El Ejecutivo explica que, precisamente, en la sesión que se ha celebrado este jueves en el Ayuntamiento se ha acordado, tal como se preveía, convocar el consejo de administración del PCTA para que en el mismo se tomen las medidas oportunas que garanticen la viabilidad del parque y, por tanto, su continuidad como se ha hecho en otras empresas municipales como Cirjesa o Onda Jerez. En concreto, se ha aprobado instar al consejo de administración para que tome las decisiones que hagan viable el parque, entre ellas poner en conocimiento del Juzgado de los Mercantil las negociaciones para llegar a un acuerdo de refinanciación del PCTA, lo que se conoce como preconcurso de acreedores.

Una vez más, el Ejecutivo ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a las empresas ubicadas en el parque, “ajenas a esta medida”, y ha reiterado que “precisamente esta decisión se toma porque el PCTA tiene futuro si se sigue gestionando con transparencia y dotándolo de un Plan de Viablidad”.

El gobierno municipal hace también especial hincapié en el daño que ha supuesto para el parque la actividad inmobiliaria que el anterior gobierno socialista desarrolló en el mismo. En este punto, deja claro que “hay que separar la gestión de la sociedad de la actividad inmobiliaria heredada del anterior gobierno y que ha supuesto un lastre para la sociedad, por mucho que el PSOE no quiera hablar de herencia, dejando dos edificios, como son el contenedor de empresas y el centro tecnológico del vino, sin terminar y sin posibilidad de explotación.

De hecho, el Informe de la Intervención General del Estado pone de manifiesto las irregularidades cometidas en las obras de construcción el contenedor de empresas, en los años 2009 y 2010, durante la etapa del Gobierno de la socialista Pilar Sánchez. Este documento ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía, según apunta el propio gobierno local en su comunicado.

Entre estas irregularidades, el informe revela que no se publico en el BOE el anuncio de licitación, tampoco en la Plataforma de Contratación del Estado, ni en el perfil del contratante. En el escrito se dice también que si la adjudicación hubiese sido la correcta, el ahorro en la construcción del edificio hubiera ascendido a unos 565.000 euros.

Añade que el parque pidió una subvención para realizar el contenedor de 13,5 millones de euros, en tres anualidades, pero sólo se concedieron dos, en 2009 y 2010, y en lugar de readaptar el proyecto al importe de las subvenciones, ejecutó el proyecto inicial, “dejando el edificio sin acabar y, por tanto, no cumpliendo con la finalidad de la ayuda”.

Como consecuencia de todo esto, la intervención ha emitido un informe en el que pide al parque el reintegro de 6,3 millones de euros, por la no terminación del edificio y por las irregularidades detectadas, habiéndose hecho, por parte del gobierno actual las alegaciones oportunas, “al ser uno más de los problemas que heredó del anterior Gobierno del PSOE”.