El gobierno local lo tiene meridianamente claro; por ello, pese a la decisión de la Junta de Andalucía de requerir la anulación de 11 nombramientos de altos cargos municipales por su “arbitrariedad”, el Ayuntamiento seguirá adelante y prepara un escrito de alegaciones con el que oponerse frontalmente a la determinación autonómica. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha ratificado lo que ya adelantara ayer Antonio Saldaña defendiendo unos nombramientos que se han realizado “siguiendo criterios jurídicos y no políticos, de acuerdo con los técnicos de la Junta”. No obstante, la edil ha recalcado que se trata de “decisiones de transición”, en tanto en cuanto el Consistorio no disponga de los funcionarios necesarios para la reestructuración total de la plantilla.

“Son ganas de intoxicar y poner zancadillas a un gobierno que está trabajando con la mejor voluntad. Hay que poner orden en las cuentas y en la plantilla, los ciudadanos demandan transparencia pero el PSOE se mueve mejor en el caos. Habrá que preguntarle al delegado del gobierno de la Junta en Cádiz, López Gil, si prefiere las políticas de Pacheco que han terminado en los juzgados con una condena a que se adopten decisiones por el cumplimiento de la ley”. En lo que respecta al tiempo de duración de estos nombramientos, la alcaldesa ha preferido no aportar plazos ni fecha concretas, asegurando que “estarán el tiempo necesario hasta que exista personal”. 

Otro de los asuntos de candente actualidad a los que se ha referido García-Pelayo ha sido a las protestas de los vecinos de la zona centro, a raíz de la reactivación del botellón en sus calles. La primera regidora ha confirmado que el delegado de Seguridad, Javier Durá, se reunirá con ellos el próximo lunes y ha trasladado su intención de acudir a la interposición de multas “como último recurso”. “Desde aquí les pido disculpas a los vecinos y les digo que trabajaremos intensamente con la Policía Local. Tenemos que cumplir la ley, porque no se puede beber en la calle pero también hay que transmitir a los jóvenes que existen otras alternativas de ocio. Estamos intentando convencer antes que multar, pero si es reiterativo no habrá alternativa…”.

SANZ DEFIENDE LA REFORMA LOCAL

El presidente provincial del PP, Antonio Sanz, ha comparecido junto a la alcaldesa y ha centrado su intervención en la defensa sin ambages del Estatuto Jurídico que regulará las relaciones de los ayuntamientos con las Entidades Locales Autónomas. A su juicio, esta reforma supone “un ejercicio de estabilidad y competencias muy importante”, que no contribuirá como denuncia el PSOE a la desaparición de las ELAs y las mancomunidades sino que “limitará el sueldo de cargos públicos y supondrá un ahorro”, además de acabar con la “multiplicidad” de la administraciones. “Esta ley garantizará el mantenimiento de servicios y de empleo. Si la Junta siguiera sin pagar habría problemas, pero con esto se apostará también por la financiación”, ha sentenciado el popular.

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La plana mayor del PP a nivel local, junto con el presidente provincial de la formación, Antonio Sanz, se ha concentrado en la carretera de La Barca en demanda de la reanudación de las obras de la A-2003. Una iniciativa en la que han participado diversos vecinos de la citada Entidad Local Autónoma así como de Cuartillos y otros núcleos cercanos, además de la Coordinadora Sur, y que se repetirá de forma mensual en tanto en cuanto la Junta de Andalucía no se ponga manos a la obra. Como ha explicado Sanz, la paralización de estos trabajos supone “uno de los incumplimientos más flagrantes” de la administración autonómica, si se tiene en cuenta que en 2010 debería haber estado concluido el adecentamiento de una de las vías con mayor peligrosidad de la provincia.

“Vamos a llevar a cabo una campaña para denunciar este incumplimiento. Desde que se inició la obra con años de retraso está paralizada y solo se han puesto parches. Consideramos que esto es un engaño a los vecinos, y lo peor es que no hay perspectivas ni un solo euro dispuesto para ello”. Como recordó, la vía soporta una afluencia de tráfico más que considerable y ha sido escenario de numerosos accidentes de tráfico, el último de los cuales ocurrió sin ir más lejos la pasada semana y por el que permanece ingresado en la UCI del hospital un joven de La Barca. Los populares ya tomaron una decisión parecida ante la paralización de la obra de la A-491 (que une El Puerto con Rota), y una vez que la Junta ha anunciado que se reiniciarán los trabajos han deciddo hacer lo propio en la A-2003.

Así, se concentrarán a finales de cada mes en un tramo de la carretera cuyo arreglo, como apunta el popular, no solo es urgente por la seguridad de los conductores sino también al suponer una pieza clave para el desarrollo económico de la zona. Representantes de los vecinos afectados como el alcalde de La Barca, Alejandro López o el delegado de Alcaldía de Cuartillos, Paco Candelera, expresaron la indignación de los que a diario “se juegan la vida” en este tramo y fueron más contundentes aún al sentenciar que ellos llevarán a cabo las medidas que hagan falta, incluso cortar el tráfico o “arar la carretera para impedir el tránsito”, con el fin de que la administración cumpla con su cometido antes de que se tengan que lamentar más daños personales.