El detenido rastreaba Internet para conseguir los nombres y los teléfonos de párrocos de localidades ubicadas en su mayoría en la zona norte de España, acto seguido se ponía en contacto con ellos argumentando ser representante de vecinos de la zona que se encontraban en casos urgentes de necesidad o haciéndose pasar por un sacerdote que necesitaba fondos de forma urgente para ayudar a personas que se encontraban en casos extremos de pobreza en su área parroquial.

En ocasiones incluso llegó a suplantar la identidad de un sacerdote del que había conseguido toda su documentación para contactar con otros párrocos católicos a los que convencía para que le realizaran transferencias urgentes ya que debía atender graves situaciones económicas entre sus feligreses.

De esta manera el detenido habría conseguido estafar una cantidad superior a 12.000 euros mediante engaños a párrocos de localidades tan distantes como San Andrés de Teixidó y Mondoñedo en Lugo, San Saturniño (La Coruña) o Reinosa  en Cantabria.

El detenido residía en un domicilio ubicado en el centro histórico de Jerez y se dirigía rápidamente a las oficinas bancarias cercanas para retirar el dinero minutos después de que se hubiera llevado a cabo cada transferencia.

Las investigaciones se iniciaron de forma paralela por parte de la Policía Nacional en Gijón en Asturias y por agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Torrelavega en Cantabria, cuando los investigadores de ambos cuerpos llegaron a la conclusión de que estaban investigando a una misma persona unificaron las pesquisas y solicitaron el apoyo de los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez al existir indicios de que el autor de los hechos podía encontrarse residiendo en la ciudad.

Una vez abierta la investigación en Jerez los agentes recabaron nuevas pruebas de las acciones ilícitas llevadas a cabo por el detenido y localizaron el domicilio en el que se encontraba residiendo, procediendo a su localización y detención como responsable de nueve delitos de estafa y uno continuado de usurpación de estado civil para ser inmediátemente trasladado hasta las dependencias de la Comisaría de Jerez donde ingresó en calabozos hasta que ha sido puesto a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de Jerez que derivará la causa  a los distintos Juzgados de Instrucción que investigan las acciones del detenido por todo el país.

El detenido natural de Barcelona de 36 años de edad y domiciliado en Jerez de la Frontera cuenta con catorce detenciones previas siendo cinco de ellas relacionadas con delitos de estafa cometidos anteriormente.

La investigación ha sido realizada por agentes del Grupo de Delitos Contra la Personas de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Jerez en colaboración con los agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional en Gijón (Asturias) y el equipo de Policía Judicial del Puesto Principal de la Guardia Civil en Torrelavega (Cantabria).

La investigación se inicio a raíz de las denuncias interpuestas por los afectados que se personaron en la Comisaría Local de Jerez para comunicar que les estaban llegando cargos a sus cuentas bancarias por gastos con tarjetas que expide una multinacional comercial que ellos nunca habían solicitado y por el uso de un dinero que ellos nunca habían disfrutado.

Las primeras pruebas obtenidas apuntaban a que la presunta autora se valió de los meses que pasó trabajando en el servicio  financiero de una conocida cadena de venta de muebles para quedarse de forma ilícita con copia de la documentación aportada por las personas que querían financiar la compra de sus muebles y que ella misma ayudaba a tramitar y gestionar.

Los agentes descubrieron como la investigada forzaba los buzones de correos de sus propios vecinos para robarles la correspondencia y de esta manera poder hacerse con cuentas bancarias ajenas que aprovechaba para cargar los gastos de financiación de las cantidades de las que  conseguía apropiarse.

Los investigadores han recabado datos que incriminan a la inculpada como la presunta autora de todos los hechos denunciados por las víctimas, la cual suplantaba su identidad por la de los afectados para solicitar tarjetas de débito y crédito con las que conseguía que la ingresaran hasta 4.000 euros con cada operación fraudulenta.

Los hechos ocurrieron cuando la Guardia Civil interceptó en un control preventivo un turismo que según la base de datos circulaba sin seguro. Tras identificar a su conductor y comunicarle que se le iba a sancionar por circular sin seguro, esta persona se muestra extrañado y enseña a los agentes una documentación que aparentemente estaba en regla, por lo que se trasladan a dependencias oficiales, donde la propietaria de la correduría se presenta alegando que al tramitar la documentación había equivocado un dígito de manera accidental, pero que en ese mismo momento lo solucionaría con la compañía de seguros. Al no haber aparentemente mala fe y no haber terceros perjudicados, se optó por el principio de mínima intervención.

Semanas después, los guardias civiles de La Barca de la Florida, tuvieron conocimiento que en Arcos, tras un accidente de tráfico, se había producido un altercado puesto que el conductor de uno de los vehículos accidentado al dar parte a la compañía de seguros, comprobó que no estaba asegurado, teniendo que impedir los guardias civiles de la localidad que se produjeran hechos de mayor gravedad hacia la propietaria de la correduría.

Estos hechos hicieron que los guardias civiles La Barca de la Florida y del Área de Investigación de Jerez, se pusieran en contacto con las aseguradoras, encontrando en principio un total de 19 personas que habían contratado pólizas de seguro de accidentes en una misma correduría de seguros con sede en la pedanía jerezana de El Torno, las cuales no se habían llegado a formalizar tras haber abonado el importe, o bien se habían contratado por un año y sólo se habían formalizado por un solo día, siendo estas personas ajenas a todo ello, con la situación de riesgo que conlleva circular con el vehículo sin asegurar. Entre las personas que se encontraban sin seguro, habiendo abonado su importe, se encontraba la persona interceptada por la Guardia Civil y ante la que la propietaria de la correduría aseguró que se trataba de un “baile de números”, al que había dado de baja el seguro de su vehículo por segunda vez.

Las investigaciones de los guardias civiles, desvelaron que la forma de actuar de la propietaria de la correduría, sería la de aprovechar la confianza de los clientes, en ocasiones personas con escaso nivel cultural que en algunos casos casi no sabían leer ni escribir, identificando como afectados a personas de su entorno familiar y de amigos cercanos, que confiaban plenamente en ella y ni si quiera le pedían en algunos casos justificante de pago.

El Modus Operandi consistía en cobrar el importe en metálico por una anualidad  correspondiente a una póliza de seguro de automóvil u  hogar, para  posteriormente dar de baja dicha póliza por impago y de este modo inducir a error a los denunciantes, los cuales, circulaban con sus vehículos confiados de tener el seguro en vigor, cuando realmente estaba dado de baja por impago, llegando a registrarse hasta tres siniestros sin póliza de seguros en vigor por el método descrito, además de un siniestro de hogar. Si se producía alguna incidencia, para evitar ser descubierta, cambiaba un número o letra de la serie de la matrícula completa y emitía una nueva póliza y esgrimiendo  error involuntario en la emisión de la póliza.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención de N.E.G.C., como presunta autora de un delito continuado de estafa.

La Guardia Civil de La Barca inició sus investigaciones fruto de las charlas y del  contacto permanente y cercano con personas mayores que se realiza a diario en el marco del Plan Mayor de Seguridad. Los guardias civiles pudieron saber que una mujer de setenta y cuatro años de edad podría haber sido víctima de una estafa bancaria, donde los supuestos autores habrían extraído de su cuenta corriente 500 euros, lo cual habría provocado que esta anciana quedara en una situación económica muy desfavorable, ya que percibe una pensión de 436 euros al mes.

Los guardias civiles iniciaron una investigación en la que pudieron averiguar el modo por el que se había realizado la extracción ilícita de dinero, viéndose apremiados por la situación de desamparo en la que quedaba la victima.

Tras comprobar que la extracción del dinero se había realizado desde el cajero automático de la entidad y conseguir la colaboración de los responsables de la misma, los guardias civiles constataron que la propietaria de la cartilla había anotado el número secreto en su interior.

Por todo esto, los agentes investigaron a toda persona que hubiera tenido acceso a la vivienda, realizando además un rastreo en las imágenes de la sucursal bancaria. Tras el visionado de las imágenes, los guardias civiles determinaron que la mujer que realiza habitualmente labores de empleada de hogar en el domicilio de la víctima había realizado una operación bancaria desde el cajero automático en la misma franja horaria investigada.

Tras citar a la empleada de hogar para tomarle declaración en relación a los hechos investigados, la trabajadora intentó confundir a los agentes justificando su presencia en el cajero, por efectuar operaciones en su cuenta bancaria, extremo que habría sido desmontado por los agentes de manera previa, por lo que tras presentarle todas las evidencias en su contra reconoció los hechos que se le imputaban.

Los agentes, tras recuperar el dinero sustraído, procedieron a su detención y puesta a disposición del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Jerez, no descartando que se puedan esclarecer otros hechos similares, ya que la detenida realizaba habitualmente las labores de limpieza de hogar a otros mayores, por lo que, permanecen abiertas las investigaciones.

El detenido se presentaba como trabajador para una empresa de inversiones radicada en Marbella y alegaba ser experto conocedor de los mecanismos de adjudicación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados por los distintos Juzgados y Tribunales en la provincia. De esta manera y alegando a las víctimas que se trataba de un proceso del todo legal, comenzaba a exigirles distintas cantidades de dinero por conceptos tan variados como; gestionar el contrato de cesión de adjudicación del inmueble, elevar a público el contrato en la Junta de Andalucía, el levantamiento de cargas previas u otras excusas que le valieran para conseguir dinero de sus víctimas tanto en transacciones bancarias como en metálico.

Acto seguido llegaba a falsificar documentos como si fueran provenientes de los Juzgados donde estaban embargadas las propiedades en cuestión, en este último caso llego a presentar a los perjudicados un documento supuestamente proveniente de un Juzgado de Instrucción de Jerez, incluso con el sello falsificado del mismo, para proceder a la entrega de las llaves, momento en el que, por supuesto, exigió una nueva remesa de dinero. La sorpresa de los afectados llegó cuando se presentaron en el citado Juzgado para recoger las llaves de inmueble indicándoles los funcionarios judiciales que esa ejecución hipotecaria a la que se referían no existía.

Los afectados se personaron en las dependencias de la Comisaría de Jerez, donde presentaron la pertinente denuncia por estos hechos haciéndose cargo del caso los agentes de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Jerez, cuyas investigaciones demostraron que el inmueble en cuestión nunca había sido subastado ni adjudicado a las víctimas y que el presunto mediador se trataba de un varón, viejo conocido de los agentes al haber sido detenido tiempo atrás como autor de estafas en la gestión de supuestos lotes de vehículos y maquinaria supuestamente incautados igualmente por las Autoridades Judiciales. Los agentes consiguieron localizar y detener al varón como presunto responsable de un delito de estafa y otro de falsedad documental, siendo trasladado hasta las dependencias de la Comisaría de Jerez en la Plaza del Arroyo, desde donde ha sido puesto ha disposición de la Autoridad Judicial en funciones de Guardia.

La Policía Nacional ha identificado  y detenido en Jerez a M.A.A.R., de treinta años de edad, natural y vecino de la localidad, como presunto responsable de una serie de estafas cometidas en las últimas semanas en varios comercios de compra-venta de oro y metales preciosos de la ciudad. Para conseguir realizar el engaño el detenido presuntamente se presentaba en los comercios con la intención de empeñar piezas que aseguraba se trataban de joyas de oro de aleación de 24 quilates cuando en realidad se trataba de pulseras que sólo poseían un primer baño superficial de oro que le servía para engañar en un primer momento a los empleados  y propietarios de los comercios cuando realizaban las primeras comprobaciones. Sin embargo una inspección más detallada de las joyas por uno de los negocios puso de relieve el engaño interponiendo su responsable una denuncia en las dependencias de la Comisaría de Jerez.

Los agentes integrantes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Comisaría de Jerez se hicieron cargo de la investigación para esclarecer los hechos, encontrando dos negocios de compra-venta de oro de la ciudad que en cuyo poder obraban piezas empeñadas las cuales, tras un examen más minucioso, se pudo comprobar como igualmente solo presentaban una primera capa superficial de oro.

Los investigadores  llegaron a la conclusión de que el autor de todas las estafas  se trataba de la misma persona, la cual había utilizado siempre piezas falsificadas similares en apariencia, forma, tamaño y diseño para cometer el engaño, solo diferenciándose ligeramente en el peso las diferentes falsificaciones utilizadas en cada comercio, la misma  persona además había intentado repetir la misma operación en otros dos establecimientos similares aunque sin éxito en esas ocasiones.

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La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, ha denunciado en Jerez que el caos económico imperante en la Junta de Andalucía ha dado un nuevo golpe al empleo en la provincia al dejar sin ayudas a unos 500 autónomos en la provincia. Ruiz-Sillero ha lamentado que la incapacidad de gestión del Gobierno andaluz afecte, de nuevo y de manera directa, a la creación de empleo en la provincia, y ha calificado como una “estafa” que la Junta no pague las ayudas que presupuestó para los autónomos.

“En este caso -ha detallado la dirigente popular-, se trata de las ayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador autónomo que la Administración andaluza publicó en Orden de 26 de abril de 2010 y que, dos años después, en julio de 2012 suspendió”.

Ruiz-Sillero ha criticado que, ya no sólo es el hecho negativo de suspender estas ayudas dos años después de haberlas publicado, sino que la Junta no haya pagado las ayudas que, durante su periodo de funcionalidad, prometió a unos 500 trabajadores autónomos en la provincia y que se estima en unos 5.000 euros por afectado.

La parlamentaria andaluza del PP ha denunciado que el Gobierno andaluz creó falsas expectativas prometiendo ayudas para los autónomos y después las denegó por falta presupuesto. “¿Dónde ha ido a parar ese dinero que era para los autónomos?”, se ha preguntado la portavoz de Empleo del PP Andaluz.

Teresa Ruiz-Sillero ha afirmado además que el PP tiene la obligación de “sacar los colores” al bipartito de la ruina, “porque ¡basta ya! de engañar a los emprendedores, que están creando puestos de trabajo, y que se han visto muy perjudicados por la falta de cumplimiento de la Junta de Andalucía. Porque perfectamente se han podido dar casos de autónomos que, esperando la ayuda comprometida, hayan pedido un préstamo al banco que ahora no puedan pagar. Esta forma de actuar del bipartito no sé cómo calificarla: engaño, sinvergonzonería…”

Respecto a nuestra ciudad, la parlamentaria andaluza ha señalado que en Jerez el número de autónomos está creciendo, señalando que en estos momentos (últimos datos del mes de febrero), hay un total de 9.116 autónomos, 339 más que en la misma fecha del año pasado.

Para la coordinadora de Empleo del PP Andaluz, los pasos adelante que se están dando nada tienen que ver con el balance tan negativo de la Junta, que es quien tiene las competencias en Empleo. “Su mala gestión se contrarresta con el esfuerzo de la alcaldesa María José García-Pelayo y del Gobierno de la Nación, que están apostando por la  creación de empleo y por los autónomos con medidas pioneras y ayudas que los jerezanos saben que sí van a cobrar, porque las gestiona el Partido Popular”.

Ruiz-Sillero ha hecho referencia a una medida puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy y que está generando confianza, que fue anunciada por la ministra de Empleo, la andaluza Fátima Báñez, la tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida, así como el apoyo a los autónomos con un tercer año de bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social del 50 por ciento. “Medidas que sí crean empleo y que tienen el compromiso del Gobierno de la Nación de que se van a cobrar, porque los jerezanos y los andaluces saben que el PP cumple”, ha concluido la parlamentaria popular.

La Policía Nacional ha lanzado un decálogo para ayudar a los internautas a tener una ciberNavidad más segura. Cerca de 11 millones de españoles realizan sus compras a través de Internet, especialmente en estas fechas. Los especialistas de la BIT alertan sobre las principales amenazas para las compras navideñas en la Red, como el phising, virus, redes inseguras o software ilegal comprometido. Cualquier internauta puede protegerse de múltiples riesgos mediante sencillas pautas de seguridad sobre el uso del router, contraseñas, pago web o navegación.

Los routers inalámbricos para conectarse a Internet utilizan una contraseña por defecto. Para una mayor seguridad, no utilice el cifrado WEP y cambie esta contraseña.

Una password segura debe contener al menos ocho caracteres y usar minúsculas, mayúsculas, números, letras y símbolos. No se debe formar con información personal como nombres o fechas de nacimiento, de hecho no es recomendable usar palabras que aparezcan en el diccionario de ningún idioma. Tampoco elija grupos de números o letras adyacentes en el teclado y cambie de contraseñas periódicamente.

Introduzca sus datos personales únicamente en sitios de total confianza y compruebe los certificados de seguridad de estos sitios. Preste atención para distinguir las páginas web verdaderas de imitaciones para “pescar” sus datos o phising. Estos estafadores han afinado sus técnicas con lo que se conoce como spear phishing y envían emails supuestamente procedentes de páginas que la víctima ha visitado recientemente.

No utilice ordenadores públicos (como los de cibercafés) ni redes wifi gratuitas para realizar operaciones bancarias. Resulta más fácil a los estafadores acceder a sus datos en este tipo de entornos.

Cuando utilice su tarjeta bancaria en comercios físicos, no tire el resguardo de compra en las inmediaciones, podría ser usado para futuras estafas.

Si recibe un correo electrónico de un remitente desconocido, ni siquiera lo abra, elimínelo directamente.

Es necesario actualizar periódicamente el sistema operativo de su ordenador de sobremesa o portátil, así como las principales aplicaciones, como el procesador de textos y el navegador.

Ante emails extraños enviados por remitentes conocidos, si no está completamente seguro de quién lo ha enviado, no abra los documentos adjuntos. En ocasiones se envían archivos maliciosos desde cuentas de correo electrónico conocidas que han sido comprometidas.

No introduzca su número de tarjeta en páginas web de dudosa confianza, ni siquiera si lo solicitan como pretexto para comprobar su mayoría de edad. Si va a usar un medio de pago online, fíjese que un candado aparece en la barra de direcciones de su navegador.

Compruebe regularmente que los cargos recibidos en su cuenta bancaria se corresponden con las compras que ha realizado.

La Policía Nacional cuenta con una fuerte presencia en las redes sociales, encabezada por el perfil @policia en Twitter, que es seguido por más de 680.000 personas. Si tiene dudas sobre temas de seguridad no dude en planteárselas a los agentes a través de esta plataforma.

Por aquel entonces, se daba la circunstancia de que Luis B. J. figuraba como apoderado y miembro del consejo de administración de Hijos de Raniera, condición ésta que compartía con otro conocido empresario de la ciudad. En dicho documento se indicó, entre otras cuestiones, que la compraventa se elevaría a escritura pública antes del 31 de diciembre de 2003, algo que sin embargo nunca llegó a producirse y la sociedad compradora tampoco llegó a tener nunca posesión de la finca. A pesar de ello, el procedimiento siguió su curso y Proyectos Comunitarios Andaluces emitió un pagaré por importe de poco más de 244.000 euros, que fue sustituido por un cheque. Tres días después, ‘alguien’ lo cobró en la ventanilla de una sucursal bancaria y no se conoció el destino final de ese dinero, algo de lo que se acusó directamente a este socio.

Como argumenta el juez, durante esos años “era una práctica habitual” la entrega de cantidades en metálico a cambio de pagarés al portador a la empresa Hijos de Raniera debido a sus necesidades de tesorería, algo que se llevó a cabo en diversas ocasiones sin que sea posible precisar las fechas exactas ni los importes. Aunque lo normal en estos casos era que la persona que firmaba el cheque y la portadora fueran la misma, en algunas entidades como ésta la exigencia no era tal, por lo que a pesar de que el juez reconoce que el talón fue emitido y firmado por Luis B. J., argumenta que no hay manera de saber si realmente él lo cobró, lo que ha sustentado finalmente el fallo absolutorio. Y es que ningún testigo ha podido corroborar este punto, asevera el magistrado, como tampoco pudo ser avalado durante el juicio por documento alguno.

LA ACUSACIÓN ACUDIRÁ AL SUPREMO

La acusación particular, por su parte, ejercida por Francisco Mauriño, ya ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia. Como ha explicado el letrado, existe un oficio judicial en el que la entidad bancaria reconoce que fue el procesado quien cobró el cheque; además, considera que el hecho de que estuviera firmado por él siendo un cheque al portador invalida cualquier otra interpretación que no sea la de que él mismo recibió el importe. Cabe recordar que la Fiscalía solicitaba para Luis B. J. dos años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida, mientras que la acusación particular lo elevaba a 6 por una presunta estafa, junto con el abono de esos 244.000 euros. El Supremo decidirá, en todo caso, si eleva a firme la decisión de la Audiencia Provincial o si, por el contrario, admite las consideraciones de Mauriño. 

La Policía Nacional ha detenido en Jerez a F.M.S.G., como presunto autor de una estafa a los feriantes mediante tickets falsificados para las atracciones durante la pasada Feria del Caballo. El presunto falsificador habría llevado a cabo la elaboración de un número muy importante de vales similares a los aportados de forma solidaria por los feriantes para las familias más necesitadas, y posteriormente habría procedido a venderlos a un valor mucho menor del valor de las entradas ordinarias.

La Asociación de Feriantes cerró la pasada semana de Feria con la desagradable sorpresa de que se había producido un importante agujero en las cuentas de muchos de sus miembros debido, no a la crisis, sino a que personas desconocidas habrían introducido una importante cantidad de tickets falsificados de acceso a las atracciones. Las falsificaciones además se habrían centrado en los tickets especiales que de forma altruista la Asociación entrega al Ayuntamiento de Jerez para que los distribuya entre las personas más necesitadas con el objetivo que de esta forma los pequeños de estas familias puedan disfrutar también de las atracciones de feria. Este año los feriantes donaron 1.500 de estos boletos solidarios y la sorpresa llegó cuando en los últimos días de Feria detectaron muchos más en circulación.

El montante total de los estafado a los feriantes que acudieron a la Feria de Jerez asciende a alrededor de 45.000 euros, fluctuando entre los 1.000 euros y en los casos más afectados los 9.000 euros.

El arrestado se habría amparado en la crisis para hacer negocio ilícito y habría procedido a la venta de las falsificaciones por un euro cuando el valor real de las entradas es de tres euros, justificando ante los compradores que se trataban de tickets gratuitos cedidos al Ayuntamiento de Jerez por los feriantes para personas de escasos recursos económicos y de los que él se había apropiado.

La investigación descubrió como un segundo vecino de la ciudad adquirió al falsificador un número importante de boletos para su posterior reventa, aún sabiendo que su presunta procedencia altruista imposibilitaba su venta, por lo que ha sido imputado de delitos de estafa y falsedad documental.

En los últimos días de Feria los empresarios, al detectar que podían estar siendo estafados, decidieron anular por completo este tipo de tickets resultando perjudicadas tanto las personas sin recursos a las que van dirigidas este tipo de boletos solidarios, como personas que podrían haberlos comprado de buena fe en la zona del Real. Los agentes han podido recuperar 3.355 tickets falsificados que han quedado a disposición de la Autoridad Judicial competente.