La intervención se inició en la mañana del 3 de mayo cuando un hombre se dio a la fuga tras realizar una maniobra temeraria y un giro prohibido mientras conducía su turismo en las confluencias de las calle Cuesta de la Chaparra y Calzada del Arroyo.

El vehículo impactó con una motocicleta que circulaba correctamente por la misma vía conducida por un padre que llevaba a su hijo menor de edad como pasajero, los cuales quedaron tendidos en la vía tras el fuerte impacto que provocó que ambos salieran despedidos de la motocicleta.

Una vez en el lugar los hechos, los agentes encontraron al menor de edad con heridas muy graves por un severo aplastamiento en una de sus extremidades inferiores, mientras que el padre se encontraba aturdido pero sin lesiones físicas graves.

Una vez personados los servicios médicos de emergencias del 061 trasladaron a los heridos hasta el hospital Jerez, siendo horas más tarde derivado el menor al hospital Puerta del Mar de Cádiz debido a la gravedad de las lesiones, que han obligado a los cirujanos a amputar parte de la pierna más afectada.

Por su parte, los agentes recabaron el testimonio de varios ciudadanos sobre la descripción del vehículo y del conductor que había ocasionado los hechos. Según los testigos oculares, inmediatamente después del golpe había emprendido la huida sin prestar auxilio a los afectados.

Así, minutos más tarde varios agentes localizaron en movimiento un vehículo de las mismas características con un fuerte golpe en uno de los laterales de su parte delantera, en el que incluso se podían apreciar restos de sangre.

Una vez interceptado e interrogado el conductor, los agentes recogieron pruebas e indicios suficientes para identificarlo como la misma persona que había emprendido la huida del lugar del accidente, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de lesiones y denegación de auxilio, así como un delito contra la seguridad vial.

Tras ser detenido fue trasladado hasta la Jefatura de la Policía Local de Jerez donde se le realizó la prueba de impregnación alcohólica en sangre, arrojando un resultado que quintuplicaba la tasa permitida, y además, el análisis determinó que también había consumido drogas entre, ellas hachís y cocaína.

Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez ha dictado el inmediato ingreso en prisión comunicada y sin fianza del detenido.

Los representantes legales de los familiares de las víctimas han confirmado que la sentencia  no contempla dos aspectos que reclamaban como la petición de un delito de conducción temeraria que elevaría la pena de cárcel y una indemnización a los hermanos mayores de las víctimas.

La defensa del acusado por el atropello mortal a dos menores el verano de 2013 en la carretera comarcal A-2002, en Cádiz, solicitó la semana pasada una reducción de la condena en el juicio. El único inculpado por los hechos, el portuense J.M.A.L., de 30 años de edad y en prisión preventiva desde el día de los hechos, pidió a través de su abogado una reducción de condena a dos años y medio, en lugar de cuatro años, tal y como había solicitado la Fiscalía, por el delito de homicidio imprudente.

Los dos menores, de 15 y 17 años, viajaban el verano pasado en un ciclomotor que fue arrollado por el vehículo del acusado, que invadió el sentido contrario de la calzada al intentar adelantar un camión. Eran algo más de las 5 de la tarde y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada cuando llegaron al lugar donde sucedió este trágico accidente. Según la Guardia Civil, el conductor del vehículo que propició este accidente dio positivo en los test de alcoholemia y también en los de drogas, probablemente por consumo de cocaína, además de que conducía sin permiso ya que éste se le había retirado meses atrás, por lo que fue acusado de un delito de homicido imprudente.

Los testigos, incluida la propia madre del joven, dada la densidad del tráfico existente en la zona, solo pudieron apreciar que fue un turismo el causante del atropello al menor, auxiliando de inmediato a éste los vehículos que transitaban inmediatamente detrás del conductor del turismo que provocó el atropello.

Quien pudiera aportar algún dato que contribuyese a esclarecer las causas y la autoría del suceso, pueden personarse en la Inspección de Guardia de la Policía Local ubicada en El Almendral o bien llamar a la Sala de Radio del citado cuerpo (teléfono 092).

Con el apoyo de una unidad motorizada de la Policía Local se llevó a cabo una laboriosa persecución. El vehículo circulaba con las luces apagadas, a velocidad excesiva y en trayectoria de zig-zag, de tal modo que llegó incluso a golpear al vehículo policial en la maniobra de huida, resultado lesionado con carácter leve el agente que lo conducía.

Sin permiso de ciclomotor

En ese mismo control rutinario de tráfico en la Glorieta Manuel Azaña se sorprendió a L.P.M. conduciendo un ciclomotor sin haber obtenido nunca el preceptivo Permiso de Conducir.

“Voy a pedir todos los amparos posibles, porque la derecha tratará de mantener esta vía de tratar de laminarme, y tendrán que dar pie a un recurso por el que empieza una larga lucha judicial”. Así explicaba hoy el líder y portavo del Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, el proceso que se ha iniciado con las alegaciones que ha presentado esta mañana su formación en contra del procedimiento abierto por el gobierno local de Jerez para propiciar la expulsión de los dos ediles inhabilitados (el mismo Pacheco y José López) por la sentencia del ‘caso de los asesores’.

Con su sorna habitual -”se ve que la derecha teme tanto a Pedro Pacheco y al ascenso del Foro que solo se les ocurre provocar este tremendo disparate”, ha dejado caer en varias ocasiones-, el exalcalde ha dado a conocer hoy el documento de 15 páginas que recoge todas las objeciones al “atropellado procedimiento” abierto para su expulsión en aplicación de la Ley Electoral que impide que un concejal inhabilitado se pueda mantener en el cargo, incluso aunque la sentencia no sea firme -en su caso se ha recurrido al Tribunal Supremo-.

De esta forma, las alegaciones del Foro Ciudadabo argumentan que el procedimiento iniciado para su destitución es “nulo de pleno derecho, atentatorio contra los derechos fundamentales, y dictado con clara desviación de poder”. Para ello, se basan en cuestiones como que el informe de la Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno “no se sostiene en punto alguno, pues esta señora claramente se extralimita en sus funciones decidiendo por su cuenta sobre el procedimiento a seguir y emitiendo informes no preceptivos y mucho más apartándose de la Junta Electoral Central, a la que se tenía que haber remitido la sentencia”.

Es decir, como ha apuntado hoy Pacheco, para elaborar el informe que se ha utilizado para su expulsión “la señora secretaria, no sabemos con cuántas presiones, ha procedido no solo excediéndose de sus funciones, sino que además se ha arrogado competencias interpretativas que solo corresponden a los tribunales”, ha dicho.

Por si fuera poco, en sus 15 folios de alegaciones se deja claro que la decisión municipal infringe los artículos 23.1 y 2 de la Constitución Española, en relación con los artículos 16, 20.1.a) y 22 del mismo texto, así como los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el artículo 3 del Protocolo núm. 1 del citado Convenio.

Del mismo modo, el Foro Ciudadano cuestiona en sus alegaciones que se le haya aplicado esta reforma de la Ley Electoral de forma retroactiva cuando la modificación realizada en 2011 en la norma tenía “el claro objetivo de aislar de los órganos democráticos a los entornos etarras o proetarras, pero con un sentido claro de la Ley: de futuro”. Según recalcan, y así se recoge literamente en el documento registrado hoy, el sentido de la ley es que “a partir de las elecciones locales que se celebren tras su entrada en vigor pero no con efecto retroactivo, no para anteriores elecciones, quienes vayan a presentarse a las elecciones no pueden haber sido condenados por cometer delitos contra el Estado. No es una Ley para anteriores elecciones”.

Tampoco olvida el documento hacer hincapié en que mientras la sentencia no sea firme no pueden ejecutarse decisiones que vayan en contra del principio de presunción de inocencia. “No caben las ejecuciones anticipadas de sentencias en nuestro código penal”, dicen las alegaciones, al tiempo que recuerdan el intento de expulsión mientras hay puesto un recurso de casación “viola la Ley de Enjuciamiento Criminal”.

Por todo lo anterior, en sus alegaciones Pacheco y el Foro exigen que se ordene “la inmediata cancelación y archivo de este procedimiento administrativo”. En paralelo, el portavoz municipal de la formación ha asegurado que tanto él como el otro concejal de Foro Ciudadano afectado “nos reservamos el derecho de emprender las acciones legales oportunas frente a los responsables de la apertura y tramitación de este procedimiento”.

Ahora queda esperar la respuesta del gobierno municipal a las alegaciones que, como el propio Pacheco adelanta, serán seguramente para rechazarlas. Por eso, si esto es así y se mantiene abierto el proceso, el exalcalde ya ha apuntado que recurrirá a los estamentos necesarios, como el Tribunal Constitucional. Y lo hace así porque, como ha dicho, “el propio Foro Ciudadano nos lo ha pedido así, nos dicho que mantengamos el escaño y nos ha pedido que vayamos hasta el final y demostremos nuestra inocencia”.

PP: “SI TUVIERA DIGNIDAD, DIMITIRÍA”

La respuesta del PP no se ha hecho esperar. Ha llegado en forma de comunicado, en el que contempla las últimas intervenciones públicas “del ex alcalde condenado Pedro Pacheco sin sorpresa”, ya que, para los populares, “las huidas hacia adelante y hacia ninguna parte del todavía concejal del Foro son inherentes a la forma de actuar de este político, que nunca quiso aceptar que los jerezanos lo echaron de la Alcaldía después de años de derroches y mala gestión”.

Así, y tras conocer las últimas declaraciones provenientes de la sede del Foro, la secretaria general del PP de Jerez, Lidia Menacho, se ha limitado a señalar que, según consta en la sentencia de la juez, “Pacheco está condenado por pagar a sus amigos con el dinero de los jerezanos, por lo que si tuviera dignidad, dimitiría”.

La dimisión hubiera sido, a juicio de los populares, “la salida más respetuosa para un Pacheco vencido por la Justicia, que se encuentra atrapado y sin salida ante una condena que lo señala como prevaricador, y, en este sentido, la sentencia es clara: los dos concejales de Foro, Pacheco y López, están condenados por hacer uso del dinero público para lucro personal”. “Y esto –ha señalado la secretaria general-, no tiene vuelta de hoja, no puede hacer desaparecer la condena por prevaricación, por mucho que intente a la desesperada desviar la atención atacando una y otra vez al gobierno municipal, que nada tiene que ver con lo que le ha pasado”.

“Que no mezcle las churras con las merinas para confundir a la opinión pública –ha añadido-, porque el estar o no estar sentado en su banco del pleno municipal -al que ahora se quiere agarrar con Loctite sin respeto alguno por los ciudadanos, con cuyo dinero delinquió-, no le va a salvar de tener que cumplir su condena”.

La herida fue trasladada inmediatamente al Hospital de Jerez pero finalmente falleció a consecuencia del impacto. El accidente se produjo al filo de las diez de la mañana.

El 20 de septiembre de 2008 ocurrió un trágico suceso por el que mañana viernes se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez Daniel G. D., acusado de atropellar a un peatón con resultado de muerte. Como figura en la calificación del fiscal, el conductor transitaba con un Ford Focus por Villamartín en una vía urbana cuya limitación está fijada en 20 kilómetros por hora según una ordenanza municipal, y en la que se encontraban dos pasos de peatones a escasa distancia el uno del otro. La cuestión es que el sujeto, y siempre según el fiscal, conducía a una velocidad media de 99.5 kilómetros por hora superando así ampliamente lo establecido en la citada ordenanza, e incluso en el Reglamento General de Circulación que estipula un máximo de 50 kilómetros por hora en ciudad.

A las 10.35 horas y a la altura de uno de los pasos de cebra, el conductor atropelló presuntamente a un peatón mientras circulaba a más de 100 kilómetros “sin ninguna precaución y sin la atención debida”, en una vía con buena luminosidad y sin obstáculos de ningún tipo. Cuando fue requerido por la Guardia Civil, se sometió a la preceptiva prueba de alcoholemia arrojando un resultado negativo. Sin embargo, dio positivo en consumo de cannabis y éxtasis lo que según el fiscal influyó en su conducción. La víctima, por su parte, falleció una hora después como consecuencia del golpe, cuya violencia fue tal que uno de sus zapatos apareció en la terraza del primer piso de un bar cercano.

Por todo ello, el Ministerio solicita cuatro años de prisión para el procesado, por un presunto delito de homicidio imprudente grave, en concurso con los delitos contra la seguridad vial y conducción temeraria, además de la privación de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años. Junto a ello, fija una indemnización de 78.628 euros para la viuda de la víctima, y 8.736 euros para cada uno de sus seis hijos.