La simultaneidad de este tipo de hechos, que no son habituales en la ciudad de Jerez, sorprendió a los investigadores de la Policía Nacional que, de forma inmediata, comenzaron las pesquisas para identificar y detener a los responsables y preocupó a la opinión pública y a las asociaciones locales de comerciantes

Las indagaciones demostraron que los tres hechos habían sido cometidos de forma independiente por tres varones sin ninguna relación ni conocimiento entre ellos, el primero se produjo sobre las 01:00 horas de la noche del pasado viernes 23 de agosto contra un negocio de heladería ubicado en la calle Larga de Jerez, la principal arteria comercial peatonal de la ciudad.

A esa hora el detenido, un varón de 46 años de edad y al que le figuran ocho antecedentes previos, presuntamente irrumpió en el local esgrimiendo un cuchillo cuando tan solo se encontraba en su interior una trabajadora, con el arma blanca amenazó a la joven para que le entregara la recaudación, tras hacerse con todo el dinero el individuo dejó encerrada a la trabajadora en los baños amenazándola de muerte para que no saliera del mismo y huyó del lugar, los agentes lograron la identificación del autor, un varón de 46 años de edad y siete antecedentes previos que ha sido localizado y detenido en la vía pública.

Aumento de presencia policial en la barriada de La Serrana

El segundo hecho de similares características tuvo lugar sobre las 14:45 horas en una frutería ubicada en la calle Pisadores, en la barriada de la Serrana, cuando el detenido irrumpió en el local esgrimiendo un cuchillo de cocina amenazando a la única dependienta que en esos momentos se encontraba en el interior.

Ante estos hechos la Policía Nacional incrementó la presencia de agentes tanto de uniforme como de paisano en la zona, el autor de los hechos, un varón de 38 años de edad y quince antecedentes previos, fue localizado en una de las calles del mismo barrio por agentes de una unidad radio patrulla (Zeta) que ya conocían su identidad al haber sido identificado por los investigadores de Policía Judicial, el mismo presentó una gran resistencia a su detención y emprendió la carrera hacia el cercano barrio de San Benito donde finalmente fue alcanzado y detenido.

El tercer individuo se trata del presunto autor del robo sufrido sobre las 13:20 horas del pasado 02 de septiembre en un negocio ubicado en la calle Honda de Jerez, en esta ocasión el autor simuló interesarse por un calzado para acto seguido arrancar de cuajo la caja registradora, empujar a la dependienta cuando esta trató de impedírselo y huir a la carrera, no sin antes amenazar a dos chicos menores que pasaban por el lugar y que valientemente trataron de auxiliar a la trabajadora.

El autor fue identificado y detenido tras ser localizado en la vía pública en una calle del barrio de Santiago, a todos los arrestados se les imputa un delito de robo con violencia, agravado en los casos del uso de armas blancas, los tres ingresaron en el área de calabozos de la Comisaría de Jerez hasta que han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial quién ha dictado el inmediato ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, para los dos primeros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Urbana UDU de la Brigada de Policía Judicial con el apoyo de los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano GAC (radio patrullas) de la Brigada de Seguridad Ciudadana, todos ellos integrantes de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Con tono decidido, e incluso permitiéndose algunos toques de humor, como cuando ha llamado “centro residencial” a la cárcel en la que cumple una condena de cinco años y medio, Pacheco ha defendido su actividad política en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Cádiz y en el que se le acusa de haber participado en la venta fraudulenta en el 2006 del solar municipal de la antigua estación de autobuses de Jerez. El fiscal pide para él una condena de siete años de prisión por esta venta, en un juicio en el que también están acusados el entonces gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Miguel Ballesteros; los promotores a los que presuntamente quiso beneficiar con la venta de este solar a menor precio del de mercado, y los tres “hombres de paja” que supuestamente utilizaron para simular un proceso de concurrencia en la adjudicación.

Pacheco no ha reconocido haber hecho nada mal en el proceso de venta que se inició en 2004 y concluyó en 2006, por lo que abarca desde el tiempo en el que tuvo sucesivos pactos de gobierno, primero con la popular María José García-Pelayo y después con la socialista Pilar Sánchez. Ha explicado que con ambas el Ayuntamiento quería “desprenderse” de “activos innecesarios” para cubrir el déficit de tesorería del consistorio, entre ellos la antigua estación de autobuses de Jerez, que se quiso transformar en un centro de ocio y comercial.

Pacheco, que en varias ocasiones ha tenido que levantarse de su asiento para estirar las piernas, ha asegurado que nunca intervino en el trámite de este venta, como dice el fiscal, para hacer que ese solar fuera adjudicado a los promotores José Luis López, El Turronero, y Francisco Chávez, a los que se vendió el inmueble por 2,7 millones de euros cuando supuestamente su valor era de 4,4 millones. El histórico líder andalucista ha señalado que la tasación hecha por los técnicos del inmueble no se revisó porque los técnicos pensarían que “estaba perfectamente valorado” y ha opinado que acertaron en esa decisión porque una nueva tasación seguramente hubiera sido a la baja. “Los bienes se deprecian con los años, como las personas”, ha apuntado.

“HABÍA DÍAS QUE FIRMABA 40 ESCRITURAS”

Pacheco, que firmó la escritura de compra con Ángel Moreneo, uno de los “hombres de paja” de los promotores, ha explicado que no tenía tiempo para leer todos los informes y documentos que tenía que firmar, en un periodo en el que se encargaba de coordinar el trabajo de cuatro concejalías. “Había días que firmaba 40 escrituras”, ha señalado para explicar que otro representante municipal leía con el notario y la otra parte el documento y cuando “todo el mundo estaba conforme”, él salía de su despacho y los firmaba “en cinco minutos”.

Pacheco ha aludido a que en su etapa al frente del Gobierno municipal se creó “un equipo técnico muy competitivo” en el que él confiaba plenamente porque “no tenía tiempo” de leer todos los informes que ofrecían para avalar las operaciones y ha asegurado que en aquel tiempo el Ayuntamiento “funcionaba como un reloj” y era “un hervidero de actividad”. Ha asegurado que si el gerente de Emusujesa estimó que la oferta de Ingeniera Jienense era la mejor para la compra del solar “sería la mejor” que recibieron.

El ex alcalde ha afirmado que no tenía amistad con “El Turronero”, un muy conocido promotor inmobiliario de la provincia por aquellos años. “En esa época no. Hoy sí es mi amigo”, una relación que, según ha contado, se inició cuando dejó la política y que confirma “cuando le miro a los ojos” cada vez que va a visitarle al “centro residencial Puerto III”. Pacheco no ha perdido la oportunidad de hablar de lo difícil que fue gobernar con sucesivos pactos con la popular García-Pelayo y la socialista Pilar Sánchez, dos ex alcaldesas que están citadas a declarar como testigos en este juicio el próximo martes, lo que puede crear una situación pintoresca en el juicio. “No se puede imaginar lo que es gobernar en contra de los celos y de los recelos”, ha dicho en una sesión en la que también se ha referido a los “ataques” que hubo entre ellos. “Las consecuencias han sido muy graves”, ha señalado en referencia a que, años después, él está en prisión, Sánchez está a punto de entrar, y García-Pelayo está siendo investigada por el Tribunal Supremo.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expone que “procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones” respecto a la exalcaldesa socialista, quien, como se recordará, declaraba el pasado 29 de abril como imputada por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz instruye las diligencias previas por el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta vinculados a Mercajerez, S.A., una sociedad participada por el Ayuntamiento jerezano de la que Sánchez fue presidenta entre 2005 y 2011 por su condición de alcaldesa. Dicha empresa desarrolló dos acciones formativas para desempleados y las investigaciones apuntan a una ayuda cercana a los 150.000 euros de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cádiz de la que fue beneficiaria Mercajerez para el desarrollo de unos cursos de carnicería y panadería, para los que presuntamente se falseó documentación.

Tras su declaración en los juzgados en abril, Sánchez y su abogado explicaron a los medios que confiaban en que se retirase la imputación contra ella al ser “nula” su participación en los hechos investigados, ya que su cargo como presidenta de Mercajerez era “meramente institucional” y “todas las competencias estaban delegadas en el gerente -también imputado- y el consejo de administración”. Cabe señalar que el juzgado no ha acordado el archivo de las actuaciones contra el gerente, el cual sigue imputado en la causa junto a otra persona más que también prestó declaración en su día en relación a estos hechos.

Pilar Sánchez sostuvo entonces que algo había “fallado” en las diligencias previas, pues el curso “se desarrolla en un 80 por ciento siendo alcaldesa María José García-Pelayo (PP)” y, por tanto, siendo la ‘popular’ presidenta de Mercajerez. En este sentido, resaltaba que el curso “empezó a finales de marzo de 2011 y terminó en la fecha que marcaba la normativa, que es el 31 de diciembre” de ese año, dándose la circunstancia de que ella dejó de ser alcaldesa el 24 de mayo de 2011. Tras asegurar que ella no firmó “nada”, ni si quiera el convenio, explicó sobre los pagos que el primero llegó “el 27 de junio de 2011″ y el segundo “en agosto”, de lo que deduce que “se daría cuenta en el consejo de administración de cierre del año 2011″, es decir, siendo presidenta de Mercajerez María José García-Pelayo.

En declaraciones a la Agencia Efe, el presidente de la LFP ha asegurado que la querella presentada por el Xerez “es un invento. Mi actuación fue correcta y queda demostrado. Lo que pasa que bueno, como siempre que alguien es público, se buscan estas cosas”, Por su parte, desde el Xerez se asegura que se ha dado “un buen paso por la defensa de los derechos del club” y han asegurado que, entre otros documentos, en la cita oral se ha puesto de manifiesto que el presidente de la Liga cobró hasta 400.000 del club.

Hay que recordar que la deslealtad profesional está penada con la inhabilitación, lo que le apartaría de la presidencia de la Liga, y la estafa y la apropiación indebida podrían acarrearle, en función de la gravedad de los hechos, de 1 a 6 años de cárcel.

El club espera que la querella prospere y con ello intentar que se interrumpa el incidente concursal presentado por la Liga, que solicita la liquidación de la entidad azulina.

En el comunicado, el Xerez CD asegura que ha tenido “ conocimiento de la difusión de un vídeo promocional por parte del Xerez Deportivo FC en el que se utilizan abusivamente las imágenes de partidos y momentos históricos de nuestro club”, añadiendo que “este club es el único que ostenta el título que le concede el derecho exclusivo a la utilización de dicho nombre y escudo, considera que se está lesionando su derecho a usar en exclusiva la misma. Expresamente tiene reconocido esta protección para los productos o servicios de telecomunicaciones”.

Es por ello que el club jerezano anuncia que va a ejercer “las acciones civiles y penales que la Ley de Marcas prevé en su Capítulo II y exigirá ante los órganos jurisdiccionales pertinentes las medidas necesarias para la salvaguarda de sus derechos. En concreto, la cesación del uso de los actos que violan su derecho así como la reclamación civil de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos”.

Por último, la entidad azulina lamenta “ la situación de indefensión en la que se encuentra y solicita al Xerez Deportivo FC se abstenga de utilizar más ninguno de los signos, imágenes o nombres que pertenecen a este club histórico”.

De estas cantidades, 1,18 millones van destinados a los abogados y procuradores pertenecientes a los colegios de Cádiz y 408.079 a estos profesionales adscritos al Ilustre Colegio de Abogados de Jerez.

De esta forma, la Consejería comienza a dar cumplimiento al acuerdo alcanzado este año con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y Procuradores este año que fijaba un nuevo calendario de pagos para la asistencia jurídica gratuita a lo largo de 2014 y que supondrá el abono a partir de ahora de diferentes cuotas por este servicio con carácter bimensual.

Ante la falta de respuesta por parte de la Junta de Andalucía a las numerosas solicitudes realizadas por el gobierno municipal para que se pueda concretar la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia de Jerez, la secretaria general del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha trasladado hoy la preocupación de la alcaldesa y todo el equipo popular por la actitud de “desdén e indiferencia” mostrada por el bipartito andaluz PSOE-IU respecto al grave déficit que presenta la administración de Justicia en nuestra ciudad, con unas instalaciones insuficientes, en mal estado y con una importante falta de personal para atender el gran volumen de asuntos que se manejan en los juzgados jerezanos.

En este sentido, Menacho ha sido contundente y ha manifestado que “los Juzgados están de pena y ya está bien de excusas baratas, exigimos a PSOE-IU la puesta en marcha inmediata de Ciudad de la Justicia, reclamada desde hace años por profesionales y usuarios, que sufren la dispersión de las sedes judiciales en la ciudad, que convierte un servicio fundamental para los ciudadanos en ineficaz”.

Según el PP, la situación ha llegado a un límite, ya que la Junta de Andalucía lleva veinte años dando largas a los jerezanos, “cada vez que se han acercado unas elecciones, los representantes del PSOE han venido a Jerez a prometer la Ciudad de la Justicia, así como una larga lista de obras de infraestructura que son competencia de la Junta de Andalucía y que nunca se han hecho realidad, dilatándose en el tiempo, como ha ocurrido por ejemplo con la carretera de la Barca, la Ronda Sur, la construcción de nuevos colegios, el segundo hospital, los centros de salud de la Zona Norte y Madre de Dios, y una retahíla de incumplimientos que deberían poner la cara colorada de vergüenza a los socialistas”.

La dirigente popular ha aclarado que lo que está pidiendo el PP a la Junta es que cumpla con su obligación, “no estamos exigiendo nada que no le corresponda a los jerezanos, lo que queremos es que el gobierno andaluz se haga cargo de una situación grave que lleva arrastrando muchos años y que causa un importante perjuicio a nuestros ciudadanos, así como a los profesionales de la Justicia y trabajadores”.

Asimismo, la secretaria general ha dado detalles de la situación en la que se encuentran las instalaciones de Justicia de Jerez, concretamente el edificio judicial de Tomás García-Figueras, que fue objeto de estudio por parte de la propia Inspección de Trabajo hace aproximadamente más de cinco años, que elaboró un informe en el que alertaba del riesgo grave que supone el estado de estas instalaciones, que sufren inundaciones, averías continuas y falta de espacio para albergar la correcta gestión de los procedimientos, a lo que se suma la falta de personal, que está sobrecargado de trabajo. En este sentido, se alertaba del elevado nivel de estrés del personal, debido a las condiciones extremas en las que desarrollaban su labor los funcionarios.

Según ha podido saber Menacho, Trabajo llegó a afirmar que las deficiencias detectadas en el edificio de la Junta incumplían incluso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que se instó a realizar una remodelación integral del edificio y  procediera a la elaboración de un Plan de Emergencias. “Al final –ha apuntado la dirigente popular-, pusieron parches y miraron para otro lado”.

“La respuesta de la Junta de Andalucía no ha podido ser más decepcionante –ha comentado-, ha ido engañando año tras año a los jerezanos con falsas promesas que nunca acabaron en nada, tan sólo en más deterioro y más dificultades para los ciudadanos y para los trabajadores”.

Ante esta situación, según ha contado Menacho, desde que el PP se hiciera cargo del Gobierno municipal, se ofrecieron por parte de la alcaldesa todo tipo de facilidades y colaboración por parte del Ayuntamiento a los responsables de la Junta para que se llevara a cabo cuanto antes las obras de las nuevas instalaciones judiciales de nuestra ciudad, ya que según los estudios realizados, era más factible construir un edificio nuevo que arreglar el deplorable estado en el que se encuentra el de la avenida Tomás García-Figueras.

Así, desde el primer momento, desde julio de 2011, el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, el señor Valderas, tiene en su mesa un escrito de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, proponiendo suelo para que la Junta acometa las obras de la Ciudad de la Justicia. Concretamente, las propuestas consistían en una parcela propiedad de la Junta de Andalucía en la Avenida Medina-Sidonia, y en otra propiedad del Ayuntamiento en la Avenida Chema Rodríguez, enfrente del Estado Municipal Chapín, la más idónea por su situación, accesos y forma regular.

De esta manera, la pelota se dejaba en el tejado de la Junta, que recibía la disposición absoluta del Ayuntamiento para que la Ciudad de la Justicia fuese, por fin, una realidad. Durante ese año, la Junta hizo mutis por el foro, mientras que el 25 de octubre el pleno municipal acordaba instar a la Junta de Andalucía a que de manera inmediata adoptara una decisión sobre la ubicación en Jerez de la futura Ciudad de la Justicia, y a que comenzaran también inmediatamente los expedientes precisos para su construcción y consiguiente puesta en funcionamiento. La respuesta de la Junta fue el silencio.

El gobierno andaluz continuaba sin dar respuesta a las propuestas de suelo que el equipo de gobierno jerezano, por lo que García-Pelayo insistió posteriormente remitiendo un nuevo escrito al delegado del Gobierno en Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, que a día de hoy no ha obtenido contestación alguna.

La primera respuesta de la Junta no tuvo lugar hasta el 17 de febrero de 2012, cuando desde la Consejería de Gobernación responden al escrito de la alcaldesa solicitando aclaración sobre una serie de extremos en relación a una de las parcelas propuestas, en concreto, la situada en la avenida Chema Rodríguez. Lo que fue contestado y aclarado con la información requerida, por parte del Ayuntamiento jerezano.

“Por lo visto –ha apuntado la responsable popular-, la Junta de PSOE-IU tenía más dudas, y vuelven a solicitar información una vez más, que recibe respuesta  municipal inmediata. Como ya no tenía nada más que preguntar, no han vuelto a dar señales de vida. Así se las gasta el PSOE, con la connivencia ahora de sus socios de IU, dan largas hasta donde pueden, sin tener en cuenta que estamos hablando de una necesidad de los ciudadanos, que requiere respuesta urgente por parte de la administración andaluza”.

Así las cosas, desde el PP se considera que “hasta aquí hemos llegado y que ya está bien de tantas promesas incumplidas, tanto desfile de consejeros de Justicia por Jerez para nada y de tanta coba. Los jerezanos no nos merecemos este trato por parte de PSOE-IU y, desde luego, no lo vamos a permitir. La alcaldesa ha ofrecido la mejor ubicación posible, ha respondido una y otra vez a las redundantes solicitudes de información y demanda una respuesta inmediata por parte de quien corresponda, ya sea el delegado de Gobernación, el consejero de Justicia, el delegado del Gobierno en Cádiz, que se atrevió incluso a decir que el asunto estaba parado, o la propia Susana Díaz, que está bien que sonría, pero mejor asunto es que gestione honradamente el dinero de los andaluces y lo invierta en mejorar, por ejemplo, los servicios judiciales”.

Por último, Lidia Menacho ha afirmado que espera que en breve la Junta de Andalucía, al igual que ha hecho en otras ciudades andaluzas, dote a Jerez de la Ciudad de la Justicia que le corresponde y abandone la marginación que ejerce contra nuestra ciudad.

De esta manera, la cita en los banquillos del que fuera máximo accionista del Xerez CD y su director general, que debrería haberse producido hoy, queda aplazada ‘sine die’, al menos hasta que el juzgado vuelva a poner fecha y hora. El exempleado del club, Manuel Leira, denunció a Morales y Monterrubio por una presunta apropiación indebida una vez que el que fuera subdirector general fue despedido del club.

La petición la realizaron dos accionistas del club, Manu Cazalla y Juan Carlos Corchado, en octubre de 2013, aunque el club, a través de Juan Bastos como secretario, alegó que no figuraban en el libro de registro del club. El juzgado envió al club un requerimiento de dicho libro, aunque la entidad tan solo remitió a la jueza un certificado que asegurara la condición de accionista tanto de Corchado como de Cazalla. De esta manera, el juzgado ya contempla la posibilidad de convocar a todos los accionistas en una junta que, además de la aprobación de las cuentas, también contempla la posibilidad se solicitar la liquidación de la entidad.

En declaraciones a Onda Luz Jerez, Corchado asegura que “no es que nosotros queramos que, a toda costa, desaparezca el Xerez Club Deportivo como algunos dicen. Si alguien cree que el club es viable que vaya, que hable con Ricardo y se quede con las acciones y luego presente un plan de viabilidad. Yo sería el primer en hacerme socio si veo que es posible, pero lo tienen que demostrar. Aquí hay que cumplir la Ley, los accionistas debemos conocer las cuentas y hay una cosa clara que lo deportivo no se puede separar de lo mercantil, como se pretende hacer, porque esto es, insisto, una sociedad anónima deportiva”.