Mobiliario de tipología diversa como lámparas, sillones, armarios, relojes de cuco y hasta 180 cuadros es el material recopilado por la Policía hasta el momento como parte de la mercancía robada en el establecimiento de ocio conocido como el Palacio del Oro. En concreto, lo requisado asciende al 85% del total, teniendo en cuenta que los delincuentes saquearon el local, arramplando incluso con el pan de oro con el que estaban recubiertas las paredes. El abogado del propietario del lugar, Ángel Durán, se ha mostrado satisfecho por el desarrollo de la investigación policial, que seguirá abierta en tanto en cuanto no aparezcan todos y cada uno de los objetos que desaparecieron. Entre otras cosas, aún se han de recuperar unos 30 cuadros, otros 30 relojes de cuco y, lo más importante, las piezas de porcelana sustraídas que suponen la parte del motín más suculenta, pues su precio asciende aproximadamente a 100.000 euros (la totalidad del mobiliario alcanza los 800.000).

Como se recordará, el Juzgado de Instrucción número 1 ha imputado hasta la fecha a seis personas involucradas supuestamente de alguna u otra forma en el saqueo del inmueble: Juani C. Q. (trabajadora del local y considerada cabecilla de la trama de robo); los empresarios del campo y el mundo del toro Antonio M. y Juan Antonio A. y su estrecho colaborador Francisco A., que adquirieron presuntamente la mercancía y la guardaron a buen recaudo, y otros dos individuos que les compraron algunas de las antigüedades. Es precisamente en una finca de La Ina propiedad de uno de los empresarios y en una nave de Prado del Rey alquilada también por uno de ellos donde la Policía ha intervenido toda la mercancía requisada, en virtud de la declaración de los propios imputados que reconocieron habérsela llevado del Palacio del Oro tras comprársela a la trabajadora de origen peruano, sin saber que cometían una ilegalidad. A juicio del letrado del perjudicado, los acusados “no han dicho todo lo que saben y no fueron claros en su declaración”, asegurando incluso que uno de ellos ha continuado vendiendo parte de la mercancía que permanecía con depósito judicial durante la instrucción.

Así las cosas, la Policía mantiene el cerco sobre ellos y sobre la pista de la porcelana sustraída, sin descartar que se produzcan nuevas imputaciones de personas que durante todo el tiempo transcurrido hayan ido adquiriendo material de procedencia ilícita. El desmantelamiento del Palacio del Oro se produjo el pasado mes de enero, cuando Juani C. Q. denunció que unos desaprensivos habían robado todo el mobiliario tras mantenerla secuestrada cuatro días dentro del recinto. De la investigación policial se desprendió con posterioridad que los dos empresarios mencionados fueron los que, en connivencia presuntamente con la trabajadora, contrataron a un tercero que con una furgoneta y cuatro jóvenes empleados desvalijó en tiempo récord el establecimiento, procediendo en siete noches al vaciado no solo de muebles sino también de grifos, lámparas, cuadros y cualquier tipo de objeto valioso.

Los empresarios, relacionados con el campo y el mundo del toro, dieron su versión por válida y contrataron a un tercero que con una furgoneta y cuatro jóvenes empleados se puso manos a la obra para desmantelar en tiempo récord el inmueble. Así, durante siete noches estas personas se dedicaron a desvalijar el establecimiento, arramplando no solo con muebles sino también con grifos, lámparas, cuadros y cualquier objeto valioso. Cabe destacar que hasta las paredes del local estaban revestidas con pan de oro, lo que da una idea de la dimensión de lo invertido en él. Por el momento, estos empresarios comparecerán en calidad de testigos mientras continúan las pesquisas sobre un caso con muchos claroscuros.

Según las fuentes consultadas, la Policía descarta que la trabajadora, imputada por un presunto delito de apropiación indebida y otro de simulación de delito (no hay que olvidar que denunció haber estado secuestrada mientras alguien desvalijaba el recinto), fuera capaz de planear toda la trama en solitario. El vaciado del local, además, se produjo durante la noche y de una forma aparentemente clandestina, lo que levanta ciertas sospechas entre los investigadores. Por si fuera poco, la trabajadora, que responde al nombre de Juana C. Q., ha denunciado a su vez al propietario del establecimiento por un presunto delito de violencia de género, lo que podría enmarañar aún más el procedimiento.

Según estas fuentes, la imputada ha asegurado que hace dos años su jefe intentó arrojarla de un coche en marcha, a raíz de una disputa doméstica porque mantenían una relación sentimental. El afectado, por su parte, es un ciudadano alemán que vive con su familia en Tenerife y que ya se ha personado como acusación particular, con la esperanza de que se resuelva el misterioso caso.