La Audiencia Provincial de Cádiz dio el pasado viernes un plazo de dos días a la que fuera alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011 para que ingresara en prisión para cumplir la sentencia que le impuso y que el pasado diciembre fue confirmada por el Tribunal Supremo.

La sentencia considera probado que la que fuera también exsecretaria del PSOE de Jerez cometió falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación al interceder para que un informe técnico aumentara de 9 a 14 los puntos con los que se evaluó la subvención de 244.000 euros que el Ayuntamiento concedió a TISA, una empresa dedicada a la fabricación de generadores de oxígeno, para que se instalara en suelos del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

La sentencia sostiene que cuando se tramitó esta subvención, en el 2007, Sánchez le dijo al técnico encargado de puntuar a la empresa que la tratara “con cariño” y que, por un correo electrónico que recibió el jefe de su gabinete, su marido, se deduce que ella siguió de cerca los pasos de un informe que fue firmado por un capataz municipal porque el técnico al que le correspondía se negó a hacerlo.

El fallo condenó también a dos años y medio de prisión a la entonces delegada de Medio Rural y a un año y nueve meses al capataz municipal que rubricó el documento por orden de ésta y absolvió a los tres consejeros de la empresa que se sentaron en el banquillo de los acusados por este caso, que fue denunciado por (PA) en el 2009.

Sánchez dejó en octubre de 2014 el PSOE y su cargo como directora general del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía a raíz de una sentencia que la condenó a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas y gastos corrientes en el Ayuntamiento jerezano con fondos estatales del Plan E.

La Audiencia Provincial de Cádiz anuló posteriormente esta sentencia, que se derivó de una denuncia de su sucesora en el cargo, la popular María José García-Pelayo, y la absolvió, al entender que no usó los fondos en beneficio propio. El ingreso en prisión de Pilar Sánchez (nacida en Ceuta en 1958 y funcionaria del ámbito de la Educación) es un paso más del cruce de denuncias en los juzgados en los que derivó el enfrentamiento político entre los tres alcaldes que ha tenido Jerez desde el inicio de la Democracia hasta las últimas elecciones municipales y que han combinado malas relaciones con pactos de gobierno.

Dos de ellos, Pacheco y Sánchez, están ya en prisión, y la tercera, la popular García-Pelayo, es investigada por el Tribunal Supremo por su condición de aforada (en la anterior legislatura fue senadora y en esta es diputada) dentro de una pieza separada de lo que se conoce como la rama jerezana de trama Gürtel.

Los tres coincidieron el pasado 19 de enero en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde estos días está siendo juzgado Pedro Pacheco por un supuesto caso de corrupción urbanística por los que el fiscal pide para él otra condena de siete años de cárcel. Ellas fueron como testigos. Aquel día, en lo que sería su última aparición pública antes de ingresar hoy en prisión, Sánchez, insistió en su inocencia, en que nunca se ha “llevado nada de nadie”, en que siempre buscó el bien de la ciudad y en que aún conservaba esperanzas de que el Tribunal Constitucional crea su versión, la de que ella sólo quiso apoyar a una empresa que iba a invertir ocho millones de euros en la ciudad.

“Me ha salido muy caro ser la alcaldesa de esta ciudad”, señaló aquel día a los periodistas, mientras contaba que “una y otra vez” se pregunta por qué le ha tocado a ella pasar por este “calvario” judicial por gestiones que en otros ayuntamiento no han tenido estas consecuencias.

La Sala Segunda del alto tribunal ha rechazado el recurso de casación interpuesto por Sánchez, así como el de la concejal María del Carmen Martínez Martínez -condenada a dos años, seis meses y 15 días de prisión– por los mismos delitos–. Sánchez, que también fue condenada a ocho años de inhabilitación, tendrá que pagar junto a la exconcejal, de forma solidaria 122.360 euros al Ayuntamiento de Jerez.

La Audiencia Provincial de Cádiz consideró probado que en el marco de la solicitud de TISA para incorporarse al PTA, el encargado de emitir los informes de valoración de solicitantes comentó las dificultades que veía para poder informar favorablemente de la incorporación de TISA al PTA. Tras ello, Sánchez habló con aquel y le dijo que «tratase con cariño a esa empresa, facilitándole diversa documentación y un teléfono de contacto».

Asimismo, TISA obtuvo la adjudicación de la parcela, basada en una valoración que otorgaba a su solicitud nueve puntos sobre una puntuación de 14, y Sánchez «decidió que iba a concederle una ayuda del 40 por ciento del precio establecido por el Consejo de Administración de Emusujesa», pese a que la valoración era un «impedimento para ello» ya que un adjudicatario valorado con nueve puntos, como era el caso, sólo tenía derecho a una ayuda del 20 por ciento.

La Audiencia Provincial tiene la «certeza» de que Pilar Sánchez «estuvo al tanto de lo que ocurría con el informe para otorgar los 14 puntos a la solicitud de TISA», que fue «la que decidió la modificación del borrador» y «que debía ser firmado por algún otro empleado municipal para crear la apariencia de informe técnico de valoración con 14 puntos, habiendo sido ella quien decidió conceder a TISA la máxima puntuación posible».

La sentencia del Supremo recuerda que la exdirigente socialista ha sido condenada por los delitos de prevaricación, falsedad y malversación, en relación de concurso medial y explica que en los de prevaricación y malversación concurre prueba directa de los elementos objetivos, ya que «la resolución administrativa que materializa la prevaricación y constituye el instrumento de la malversación fue dictada personalmente por la recurrente», en su calidad de alcaldesa de Jerez, dato «indiscutido, documentalmente acreditado y reconocido».

Además, expone que se cuestiona el requisito subjetivo, «a sabiendas de su injusticia», «que es lo que se ha acreditado a través de prueba indiciaria» y añade que «la acreditación del elemento subjetivo del tipo de prevaricación a través de la prueba de indicios constituye un supuesto generalizado, que no aporta motivo alguno para cuestionar la resolución impugnada».

«ARBITRARIEDAD MANIFIESTA»

La decisión de la alcaldesa de adjudicar la ayuda máxima a la empresa TISA constituyó «una resolución adoptada con el único sustento de su exclusiva voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, y situada extramuros de toda justificación que pudiera tener el más mínimo apoyo racional», mantiene el Supremo, que señala que Sánchez influyó primero sobre el funcionario competente «para que tratase con cariño a la empresa»; y, después, visto que el perito no le adjudicaba a la empresa TISA la puntuación máxima, necesaria para la concesión de la ayuda máxima, «se le presionó para que cambiase el informe».

Por último, como el nuevo informe tampoco daba cobertura a la máxima subvención que arbitrariamente quería conceder la alcaldesa, «se manipuló el informe y se sustituyó por otro firmado por un capataz». «La arbitrariedad del proceso es manifiesta», sostiene.

En lo que se refiere al delito de falsedad, indica que no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que «la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada», de modo que «es autor tanto quien falsifica materialmente como quien en concierto con él se aprovecha de la acción con tal de que tenga el dominio funcional sobre la falsificación».

En esa línea, mantiene que «no existe ninguna hipótesis alternativa razonable» a que la operación, que exigía necesariamente como instrumento esencial la manipulación del informe, se pudiese realizar «sin el impulso y aquiescencia» de la alcaldesa. Asimismo, expone que era ésta, además, «la que iba a beneficiarse de la falsificación del dictamen», al permitir que su resolución del expediente pudiese superar las objeciones de la Intervención, si la concesión de la máxima subvención no estuviese apoyaba en un dictamen con la máxima puntuación.

La sentencia, hecha pública este lunes, prosigue señalando que, valorados los indicios existentes y relacionándolos racionalmente, «surge como conclusión natural de las normas ordinarias de la lógica y la experiencia que la falsificación se realizó a instancia de la recurrente, que fue quien se aprovechó de la documentación falseada, conclusión que supera el canon de la lógica o cohesión interna, y el canon externo de la suficiencia o calidad de la conclusión».

De esta forma, la sala rechaza los argumentos planteados por la defensa del ex alcalde de Jerez, que iban acompañados de una «abultadísima documentación» que incluía  testimonios favorables de entidades religiosas y también seculares y algo más de 4.000 firmas que reclamaban su excarcelación. Nada de esto, sin embargo, parece haber servido. En cualquier caso, queda ahora el pronunciamiento del Gobierno central, que es quien tiene la última palabra, aunque, tras el informe del Tribunal Supremo, parece poco menos que imposible que permita la excarcelación del ex alcalde jerezano.

La defensa explica que ha “retomado” en el recurso todos los argumentos empleados durante el juicio para defender la “legalidad” de las decisiones adoptadas por su patrocinada para garantizar el pago de la nómina a la plantilla municipal en los ejercicios de 2010 y 2011. Asimismo, plantea que el tribunal ha aplicado en la sentencia, “con carácter retroactivo”, una redacción “más perjudicial” del artículo 308 del Código Penal para enjuiciar los hechos, pese a que indica que no estaba vigente cuando se adoptaron las medidas por las que ha sido condenada su cliente.

Además de resaltar la “dureza” de la sentencia dictada contra la exalcaldesa –que tras conocer el fallo cursó su baja voluntaria de militancia en el PSOE y presentó su dimisión como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales–, su abogado ha criticado el tratamiento “sesgado” de las pruebas practicadas en la vista que se ha dado en la sentencia, al “omitir declaraciones importantes” del interventor y el tesorero en las que, en su opinión, se ponía de manifiesto la inexistencia de expedientes de reintegro y de quebranto económico para las arcas municipales. Además de los dos años de cárcel y la multa, que coincide con parte del dinero desviado del Plan E para pagar nóminas municipales y a las concesionarias y una cantidad añadida, Sánchez también ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial para cargo público como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones.

“HASTA DONDE HAYA QUE LLEGAR”

El Ministerio Fiscal, que en el juicio celebrado en junio solicitó tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, también ha recurrido el fallo pidiendo que se incremente la condena en un año y, de esa manera, le sean impuestos los tres que reclamaba. El letrado de Sánchez, que espera que la resolución de la Audiencia les sea “favorable”, ha avanzado que, en caso de que el recurso sea desestimado, llegarán “hasta donde haya que llegar”, en alusión a la posibilidad recurrir ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado el recurso de súplica presentado por la defensa del exalcalde jerezano Pedro Pacheco pidiendo la salida “varios días” de su patrocinado de Puerto III, donde cumple una condena de cinco años y medio por el ‘caso Asesores’, para hacer gestiones personales y burocráticas ante su “sorpresiva” detención a las puertas de su casa hace diez días.

El letrado que ejerce la defensa de Pacheco, José Aníbal Álvarez, ha confirmado que la Audiencia ha rechazado esta petición, que pretendía que su cliente tuviera un ingreso “ordenado” en prisión y recopilara un informe médico completo para presentar en el penal para ser tratado del glaucoma y otras dolencias que padece. Álvarez, que ha dicho que la postura de la Audiencia era “previsible”, ha descartado además que haya por el momento novedades del incidente de nulidad de actuaciones presentado ante el Tribunal Supremo. El letrado, que se encarga de la defensa desde su despacho de Madrid, viajó este lunes expresamente para visitar a Pedro Pacheco en Puerto III, donde lo encontró “animado”, “bastante entero” y “con ganas de salir adelante”. Ingresado “en el módulo 12 de respeto”, el exalcalde dedica la mayor parte de su tiempo a la lectura y lleva una vida “ordenada” en el centro penitenciario, donde comparte celda con otro compañero y aguarda también a que se resuelvan las gestiones para vender la casa de Costa Ballena (Rota) que la Audiencia tiene embargada para satisfacer la responsabilidad civil de más de 200.000 euros de la condena por el ‘caso Asesores’.

La Policía Nacional pretendía una detención discreta, con sigilo, para evitar llamar la atención de los vecinos, de ahí que únicamente dos agentes se desplazasen a la vivienda de Pedro Pacheco cuando sabían que salía a desayunar. Fue trasladado inmediatamente a la Comisaría de la plaza del Arroyo, a la que entró por un acceso lateral. No permaneció allí demasiado tiempo, concretamente hasta aproximadamente las 11.30, momento en el que un furgón de la Guardia Civil salía con él dentro para trasladarlo a Puerto III.

Así, ingresó poco antes de las doce del mediodía en la cárcel portuense, a la que el vehículo de la Benemérita entró sin ni tan siquiera parar en la puerta de acceso, donde aguardaban decenas de periodistas que intentaban inmortalizar el momento.

“Con el objetivo de no perjudicar innecesariamente al partido y en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial, Pilar Sánchez Muñoz ha solicitado formalmente su suspensión de militancia a la Agrupación Local del PSOE de Jerez, con carácter estrictamente voluntario. Pilar Sánchez toma esta decisión justo en el momento en que se ha conocido la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez. De esta manera, quedará suspendida la relación de militancia con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía por parte de la histórica militante jerezana”. Así reza el comunicado del PSOE de Jerez tras conocerse la sentencia por el juicio denominado ‘caso desvío de fondos’ contra la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez, que en el pasado mes de junio quedaba visto para sentencia. El Juzgado de lo Penal número tres de la ciudad ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 8,6 millones de euros a la regidora por la utilización de fondos del Plan E para pagar nóminas del Ayuntamiento de Jerez.

Sánchez estaba acusada de un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones. En el juicio, el fiscal, que llegó a pedir para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, puso ya en tela de juicio que Sánchez informara al Gobierno de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias, ni que existiese un plan formal de reintegro del dinero destinado al abono de nóminas. De la misma forma, entiende que existe la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.

En ese mismo juicio, la ahora condenada remarcó en su declaración que “a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas” y ya estaba convencida de que ella será “la única”. “No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”, ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas. Con esta condena, finalmente, Pilar Sánchez tendrá que asumir el pago de esta cantidad si no prospera el recurso ante la Audiencia que ha anunciado inmediatamente después de conocer la sentencia.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha notificado al exalcalde de Jerez Pedro Pacheco que debe ingresar en prisión para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a cinco años y medio de prisión, en un auto que no fija ningún plazo para ello.

Fuentes próximas al caso han confirmado que la Audiencia de Cádiz notificó el auto este martes al exalcalde de Jerez y exlíder andalucista y que, aunque no da ningún plazo para que Pacheco entre en prisión a cumplir la sentencia, este paso puede ser “pronto”.

Los representantes legales de los familiares de las víctimas han confirmado que la sentencia  no contempla dos aspectos que reclamaban como la petición de un delito de conducción temeraria que elevaría la pena de cárcel y una indemnización a los hermanos mayores de las víctimas.

La defensa del acusado por el atropello mortal a dos menores el verano de 2013 en la carretera comarcal A-2002, en Cádiz, solicitó la semana pasada una reducción de la condena en el juicio. El único inculpado por los hechos, el portuense J.M.A.L., de 30 años de edad y en prisión preventiva desde el día de los hechos, pidió a través de su abogado una reducción de condena a dos años y medio, en lugar de cuatro años, tal y como había solicitado la Fiscalía, por el delito de homicidio imprudente.

Los dos menores, de 15 y 17 años, viajaban el verano pasado en un ciclomotor que fue arrollado por el vehículo del acusado, que invadió el sentido contrario de la calzada al intentar adelantar un camión. Eran algo más de las 5 de la tarde y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada cuando llegaron al lugar donde sucedió este trágico accidente. Según la Guardia Civil, el conductor del vehículo que propició este accidente dio positivo en los test de alcoholemia y también en los de drogas, probablemente por consumo de cocaína, además de que conducía sin permiso ya que éste se le había retirado meses atrás, por lo que fue acusado de un delito de homicido imprudente.

Según agencias sevillanas, la entidad heliopolitana ha presentado un escrito en el Juzgado que imputa a Oliver un delito continuado de apropiación indebida, con una condena de seis años de prisión y multa de doce meses, aunque si se considera que el delito es de administración desleal, la pena sería de cuatro años.

Por otro lado, por presunto blanqueo de capitales, el club solicita seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante tres años para el que fuera presidente y consejero delegado del Xerez CD.