“Voy a pedir todos los amparos posibles, porque la derecha tratará de mantener esta vía de tratar de laminarme, y tendrán que dar pie a un recurso por el que empieza una larga lucha judicial”. Así explicaba hoy el líder y portavo del Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, el proceso que se ha iniciado con las alegaciones que ha presentado esta mañana su formación en contra del procedimiento abierto por el gobierno local de Jerez para propiciar la expulsión de los dos ediles inhabilitados (el mismo Pacheco y José López) por la sentencia del ‘caso de los asesores’.

Con su sorna habitual -”se ve que la derecha teme tanto a Pedro Pacheco y al ascenso del Foro que solo se les ocurre provocar este tremendo disparate”, ha dejado caer en varias ocasiones-, el exalcalde ha dado a conocer hoy el documento de 15 páginas que recoge todas las objeciones al “atropellado procedimiento” abierto para su expulsión en aplicación de la Ley Electoral que impide que un concejal inhabilitado se pueda mantener en el cargo, incluso aunque la sentencia no sea firme -en su caso se ha recurrido al Tribunal Supremo-.

De esta forma, las alegaciones del Foro Ciudadabo argumentan que el procedimiento iniciado para su destitución es “nulo de pleno derecho, atentatorio contra los derechos fundamentales, y dictado con clara desviación de poder”. Para ello, se basan en cuestiones como que el informe de la Oficial Mayor en funciones de Secretaria General del Pleno “no se sostiene en punto alguno, pues esta señora claramente se extralimita en sus funciones decidiendo por su cuenta sobre el procedimiento a seguir y emitiendo informes no preceptivos y mucho más apartándose de la Junta Electoral Central, a la que se tenía que haber remitido la sentencia”.

Es decir, como ha apuntado hoy Pacheco, para elaborar el informe que se ha utilizado para su expulsión “la señora secretaria, no sabemos con cuántas presiones, ha procedido no solo excediéndose de sus funciones, sino que además se ha arrogado competencias interpretativas que solo corresponden a los tribunales”, ha dicho.

Por si fuera poco, en sus 15 folios de alegaciones se deja claro que la decisión municipal infringe los artículos 23.1 y 2 de la Constitución Española, en relación con los artículos 16, 20.1.a) y 22 del mismo texto, así como los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el artículo 3 del Protocolo núm. 1 del citado Convenio.

Del mismo modo, el Foro Ciudadano cuestiona en sus alegaciones que se le haya aplicado esta reforma de la Ley Electoral de forma retroactiva cuando la modificación realizada en 2011 en la norma tenía “el claro objetivo de aislar de los órganos democráticos a los entornos etarras o proetarras, pero con un sentido claro de la Ley: de futuro”. Según recalcan, y así se recoge literamente en el documento registrado hoy, el sentido de la ley es que “a partir de las elecciones locales que se celebren tras su entrada en vigor pero no con efecto retroactivo, no para anteriores elecciones, quienes vayan a presentarse a las elecciones no pueden haber sido condenados por cometer delitos contra el Estado. No es una Ley para anteriores elecciones”.

Tampoco olvida el documento hacer hincapié en que mientras la sentencia no sea firme no pueden ejecutarse decisiones que vayan en contra del principio de presunción de inocencia. “No caben las ejecuciones anticipadas de sentencias en nuestro código penal”, dicen las alegaciones, al tiempo que recuerdan el intento de expulsión mientras hay puesto un recurso de casación “viola la Ley de Enjuciamiento Criminal”.

Por todo lo anterior, en sus alegaciones Pacheco y el Foro exigen que se ordene “la inmediata cancelación y archivo de este procedimiento administrativo”. En paralelo, el portavoz municipal de la formación ha asegurado que tanto él como el otro concejal de Foro Ciudadano afectado “nos reservamos el derecho de emprender las acciones legales oportunas frente a los responsables de la apertura y tramitación de este procedimiento”.

Ahora queda esperar la respuesta del gobierno municipal a las alegaciones que, como el propio Pacheco adelanta, serán seguramente para rechazarlas. Por eso, si esto es así y se mantiene abierto el proceso, el exalcalde ya ha apuntado que recurrirá a los estamentos necesarios, como el Tribunal Constitucional. Y lo hace así porque, como ha dicho, “el propio Foro Ciudadano nos lo ha pedido así, nos dicho que mantengamos el escaño y nos ha pedido que vayamos hasta el final y demostremos nuestra inocencia”.

PP: “SI TUVIERA DIGNIDAD, DIMITIRÍA”

La respuesta del PP no se ha hecho esperar. Ha llegado en forma de comunicado, en el que contempla las últimas intervenciones públicas “del ex alcalde condenado Pedro Pacheco sin sorpresa”, ya que, para los populares, “las huidas hacia adelante y hacia ninguna parte del todavía concejal del Foro son inherentes a la forma de actuar de este político, que nunca quiso aceptar que los jerezanos lo echaron de la Alcaldía después de años de derroches y mala gestión”.

Así, y tras conocer las últimas declaraciones provenientes de la sede del Foro, la secretaria general del PP de Jerez, Lidia Menacho, se ha limitado a señalar que, según consta en la sentencia de la juez, “Pacheco está condenado por pagar a sus amigos con el dinero de los jerezanos, por lo que si tuviera dignidad, dimitiría”.

La dimisión hubiera sido, a juicio de los populares, “la salida más respetuosa para un Pacheco vencido por la Justicia, que se encuentra atrapado y sin salida ante una condena que lo señala como prevaricador, y, en este sentido, la sentencia es clara: los dos concejales de Foro, Pacheco y López, están condenados por hacer uso del dinero público para lucro personal”. “Y esto –ha señalado la secretaria general-, no tiene vuelta de hoja, no puede hacer desaparecer la condena por prevaricación, por mucho que intente a la desesperada desviar la atención atacando una y otra vez al gobierno municipal, que nada tiene que ver con lo que le ha pasado”.

“Que no mezcle las churras con las merinas para confundir a la opinión pública –ha añadido-, porque el estar o no estar sentado en su banco del pleno municipal -al que ahora se quiere agarrar con Loctite sin respeto alguno por los ciudadanos, con cuyo dinero delinquió-, no le va a salvar de tener que cumplir su condena”.

Añaden que se encuentran ”revisando” los documentos que van a presentar. Cabe recordar a este respecto que el plazo de alegaciones concluye el próximo lunes.

El ex alcalde Pedro Pacheco ya anunció en su momento que no renunciará a su acta de concejal y calificó de “disparate” que el Pleno del Ayuntamiento aprobara el punto en cuestión, en el que se trasladaba a la Junta Electoral Central la presunta incompatibilidad para que siga ejerciendo sus funciones como concejal, algo que también afecta a su compañero de partido José López, condenado igualmente en la misma causa judicial.

Pacheco fue condenado a cuatro años y medio de prisión por contratar de manera que ha sido considerada irregular a dos compañeros de partido (también condenados) como asesores de empresas municipales y por malversación de caudales públicos. Los hechos se remontan al año 2005, cuando ocupaba el cargo de teniente de alcalde en virtud del acuerdo de gobierno con el PSOE tras la moción de censura que desbancó al PP de la alcaldía.

En declaraciones a Europa Press y recogidas esta domingo por diferentes medios de comunicación, el exalcalde califica de “disparate” la aprobación del mencionado punto en el Pleno, que ha enmarcado en una actuación de la “extrema derecha” del PP, que aprobó en solitario esta medida haciendo valer su mayoría. Remarca, tal como ya lo hizo su compañera Rocío Montero y los otros dos partidos de la oposición, PSOE e IU, que el Ayuntamiento “no tiene competencias” en esta materia, sino que debe ser “la Junta Electoral Central” quien tome medidas en este aspecto. Por ese motivo insiste en que no piensa renunciar voluntariamente a su acta de concejal y que se encuentra a la espera de recibir la notificación para trasladarla a sus abogados con el fin de emprender “posibles medidas judiciales”.

Sobre su ausencia en ese Pleno, apunta que él tiene “apuntado en la agenda que los plenos son el último viernes de cada mes”, lo que supondría que debería haberse celebrado el día 31 de mayo y no este pasado viernes 24, de modo que se opuso a asistir pese a que “ellos por conveniencia decidieron adelantarlo”.

La resolución del culebrón, por tanto, está en el aire. Aunque el proceso esté en marcha y ahora sea la Junta Electoral la que deba pronunciarse, Pacheco no piensa poner fácil su cese. Para empezar, ya anuncia que baraja adoptar medidas judiciales cuando le llegue la notificación de lo acordado en la pasada sesión plenaria.

Continuará.

El líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, y el concejal y diputado José López, pueden tener los días contados como cargos públicos. Según la normativa electoral, no pueden ser ediles las personas condenadas -sea en firme o no- por delitos catalogados como contrarios a las administraciones públicas, situación en la que se encuentran los dos políticos jerezanos por el conocido como ‘caso de los asesores’. Ante esta circunstancia, el equipo de gobierno ha encargado un informe jurídico por el que conocerán las condiciones y el procedimiento exacto para aplicar la ley.

“No es cuestión de voluntad política ni de mayoría absoluta del PP, es la aplicación de la ley”, ha insistido hoy la alcaldesa, María José García-Pelayo, al respecto. “La ley hay que cumplirla porque si no, al final, las responsablidades las voy a tener yo”, ha señalado. De esta forma, el gobierno local se encuentra a la espera de las instrucciones jurídicas adecuadas para llevar a cabo el proceso, por ejemplo, si la sentencia tiene que estar notificada o no es necesario y en qué plazos, si hay que elaborar un expediente, si hay que llevar el asunto a Pleno, etc… “Seguiremos el camino que nos indiquen los servicios jurídicos”, ha concluido.

Así lo han confirmado a Reporteros Jerez fuentes del caso, explicando que el recurso de la Fiscalía podría estar cimentado en el siguiente párrafo de la sentencia: “Si bien es cierto que los contratos suscritos no han respondido a la realidad y que cabría penalizar por falsedad ideológica, en cuanto que son un artificio, inexistentes y nulos… dada la prevaricación, que ha consistido en realizar unas contrataciones sin que respondan a lo concertado con el fin de obtener una ganancia del erario público, se considera que no cabe penalizar doblemente los mismos hechos”. Es decir, la magistrada aún reconociendo que existió falsedad en documento, lo engloba todo en el delito de prevaricación y no estima conveniente penarlo por separado.

En el supuesto de que el Tribunal Supremo admitiera finalmente el recurso que interpondrá la Fiscalía la condena se ampliaría para los tres procesados, y en el caso concreto del exalcalde podría alcanzar los seis años de prisión, que fue lo solicitado por el Ministerio durante el juicio. Si por el contrario admitiese a trámite el recurso de la defensa, es posible que Pacheco consiguiera la absolución por haber realizado unos contratos que, como él sigue manteniendo, “se acogieron a la legalidad y estuvieron amparados por un pacto político”.

El portavoz de UPyD en Jerez, Francisco J. Espinosa, considera “inaceptable e indecente que  ambos ediles de Foro Ciudadano se aferren a su cargo, sigan representando a los jerezanos y continúen viviendo del erario público a pesar de la resolución judicial”.

Por ello, Espinosa ha insistido en que “UPyD es el único partido que exige que los imputados no puedan formar parte de las listas electorales y defiende que los responsables políticos renuncien a sus cargos públicos si se demuestra que han cometido delitos contra la administración”.

Ante la negativa de Foro Ciudadano de exigir responsabilidades a sus respectivos representantes condenados, Espinosa ha destacado que “esta decisión pone de manifiesto la necesidad de que UPyD irrumpa en el Ayuntamiento de Jerez para regenerar la administración local y hacer política en beneficio de los jerezanos por encima de los intereses partidistas y las estructuras de poder que los viejos partidos se empeñan en mantener a toda costa”.

El día de resaca judicial de lo que muchos consideran ya una sentencia ejemplarizante contra Pedro Pacheco ha estado plagado de reacciones, empezando por la de la alcaldesa, María José García-Pelayo. Aunque en un primer momento se ha remitido a lo declarado ayer por el portavoz de su gobierno, Antonio Saldaña, la primera regidora no ha podido evitar soltar algunas perlitas al respecto insistiendo en la ‘muerte política’ del exalcalde. “La historia no ha terminado bien para él, su final político es éste y yo pediría que hubiera un respeto importante para Jerez. Es una sentencia muy grave, y no queremos que contamine a la ciudad con sus consecuencias. Lo que hace falta es que miremos hacia adelante y Jerez pase página definitivamente”.

En lo que respecta a la intención del líder de Foro Ciudadano de continuar en la vida pública, García-Pelayo ha querido mantenerse al margen asegurando que “se trata de una decisión personal”, si bien ha apostillado que “cualquiera sabe por dónde puede salir este señor”.  La secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, se ha mostrado más tibia a la hora de pronunciarse subrayando únicamente el “respeto a los fallos judiciales y a un sistema que tiene todas las garantías”. En esta línea, ha mostrado una vez más su “respeto a las decisiones personales y de partido”, en alusiones al futuro político de Pacheco, pidiendo que “este asunto no logre enturbiar la vida política”. En lo que sí ha entrado algo más al trapo ha sido en las comparaciones y paralelismos que se pudieran establecer entre el ‘caso de los Asesores’ por el que ha sido condenado el exalcalde y el otro por el que sentará en el banquillo la antigua regidora socialista, Pilar Sánchez.

Así, ha resaltado que “son casos entre los que no hay similitudes sino deferencias y ello se demostrará. En el caso de Sánchez, el fiscal pide el sobreseimiento y eso es algo que lo tenemos que poner en valor, porque no se ha posicionado de la misma manera en uno que en otro”. El secretario local del PA en Jerez, Santiago Casal, se ha manifestado de forma más drástica pidiendo la dimisión “inmediata” de Pedro Pacheco y José López de todos sus cargos públicos para que “se centren en su defensa”. Como ha argumentado el andalucista, “moralmente, personas condenadas no pueden estar representando a la ciudadanía en un pleno municipal. Un mandato popular no es una patente de corso para hacer lo que venga en gana con las administraciones públicas y sus recursos humanos, materiales y económicos”, ha sentenciado.

“DIMITIR SERÍA COMO DAR LA RAZÓN A LOS QUE ESTÁN EJERCIENDO EL ACOSO”

La coordinadora de Foro Ciudadano, por su parte, ha enviado un comunicado informando de su decisión unánime de avalar la continuidad en sus cargos del concejal del Ayuntamiento de Jerez, Pedro Pacheco, y del edil de esta misma corporación y diputado provincial, José López, “ante el brutal atropello y el linchamiento judicial sin precedentes que están sufriendo”. Como ha recalcado la formación, la sentencia no es firme y “a todas luces desproporcionada”, insistiendo como ya hicieran los propios protagonistas en que todo deriva “del juicio político en el que se han visto inmersos a raíz de una acusación falsa por dos contrataciones perfectamente legales”. Por ello y porque entienden que el fallo es “absolutamente exagerado y desmedido”, el máximo órgano de decisión del partido considera que las dimisiones de ambos políticos electos serían como “dar la razón gratuitamente a quienes están ejerciendo la vil práctica del acoso y derribo para eliminarlos de un plumazo de la vida política activa”.

En el mismo comunicado, desde el Foro aprovechan para anunciar la incorporación en sus filas de Raúl Ramírez Dorantes, que de esta forma regresa a la vida política activa y que pasará a ser el portavoz de la organización. Abogado de profesión, Ramírez fue delegado municipal y concejal del Ayuntamiento de Jerez entre 2000 y 2011, y ha ejercido responsabilidades políticas en diferentes ámbitos de la vida municipal, como las delegaciones de Seguridad y Movilidad, Participación Ciudadana y Deportes. 

Foro Ciudadano ha anunciado que preguntará al gobierno municipal del Partido Popular por el procedimiento exhaustivo que se ha seguido en las últimas semanas para la contratación “sin publicidad alguna” de un asesor jurídico en la Empresa Municipal de Suelo, Emusujesa. En este sentido, la organización política exigirá también explicaciones a los populares en el seno del consejo de administración, “ya que del contrato del abogado Juan Pedro Cosano, histórico del PP jerezano, ni tan siquiera ha habido comunicación previa a los consejeros de los diferentes grupos políticos con representación en la corporación y en esta sociedad municipal”. Del mismo modo, instan al PP a que aclare cuánto va a costar este ‘fichaje’ al erario público, pese a que como recuerdan el Ayuntamiento dispone de un nutrido gabinete jurídico compuesto por numerosos letrados. “Y también deberá precisar qué ha ocurrido con la resolución del contrato de Manuel Montaño Monge, anterior asesor jurídico externo que igualmente sin publicidad ni comunicación alguna al consejo de administración contrató Emusujesa”.

Según la agrupación política, Cosano fue presidente del Partido Popular de Jerez, candidato a la Alcaldía a principios de los 90 y concejal de la oposición por ese mismo partido, teniendo precisamente a Pedro Pacheco como su mayor adversario y enfrentándose a él en montajes judiciales que perdió, como el famoso caso de Sherryworld entre finales de los 90 y principios de 2000. “Con estos antecedentes, Foro Ciudadano no se extraña lo más mínimo de que la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, decidiese prescindir del anterior letrado externo de Emusujesa, el señor Montaño, y haya colocado por la gatera de esta sociedad municipal al mencionado Cosano para que ejerciera la acusación particular en el caso de dos contrataciones perfectamente legales efectuadas al amparo del pacto político PSOE-PSA entre los años 2005 y 2007, como así ha vuelto a quedar demostrado durante la pasada semana”.

Con todo ello, concluyen que en el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial no se ha defendido en ningún caso el interés del Ayuntamiento, sino que lo que se ha tratado por parte del PP es de “desprestigiar y dañar públicamente la imagen del señor Pedro Pacheco y tratar de apartarle a toda costa de su carrera política ante la amenaza de que pudiera ser nuevamente candidato a la Alcaldía con opciones en 2015″. Pese a todo ello,desde Foro expresan su “más absoluta confianza en la Justicia” y su convencimiento de que cualquier posible hecho dudoso que hubiese habido que aclarar en los tribunales, ha quedado lo suficientemente dilucidado.

El juicio por el ‘caso de los Asesores’ contra Pedro Pacheco, José López y Manuel Cobacho ha quedado visto para sentencia después de una última sesión extensa en la que cada parte ha expuesto sus conclusiones y alegato final. Llamativa aunque esperada ha sido ha sido la reducción de penas solicitada por la Fiscalía, que ha pasado de pedir 17,8 años de cárcel y 28 de inhabilitación para el exalcalde, a 6 y 10 respectivamente. En lo que se refiere a los otros dos procesados, ha fijado su petición en 4,5 años de cárcel para ambos y 8 de inhabilitación para López y 7 para Cobacho. Los delitos imputados, no obstante, siguen siendo los mismos: presunta prevaricación, malversación y falsedad documental, con la salvedad de que se han sustituido los tres de cada tipo atribuidos a Pacheco y los dos a López por uno solo pero continuado. La fiscal Anticorrupción, Virginia Alonso, ha protagonizado un dilatado discurso centrado en la presunta impunidad con la que los acusados, especialmente el líder de Foro Ciudadano, hacían y deshacían como creían conveniente dentro del ámbito municipal.

“Ante la evidencia de que López y Cobacho no habían sido designados como asesores por el pleno, acordaron aprovecharse de la condición de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa de Pacheco para ganar dinero con cargo al erario público... Nadie puede hacer lo que le dé la gana en el ámbito de lo público”. En este sentido, Alonso incidió en que el pleno era el único legitimado para llevar a cabo el nombramiento de asesores, fijando un número concreto de éstos que ya había sido ocupado por otras personas con anterioridad a la contratación de los dos colaboradores de Pacheco. En cuanto a los contratos en sí, recordó que en uno de los casos solo fue verbal, algo que “está prohibido en la administracion”, sin olvidar que ninguno de ellos se atuvo a los requisitos de concurrencia y publicidad “que son vinculantes siempre, cuando se trata de brazos ejecutores de la administración local”.

Igualmente mencionó la peculiaridad de que no tuvieran una fecha de expiración, dado que se trataba en teoría de trabajos de asesoramiento concretos, destacando las cantidades astronómicas que se pagaron (32.407, 74.580 y 99.856 euros en cada contrato) por una labor que nunca quedó acreditada. “No sabemos qué se hizo, ni los presupuestos ni qué costaba nada”, sentenció. Tras su alocución llegó el turno de Juan Pedro Cosano, abogado del Ayuntamiento como acusación particular, que detalló la reducción de penas solicitada que ya había anunciado el día anterior pasando de 18 a 4,5 años de cárcel para Pacheco y 8 de inhabilitación; 2 años y 3 meses de prisión para López y Cobacho y 5 años de inhabilitación también para los dos. En lo que respecta a sus conclusiones, tras alabar el informe de la fiscal y adherirse al mismo, hizo hincapié en la ilegitimidad de los contratos, asegurando incluso que “aunque hubieran sido legales, se habría prevaricado ante la evidencia de no cumplirlos”.

IMPUNIDAD Y ALEJAMIENTO DEL MARCO LEGAL

“Los contratos fueron contrarios al interés público, no idóneos y carentes de objeto. Su única causa fue el enriquecimiento de los adjudicatarios”. Asimismo, resaltó que su celebración se produjo dejando a un lado los requisito legales “en un claro desprecio a los intereses generales”, puesto que no solo se pasó por el alto el nombramiento del pleno sino también los consejos de administración de las empresas, a las que había que haber dado traslado de las contrataciones. “Durante años ha habido en Jerez mucha sensación de impunidad que tiene que acabar”, concluyó, al tiempo que ironizó sobre las reuniones de trabajo “celebradas en los bares” de las que algunos testigos habían hablado. Felipe Meléndez, letrado de Pacheco, fue el tercero en exponer su informe final incidiendo como es lógico en la libre absolución de sus representados, al igual que los abogados de López y Cobacho.

Lo primero que hizo la defensa del exalcalde fue establecer el evidente paralelismo con el ‘caso de los Asesores’ en el que está imputada la exalcaldesa, Pilar Sánchez, declarando no comprender la actuación de la Fiscalía, que en este último procedimiento ha pedido el archivo de actuaciones contra la antigua edil. Del mismo modo criticó el hecho de que Alonso haya reducido la petición notablemente a mitad de juicio, cuando las razones esgrimidas “ya existían durante la calificación”. En cualquier caso, el letrado centró su discurso en la legitimidad otorgada a Pacheco para nombrar asesores en virtud del documento de desarrollo del acuerdo plenario presentado ayer, insistiendo en la libertad o discrecionalidad de contenido que caracteriza el contrato de un asesor. “Se pueden haber equivocado en las formas del contrato pero no en el contenido, igual que ocurre con los asesores de la señora Sánchez”. 

Aquí radica precisamente el quid de la cuestión planteada por Meléndez, que va en la línea de lo declarado por el catedrático Rivero cuando ayer afirmaba que “se pudo incurrir en irregularidades pero no se contravino una sola norma”. “Estamos en todo caso ante unas infracciones administrativas -apuntó el abogado-… Si la materialización del contrato no es conforme a la legislación, habrá que preguntárselo a quien lo redactó. Se está criminalizando algo que debería haber ido a otro orden jurisdiccional”. Así, insinuó (aportando un cierto matiz cómico en su parrafada final) que todo se debía a una clara intención con tintes políticos: “Todo esto me recuerda a la canción de Lola Flores titulada cómo me las maravillaría yo… En este caso, cómo me las maravillaría para condenar a Pacheco”.

Tras casi cinco horas de una sesión judicial farragosa e intensa, el abogado que representa al Ayuntamiento y por tanto ejerce la acusación particular en el ‘caso de los Asesores’ compareció ayer ante los medios para lanzar una bomba: su petición de penas se reducirá “considerablemente”. Juan Pedro Cosano anunció así una decisión que debía materializarse este viernes durante la última jornada del juicio en la que cada parte trasladará su alegato final y así ha sido: Finalmente la petición de la acusación particular para Pacheco es de 4,6 años, mientras que la fiscal solicita un total de 6 años. La inhabilitación solicitada por la fiscal para Pacheco pasa de 28 años a 10. Cosano pide 8 años. ”Quiero ser sensato y adecuar la actuación del Ayuntamiento al principio de legalidad y proporcionalidad -explicó-, por lo que aún sabiendo la gravedad de los hechos vamos a bajar muy considerablemente la petición de penas. Estamos ante un problema de malversación que está muy penado, pero la conducta hay que contextualizarla y no puede ser que una persona tenga una petición de pena superior a la que tendría por matar a otra”. De esta forma, aunque ha asegurado que mantendrá la calificación inicial en cuanto a presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, ha confirmado que bajará drásticamente la cifra de 18 años de cárcel solicitada en un principio para Pedro Pacheco.

En la decisión podría haber influido el testimonio más decisivo del día, el del reputado catedrático de Derecho Administrativo José Luis Rivero, que ha comparecido a petición de la defensa del exalcalde para declarar básicamente que “los contratos de asesoramiento y confianza son discrecionales y no precisan motivación alguna, solo que se tengan competencias para celebrarlos y dinero para pagarlos”. En esta línea, el experto ha reconocido que han existido “irregularidades” como el hecho de que el contrato de José López en Speed Festival fuera solo verbal y no constara por tanto por escrito, pero que con ellas “no se ha contravenido una sola norma por lo que no hay causa de nulidad al respecto”. Rivero ha mostrado la laxitud que a su juicio reina en torno a la contratación de asesores, asegurando que hay casos en los que no se precisan los requisitos de publicidad y concurrencia e incluso que en sociedades de este tipo no tiene por qué ser aprobada por los consejos de administración, rigiéndose únicamente por sus propios estatutos.

Rivero, sin embargo, no ha sabido explicar cómo era posible que López (cuyo contrato según él era laboral, que es la única forma que permite la contratación verbal) cobrara mediante facturas como corresponde al beneficiario de un contrato mercantil. La Fiscalía y la acusación particular, por su parte, han incidido en que solo el pleno estaba legitimado para nombrar asesores, y que cualquier otra forma de contrato en el marco de las empresas municipales debía ser avalado por sus consejos de administración, cumpliendo en todo caso con los requisitos de publicidad y concurrencia que marca la ley para sociedades con dinero público mayoritario. Cada parte, en definitiva, ha facilitado una lectura contrapuesta de la legislación vigente cuya interpretación final deberá correr a cargo de la jueza. El nombramiento de los asesores ha centrado el debate hasta el punto de que la defensa ha presentado al inicio de la vista un documento que a su parecer demostraría la competencia de Pacheco para llevarlos a cabo.

EL DOCUMENTO DE LA DISCORDIA

La magistrada, Lourdes Marín, ha aceptado esta prueba documental a regañadientes por encontrarse fuera de plazo, si bien Cosano no ha mostrado objeción alguna a ello al no descartar que el documento “pudiera volverse en contra de los acusados”. El escrito, al que este medio ha tenido acceso, es un informe complementario al acuerdo plenario de diciembre de 2004 en el que PSOE y PSA establecían los puntos y normas concretas en cuanto al número de asesores por grupo, nombramientos y retribuciones. En dicho documento ‘complementario’, que data de abril de 2005, se decreta que “la Alcaldía delegará la presidencia efectiva o, en su caso, la vicepresidencia ejecutiva de los organismos autónomos y demás entidades municipales a favor de los coordinadores de cada área”. Según Felipe Meléndez, abogado de Pacheco, sería este párrafo el que demostraría la legitimidad de su representado en su calidad de vicepresidente de Speed Festival y Emusujesa para nombrar a los asesores de sus sociedades. En el mismo escrito se fija en 2 el número de asesores que corresponderían al PSA, más otro por ostentar su cabeza de lista el puesto de teniente de alcaldesa.

Como recordó la fiscal, esos 3 cargos ya estaban ocupados por tres miembros del partido de Pacheco que fueron nombrados en virtud del pleno, por lo que éste no podría haber engrosado su lista de asesores con ninguno más. Para terminar de liar la madeja, el escrito viene acompañado de un cuadro de retribuciones en el que aparecen 4 asesores del PSA (es decir, uno más de los autorizados por el pleno) sin que tampoco figure la identidad de los titulares. En declaraciones a los periodistas tras el juicio, Meléndez lo ha justificado en que “es probable que se produjeran acuerdos sucesivos de ampliación de asesores” que no constan en la causa, reconociendo en cualquier caso que “no está nada claro”. Por lo demás, la comparecencia del resto de técnicos y personal del Ayuntamiento que se han subido al estrado en calidad de peritos no ha arrojado mucha luz sobre el asunto, dejando patente el aparente desconocimiento y vacío legal que reina en torno a la figura del controvertido asesor político.