La Mesa General de Negociación del convenio municipal, en una sesión presidida por el segundo teniente de alcalde, Javier Durá, ha alcanzado un acuerdo entre las partes sobre la totalidad del articulado. Así, se ha logrado el acuerdo merced a los votos favorables de CGT y SIP, mientras los sindicatos UGT y CC OO han optado por la abstención y ATMJ no ha asistido a la sesión. El texto aprobado hoy deberá ser ratificado por la Asamblea General de Trabajadores, que se ha convocado para el próximo lunes. Este hecho supone la culminación del proceso de negociación para la aprobación de un acuerdo-convenio que permitirá dotar de un marco estable a la plantilla municipal para los próximos años.

El gobierno local ha subrayado que “las medidas acordadas se encuentran dentro de los límites presupuestarios del Plan de Ajuste municipal, cuyo objetivo es garantizar la viabilidad económica del Ayuntamiento y la prestación de los servicios a los ciudadanos. En este sentido, hay que destacar que los objetivos planteados al inicio del proceso se han alcanzado por acuerdo entre las partes”. De esta manera, en virtud según el ejecutivo se establece un salario mínimo municipal; se mitigarán los efectos del ajuste salarial para los trabajadores de sueldos inferiores a 25.000 euros y se fijarán para todos los trabajadores, con independencia de la categoría profesional a la que pertenezcan, criterios de reparto justos y proporcionados de las cantidades pendientes de asignación e implantación de una mejora, siempre dentro de los límites del Plan de Ajuste para todos los trabajadores de categoría A1 y A2.

Una vez culminado este proceso y tal como se ha indicado a las diferentes secciones sindicales, se iniciarán las labores para la revisión y adaptación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento así como el proceso de funcionarización, continuando con los procedimientos legalmente establecidos de provisión a los puestos de estructura del Ayuntamiento, y los trabajos con vistas al inicio de los procesos de consolidación, dentro de las posibilidades legales existentes. El gobierno local reitera “el agradecimiento, por su actitud y colaboración, a los representantes sindicales” y a los trabajadores municipales “por su implicación en el trabajo diario para prestar unos servicios de calidad a la ciudadanía”.

El delegado de Personal, Javier Durá, ha dejado claro que “el gobierno municipal no va a ceder a las presiones de una parte interesada de la ATMJ, en el esfuerzo que se está realizando para poner orden en el caos salarial que les ha beneficiado durante años y que les ha permitido contar con sueldos superiores a los 100.000 euros”. En respuesta a las declaraciones del colectivo, que ha sido muy crítico con la Relación de Puestos de Trabajo planteada por el ejecutivo, Durá ha sido muy claro: “Esta pataleta de los que se han beneficiado de unos sueldos astronómicos durante años no representa a esa mayoría de técnicos que se están beneficiando con la RPT y que, por primera vez, van a poder tener una carrera profesional”.

El delegado ha pedido “a esta élite que deje de contaminar el trabajo que se está realizando en el compromiso del gobierno municipal de dotar a este Ayuntamiento con una RPT que es obligada por ley y que ningún gobierno anterior se ha atrevido a realizar, precisamente porque acaba con los privilegios de algunos altos cargos”. Durá ha recordado que su equipo se encontró a su llegada “con que 37 trabajadores municipales cobran, de media, más de 97.000 euros al año y otros ocho empleados públicos perciben más de 100.000 euros al año, mientras que un ministro tiene una retribución que no alcanza los 70.000 euros”.

En este sentido, el concejal ha comentado que una “parte de los dirigentes de ATMJ han sido los grandes beneficiados de la caótica política de personal de épocas pasadas y, por eso, no hay interés alguno en que el Ayuntamiento de Jerez tenga una adecuada organización y retribuciones acordes a los tiempos que corren”. “Los que se oponen son los que ganaban más de 100.000 euros al año; los que eran nombrados a dedo, sin ningún procedimiento, solo por el capricho del alcalde o para pagar favores o para obtener el silencio cómplice”.

Conforme a esto, ha advertido de que el actual ejecutivo “no tiene problema en ir a los juzgados si así lo quieren estos técnicos, pues este gobierno gestiona cumpliendo la legalidad, acabando con prácticas arbitrarias de gobiernos anteriores”. Por otro lado, ha señalado que “nadie puede mantener derechos que se adquirieron de forma torticera y de manera irregular y, si a eso le llaman carrera profesional, este gobierno no lo va a permitir”.  Asimismo, también ha recordado que “entre las medidas adoptadas, en noviembre de 2011 se bajaron los sueldos superiores a los 40.000 euros precisamente tocando las productividades, motivo que tampoco ha gustado a los sueldos más altos”. “Quizás, el hecho de que el TSJA haya desestimado la demanda de la ATMJ les haya podido también provocar esta reacción interesada”, ha sentenciado.