Las reacciones no se han hecho esperar después de que técnicos de Hacienda se personaran el martes en las oficinas del Jerez Industrial para reclamar 46.000 euros en concepto de impagos de impuestos del cuadro de la copa y la venencia en la época en la que presidia Ricardo García. Desde el club blanquiazul, han señalado mediante un comunicado lo siguiente: 

“Desde la Junta Directiva del Jerez Industrial C.F. queremos expresar la siguiente nota en relación a lo acontecido en la tarde del martes 22 de Julio de 2014 en la Secretaría de nuestro Club. En primer lugar, esta Junta Directiva es la segunda en sucesión a la que presidida por D. Ricardo García en 2009, crea la deuda reclamada por hacienda.

En segundo lugar, teniendo conocimiento confuso por la información heredada del asunto, nos hemos interesado en varias ocasiones por el problema, pero debido a la delicada situación entonces de la entidad, nos limitamos a comparecer y a colaborar con varios requerimientos en los que nuestro presidente D. Salvador Beato, ha estado presente en las oficinas de la Agencia Tributaria.

En tercer lugar, a pesar de ser una deuda no generada por la gestión de esta Junta Directiva, asumimos en todo momento la responsabilidad y hemos solicitado una cita urgente a la Agencia Tributaria para estudiar el asunto en profundidad y de la cantidad resultante que sea firme, establecer un calendario de pagos acorde con nuestra actual estructura económica.

Por otro lado, entendemos tal actuación en la tarde del día 22 como desproporcionada y no acorde con los cauces idóneos por los que creemos deben ir estos asuntos (el club estaba colaborando en los requerimientos y citaciones), y que ha causado daños de difícil reparación a nuestra campaña de abonados y a la imagen de nuestro club. Con toda seguridad, pensamos que hay muchísimos casos de cantidades mucho mayores antes que atentar de forma tan grave contra una entidad modesta cuyo único objeto es competir defendiendo los colores de una ciudad y fomentando el deporte del fútbol.

Por último, expresar un mensaje de tranquilidad a la masa social y a los aficionados del club, que seguirá con sus objetivos y proyectos intactos y una vez mas, superará un nuevo escollo, para seguir perdurando en el tiempo defendiendo la bandera de rayas azules y blancas de la ciudad de Jerez de la Frontera”.

En el escrito, que se ha remitido este miércoles tras haber hecho “un análisis exhaustivo” de la situación a raíz del requerimiento enviado por la Junta sobre el Plan del Viñedo, se hacen una serie de consideraciones sobre determinados aspectos formales incluidos en el citado requerimiento.

Asimismo, se reseña en este escrito que la finalidad del Plan Especial y su verdadero objetivo “no es eludir o usurpar competencias a la Administración Autonómica, sino agilizar los trámites administrativos mediante la simplificación de los procedimientos y los trámites necesarios para el ejercicio de actividades en la zona de viñas”.

En este sentido, se apela “al buen sentido” de la Junta, ya que este punto de vista “requiere ineludiblemente la voluntad y el consentimiento de esa administración, y si efectivamente tiene voluntad de simplificar y agilizar los trámites, como se ha manifestado por boca de la presidenta de la Junta de Andalucía”, reconsidere su posicionamiento entendiendo que la innovación que se pretende con el Plan Especial puede asumirse sin mayores problemas, pues se trata simplemente de alterar el momento de control autonómico, pasando de un control previo, a un control a posteriori, si bien el Ayuntamiento estaría dispuesto a seguir trabajando sobre esta cuestión”.

Por todo ello, y mientras la Junta se pronuncia respecto a las cuestiones planteadas, en el escrito se pone de manifiesto la conformidad en formular expreso desistimiento de la solicitud de inscripción en el Registro Autonómico de instrumentos de Planeamiento, con la consiguiente no publicación del referido Plan, de modo que no entre en vigor.

La carta enviada a la Junta concluye diciendo que una vez que la Junta se pronuncie sobre estas cuestiones, “si resulta necesario se adoptarán los acuerdos correspondientes para reconducir los aspectos formales que se han planteado”.

El escándalo saltó hace casi dos meses cuando la Junta de Andalucía requirió al Ayuntamiento la nulidad del nombramiento de 11 altos cargos que, a juicio de la administración regional, se había llevado a cabo de manera irregular y sin atender al procedimiento legalmente establecido. El ejecutivo local anunció entonces que prepararía una batería de alegaciones que respaldaran su actuación, y que como ha podido saber Reporteros Jerez ya se ha hecho llegar a la Junta a la que no solo no ha convencido, sino que incluso ha puesto en marcha todos los resortes necesarios para el comienzo de un posible litigio entre ambas administraciones.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Cádiz, el escrito remitido por el Ayuntamiento no ha satisfecho las expectativas ya que no contiene ninguna resolución de la alcaldesa a lo que se le solicitó; es decir, “ni acata ni rechaza el requerimiento de nulidad de los nombramientos, sino que se limita a adjuntar una serie de informes suscritos por técnicos municipales, que tratan de demostrar que el procedimiento es ajustado a Derecho”. Como insisten desde el gobierno regional, el primer requisito indispensable para poder optar a una plaza por concurso (tanto ordinario como de libre designación) es que el aspirante tenga la condición de fijo, ya sea funcionario de carrera o laboral. Sin embargo, en el caso de estos nombramientos los 11 corresponden a laborales no fijos, lo que los invalidaría. 

Llegados a este punto, la Consejería de Hacienda y Administración Local ha decidido consultar con sus servicios jurídicos la posibilidad de, por un lado, realizar un nuevo requerimiento al Ayuntamiento en los mismos términos y, por otro, iniciar un litigio para que el asunto termine por dirimirse en los tribunales. La alcaldesa, por su parte, durante todo este tiempo ha defendido el procedimiento adoptado para los nombramientos al tratarse de personal de libre designación, al tiempo que ha acusado al delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil, de “intoxicar y poner zancadillas a un gobierno que está trabajando con la mejor voluntad”.

Un jerezano tenía aparcados una noche sus dos vehículos familiares en la puerta de su domicilio cuando unos vándalos les prendieron fuego, dejándolos reducidos a cenizas. Por si el estropicio no hubiera sido lo suficientemente importante, el afectado se quedó estupefacto cuando recibió un requerimiento del Ayuntamiento, instándole a pagar la tasa de extinción de incendios por la intervención de los Bomberos en el incidente. Inmediatamente el propietario de los turismos puso el asunto en manos de su abogado, Juan Manuel Delgado, que ha interpuesto un recurso contra esta exigencia municipal que consideran a todas luces un ‘atropello’. En el recurso, al que este medio ha tenido acceso, el perjudicado explica cómo los coches fueron quemados en el mismo instante y por un método idéntico: alguien prendió fuego a la gasolina rociada previamente sobre las ruedas, lo que como argumentan demuestra que no se trató de un acto fortuito o que respondiera a anomalías o fallos mecánicos.

Una versión que viene sustentada en las diligencias policiales, en las que se hace alusión a un incendio intencionado, e incluso por parte del Juzgado de Instrucción número 4, que incoó diligencias previas si bien luego decretó el archivo de las actuaciones “no porque no se incurriera en un delito, sino porque no se pudo conocer la identidad de los autores”. Una serie de razones por las que el perjudicado considera que el requerimiento municipal es “una incongruencia y tiene una falta de razonamiento adecuado”, ya que como recuerda su abogado la responsabilidad de una infracción penal es de quien la comete según la Ley, y nunca puede recaer sobre la víctima de “un brutal atentado a la propiedad privada”.

En el recurso, el letrado va más allá y arremete directamente contra la administración, subrayando que ésta debe ayudar al perjudicado y “no criminalizarle con tasas indebidas”. “En todo caso -concluye-, sería responsabilidad de la propia administración por el mal funcionamiento de sus servicios”, al tiempo que critica la falta de vigilancia en las calles y la “ineficacia” en la identificación de los autores y la persecución del delito. Así, solicita la inmediata suspensión de la ejecución de liquidación que ya ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento, en concepto de dos tasas de extinción de incendios por los dos vehículos afectados.