La Asociación de Vecinos Palos Blancos ha abierto un nuevo frente reivindicativo, en esta ocasión con motivo de un barandal. Asegura que lleva tiempo pidiendo al Ayuntamiento que tome las medidas necesarias para suprimirlo, ya que “impide el acceso o continuidad de una calle pública a otra en la paralela de la vía del tren”. Lo que quiere es que, “mientras no se expropia este tramo final”, se permita el acceso por tres tramos a los comercios del polígono Proxinaves, en la avenida del Altillo.

Explica que, al parecer, el barandal fue costeado por los vecinos de la comunidad de propietarios que hay frente a dicho polígono con el fin de evitar que se aparque en la calle María Zambrano, y afirma que se niega a que el barandal de la discordia sea abierto en determinados tramos para el acceso a los comercios y “para el paso lógico de una calle a otra”.

El siguiente vídeo ha sido elaborado por el propio presidente de la entidad vecinal, Jesús Palomo, y en el él explica con imágenes los detalles del problema y las soluciones que reclama la asociación vecinal.

A las siete de la mañana ya había clientes hoy a las puertas de las oficinas de Aquajerez-Aqualia, en Divina Pastora, para pagar un recibo pendiente. Como ellos, han sido muchos los ciudadanos que han recibido en los últimos días notificaciones de facturas impagadas a pesar de que había fondos en las cuentas donde los tenían domiciliados. Según han denunciado hoy desde Solidaridad y desde la Plataforma en Defensa de la Gestión Pública del aAua, el problema radica en la falta de acuerdo entre algunas entidades bancarias y la nueva empresa responsable del servicio.

El caso más común, según explican las mismas fuentes, es el de los clientes de La Caixa, cuya numeración de cuentas ha cambiado por la reciente fusión con Cajasol. Mientras que antes sí se reconocía al emisor de las facturas por tratarse de un ente público, el paso a la empresa privada ha provocado la devolución del recibo en muchos casos. Los afectados han tenido que acudir entonces a los bancos personalmente (y siempre en el horario limitado para el cobro de facturas en concreto) o ir directamente a las oficinas de Aqualia, donde se han registrado colas de hasta dos horas. Tampoco se puede abonar mediante la Caja Postal.

El impago de estos recibos pendientes implica la apertura de un expediente que puede terminar con el corte del suministro “cuando el problema no ha sido del cliente”. La interrupción preventiva -cortar la llave de paso pero sin quitar el contador- supone además un pago de reenganche que antes no existía. “Antes había  flexibilidad porque la gestión era pública y ahora no. Empiezan a amontonarse los problemas”, indican desde la plataforma.

Esta situación, además, genera “presión para los trabajadores de las oficinas porque la gente está alterada por la molestia y por tanta espera”, han señalado.

“Deben pedir perdón”

“Esperamos que lo arreglen ellos, que son los culpables de esta absurda reclamación que los vecinos estamos recibiendo, y a su vez pidan perdón por esta desastrosa forma de amenazar a los vecinos”, exigen desde Solidaridad.

Y ya que la empresa se muestra inflexible en la aplicación de la normativa a la hora de cobrar, desde Solidaridad se han encargado de recordarles que “existen en nuestra ciudad tuberías de conducción del agua que no cumplen las normativas europeas y el suministro se hace con tuberías de fibrocemento y plomo, consideradas cancerígenas. Exigimos que se cambien”.

También han advertido de la posible intención de la empresa de “cambiar los contadores de agua por otros vía telemática, que podrían incurrir en no respetar el derecho a la intimidad y que pueden suponer, además, es una fuente de contaminación electromagnética”.

Esta es la RECLAMACIÓN QUE ESTÁN RECIBIENDO LOS VECINOS

Un niño de solo 6 años ha permanecido dos semanas sin poder andar y ha estado sometido a más de un mes de tratamiento médico tras sufrir unas abrasiones en ambas plantas de los pies. Como ha asegurado su padre, el origen de todo ello se encuentra presuntamente en Piscinas Jerez, donde afirma que el pequeño sufrió esas heridas que se hicieron visibles al salir del agua. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio, cuando el menor estaba disfrutando de unas horas de divertimento en las citadas instalaciones y sintió cómo al pisar una especie de arena abrasiva en la piscina se le quemaban los pies.

Así lo relata el abogado de la familia, Juan Manuel Delgado, que ha redactado la correspondiente reclamación a la empresa municipal con el fin de que asuma su supuesta responsabilidad e indemnice al menor por los presuntos daños causados. Según el letrado, ese mismo día fueron más niños los afectados supuestamente por un producto utilizado para desinfectar o purificar el agua, aunque hasta el momento solo se ha decidido esta familia a poner el caso en manos de abogados. Como consta en el informe de alta médica del menor, fechado el pasado 8 de agosto y al que este medio ha tenido acceso, el chico fue trasladado a las urgencias del Hospital del SAS con un cuadro de lesiones en ambas plantas, lo que le provocó que estuviera dos semanas sin poder andar más una serie de curas locales a las que tuvo que ser sometido hasta esa fecha.

Un perjuicio no solo para la salud del pequeño sino también a nivel emocional, ya que ha permanecido más de un mes con tratamiento médico y sin poder realizar las actividades propias del verano. En lo que respecta a Piscinas Jerez, Delgado mantiene que el responsable “ha quitado importancia al asunto, diciendo que es algo habitual”. No obstante, su reclamación aún no ha sido contestada de manera oficial, por lo que el padre del menor se encuentra a la espera de que la empresa adopte una postura concreta y opte por resarcir los daños. 

El afectado, que tuvo que recibir la vacuna del tétanos, presenta el parte médico de Urgencias y basa su reclamación al ente local argumentando que “el Ayuntamiento debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, extremo no cumplido al realizarse la retirada de basura solo en algunas zonas de Jerez dejando desatendida la calle Juan Puerto Aragón”.

Torrecera limpiará sus calles

Por otro lado, el alcalde de la entidad local de Torrecera, Manuel Bertolet, ha anunciado que “asumirá las competencias en la recogida de basuras si en el plazo de cinco días no se da una solución a la situación que padecen” por la falta de servicios mínimos en la huelga que mantiene Urbaser.  Bertolet asegura que es la única medida que le queda por tomar, ya que “no veo una solución cercana al grave problema que está provocando la huelga de la recogida de basuras por la falta de acuerdo con el Ayuntamiento de Jerez”.

En cualquier caso, la recogida de residuos es una competencia propia de la ELA de Torrecera, que, la entidad pretende asumir a partir del próximo año, cuando entren en vigor los nuevos convenios entre las entidades locales y el Ayuntamiento matriz. Según explica su regidor, “por lealtad institucional con el Ayuntamiento de Jerez, se permite que siga prestando el servicio y recaudando los ingresos por dicha tasa, hasta en tanto esté terminado el nuevo convenio de competencias y financiación en el que venimos trabajado desde hace varios meses, y que debe estar aprobado para su aplicación a partir del 1 de enero de 2013”.

Sin embargo, “y dado que la prestación de dicho servicio por Jerez es muy deficitaria”, continúa, “y dada, asimismo, la obligación que tengo de defender los derechos de mis vecinos; en caso de que en un plazo de cinco días no se resuelva el conflicto y no se reanude el servicio adecuadamente, nos veremos en la obligación de asumir la competencia y la prestación del servicio por medios propios de forma urgente, pasando a ser los titulares de los derechos tributarios derivados de la tasa”.

En opinión del alcalde de la entidad local, “es el propio Ayuntamiento de Jerez el que no garantiza a día de hoy la normalidad en la prestación del servicio, dado que no existe relación alguna entre la concesionaria del servicio, Urbaser, y Torrecera”. En ese sentido, y aunque Bertolet asegura que no es su intención, “influir en el conflicto creado”, tampoco puede permitir, concluye, “que un conflicto entre partes ajenas a la localidad, provoque una situación intolerable para los torrecereños”.