El escándalo saltó hace casi dos meses cuando la Junta de Andalucía requirió al Ayuntamiento la nulidad del nombramiento de 11 altos cargos que, a juicio de la administración regional, se había llevado a cabo de manera irregular y sin atender al procedimiento legalmente establecido. El ejecutivo local anunció entonces que prepararía una batería de alegaciones que respaldaran su actuación, y que como ha podido saber Reporteros Jerez ya se ha hecho llegar a la Junta a la que no solo no ha convencido, sino que incluso ha puesto en marcha todos los resortes necesarios para el comienzo de un posible litigio entre ambas administraciones.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Cádiz, el escrito remitido por el Ayuntamiento no ha satisfecho las expectativas ya que no contiene ninguna resolución de la alcaldesa a lo que se le solicitó; es decir, “ni acata ni rechaza el requerimiento de nulidad de los nombramientos, sino que se limita a adjuntar una serie de informes suscritos por técnicos municipales, que tratan de demostrar que el procedimiento es ajustado a Derecho”. Como insisten desde el gobierno regional, el primer requisito indispensable para poder optar a una plaza por concurso (tanto ordinario como de libre designación) es que el aspirante tenga la condición de fijo, ya sea funcionario de carrera o laboral. Sin embargo, en el caso de estos nombramientos los 11 corresponden a laborales no fijos, lo que los invalidaría. 

Llegados a este punto, la Consejería de Hacienda y Administración Local ha decidido consultar con sus servicios jurídicos la posibilidad de, por un lado, realizar un nuevo requerimiento al Ayuntamiento en los mismos términos y, por otro, iniciar un litigio para que el asunto termine por dirimirse en los tribunales. La alcaldesa, por su parte, durante todo este tiempo ha defendido el procedimiento adoptado para los nombramientos al tratarse de personal de libre designación, al tiempo que ha acusado al delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, de “intoxicar y poner zancadillas a un gobierno que está trabajando con la mejor voluntad”.

El delegado del gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha echado más leña a un fuego que no hace sino engordar a pasos agigantados retando a la alcaldesa de Jerez a que le lleve a los tribunales. El socialista se ha vuelto a referir a la polémica surgida a raíz del requerimiento de nulidad por parte de la administración autonómica de 11 nombramientos de altos cargos municipales, lamentando el enfrentamiento que ambas partes siguen alimentando. “No es agradable que García-Pelayo, en un estado permanente de nerviosismo, esté continuamente atacando a este delegado en lo personal. A mí me han llegado informes jurídicos de la Junta que dicen que hay un problema en el Ayuntamiento de Jerez, como lo hay en muchos otros. Yo le pido que se tranquilice, porque existe un procedimiento que hay que cumplir y los técnicos de la Junta lo acordaron con los técnicos municipales para hacerlo bien”.

A juicio de López Gil, este no puede ser motivo de continua confrontación entre dos administraciones, ya que se trata de una simple obligación de corte administrativo que hay que cumplir. Por ello, tiende incluso la mano a la primera regidora jerezana a la que invita a dialogar para dirimir estos asuntos, si bien no puede evitar lanzarle uno de sus dardos. “Es muy grave decir que yo utilizo a los ciudadanos de Jerez para hacer daño. Eso tiene un nombre jurídico muy claro, que me lleve a los tribunales. Nadie puede decir ‘o yo, o el caos’, eso es de personas que no respetan la democracia. La alcaldesa tiene que tener la suficiente altura”. A pesar de esta últimas palabras, el delegado concluye pidiendo “disculpas” a García-Pelayo si “ha visto que existe una intencionalidad política con todo ello, porque no la hay”.

Hasta el 30 de septiembre tiene el Ayuntamiento de Jerez  para anular el nombramiento de once trabajadores aprobados por libre designación el pasado mes de febrero en una junta de gobierno local. Según la Junta de Andalucía -que ha analizado la situación de hasta 25 trabajadores- estos 11 nombramientos “no cumplen las condiciones para poder concursar a los mismos ya que es personal laboral indefinido no fijo en esa administración”.

El expediente se inició a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Técnicos Municipales (ATM) por presuntas irregularidades y hoy mismo el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, ha hecho referencia a la resolución del expediente. Según el político, las personas afectadas “son del PP o se han pasado al PP recientemente”.

Si el Ayuntamiento no acata la orden de la Junta de Andalucía podría enfrentarse a una nueva denuncia en el apartado de personal en el juzgado de los Contencioso-Administrativo.

El gobierno local apunta que el expediente para declarar nulos estos nombramientos se inició después de que la Delegación de Personal detectase la existencia de esta resolución que hacía funcionarios a 93 empleados laborales “sin que constase la realización de prueba selectiva alguna, y que además iba acompañada de un informe del por entonces secretario general del Ayuntamiento que advertía de la ilegalidad del proceso”.

A principios de este mes de junio el Consejo Consultivo remitió su dictamen al Ayuntamiento, y en conformidad con los motivos expuestos, se ha dictado la resolución que declara nulo estos nombramientos. Además de este dictamen, la resolución ha tenido en cuenta los distintos informes emitidos por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. “Estamos cumpliendo con nuestra obligación de denunciar cualquier ilegalidad que detectemos, y al ser preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía nos hemos sometido a lo que dijera este órgano”, ha señalado el delegado de Personal, Javier Durá.

REUNIÓN CON AFECTADOS

Esta misma mañana de martes, Javier Durá se ha reunido con un grupo de funcionarios afectados para explicarles cómo queda su  situación laboral tras este dictamen.  En la reunión les ha explicado que a partir de ahora pasarán de ser funcionarios a ser laborales, conservando sus actuales retribuciones y puestos actuales.

Así lo mostró de manera contundente la representante legal de CC OO, Sonia Sierra, explicando que a su modo de ver el reconocimiento de que existió “arbitrariedad y mala fe” que recoge la sentencia a la hora de desarrollar los criterios que fundamentaron el ERE, tiene como consecuencia directa la nulidad del mismo. “Entendemos que un acto administrativo arbitrario es nulo de pleno Derecho, y más si lo ha llevado a cabo una administración pública”. En la misma línea se expresó Lidia Vargas, abogada de UGT, haciendo hincapié en que el TSJA ha demostrado que el Ayuntamiento actuó “de manera ilegal” al considerar como hechos probados las declaraciones que ofrecieron los diversos representantes municipales durante el juicio.

En ese sentido, todos los letrados han subrayado el testimonio del primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, que en la vista reconoció que “la selección se llevó a cabo sobre quién trabaja mejor o peor, era problemático, quejica, en base a la rumorología y con informes verbales, no valorando la formación y esa documentación se destruyó porque no eran buenos trabajadores y eran conflictivos“. Así aparece en la sentencia de manera literal, y son justamente esas declaracione las que los demandantes consideran determinantes a la hora de que la Sala de lo Social haya inclinado la balanza a su favor. Antonio Ortega, letrado del CTP, incidió en la contundencia de esta prueba testifical y manifestó que “partimos de la tranquilidad, porque esto ya no lo van a tumbar”, algo compartido por Adolfo Sánchez, de CGT, que confirmó que él también recurrirá la sentencia.

El letrado de la ATM, Emilio Álvarez, resaltó por su parte que tampoco ha quedado acreditada la causa económica, por lo que “aunque el criterio de evaluación hubiera sido ajustado a Derecho, el ERE tampoco habría salido adelante”. En lo que respecta a la reacción municipal a la sentencia, todos ellos coincidieron en pedir la dimisión del gobierno local “por responsabilidad, porque alguien tiene que pagar por esto”.

El Gobierno valora la sentencia del TSJA from Ayuntamiento de Jerez on Vimeo.

Una amplia representación del gobierno en la que no estaba incluida la primera edil ha salido a la palestra para pronunciarse sobre la sentencia del TSJA, en la que el alto tribunal dictamina que los despidos realizados en el marco del ERE municipal no se ajustaron a Derecho. El primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, ha sido el encargado de trasladar el sentir del ejecutivo cuya valoración del fallo  no es tan negativa como se podría presuponer en un principio. Lo que el concejal ha subrayado una y otra vez es que “el TSJA no ha declarado la nulidad de los despidos y por lo tanto no tumba el ERE, lo que significa que seguirá adelante“. Como ya publicara Reporteros Jerez, efectivamente en la sentencia el juez no los declara nulos pero sí condena al Ayuntamiento a indemnizar o readmitir a todos y cada uno de los trabajadores afectados, justificándolo en que el Expediente no se ajusta a Derecho.

Dentro de la amplia argumentación esgrimida por el magistrado en el fallo, al que este medio ha tenido acceso, se destaca la “subjetividad” y “arbitrariedad” de las que asegura que se valió el ejecutivo para determinar a quién iban a afectar esos despidos. En concreto, el juez explica que a la hora de tramitar el ERE se siguieron dos criterios: el del número y edad de los despedidos y el de evaluación. En lo que respecta al primero de ellos, el proceder de la administración sí se ajustó a Derecho extinguiendo los contratos de los mayores de 59 años, cuyo número se elevaba a 125. Sin embargo, en el apartado de evaluación el magistrado critica que se realizara una criba bajo la “valoración personal y subjetiva” del delegado o técnico de turno, sin pedir los currículum, formación específica, titulación o tiempo de prestación del servicio de los empleados.

Por ello, concluye que el Ayuntamiento “no actuó de buena fe” y siguió una “arbitrariedad que adquiere mayor gravedad desde su condición de administración pública”, lo que fundamenta que se declare que el despido colectivo no se ajustó a Derecho. En lo que se refiere a la nulidad solicitada por los demandantes, el juez la desestima argumentando que se siguieron durante el proceso todos los pasos y tiempos legalmente establecidos, aportándose la documentación requerida en estos casos y llevándose a cabo la correspondiente negociación con los sindicatos. Es por ello que la demanda se estima “parcialmente”, puesto que si bien no se declara la nulidad sí se exige la indemnización o readmisión por despido no ajustado a Derecho, que era la medida que solicitaban los perjudicados de forma subsidiaria.

El gobierno, por su parte, se aferra a ese punto en el que se hace referencia a que el criterio de número y edad sí se ajustó a Derecho y entiende que, en último caso, esa obligación de readmisión o indemnización se extendería solo a los afectados que no alcancen los 59 años. “Ante esta tesitura -ha puntualizado Saldaña-, solicitaremos al tribunal una aclaración sobre el alcance de la sentencia: a qué trabajadores afectará y a cuántos. Cuando conteste el TSJA, se valorarán las opciones a seguir”. De esta forma, el primer teniente de alcaldesa ni siquiera ha concretado si recurrirán o no el fallo, aunque sí ha avanzado que “el Ayuntamiento no se puede permitir ese coste de personal”, ante las preguntas de si optarán por la readmisión o las indemnizaciones. En cuanto a estas últimas, además, ha informado de que la cantidad total sería bastante menos cuantiosa de la que se pagó en su momento, que alcanzó los 5.300.000 euros.

Un auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz ha vuelto a dar la razón al grupo municipal socialista en la demanda interpuesta contra el nombramiento de José Manuel Díez Pemartín en el consejo de la sociedad que gestiona los Montes de Propios (Ememsa), declarando nulas todas las decisiones adoptadas en el seno de esta sociedad desde el 31 de octubre de 2011, fecha en la que se hace efectiva su incorporación. El auto judicial ratifica y amplía la denuncia interpuesta en su día por el grupo socialista, en la que advertía  sobre la presunta ilegalidad de este nombramiento por parte del PP.

Así lo han anunciado los socialistas a través de un comunicado, en el que recuerdan que en su día denunciaron fraude de ley en el otorgamiento de poderes durante el nombramiento del nuevo consejero, argumentando que los populares llevaron a cabo en solitario una modificación de los estatutos de esta sociedad para suprimir al gerente y crear la figura de “apoderado” retribuido, pese a no contar con el quórum necesario en el consejo de administración.

Para ello,  como insisten, el ejecutivo local recurrió a un fraude de ley utilizando la figura de poder cuyo uso solo se contempla para causas muy específicas, otorgando amplios poderes a un consejero, lo que en la práctica lo convierte en un apoderado. Estos poderes le facultaban para realizar actividades mercantiles de todo tipo, administrar los recursos y bienes de la empresa y gestionar el personal  mediante  contrataciones, retribuciones, convenios, ceses y sanciones, entre otras muchas facultades. Todo ello dándose la circunstancia de que se trata de una persona privada y  externa al Ayuntamiento, que “suplanta las funciones que son propias de los trabajadores y técnicos municipales y sin que medie ningún tipo de relación laboral con Ememsa”.

Por estas razones, para el grupo socialista la sentencia mencionada “es un ejemplo más de cómo está actuando el gobierno del PP en esta ciudad, a golpe de improvisación y de ilegalidades, con lo que queda demostrado que son los tribunales los que lo ponen en su sitio ante la falta de diálogo, la prepotencia y la soberbia con la que está actuando la señora García-Pelayo a lo largo de la legislatura”.

Por su parte, el gobierno municipal se ha apresurado a asegurar que ya ha recurrido la sentencia al considerar que “el fallo no es coherente con los fundamentos de la sentencia”. El recurso incide en que la figura del otorgamiento de poderes a un consejero de una sociedad está previsto en la Ley de Sociedades, “siendo perfectamente legítimo y utilizado continuamente en el tráfico mercantil”. “Es una situación en la que concurren dos normas a aplicar, pero que no persigue un resultado prohibido y que además deja en manos de la sociedad la capacidad de auto organización para que pueda decidir si nombra un consejero delegado o un apoderado e incluso podría llegar a simultanearlas”, señalan fuentes municipales.

Por otro lado, el mismo gobierno local afirma que el consejero apoderado de Ememsa no ha utilizado sus poderes y que “a pesar de no cobrar nada por su labor está realizando un excelente trabajo que ha permitido pasar de casi un millón de euros de pérdidas a una previsión de beneficios para este año”.

También dice que se está a la espera del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial por el que se solicita la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y declarando ajustado a derecho el otorgamiento de poderes al consejero de Ememsa, pero que  “en caso de no producirse dicha revocación se acatara lo que diga la autoridad judicial”.

El gobierno municipal ha explicado, por otro lado, que el Juzgado de lo Mercantil ha emitido un auto aclarando la sentencia dictada el pasado 31 de mayo de2012 apetición de la parte demandante, en este caso el PSOE. En el mismo apunta que dice que  “es un auto aclaratorio que no añade nada nuevo a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil en mayo”.