la atención, ni tan siquiera al propio protagonista. Lo que sí llama la atención es que, tras cinco años y cuatro meses con contrato en el Xerez CD, al exárbitro no le corresponda prestación por desempleo.

Lo denunciaba ayer el propio Barea, quien, al acudir a las oficinas del SAE, recibió una noticia que no esperaba; no ha cotizado lo suficiente en esos años. Y es que, el que haya ejercido durante las últimas temporadas como delegado de campo, haciendo también algunas labores en la cantera y, ya en los últimos meses, encargándose prácticamente de todo, tenía una situación contractual algo “interesante”: cobraba 1.147 euros al mes, pero estaba dado de alta tan solo una hora al día. Obviamente, esa cantidad no la ha cobrado Barea, que lleva un año sin recibir un euro del Xerez de Ricardo García, y excusa a que fue el propio presidente del club el que decidió cambiar la situación contractual de Barea, prometiéndole un contrato de ocho horas de duración.

Paco Barea explicaba ayer que el asunto lo va a llevar al Juzgado, así como al juez social y a la Tesorería General de la Seguridad Social ya que sería “fácil” poder demostrar que su labor en el club iban más allá de tan solo una hora al día. Obviamente, el delegado va a tener que denunciar al Xerez CD, una batalla que entiende más que perdida teniendo en cuenta los casos anteriores, despedidos sin cobrar indemnización y que están a la espera de recibir lo suyo por parte del gestor del club, Ricardo García.

La enorme crisis económica por la que atraviesa el país ha abonado el terreno para que proliferen los fraudes más variopintos. Dentro de ellos, han cobrado gran relevancia los relacionados con el mundo laboral, especialmente en una provincia en la que la tasa de desempleo y la precariedad están al máximo nivel. Tanto es así que la llamada Comisión Provincial de la Lucha contra el Fraude, formada por representantes de distintas administraciones, Cuerpos de Seguridad y Fiscalía, ha decidido echar el resto y combatir con todas sus armas una picaresca que se ha disparado en los últimos años. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha comparecido tras la reunión de la comisión celebrada en Jerez para mostrar su preocupación por los últimos datos recabados al respecto.

“La Inspección de Trabajo ha levantado en lo que va de año 1.229 actas en la provincia por falta de altas, y ha encontrado 994 casos de gente que compatibilizaba el trabajo con la prestación. Son cifras importantes, a las que hay que sumar las de explotación laboral, con unas actuaciones de Guardia Civil y Policía Nacional en este terreno que han pasado de 31 a 90 en solo un año”. Es por eso que la detección de empresas ficticias, el fraude en prestaciones y la falta de altas se ha convertido en una prioridad para la comisión, junto al alarmante aumento de empresas “serias” que de repente han optado por cometer infracciones. “También hemos detectado connivencia para cobrar prestaciones en 251 casos con los propios empresarios, que procedían a dar altas ficticias el tiempo necesario para que el beneficiario cobrara la ayuda”. 

La época de verano, como ha señalado De Torre, es sensible a este tipo de casos por lo que los profesionales que luchan contra el fraude harán hincapié en “vigilar que en los contratos de verano se den las altas precisas y se cumpla la prevención en riesgos laborales, con especial cuidado en las ferias e instalaciones turísticas”. Aunque estas irregularidades son de las más preocupantes, tampoco hay que pasar por alto que en materia de tabaco en la provincia de Cádiz es donde más se defrauda, copando el 35% de todo el territorio nacional. Junto a ello, cabe destacar otras actividades ilícitas como las de las peleas de gallos o los talleres ilegales, que dan lugar a una creciente economía sumergida y en donde por lo tanto también pondrá el acento la comisión antifraude.

“Lo importante es que la lucha sea permanente y se establezca una política de comunicación, como ocurrió con la ‘operación Espolón’ en la que se produjeron actuaciones integrales para atajar las peleas de gallos, con información sobre asistencia sanitaria, tenencia de armas, menores, etcétera”. Una batalla que las autoridades parecen haberse tomado muy en serio, con un mensaje que el subdelegado ha querido trasladar a la sociedad: “El fraude es una falta de solidaridad con el sistema, y al final acaba perjudicando a quienes pagan sus impuestos”, ha sentenciado.