El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a los 15 acusados delito continuado de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública contra Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos y el empresario Ángel de Cabo, además de otras ocho personas, todos ellos responsables del Grupo Nueva Rumasa. Además, señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo, entre ellas siete hijas y un hermano del empresario fallecido en septiembre de 2015.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos de Ruiz-Mateos imputados en el caso por idear, según su escrito de acusación, un sistema de financiación del Grupo de naturaleza piramidal entre 2009 y 2011.

En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata describe todas las prácticas irregulares presuntamente ideadas por los acusados: la forma en que simulaban movimientos de efectivo, que en realidad eran traspasos entre cuentas del Grupo; cómo realizaban ” operaciones fuelle” con sociedades pantalla para generar créditos ficticios como forma de obtener liquidez a corto plazo; cómo usaban testaferros en sociedades formalmente ajenas, unas prácticas que agravaron la situación económica de las empresas del Grupo, cuyas deudas acumuladas en 2009 alcanzaban los 577 millones de euros.

El escrito del magistrado no concreta el número de sociedades del Grupo porque éste no puede “fijarse con seguridad”, ya que, aunque su publicidad alude a 107 empresas, algunos documentos internos recogen listados de hasta 164 españolas y 48 extranjeras e informes de administradores concursales relacionan 171 empresas. Además, el análisis conjunto de la documentación mercantil, societaria y bancaria disponible permite al juez conectar directa o indirectamente los hechos investigados con 445 sociedades, 56 de ellas extranjeras.

Según el juez, ante esta situación de insolvencia y la imposibilidad de recurrir a mayor financiación bancaria, los responsables de Nueva Rumasa urdieron una trama consistente en la captación de inversores. Así, entre 2009 y 2011 los fondos captados a los inversores, que constituyeron la única financiación del Grupo, “no se destinaban ni a los que se publicitaba ni a la propia sociedad emisora, sino que servían para atender deudas de otras sociedades del grupo o para adquirir otras sociedades de renombre para seguir consolidando el engaño de la garantía generalizada”, explica el auto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 relata también en el auto -contra el que cabe recurso en un plazo de 30 días– la operativa de ocultación del patrimonio que los acusados desarrollaron a partir de 2011 ante las obligaciones de pago que tenían que afrontar, así como las declaraciones de concurso voluntario de las principales empresas del Grupo.

Un total de 1.409 perjudicados por el Grupo Nueva Rumasa presentaron denuncia por esta estafa y reclaman 171 millones de euros, de modo que, a la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, el juez fija en algo más de 496 millones de euros las cantidades a depositar por los acusados principales, seis hijos de José María Ruiz Mateos. El juez señala a 57 empresas del Grupo como responsables civiles subsidiarias y nueve partícipes lucrativos, entre ellos, Joaquín Yvancos, el que fuera el abogado de José María Ruiz-Mateos.

En lo que respecta al delito de estafa, De la Mata indica en su auto que los investigados actuaron con manifiesto ánimo de lucro y, como únicos beneficiarios, utilizaron engaño para producir error a los inversores, induciéndoles a invertir sus ahorros mediante préstamos que eran documentados en reconocimientos de deuda de distintas empresas del Grupo Rumasa pese a su manifiesta insolvencia.

En este caso el engaño se produjo, explica, al realizarse la transmisión patrimonial bajo el engaño de una aparente solvencia, unos intereses remuneratorios altos, una campaña publicitaria “manifiestamente engañosa” y un compromiso de invertir los capitales obtenidos en la consolidación y ampliación del Grupo. “Obvio es significar que, de haber conocido las circunstancias económicas reales de las empresas y los verdaderos propósitos de los imputados, los inversores no hubieran realizado las operaciones de préstamo, ya que desde el primer momento no pensaban devolver el dinero”, detalla.

Sobre el delito de alzamiento de bienes, el juez afirma que los imputados idearon y pusieron en práctica diversas estrategias para salvaguardar su patrimonio a la vista del cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las prácticas irregulares ya mencionadas.

Las ventas supusieron la transmisión de sus patrimonios sociales fincas, hoteles, participaciones sociales, bienes que los miembros de la familia Ruiz-Mateos pretendían recuperar secretamente a través de Ángel de Cabo y otros acusados, algo que “solo podrían conseguir sin pagar previamente a todos sus acreedores”.

Por último, en cuanto al delito de blanqueo de capitales, De la Mata destaca que “toda la operativa desplegada era para ocultar los capitales captados desde el mismo momento de su obtención, con la finalidad de hacerlos desaparecer para aprovecharse de los mismos”.

El delito contra la Hacienda pública, el magistrado sólo lo atribuye a José Ramón Romero López, sobre el que explica que durante el tiempo que estuvo al frente de la oficina del Grupo Nueva Rumasa en Jerez obtuvo ingresos que no declaró.

El jurado popular que ha asistido al juicio por la muerte de la joven jerezana Miriam Tamayo, que sentaba en el banquillo de los acusados a la expareja de la víctima y padre de su hijo, ha considerado al procesado culpable de un delito de amenazas y otro de asesinato con alevosía con el agravante de parentesco.

El letrado de la familia de Miriam asegura que los padres de la joven fallecida han acogido “muy emocionados” el veredicto del jurado, que han conocido a través de una llamada telefónica debido a que preferían no estar presentes en la sala, a la que sólo acudieron el pasado lunes para declarar como testigos. Una vez emitido el veredicto, corresponde a la juez determinar en la sentencia las penas de cárcel para el acusado y las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil para los padres, el hijo y las hermanas de la fallecida.

INDEMNIZACIONES

En este sentido, el Ministerio Fiscal pide 18 años de cárcel por el delito de asesinato con alevosía, y nueve meses más de prisión por un delito de amenazas, elevando la acusación particular a 20 años la pena solicitada por el delito de asesinato y a diez meses el de amenazas. En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide una indemnización para el hijo de la víctima de 200.000 euros, 30.000 euros para los padres de la joven y 20.000 para cada una de las dos hermanas. Asimismo, el Ministerio Público solicita también la pena de prohibición de aproximarse en un radio de 1.000 metros a sus domicilios, centros de trabajo, estudios o cualquier sitio durante la duración de la condena y diez años después.

La acusación particular, eleva a casi 300.000 euros la cuantía de la indemnización para el hijo de la joven, manteniendo idénticas las de sus progenitores y hermanas y la orden de alejamiento. La Junta de Andalucía, que se ha personado como acusación popular, también se adhería a las conclusiones de la Fiscalía y reclama que se prive al acusado de la patria potestad del hijo que compartía con la víctima. Cabe recordar que el juicio se inició el pasado lunes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, en Jerez, retirándose el jurado a deliberar en la tarde de este miércoles. Miriam Tamayo murió el 12 de junio de 2013 tras ser atacada en plena calle por su expareja, con quien tenía un hijo, quien le asestó siete puñaladas con un cuchillo de casi 15 centímetros provocándole la muerte.

El acusado ha tomado la palabra antes de concluir la sesión, provocando gritos de “asesino” por parte de familiares y amigos de la víctima, que han tenido que ser desalojados de la sala. El procesado ha dicho que está “muy arrepentido” de lo que ha hecho y que “todas las noches” pide “perdón” a Miriam desde su celda. Pese a que en la primera sesión del juicio aseguró que no tenían relación y que lo único que les unía era un hijo en común, se ha referido a la víctima como “mi mujer”. Asimismo, ha manifestado que Miriam tenía una relación con otra persona y que los “celos” le volvieron “loco”.

Por su parte, la fiscal ha sumado un delito de amenazas al de asesinato que ya solicitaba, añadiendo el agravante de parentesco que ya solicitaba la acusación particular. Asimismo, ha incidido en la “alevosía sobrevenida” en la que habría incurrido el acusado, ya que “ella no tuvo la más mínima posibilidad de defenderse y salvar su vida”. La fiscal ha recriminado al acusado que “ha estado mintiendo de principio a fin. No ha dicho la verdad en ningún momento”. Entre otras cuestiones, ha resaltado en sus conclusiones que ha quedado acreditado durante el juicio que habían tenido una relación estable fruto de la que nació un hijo y que “tenía intención de matarla”.

De hecho, la hoja del cuchillo, de casi 15 centímetros, “entró entera” en el cuerpo de Miriam debido a la fuerza que empleó a la hora de atacarla, según insiste, “con intención de matarla de forma rápida e inesperada, dejándola sin posibilidad de defenderse”. Añade el Ministerio Fiscal que el acusado ha “echado balones fuera desde el primer momento” y que “nunca ha colaborado con la justicia”. De la misma manera, niega que éste confesara, ya que únicamente lo hizo “cuando lo señalaron los testigos cuando Miriam estaba agonizando en el suelo”.

20 AÑOS DE CÁRCEL

Por su parte, la acusación particular pide 20 años de cárcel, al considerar al procesado responsable de los delitos de amenazas y asesinato con alevosía y el agravante de parentesco. El letrado de la acusación particular se ha adherido al informe del fiscal y ha sostenido que el acusado “se inventó” la ingesta masiva de drogas, alcohol y tranquilizantes, añadiendo que buscó un sitio “más tranquilo” para cometer el delito –habría aparatado a la víctima de la avenida– y, además, “no ha mostrado signos de arrepentimiento”.

La Junta de Andalucía, que se ha personado como acusación popular, también se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía y ha pedido que se prive al acusado de la patria potestad del hijo que compartía con la víctima. Asimismo, solicita que, en caso de que se considere que los hechos constituyen un delito de homicidio y no de asesinato, se incluya el agravante de abuso de superioridad, teniendo en cuenta la fuerza del acusado y el empleo de un “arma letal”.

“PUDO GRITAR Y PEDIR AYUDA”

El abogado de la defensa, por su parte, ha solicitado que los hechos sean considerados como un delito de homicidio con los atenuantes de confesión y de drogadicción, por lo que propone una pena de siete años y seis meses de cárcel. Sostiene que ha quedado demostrado que “no existe alevosía” y se ha referido a un episodio ocurrido un mes antes de los hechos, cuando el acusado abordó a la víctima y ésta avisó a su padre. Asegura que Miriam “estaba advertida” y sabía cuando se encontró con el acusado el día del suceso “que venía una tormenta”. “Ella pudo gritar, pedir ayuda y salir corriendo”, ha añadido. Una vez que recibo el objeto del veredicto, está previsto que el jurado popular se retire en la tarde de este miércoles a deliberar.

La Audiencia Provincial de Cádiz acoge desde este lunes, 1 de diciembre, y hasta el jueves, 4 de diciembre el juicio por el crimen de la jerezana Miriam Tamayo, que se celebrará con jurado y sentará en el banquillo a la expareja de la víctima, acusado de un delito de asesinato por apuñalarla mortalmente en plena calle cuando ella se dirigía a un almuerzo de fin de curso el 13 de junio de 2013, hace justo un año.

La Fiscalía solicita 18 años de cárcel por un delito de asesinato para el acusado, que se encuentra en prisión preventiva desde el día siguiente de los hechos. Además, reclama una indemnización de 200.000 euros para el hijo de ambos, 30.000 para los padres de la joven y 20.000 para cada una de las dos hermanas. El fiscal solicita también que le sea prohibido al acusado aproximarse a menos de mil metros de los domicilios y centros de trabajo de los familiares de la víctima durante la condena y diez años después.

La parte demandante optó finalmente por no citar a declarar al que fuera máximo accionista y presidente del club, que se libró de estar en los banquillos, una decisión llamativa, al igual que llamó la atención que no se citara a declarar a los peritos judiciales, sobre todo al de la parte demandante, quien, sorprendentemente, ha dado la razón a los representantes legales de Joaquín Morales.

Quien remitió su disconformidad fue Antonio del Puerto. El que fuera administrador concursal del club azulino volvió a incidir en que los créditos presentados por Morales para la ampliación de capital no eran ni líquidos, ni vencidos, ni exigibles. En cuanto a la defensa, Óscar Arredondo basó su defensa en varios puntos. Primero, argumentó una vez más que la demanda se había presentado fuera del plazo establecido, añadiendo que la ampliación no había sido registrada por motivos externos, no por defectos en la ampliación. Para acabar,  Arredondo se basaba también en el informe de un perito independiente a la defensa, que asegura que hay documentación suficiente para avalar la ampliación de capital.

Salvemos al Xerez impugnó en su momento los acuerdos sociales contra Luz Costa Inmuebles SL, que es la empresa sobre la que sustentaba Morales su mayoría accionarial en el club. Dicho acuerdo se refiere a la ampliación de capital realizada en 2006 en el Xerez CD de 5.384.960 euros, de los cuales 4.304.722,60 serían suscritos por Luz Costa Inmuebles SL por compensación de unos supuestos créditos que, según dijo en su día Morales, ostentaba contra el Xerez CD.

Hay que recordar que de manera paralela a este caso, el grupo de accionistas minoritarios del club xerecista está a la espera del procedimiento penal contra el propio Morales abierto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Jerez, a partir de una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por parte de ‘Salvemos al Xerez’, un proceso que se refiere a presuntos delitos societarios cometidos por Morales durante su etapa en el club azulino.

Los representantes legales de los familiares de las víctimas han confirmado que la sentencia  no contempla dos aspectos que reclamaban como la petición de un delito de conducción temeraria que elevaría la pena de cárcel y una indemnización a los hermanos mayores de las víctimas.

La defensa del acusado por el atropello mortal a dos menores el verano de 2013 en la carretera comarcal A-2002, en Cádiz, solicitó la semana pasada una reducción de la condena en el juicio. El único inculpado por los hechos, el portuense J.M.A.L., de 30 años de edad y en prisión preventiva desde el día de los hechos, pidió a través de su abogado una reducción de condena a dos años y medio, en lugar de cuatro años, tal y como había solicitado la Fiscalía, por el delito de homicidio imprudente.

Los dos menores, de 15 y 17 años, viajaban el verano pasado en un ciclomotor que fue arrollado por el vehículo del acusado, que invadió el sentido contrario de la calzada al intentar adelantar un camión. Eran algo más de las 5 de la tarde y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada cuando llegaron al lugar donde sucedió este trágico accidente. Según la Guardia Civil, el conductor del vehículo que propició este accidente dio positivo en los test de alcoholemia y también en los de drogas, probablemente por consumo de cocaína, además de que conducía sin permiso ya que éste se le había retirado meses atrás, por lo que fue acusado de un delito de homicido imprudente.

De esta manera, la cita en los banquillos del que fuera máximo accionista del Xerez CD y su director general, que debrería haberse producido hoy, queda aplazada ‘sine die’, al menos hasta que el juzgado vuelva a poner fecha y hora. El exempleado del club, Manuel Leira, denunció a Morales y Monterrubio por una presunta apropiación indebida una vez que el que fuera subdirector general fue despedido del club.

En su alegato final, el fiscal, que pide para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, ha puesto en tela de juicio que, como declaró la imputada la semana pasada, informara al Gobierno de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias, ni que existiese un plan formal de reintegro del dinero destinado al abono de nóminas. De la misma forma, entiende que existe la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.

Por su parte, el abogado de Pilar Sánchez ha pedido su libre absolución, afirmando que se limitó a usar fondos públicos para cumplir “una obligación”. También ha insistido en que “el Código Penal no contempla lo que se ha enjuiciado estos días”, aludiendo en este punto a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2012 que, según afirma, anuló la disposición séptima del Real Decreto de 2009 por el que se regulaba el Plan E. Dicha disposición aludía al principio de la cuenta restringida, según ha detallado. Ha subrayado igualmente que nadie le advirtió de que podía estar incurriendo en un ilícito penal, pese a que ella lo preguntó “hasta la saciedad”.

Por su parte, Pilar Sánchez ha remarcado en su declaración que “a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas” y está convencida de que ella será “la única”. “No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”, ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas.

Se ha mantenido firme en que adjudicó todas las obras y cumplió con el objetivo de creación de empleo y en que las operaciones financieras para reponer las cantidades tardarían más o menos en llegar, pero “siempre se hacían”.

Finalmente, ha llamado la atención sobre el “daño”, la “inseguridad y miedo” que este caso le ha ocasionado a ella y a su familia (tiene sus cuentas embargadas y un embargo de señalamiento en su vivienda), pese a lo que tiene “plena confianza en la justicia”.

Esta semana se ha cumplido el primer aniversario del asesinato de Miriam Tamayo (fue el 13 de junio de 2013), cuyo juicio será, tal como avanzó este pasado viernes REPORTEROS JEREZ, del 1 al 4 de diciembre próximos en la Audiencia Provincial. Como no podía ser de otra manera, muchos han aprovechado para recordar lo sucedido, con la intención de evitar que quede en el olvido, sobre todo familiares y amigos, que esperan con ansiedad que se haga justicia por una muerte sucedida en crueles circunstancias. Y también hay quienes han aprovechado para rendir homenaje a la víctima. Uno de los más emotivos ha llegado en forma de canción, que es la que se reproduce en el vídeo que complementa esta información, repleta de emotividad y sentimientos.

La letra y música corre a cargo de Kiko Carrillo, la voz es de Pedro Moreno, los coros son de Belén Moreno y Kiko Carrillo, la guitarra es de José Tomás y la producción corresponde a Estudio 31.

El compositor Kiko Carrillo relata a REPORTEROS JEREZ que fueron amigos y familiares de Miriam Tamayo quienes se pusieron en contacto con él para que hiciese realidad el sueño que tenían de hacerle una canción a la víctima. Carrillo se puso manos a la obra inmediatamente, tiró de amistades del mundo de la música y el resultado es éste.

Tal como se ha apuntado anteriormente y ya avanzó este medio el pasado viernes, la Audiencia Provincial de Cádiz acogerá del 1 al 4 de diciembre de este año el juicio por el crimen de la jerezana Miriam Tamayo, que se celebrará con jurado y sentará en el banquillo a la expareja de la víctima, acusado de un delito de asesinato por apuñalarla mortalmente en plena calle cuando ella se dirigía a un almuerzo de fin de curso el 13 de junio de 2013, hace justo un año.

La Fiscalía solicita 18 años de cárcel por un delito de asesinato para el acusado, que se encuentra en prisión preventiva desde el día siguiente de los hechos. Además, reclama una indemnización de 200.000 euros para el hijo de ambos, 30.000 para los padres de la joven y 20.000 para cada una de las dos hermanas. El fiscal solicita también que le sea prohibido al acusado aproximarse a menos de mil metros de los domicilios y centros de trabajo de los familiares de la víctima durante la condena y diez años después.

La Fiscalía solicita 18 años de cárcel por un delito de asesinato para el acusado, que se encuentra en prisión preventiva desde el día siguiente de los hechos. Además, reclama una indemnización de 200.000 euros para el hijo de ambos, 30.000 para los padres de la joven y 20.000 para cada una de las dos hermanas. El fiscal solicita también que le sea prohibido al acusado aproximarse a menos de mil metros de los domicilios y centros de trabajo de los familiares de la víctima durante la condena y diez años después.