La sentencia dictada este martes por la Audiencia de Sevilla dispone que Griñán deberá cumplir 6 años de prisión y Manuel Chaves 9 de inhabilitación especial por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación el segundo.

También han sido condenados a prisión otros nueve ex altos cargos: los ex consejeros Antonio Fernández (7 años), José Antonio Viera (7 años), Francisco Vallejo (7 años), Carmen Martínez Aguayo (6 años), los ex viceconsejeros Agustín Barberá (7 años), Jesús María Rodríguez (6 años), el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (7 años), el ex director general Juan Márquez (7 años), el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (6 años).

El resto de las condenas conllevan penas de inhabilitación, entre ellas la de la ex ministra Magdalena Álvarez, para la que el tribunal ha dictado 9 años de inhabilitación. Junto a ellas se encuentran el ex consejero Gaspar Zarrías (9 años de inhabilitación), el ex viceconsejero José Salgueiro (9 años de inhabilitación), el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano (9 años de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Javier Aguado (9 años de inhabilitación), la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina (8 años y 6 meses de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez (9 años de inhabilitación) y, por último el ex director de IDEA Jacinto Cañete (8 años y 6 meses de inhabilitación).

Además, hay dos personas que han resultado absueltas. Se trata del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que estaba acusado por delitos de prevaricación y malversación, y del ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río, procesado por prevaricación.

CLAVES DEL FALLO

La sentencia señala que José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009, y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013, era consciente del uso irregular de las transferencias de financiación para pagar los ERE y sitúa a los ex presidentes en el centro de la toma de las decisiones que permitieron que se estableciera un mecanismo al margen de la ley y de los controles para repartir de forma arbitraria los fondos desviados del presupuesto andaluz.

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años hasta 2009, presidía el Consejo de Gobierno cuando se empezaron a articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los años 90 y en el año 2000. Los jueces subrayan que “la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”. Y el resultado de esta decisión política “lo encontramos en la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procedimientos de reestructuración o crisis empresarial, a finales de los años 90″. “Por ello resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía”, añade la resolución judicial.

Destaca, además, el papel jugado por el convenio que el 17 de julio de 2001 firmaron el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del entonces Instituto de Fomento de Andalucía, Antonio Fernández, también viceconsejero de Empleo, para materializar las ayudas. En virtud de este convenio se encargaba al instituto, que luego sería rebautizado como Agencia IDEA, el pago de las ayudas que le ordenara el director general de Trabajo, Javier Guerrero, a pesar de que, incide el tribunal, no tenía competencias para ello. Sobre el ex director general de Trabajo durante una década (con tres consejeros de Empleo diferentes) la sentencia dice que era “plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó”. “Disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”.

Ese convenio establecía un procedimiento específico que suponía, en la práctica, que los expedientes de las ayudas no llegaran a la Intervención y, junto a las transferencias de financiación, apuntan los magistrados de la Sección Primera, permitieron dar el dinero a discreción y sin pasar por ningún control. Desde al año 200 al 2010, el período que se ha investigado en la causa de los ERE, no se fiscalizó ni uno solo de los expedientes de ayudas sociolaborales irregulares.

Hablan los magistrados también de una “absoluta falta de control” en la concesión de las subvenciones, puesto que, explican en la sentencia, lo único que se fiscalizaba era que efectivamente se habían pagado. “Y la conclusión no puede ser otra, que ése fue el efecto buscado”, concluye la resolución. Se prescindió, abunda la Audiencia, “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, algo que fue denunciado en los informes de la Intervención, que alertaron de las irregularidades y de los desfases presupuestarios que se producían en la Agencia IDEA y que también se reflejaba en las cuentas anuales de esta entidad pública.

Por lo que se refiere a las subvenciones sociolaborales, expone la sentencia que el “beneficiario” real no era el trabajador, sino la empresa, y apunta a la Consejería de Hacienda, ya que fue la inclusión en los presupuestos de la figura de las ‘transferencias de financiación’ lo que permitió que “se prescindiera total y absolutamente” del procedimiento legal y que los fondos públicos se pudiesen destinar “a fines ajenos al interés público”. Y, apostillan los magistrados, las consecuencias de todo ello para la Junta de Andalucía fueron “claras e importantes”.

Con respecto a las transferencias de financiación, insiste la Audiencia en el uso indebido que se hicieron de este instrumento que estaba contemplado para paliar pérdidas en las entidades públicas. Señala la sentencia que la “ley nunca permitió que con cargo a aquéllas se concedieran subvenciones, como indebidamente hizo la Consejería de Empleo”.

SIN DECLARACIONES

Los ex altos cargos han abandonado la Audiencia de Sevilla a toda velocidad, sin detenerse ante los periodistas que los aguardaban. Ninguno ha querido hacer declaraciones.

La mayoría han salido con gesto serio, como era de esperar dado el importante varapalo que ha supuesto la sentencia para casi todos ellos.

Algunos de los abogados defensores han anunciado que piensan recurrir la sentencia de la Audiencia de Sevilla ante el Tribunal Supremo. El letrado Juan Carlos Alférez ha explicado que cuentan con un plazo de cinco días para anunciar el recurso, pero tienen previsto solicitar una ampliación de plazo, citando el precedente de la ‘operación Malaya’ sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, un caso en el que los abogados contaron con un plazo más amplio para formular sus recursos.

Para la notificación, el tribunal citó a todos los acusados, con procuradores, a las doce del mediodía en la sala de vistas principal del Palacio de Justicia de Sevilla. Allí, la secretaria ha ido llamando, uno a uno, a todos los acusados y les ha entregado la resolución en formato digital, en un pen drive, además de un extracto en papel con los fundamental, con el fallo.

La sentencia que se ha conocido hoy es el colofón a un juicio que arrancó el 13 de diciembre de 2017 y que se prolongó casi un año, hasta el 17 de diciembre del año siguiente, cuando la causa quedó vista para sentencia después de 152 sesiones.

Justo después de que el presidente del tribunal pronunciase el ‘visto para sentencia’ empezó la fase de deliberación, para la que los tres magistrados -Esperanza Gómez y Pilar Llorente además del propio Juan Antonio Calle- estuvieron liberados durante seis meses. A partir de entonces, sólo Calle ha seguido dedicado en exclusiva ya a la redacción de la sentencia.

Ese período de liberación terminaba el 26 de octubre, pero el magistrado pidió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una prórroga de quince días que le fue concedida y que permitió que la sentencia de los ERE no se conociera en mitad de la campaña electoral de las generales del pasado día 11 de noviembre, sino justamente después, hoy.

El obispado de Asidonia-Jerez ha querido desmentir, mediante un comunicado, la información publicada en algunos medios de comunicación, ya que “no existe constancia de ningún tipo sobre la posible imputación de ningún sacerdote o religioso que desempeñe en la actualidad su labor en el territorio de esta Iglesia diocesana como ha sido publicado en el día de hoy (por ayer)”.

De este modo, la iglesia diocesana “quiere salir al paso de las noticias aparecidas en ciertos medios de comunicación” en ese sentido y al respecto de la denominada Operación Edu, dictada desde instancias judiciales por supuestos fraudes en cursos para desempleados. El dispositivo se está desarrollando en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería y en él participa medio centenar de funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de la Policía Judicial y más de 100 agentes de apoyo, y se ha saldado con la detención de 90 políticos y empresarios en las provincias antes referidas.

Unas 400 personas recorrieron en la mañana del sábado las principales calles del centro para manifestarse contra la situación política en general y la corrupción en particular. De la mano del Movimiento 15-M, los manifestantes partieron de la plaza del Arenal y tomaron Medina, Mamelón y Tornería hasta llegar al Ayuntamiento, bajo el lema ‘Fuera Mafia, Hola Democracia’. En la comitiva, representantes de diversos colectivos como los estudiantes, Izquierda Unida o la Asociación de Desempleados de la Zona Noroeste mostraron su profundo malestar con un sistema que consideran “injusto” y en el que “no se respetan los derechos de los ciudadanos”.

Como explicó uno de los participantes en la protesta, Juan Carlos Aibar, con esta iniciativa impulsada a nivel estatal se pusieron sobre la mesa las antiguas reivindicaciones del 15-M, centradas en la reclamación de una democracia más participativa, una mayor transparencia en la gestión política y un grito de repulsa contra la corrupción no solo del partido que ostenta el poder, sino de toda la clase política. Éste ha sido solo uno más de los actos convocados por el citado movimiento asociativo, que continúa por todo el país con un calendario de movilizaciones que se prevé no cese en todo el invierno.

Sin embargo, el mismo Boadas puso en el centro de la polémica al Xerez, denunciando en las páginas del diario Marca que representantes del cuadro xerecista presuntamente pidieron unos 120.000 euros por dejarse perder ante un equipo que se estaba jugando el ascenso directo. La historia, denunciada por el Girona a la LFP, ya está siendo investigada por la Fiscalía y la Policía, aunque tiene muchos matices que, además, el mismo presidente de la LFP ya tiene en conocimiento.

Según ha podido conocer REPORTEROS JEREZ de fuentes cercanas a la investigación, fue un jugador del Girona el que presuntamente ofreció amañar el encuentro disputado entre el Xerez  el Girona en Montilivi. El precio; 70.000 euros. Las informaciones llegadas a REPORTEROS JEREZ aseguran que fue Dani Mallo, portero del Girona al que, según el presidente del club catalán, el Xerez intentó negociar para amañar el resultado del partido, el que ofreció en nombre de la plantilla la posibilidad en la plantilla azulina de amañar el encuentro.

La situación se complica y casi que excusa la actitud en los últimos días del propio presidente del Girona. Javier Tebas, presidente de la LFP y principal cruzado en la lucha contra la corrupción en el fútbol, ya tenía conocimiento de esta jugada y así se lo hizo saber al propio Boadas, mandatario del cuadro catalán.

La historia continúa, ya que el presunto ofrecimiento no llegó a buen fin. La razón es obvia según las primeras investigaciones, que apuntan a que el Xerez tenía una prima de 300.000 euros por vencer al Girona en Montilivi y que provenía de dos equipos de la Liga Adelante que también luchaban en aquel momento (11 de mayo) por el ascenso directo a Primera División. Fuentes de la investigación apuntan que, una vez conocida dicha prima, representantes del equipo azulino presuntamente ofrecieron esos 120.000 euros al Girona a través de Mallo, aunque, en este caso, y no como ha denunciado el presidente del club gerundense, para que fuera el Girona quien perdiera y así cobrar una prima que, de momento, no se ha demostrado que se haya cobrado.

El Girona se negó a entrar en el negocio, según la investigación desarrollada a día de hoy, y mañana podría conocerse más detalles sobre la operación. Javier Tebas comparecerá para hacer públicas varias denuncias. El mimo presidente de la LFP comentaba en Radio Marca que “hay que pelear y no esconderse porque se me ha criticado mucho porque denunciarlo en público perjudica, pero todo lo contrario. Tenemos que estar todos en esta limpieza”. Esa limpieza, según lo que se está investigando, podría afectar a algunos exjugadores del Xerez, aunque la investigación sigue abierta.