En la moción hacen hincapié en que el futuro texto legal “atenta contra la autonomía municipal y autonómica” y pide al gobierno central que aquellas normativas que afecten a estas entidades “cuenten con la participación de las mismas”. Destacan, sobre todo, que se tenga en cuenta “la salud y la vida por encima de los beneficios económicos y no atender solo a los intereses de la industria”. Por último, piden a los representantes nacionales que “escuchen a científicos expertos independientes” que han alertado de los efectos de las antenas sobre la salud de las personas que viven cerca.

La Federación Solidaridad lleva años luchando en Jerez contra la instalación de antenas de telefonía móvil ilegales o en las cercanías de lugares sensibles como los colegios. Son muchas las manifestaciones y protestas que han protagonizado. Una de las más sonadas fue la llevaba a cabo en La Pita el pasado año cuando los vecinos se percataron de la instalación de una antena en una azotea de la zona.

Belén Gómez tiene 39 años y la vida cercenada por una enfermedad de la que nadie encuentra cura. Esta jerezana ha relatado en primera persona el infierno que vive desde 2002, fecha en la que empezó la implantación de antenas de telefonía móvil que ha ido complementada tecnológicamente con la aparición del wifi, multiplicando progresivamente los efectos nocivos sobre la población. Ella es un claro ejemplo de una realidad negada por las autoridades, como se lamenta, con la que sin embargo ha de convivir día a día: el síndrome de hipersensibilidad central o, lo que es lo mismo, la hipersensibilidad a los campos electromagnéticos. “Todo empezó en 2002, cuando colocaron una antena de telefonía móvil en la avenida San Juan Bosco, cerca de mi casa. Entonces comenzaron los dolores fuertes de cabeza y las náuseas, que fueron aumentando hasta que los síntomas se extendieron con una debilidad física extrema”.

Como cuenta Belén, después de todo un rosario de consultas a diversos médicos un especialista le diagnosticó esa patología contra la que, en principio, parece no haberse encontrado un tratamiento adecuado. “El cuerpo apenas me responde y hay veces en que mis padres me tienen que dar de comer, porque no puedo ni coger el plato. Lo peor es que he probado tratamientos y ninguno funciona; esto es como el que es alérgico a la leche y el médico le dice que no debe probarla más, solo que en este caso es imposible aislarse de los campos electromagnéticos”. Lo cierto es que ha probado todo, incluso vivir en la zona rural, donde asegura que la radiación de las ondas es aún mayor que en la ciudad. “Esto me ha triturado la vida por completo, ha mermado mi vida tanto laboral como social. Yo no puedo trabajar, porque no puedo estar en un edificio o entorno donde perciba las ondas, y prácticamente ni puedo ir por la calle, que está llena de wifis. Mi vida se ha vuelto un infierno, vivo como una cucaracha arrinconada”.

Esta situación tan extrema es la que ha llevado a Belén a unirse a la lucha encarnizada emprendida por la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad, ya que ella sufre las consecuencias de todo ello en primera persona. Una de las soluciones del problema pasaría, según ella, por concienciar a las autoridades en la necesidad de cuidar a sus ciudadanos: “Hay una ignorancia y una desinformación brutal sobre este tema. Tienen que leer informes científicos y tomar medidas. No hacen falta cambios radicales, yo misma tengo internet en casa solo que por cable fijo. Además, deben cuidar la potencia de las antenas, que en España es mucho más alta que en otros países de la Unión Europea”.

VACÍO LEGAL Y PERMISIBIDAD

Como ha explicado Paco Gil, miembro de la junta directiva de Solidaridad, en la actualidad deberían existir ‘solo’ 140 antenas en Jerez, pero “hay muchísimas más camufladas”. Según él, la potencia en la que se emiten las ondas es de 4.500 microbatios por centímetro cuadrado, cuando el Parlamento Europeo ha establecido el último parámetro a seguir en 0,1 microbatios por centímetro cuadrado en la vía pública, y la mitad en vivienda. Una batalla que ha llevado al colectivo vecinal a contactar con el Ministerio de Medio Ambiente, los distintos partidos políticos y el Defensor del Pueblo Europeo, sin haber obtenido una respuesta satisfactoria hasta el momento.

“El problema es que en España existe una vacío legal del que las empresas se aprovechan -apostilla Belén-. Lo que muchos no saben es que las ondas también son las causantes de otras enfermedades con las que aparentemente no tienen conexión. Como dicen los expertos, el wifi es un cáncer a domicilio”. Aunque la lucha se les presenta ardua, los perjudicados apoyados por Solidaridad continuarán batallando para que las autoridades “cuiden de sus ciudadanos” y los afectados puedan, al menos, llevar una vida de la forma más digna posible.

La lucha contra la proliferación de antenas de telefonía móvil no tiene fronteras locales para la Federación de Vecinos Solidaridad. El organismo jerezano ha iniciado una campaña de denuncia a nivel nacional por la que le están enviando escritos y documentación a todos los representantes, partidos políticos e instituciones que puedan tener algo que decir en este asunto. Así, su comunicado ha llegado a la Presidencia del Gobierno y varios ministerios, todos los partidos españoles (desde los nacionales a los autonómicos), a los defensores del pueblo de Andalucía, España y Europa y los diputados. “Si tenemos que llegar hasta administraciones europeas, lo haremos”, aseguran convencidos desde Jerez.

Los vecinos piden que se regule la reducción de las emisiones, como se hace ya en otros países. “Nadie nos asegura que las antenas no produzcan daños en la salud y por eso vamos a por todas”, indican los representantes vecinales. Recuerdan que más del 40% de las antenas que hay en la ciudad están instaladas de forma ilegal por lo que el problema afecta a todos los barrios.

“Ya tenemos respuesta de Cayo Lara (IU), que ha hecho varias interpelaciones al Gobierno”, aseguran mientras siguen esperando contestación de los demás.

El último episodio vivido en Jerez contra una antena de telefonía movilizó a todo un barrio, La Pita, contra un dispositivo camuflado colocado sin las autorizaciones oportunas. Tras la pertinente denuncia a Urbanismo, la compañía tuvo que proceder a su retirada apenas unas semanas después de haberla instalado. Tras este éxito vecinal, queda aún otro frente abierto: una antena instalada junto a una guardería en la misma zona, que también se ha denunciado.

La batalla al más puro estilo David contra Goliat que mantiene la federación de asociaciones de vecinos Solidaridad con las grandes compañías telefónicas sigue su curso. Aunque el colectivo no ha conseguido frenar la instalación de antenas de móviles en la ciudad, su junta directiva no se da por vencida y ahora centra el foco en el uso de este tipo de aparatos por parte de los más pequeños.

Convencidos como están de que la proliferación de las antenas y la utilización de estos teléfonos es altamente perjudicial, han remitido una carta al Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo, solicitándole que impulse la creación de una campaña de concienciación dentro de la Agenda Escolar 21 contra lo que consideran un uso inmoderado de celulares entre los niños.

La campaña, como especifican en la citada misiva, iría orientada no solo al alumnado sino también a profesores y padres, e incidiría en “los riesgos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de teléfonos móviles y otros dispositivos que emiten radiaciones microondas”.

Su petición la cimentan en diversos informes como la recomendación del 17 de septiembre de 2007 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que advierte de que si no se adpotan las correspondientes medidas de protección de la población, ello podría conducir a una crisis de salud similar a las causadas por el amianto, el tabaquismo y el plomo en la gasolina.

Por todo ello, desde la federación instan a las autoridades a que fomenten la instalación de conexiones a internet por cable en los centros escolares y regulen de forma estricta la utilización de teléfonos móviles por parte de los estudiantes en las instalaciones educativas. Aunque en la citada carta, la junta directiva reconoce que siguen sin existir informes concluyentes acerca del perjuicio para la saluad de las antenas, alude a la aplicación del “principio de precaución” recordando que, según el Tribunal de Estrasburgo, cuando existen amenazas de daños graves e irreversibles no se debe utilizar la falta de certidumbre científica total como excusa para aplazar medidas eficaces.