Según agencias, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 3.381.580,88 euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para los presuntos responsables de la situación económica del Xerez, que a finales de 2009 se acogió al concurso de acreedores. Tanto el informe para la calificación del concurso emitido por los administradores concursales del proceso del Xerez CD como el del fiscal califican el concurso como culpable.

Tras el informe concursal, la Fiscalía pide el pago de una indemnización de esos 3,38 millones de euros para Joaquín Morales Domínguez, expresidente y máximo accionista del club; Antonio Fernández Monterrubio, exvicepresidente, exapoderado y exdirector general; y José María Gil Silgado, también expresidente de la entidad. También solicita para ellos entre siete y ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad Xerez CD, SAD.

En primer lugar, se pide una indemnización solidaria para los tres responsables que aparecen en el informe del fiscal de 2.061.402,75 euros, correspondiente a “recargos, intereses y conceptos análogos de las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria”. Reclama igualmente para Joaquín Morales Domínguez y Antonio Fernández Monterrubio una indemnización de 1.181.046,09 euros, por el “montante de los bienes sin justificar que han salido del Xerez CD, SAD durante su gestión”, y para José María Gil Silgado una indemnización de 139.132,04 euros, por “liquidación de intereses no practicada”.

Finalmente, se solicitan ocho años de inhabilitación para “administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa” de la sociedad Xerez CD, SAD para Morales y Fernández Monterrubio, mientras que para Gil Silgado la solicitud de inhabilitación se fija en siete años.

La primera de las tres sentencias alude al incumplimiento de la obligación de cobertura de bajas o accidentes de forma inmediata. La cuantía que el juzgado obliga a Urbanos Amarillos a abonar al Ayuntamiento asciende a 292.000 euros. La segunda de las sentencias favorables al Ayuntamiento otorga la razón al Consistorio en su reclamación por falta o deficiencia de uniformidad en el personal encargado de la prestación de los servicios o mala prestación y estado del material para realizar el trabajo. Igualmente, la cuantía de pago al Ayuntamiento es de 292.000 euros.

La tercera sentencia favorable al Ayuntamiento refleja el incumplimiento de la obligación de adquirir y mantener todos los elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio de transporte público de autobuses en las condiciones establecidas en los pliegos. El juzgado condena a Urbanos Amarillos a abonar al Ayuntamiento en virtud de esta sentencia 1.140.027, 46 euros. En cuanto a las dos sentencias contrarias a las demandas del Ayuntamiento, cabe añadir que sólo en estos dos casos el órgano judicial ha considerado que no había pruebas suficientes de los incumplimientos de Urbanos Amarillos y que, por lo tanto, no procedían las sanciones solicitadas por el Ayuntamiento.

El delegado de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz, ha destacado que “estas tres sentencias favorables al Consistorio evidencian de manera clara y meridiana que hay incumplimientos efectivos por parte de Urbanos Amarillos durante el periodo en el que gestionó el servicio de autobuses urbanos”. “Este Gobierno actuó con firmeza desde un primer momento y convirtió el problema para la ciudadanía que era el autobús urbano con huelga continuada de trabajadores por los impagos de nóminas, un servicio prácticamente paralizado que afectaba al comercio y a la ciudadanía en general, en viable primero a través de la figura jurídica del “secuestro” avalada por los juzgados y, tras la finalización de los dos años de “secuestro” municipal, con la gestión directa a través del Ayuntamiento”, ha manifestado Agustín Muñoz.

Muñoz ha abundado en que “el PSOE una vez más hace un ejercicio de irresponsabilidad y de cinismo ya que adjudicó el servicio a Urbanos Amarillos en vísperas de las pasadas elecciones municipales, un servicio que la concesionaria no gestionó, como afirman las sentencias favorables, cumpliendo el pliego de condiciones de adjudicación y convirtiéndolo en una pesadilla para el comercio y para los propios usuarios”.

En este sentido, el delegado ha manifestado que “es sorprendente que el PSOE no defienda los intereses del Ayuntamiento y sea incapaz de reconocer que los tribunales avalan la nefasta gestión de Urbanos Amarillos en su periodo de gestión. Esto podría ser debido a que se sienten, tal vez, culpables de haber adjudicado el servicio a esta empresa y no quieren reconocerlo. Por ello ahora el PSOE se convierte en su principal valedor, en contra incluso de la opinión general de los trabajadores, cuyos representantes expusieron en el pasado pleno municipal el mal funcionamiento del servicio de autobuses urbanos durante el periodo de gestión de Urbanos Amarillos”.

Estas tres sentencias favorables al Ayuntamiento notificadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 el pasado 23 de julio se suman a otras también favorables en este sentido al Consistorio como la que dictaminó que el “secuestro” municipal era ajustado a derecho o la del TSJA en el pasado mes de abril a favor del Ayuntamiento en el recurso interpuesto por Urbanos Amarillos contra la Sentencia que obliga a la concesionaria al abono de 1,9 millones de euros por la compra de la flota existente en 2011. Igualmente, cabe recordar que el Consejo Consultivo de Andalucía emitió un dictamen favorable a la resolución del contrato con Urbanos Amarillos con vistas a la gestión directa del servicio a través del Ayuntamiento.

En cuanto al aval, la cantidad será liquidada en el momento en el que se culmine la liquidación del contrato y del secuestro. En ese momento se determinará si el saldo es favorable al Ayuntamiento o a la concesionaria, “por lo que es totalmente falso la afirmación del PSOE al respecto del presunto gasto de los 5,7 millones de euros de la garantía”, ha concretado Agustín Muñoz.

Es el segundo pleito que Energy ve cómo pierde después de despedir a prácticamente la totalidad de la plantilla laboral de la Sociedad Anónima Deportiva y la sentencia vuelve a ser perjudicial para Ricardo García y los suyos, que se ven obligados a pagar el doble de la indemnización inicial debido a que no se presentaron en la vista oral.

Ahora, el club jerezano tiene la obligación de abonar las indemnizaciones, así como las deudas contraidas con los exempleados, en un periodo de cinco días hábiles. En caso de no cumplir con lo sentenciado por el juez, el Xerez se vería obligado a readmitir a los trabajadores despedidos, aunque, tal y como sucediera anteriormente en otros casos, el club podría declarar insolvencia debido al mal estado de las arcas azulinas.

Todo hace indicar que Energy comience desde hoy a negociar las diferentes rescisiones de contrato que ya anunciara en su momento Ricardo García, presidente de la entidad, aunque, claro está, antes tendría que llegar a un acuerdo con los trabajadores para pagarle las deudas contraidas y negociar una indemnización para los despedidos.

Francisco Javier García Jiménez, de 38 años de edad, perdió la vida el 29 de enero de 2008 como consecuencia de un desgraciado accidente laboral. El joven acabó electrocutado mientras prestaba sus servicios como monitor de electricidad en una escuela taller de Bornos, y por ese hecho será juzgada la por aquel entonces directora del centro, Encarnación R. M., por dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores. El suceso ocurrió el citado día a las 14.00 horas, como consta en la calificación del fiscal, donde se explica que la escuela estaba siendo sometida a un proyecto de rehabilitación y puesta en funcionamiento, con el fin de destinarla a centro cultural y juvenil de la localidad. En ese momento en concreto, la víctima se encontraba con un grupo de alumnos montando un cuadro eléctrico auxiliar, en  una planta alta del edificio carente de corriente eléctrica.

Para llevar a cabo esta tarea, el monitor aprovechó una línea existente que llevaba corriente al cuadro auxiliar situado en el patio trasero del inmueble. Cuando estaba manipulando el cuadro general, pidió a los alumnos que pelaran los cables y luego procedió a realizar un empalme, momento en el que se restableció el suministro eléctrico (que había estado cortado en el pueblo durante ocho horas) y le pasó la corriente por el cuerpo, ocasionándole la muerte por electrocución. Según el fiscal, lo ocurrido puso de manifiesto las graves deficiencias en materia de seguridad de la obra, ya denunciadas por la Unidad de Promoción y Desarrollo Provincial de Cádiz del SAE, que puso de relieve apenas un mes antes del accidente “la falta de documentos para el cumplimiento del Real Decreto 1627/97 sobre obras en construcción”.

En la misma línea se había pronunciado un técnico de la empresa Unipresalud, contratada como servicio de prevención ajeno en 2007, que había insistido en la necesidad de que todas las líneas y maquinaria debían estar protegidas con interruptor diferencial, algo que no se había cumplido. El fiscal asegura que la procesada, como directora de la escuela y responsable de riesgos laborales, no había dispuesto de las mínimas medidas para garantizar la seguridad e integridad física de los monitores y el alumnado. Para más inri, la obra carecía de dirección facultativa así como de un proyecto de edificación con los requisitos exigidos por la LOE, sin olvidar que el fallecido tenía un título de formación profesional y una cualificación de especialista en baja tensión que no le capacitaban para proyectar y diseñar una instalación eléctrica. Existía, además, un plan de seguridad y salud que nunca fue presentado a la autoridad laboral, careciendo de visado por colegio profesional, y no había contrato alguno de seguro de responsabilidad civil.

DOS AÑOS DE CÁRCEL E INDEMNIZACIÓN

Por todo ello, el Ministerio solicita para la acusada un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por el que pide un año de prisión y una multa de ocho meses a razón de 12 euros diarios, y otro de homicidio por imprudencia grave, con un año de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, fija la indemnización a la viuda de la víctima en 155.085 euros y a su madre en 12.923 euros. De igual modo, señala la responsabilidad civil subsidiaria de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, como empresa promotora y constructora de la obra. En cuanto a la acusación particular, ejercida por Manuel Hortas, pide las mismas penas que la Fiscalía, si bien eleva a 180.00 euros la indemnización para la viuda y a 25.000 la correspondiente a la madre de Francisco Javier, añadiendo 15.000 euros para cada uno de sus cuatro hermanos.

Lo ha adelantado Canal Sur en su informativo. La trabajadora del departamento de pescadería de Hipercor que fue despedida tras comerse cinco cigalas para  “probar probar su correcta salazón” deberá ser indemnizada con 20.000 euros.

Cabe recordar que la empresa despidió a la trabajadora tras lo visto por las cámaras de seguridad. Sin embargo, ésta, representada por el abogado Francisco Cabral, lo denunció por considerar que se trataba de un despido improcedente.

Según ha explicado el propio Cabral, la cadena de supermercados dio marcha atrás poco antes del inicio del juicio en el Juzgado de lo Social número 3 y admitió la improcedencia del despido, acordando la indemnización mencionada, aunque no la readmisión.

Pese a todo, la afectada ha declarado a este medio que está “más que satisfecha”. “Querían darme solo 4.500 euros alegando un despido disciplinario, y al final van a tener que pagarme 20.000 euros. Estoy muy contenta”, apunta Luisa Reyes, que reconoce que “no hemos peleado por la readmisión porque yo ya no quería más polémica y, sobre todo, porque ya no me apetecía volver a trabajar en ese sitio”.

Reyes lamenta que sus 12 años de trabajo para Hipercor “terminaran con este mal trago, tachándome de ladrona, y con un despido por una tontería y agarrándose al primer motivo que pudieron para echarme”. Y es que, según cuenta la exempleada, “me dijeron a la cara que tenían que despedir a una veintena de compañeros antes de Navidad, y por eso se agarraron a los de las cigalas”.

Doce fueron los años que Luisa Reyes trabajó en la pescadería del hipermercado. Esa dilatada carrera como pescadera se vio truncada el pasado 17 de octubre, cuando fue despedida por haberse comido presuntamente cinco cigalas. Como entonces contó a REPORTEROS JEREZ, el citado día se encontraba con su compañera realizando sus labores habituales, que incluían el probar la mercancía para comprobar el punto de sal o de cocción, cuando un inesperado suceso torció de forma determinante los acontecimientos.

“Estábamos cociendo el marisco y probándolo, como hacíamos siempre, para ver cómo habían salido de sal y cocción. Mira que a mí no me hace gracia el marisco, pero consideraba que era algo que tenía que hacer. La cosa es que las cámaras de seguridad nos grabaron a mi compañera y a mí y la dirección del centro se sirvió de ello para despedirnos, acusándonos de habernos comido cinco cigalas. Ni siquiera el número es cierto, probamos una o dos”. Como insiste Luisa, se trata de una práctica habitual por la que jamás les habían llamado la atención; tanto es así que asegura que su jefe directo de pescadería se “llevó las manos a la cabeza” cuando le anunciaron los despidos.

“Nunca tuvimos ningún problema con eso. En todo caso, si lo hubiéramos hecho mal nos deberían haber amonestado pero nunca despedido. Cuando fuimos a protestar, nos dijeron que la cosa está muy mala y que sobraban 25 personas, por lo que nos tememos que esto haya sido una excusa para quitarnos de enmedio”, añadía.

“Lo que yo busco es la readmisión y volver a mi trabajo. Después de 12 años aquello es como una familia, tengo compañeros que hasta lloraron cuando se enteraron de que nos habían despedido. Yo no he cogido la indemnización ni he firmado nada, lo que quiero es trabajar”. Para colmo, afirmaba que cuando le finiquitaron le adjuntaron una carta de recomendación en la que alaban los servicios prestados, lo que según ella es un completo sinsentido.

Un joven jerezano sufrió en 2008 un accidente laboral que le ha traído secuelas de por vida. Ahora, la Sección Octava de la Audiencia Provincial ha estimado solo parcialmente el recurso interpuesto por Generali España como aseguradora de MC Mutual contra la sentencia dictada el pasado año, condenándole a pagar 81.235,26 euros más intereses. Como ha explicado el abogado del demandante, José Luis Ortiz, los hechos se remontan al viernes 1 de febrero del citado año cuando J. A. A. A., de 29 años, sufrió una caída accidental desde el andamio en el que estaba trabajando a unos cuatro metros de altura, lo que le produjo una fractura en el pie. “El problema es que como la fractura era cerrada solo se veía el hematoma y, además de la fractura, los huesos al astillarse le produjeron el seccionamiento y corte de algunas venas”.

Por ello, al perjudicado y su letrado les resulta “inexplicable” que, a pesar de que la intervención quirúrgica fuera programada para el lunes siguiente (solo tres días después del accidente) en el Hospital San Juan Grande, llegado ese día el doctor que lo atendió pospusiera la operación sin fecha. “Pese a no intervenirlo, tampoco intentó tratar de manipular el pie para reducir los fragmentos o emplear agujas de Kirchsner, ni realizó ningún estudio de la circulación sanguínea”. Según Ortiz, lo único que se hizo fue inmovilizar el pie con un yeso y ello acabó necrosando parcialmente el miembro. Al cabo de 20 días y en vista del empeoramiento, el paciente fue trasladado de urgencia a una clínica de Barcelona. Una vez allí, no pudo ser intervenido de la fractura, ya que primero hubo de ser asistido por el cirujano estético quien limpió los tejidos destruidos, hasta que el 1 de marzo (un mes después de la caída) fue operado.

Tras este periplo, el joven llegó a ser intervenido hasta en tres ocasiones más en la capital catalana y una última en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, quedándole como consecuencia de todo ello importantes secuelas por las que ha obtenido la invalidez permanente. En la reciente sentencia de la Audiencia Provincial, a la que este medio ha tenido acceso, el magistrado desestima todos los puntos argumentados por Generali salvo el referente a la reducción de la indemnización, que ha sido cifrada en 81.235,26 euros frente a los 125.267,01 fijados en el fallo inicial. No obstante, a ello se le añadirán los intereses devengados por lo que la cantidad real podría superar los 130.000 euros. La empresa recurrió en su momento, asegurando que no es cierto que no se hubiesen agotado los medios de prueba y diagnóstico, señalando igualmente que en el supuesto de haberse realizado aún más el resultado habría sido el mismo, sin existir elementos para imputar una mala praxis.

RESPONSABILIDADES

La Sección Octava de la Audiencia, sin embargo, entiende que la asistencia no fue la adecuada y ello provocó las secuelas que padece la víctima, que podrían haber sido menores si se hubiera atendido adecuadamente. El juez, no obstante, considera a la aseguradora responsable solo al 50% de lo ocurrido, matizando que no es posible deslindar las secuelas causadas directamente por la negligencia de las propias e inevitables de la lesión. Es por ello que reduce la indemnización, si bien mantiene los intereses devengados desde que se produjo el accidente, lo que como ya se ha señalado puede aumentar con mucho la cuantía.

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Primer varapalo judicial para el Ayuntamiento en el caso del ERE municipal: el TSJA acaba de dictar sentencia declarando que los despidos llevados a cabo no se ajustaron a Derecho. De esta forma, el titular de la Sala de lo Social tumba en un primer asalto el Expediente de Regulación de Empleo impulsado por el gobierno popular y obliga a la administración local o bien a readmitir a los perjudicados o bien a indemnizarlos a razón de 45 días por año trabajado, con un tope máximo de 42 mensualidades. En el primero de los casos, la readmisión iría acompañada por el abono de lo que los trabajadores han dejado de percibir desde el despido hasta la notificación de la sentencia judicial, que se ha producido en el día de hoy.

Así lo ha explicado a este medio Antonio Ortega, el letrado que representa en el procedimiento al Colectivo de Trabajadores Progresistas, matizando que este fallo a nivel general será independiente de los que se puedan dictaminar a título particular. Es decir, aunque la sentencia afecta a los 260 trabajadores, muchos de éstos interpusieron aparte una demanda individual en el Juzgado de lo Social que sigue su curso y sobre la que el juez de turno podría declarar incluso nulo el despido en cuestión. Aunque ésta era precisamente la pretensión inicial, conseguir la nulidad del Expediente, Ortega se ha mostrado “muy satisfecho” con la sentencia, a la que ha calificado de “triunfo” para los perjudicados.

No hay que olvidar que esa indemnización de 45 días por año trabajado supone una suma mucho más cuantiosa de lo esperado; a pesar de ello, muchos hubieran preferido la nulidad porque obligaría  a la readmisión sin matices. De esta forma, sin embargo, el Ayuntamiento tiene cinco días para decidir si restituye a los perjudicados en su puesto de trabajo o les indemniza, independientemente de que interponga el correspondiente recurso. La pelota, en cualquier caso, está en su tejado.

Las arcas municipales o, lo que es lo mismo, los contribuyentes jerezanos desembolsarán un total de 5.353.978,71 euros a los 260 trabajadores incluidos en el ERE municipal que dejarán de ocupar sus cargos a partir del 12 de septiembre. El pasado jueves, los damnificados comenzaron a recibir sus cartas de despido y los correspondientes cheques con las indemnizaciones. Las cantidades exactas de todas ellas vienen detalladas en un documento aprobado el pasado 30 de agosto en la Junta de Gobierno Local, por el que se declara la extinción de los contratos de trabajo de todos estos empleados, con nombres y apellidos, y al que Reporteros Jerez ha tenido acceso.

Aunque la cuantía global ya había trascendido, resulta curioso desglosar el escrito y comprobar que la cifra más alta son los 76.409,56 euros que percibirá un trabajador que se ha llevado algo más de 19 años en el Ayuntamiento. Como contraste, destacan los 2.098,68  euros que recibirá la persona con la indemnización más baja, por tres años trabajados. La fecha de antigüedad de cada uno de los perjudicados viene detallada en el documento, junto con el salario por día que han venido cobrando todo este tiempo. Como es obvio, el abanico de años dedicados al empleo municipal es amplio, pero el caso de un perjudicado resalta sobre todos los demás: se trata de un trabajador que llevaba contratado en el Ayuntamiento desde 1969, y acumula por tanto 43 años de antigüedad.

Resulta llamativo si se tiene en cuenta que el gobierno excluyó finalmente de la lista inicial a 13 empleados, al encontrarse próximos a la edad de jubilación. La indemnización para esta persona supera los 29.000 euros. Otro apunte merece la cifra relativa al salario percibido por día, que oscila entre 28,50 euros y 212,25, aunque no se especifica la categoría a la que pertenecen los afectados.

Por lo demás, el escrito incide en las causas económicas que han motivado esta controvertida decisión de los populares, argumentando que el Consistorio se encuentra en “una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente que le impide financiar los servicios públicos correspondientes, y en una situación de importante desfase entre sus ingresos y sus gastos”. Como recuerda el ejecutivo en su informe, en los tres últimos años el resultado presupuestario fue negativo (-28.706.308 euros; -16.799.712,24 y -22.117.997,06), al igual que el remanente de tesorería, lo que incapacita al Ayuntamiento para saldar sus deudas y por tanto obtener liquidez.

Si a ello se añaden otras consideraciones como que el gasto en personal ha sido el más alto de los registrados, con un porcentaje de casi el 36% del total, el gobierno concluye con que tal coyuntura es insostenible y la única salida pasa por la extinción de contratos de trabajo.