La sentencia dictada este martes por la Audiencia de Sevilla dispone que Griñán deberá cumplir 6 años de prisión y Manuel Chaves 9 de inhabilitación especial por delitos de malversación y prevaricación en el primer caso y por prevaricación el segundo.

También han sido condenados a prisión otros nueve ex altos cargos: los ex consejeros Antonio Fernández (7 años), José Antonio Viera (7 años), Francisco Vallejo (7 años), Carmen Martínez Aguayo (6 años), los ex viceconsejeros Agustín Barberá (7 años), Jesús María Rodríguez (6 años), el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero (7 años), el ex director general Juan Márquez (7 años), el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano (6 años).

El resto de las condenas conllevan penas de inhabilitación, entre ellas la de la ex ministra Magdalena Álvarez, para la que el tribunal ha dictado 9 años de inhabilitación. Junto a ellas se encuentran el ex consejero Gaspar Zarrías (9 años de inhabilitación), el ex viceconsejero José Salgueiro (9 años de inhabilitación), el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano (9 años de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Javier Aguado (9 años de inhabilitación), la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina (8 años y 6 meses de inhabilitación), el ex secretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez (9 años de inhabilitación) y, por último el ex director de IDEA Jacinto Cañete (8 años y 6 meses de inhabilitación).

Además, hay dos personas que han resultado absueltas. Se trata del ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que estaba acusado por delitos de prevaricación y malversación, y del ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río, procesado por prevaricación.

CLAVES DEL FALLO

La sentencia señala que José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009, y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013, era consciente del uso irregular de las transferencias de financiación para pagar los ERE y sitúa a los ex presidentes en el centro de la toma de las decisiones que permitieron que se estableciera un mecanismo al margen de la ley y de los controles para repartir de forma arbitraria los fondos desviados del presupuesto andaluz.

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años hasta 2009, presidía el Consejo de Gobierno cuando se empezaron a articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los años 90 y en el año 2000. Los jueces subrayan que “la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto”. Y el resultado de esta decisión política “lo encontramos en la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procedimientos de reestructuración o crisis empresarial, a finales de los años 90″. “Por ello resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía”, añade la resolución judicial.

Destaca, además, el papel jugado por el convenio que el 17 de julio de 2001 firmaron el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del entonces Instituto de Fomento de Andalucía, Antonio Fernández, también viceconsejero de Empleo, para materializar las ayudas. En virtud de este convenio se encargaba al instituto, que luego sería rebautizado como Agencia IDEA, el pago de las ayudas que le ordenara el director general de Trabajo, Javier Guerrero, a pesar de que, incide el tribunal, no tenía competencias para ello. Sobre el ex director general de Trabajo durante una década (con tres consejeros de Empleo diferentes) la sentencia dice que era “plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó”. “Disponiendo de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”.

Ese convenio establecía un procedimiento específico que suponía, en la práctica, que los expedientes de las ayudas no llegaran a la Intervención y, junto a las transferencias de financiación, apuntan los magistrados de la Sección Primera, permitieron dar el dinero a discreción y sin pasar por ningún control. Desde al año 200 al 2010, el período que se ha investigado en la causa de los ERE, no se fiscalizó ni uno solo de los expedientes de ayudas sociolaborales irregulares.

Hablan los magistrados también de una “absoluta falta de control” en la concesión de las subvenciones, puesto que, explican en la sentencia, lo único que se fiscalizaba era que efectivamente se habían pagado. “Y la conclusión no puede ser otra, que ése fue el efecto buscado”, concluye la resolución. Se prescindió, abunda la Audiencia, “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, algo que fue denunciado en los informes de la Intervención, que alertaron de las irregularidades y de los desfases presupuestarios que se producían en la Agencia IDEA y que también se reflejaba en las cuentas anuales de esta entidad pública.

Por lo que se refiere a las subvenciones sociolaborales, expone la sentencia que el “beneficiario” real no era el trabajador, sino la empresa, y apunta a la Consejería de Hacienda, ya que fue la inclusión en los presupuestos de la figura de las ‘transferencias de financiación’ lo que permitió que “se prescindiera total y absolutamente” del procedimiento legal y que los fondos públicos se pudiesen destinar “a fines ajenos al interés público”. Y, apostillan los magistrados, las consecuencias de todo ello para la Junta de Andalucía fueron “claras e importantes”.

Con respecto a las transferencias de financiación, insiste la Audiencia en el uso indebido que se hicieron de este instrumento que estaba contemplado para paliar pérdidas en las entidades públicas. Señala la sentencia que la “ley nunca permitió que con cargo a aquéllas se concedieran subvenciones, como indebidamente hizo la Consejería de Empleo”.

SIN DECLARACIONES

Los ex altos cargos han abandonado la Audiencia de Sevilla a toda velocidad, sin detenerse ante los periodistas que los aguardaban. Ninguno ha querido hacer declaraciones.

La mayoría han salido con gesto serio, como era de esperar dado el importante varapalo que ha supuesto la sentencia para casi todos ellos.

Algunos de los abogados defensores han anunciado que piensan recurrir la sentencia de la Audiencia de Sevilla ante el Tribunal Supremo. El letrado Juan Carlos Alférez ha explicado que cuentan con un plazo de cinco días para anunciar el recurso, pero tienen previsto solicitar una ampliación de plazo, citando el precedente de la ‘operación Malaya’ sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, un caso en el que los abogados contaron con un plazo más amplio para formular sus recursos.

Para la notificación, el tribunal citó a todos los acusados, con procuradores, a las doce del mediodía en la sala de vistas principal del Palacio de Justicia de Sevilla. Allí, la secretaria ha ido llamando, uno a uno, a todos los acusados y les ha entregado la resolución en formato digital, en un pen drive, además de un extracto en papel con los fundamental, con el fallo.

La sentencia que se ha conocido hoy es el colofón a un juicio que arrancó el 13 de diciembre de 2017 y que se prolongó casi un año, hasta el 17 de diciembre del año siguiente, cuando la causa quedó vista para sentencia después de 152 sesiones.

Justo después de que el presidente del tribunal pronunciase el ‘visto para sentencia’ empezó la fase de deliberación, para la que los tres magistrados -Esperanza Gómez y Pilar Llorente además del propio Juan Antonio Calle- estuvieron liberados durante seis meses. A partir de entonces, sólo Calle ha seguido dedicado en exclusiva ya a la redacción de la sentencia.

Ese período de liberación terminaba el 26 de octubre, pero el magistrado pidió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una prórroga de quince días que le fue concedida y que permitió que la sentencia de los ERE no se conociera en mitad de la campaña electoral de las generales del pasado día 11 de noviembre, sino justamente después, hoy.

La simultaneidad de este tipo de hechos, que no son habituales en la ciudad de Jerez, sorprendió a los investigadores de la Policía Nacional que, de forma inmediata, comenzaron las pesquisas para identificar y detener a los responsables y preocupó a la opinión pública y a las asociaciones locales de comerciantes

Las indagaciones demostraron que los tres hechos habían sido cometidos de forma independiente por tres varones sin ninguna relación ni conocimiento entre ellos, el primero se produjo sobre las 01:00 horas de la noche del pasado viernes 23 de agosto contra un negocio de heladería ubicado en la calle Larga de Jerez, la principal arteria comercial peatonal de la ciudad.

A esa hora el detenido, un varón de 46 años de edad y al que le figuran ocho antecedentes previos, presuntamente irrumpió en el local esgrimiendo un cuchillo cuando tan solo se encontraba en su interior una trabajadora, con el arma blanca amenazó a la joven para que le entregara la recaudación, tras hacerse con todo el dinero el individuo dejó encerrada a la trabajadora en los baños amenazándola de muerte para que no saliera del mismo y huyó del lugar, los agentes lograron la identificación del autor, un varón de 46 años de edad y siete antecedentes previos que ha sido localizado y detenido en la vía pública.

Aumento de presencia policial en la barriada de La Serrana

El segundo hecho de similares características tuvo lugar sobre las 14:45 horas en una frutería ubicada en la calle Pisadores, en la barriada de la Serrana, cuando el detenido irrumpió en el local esgrimiendo un cuchillo de cocina amenazando a la única dependienta que en esos momentos se encontraba en el interior.

Ante estos hechos la Policía Nacional incrementó la presencia de agentes tanto de uniforme como de paisano en la zona, el autor de los hechos, un varón de 38 años de edad y quince antecedentes previos, fue localizado en una de las calles del mismo barrio por agentes de una unidad radio patrulla (Zeta) que ya conocían su identidad al haber sido identificado por los investigadores de Policía Judicial, el mismo presentó una gran resistencia a su detención y emprendió la carrera hacia el cercano barrio de San Benito donde finalmente fue alcanzado y detenido.

El tercer individuo se trata del presunto autor del robo sufrido sobre las 13:20 horas del pasado 02 de septiembre en un negocio ubicado en la calle Honda de Jerez, en esta ocasión el autor simuló interesarse por un calzado para acto seguido arrancar de cuajo la caja registradora, empujar a la dependienta cuando esta trató de impedírselo y huir a la carrera, no sin antes amenazar a dos chicos menores que pasaban por el lugar y que valientemente trataron de auxiliar a la trabajadora.

El autor fue identificado y detenido tras ser localizado en la vía pública en una calle del barrio de Santiago, a todos los arrestados se les imputa un delito de robo con violencia, agravado en los casos del uso de armas blancas, los tres ingresaron en el área de calabozos de la Comisaría de Jerez hasta que han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial quién ha dictado el inmediato ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, para los dos primeros.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Urbana UDU de la Brigada de Policía Judicial con el apoyo de los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano GAC (radio patrullas) de la Brigada de Seguridad Ciudadana, todos ellos integrantes de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera (Cádiz)

La intervención se inició en la mañana del 3 de mayo cuando un hombre se dio a la fuga tras realizar una maniobra temeraria y un giro prohibido mientras conducía su turismo en las confluencias de las calle Cuesta de la Chaparra y Calzada del Arroyo.

El vehículo impactó con una motocicleta que circulaba correctamente por la misma vía conducida por un padre que llevaba a su hijo menor de edad como pasajero, los cuales quedaron tendidos en la vía tras el fuerte impacto que provocó que ambos salieran despedidos de la motocicleta.

Una vez en el lugar los hechos, los agentes encontraron al menor de edad con heridas muy graves por un severo aplastamiento en una de sus extremidades inferiores, mientras que el padre se encontraba aturdido pero sin lesiones físicas graves.

Una vez personados los servicios médicos de emergencias del 061 trasladaron a los heridos hasta el hospital Jerez, siendo horas más tarde derivado el menor al hospital Puerta del Mar de Cádiz debido a la gravedad de las lesiones, que han obligado a los cirujanos a amputar parte de la pierna más afectada.

Por su parte, los agentes recabaron el testimonio de varios ciudadanos sobre la descripción del vehículo y del conductor que había ocasionado los hechos. Según los testigos oculares, inmediatamente después del golpe había emprendido la huida sin prestar auxilio a los afectados.

Así, minutos más tarde varios agentes localizaron en movimiento un vehículo de las mismas características con un fuerte golpe en uno de los laterales de su parte delantera, en el que incluso se podían apreciar restos de sangre.

Una vez interceptado e interrogado el conductor, los agentes recogieron pruebas e indicios suficientes para identificarlo como la misma persona que había emprendido la huida del lugar del accidente, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de los delitos de lesiones y denegación de auxilio, así como un delito contra la seguridad vial.

Tras ser detenido fue trasladado hasta la Jefatura de la Policía Local de Jerez donde se le realizó la prueba de impregnación alcohólica en sangre, arrojando un resultado que quintuplicaba la tasa permitida, y además, el análisis determinó que también había consumido drogas entre, ellas hachís y cocaína.

Por todo ello, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez ha dictado el inmediato ingreso en prisión comunicada y sin fianza del detenido.

La Audiencia Provincial de Cádiz dio el pasado viernes un plazo de dos días a la que fuera alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011 para que ingresara en prisión para cumplir la sentencia que le impuso y que el pasado diciembre fue confirmada por el Tribunal Supremo.

La sentencia considera probado que la que fuera también exsecretaria del PSOE de Jerez cometió falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación al interceder para que un informe técnico aumentara de 9 a 14 los puntos con los que se evaluó la subvención de 244.000 euros que el Ayuntamiento concedió a TISA, una empresa dedicada a la fabricación de generadores de oxígeno, para que se instalara en suelos del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

La sentencia sostiene que cuando se tramitó esta subvención, en el 2007, Sánchez le dijo al técnico encargado de puntuar a la empresa que la tratara “con cariño” y que, por un correo electrónico que recibió el jefe de su gabinete, su marido, se deduce que ella siguió de cerca los pasos de un informe que fue firmado por un capataz municipal porque el técnico al que le correspondía se negó a hacerlo.

El fallo condenó también a dos años y medio de prisión a la entonces delegada de Medio Rural y a un año y nueve meses al capataz municipal que rubricó el documento por orden de ésta y absolvió a los tres consejeros de la empresa que se sentaron en el banquillo de los acusados por este caso, que fue denunciado por (PA) en el 2009.

Sánchez dejó en octubre de 2014 el PSOE y su cargo como directora general del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía a raíz de una sentencia que la condenó a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas y gastos corrientes en el Ayuntamiento jerezano con fondos estatales del Plan E.

La Audiencia Provincial de Cádiz anuló posteriormente esta sentencia, que se derivó de una denuncia de su sucesora en el cargo, la popular María José García-Pelayo, y la absolvió, al entender que no usó los fondos en beneficio propio. El ingreso en prisión de Pilar Sánchez (nacida en Ceuta en 1958 y funcionaria del ámbito de la Educación) es un paso más del cruce de denuncias en los juzgados en los que derivó el enfrentamiento político entre los tres alcaldes que ha tenido Jerez desde el inicio de la Democracia hasta las últimas elecciones municipales y que han combinado malas relaciones con pactos de gobierno.

Dos de ellos, Pacheco y Sánchez, están ya en prisión, y la tercera, la popular García-Pelayo, es investigada por el Tribunal Supremo por su condición de aforada (en la anterior legislatura fue senadora y en esta es diputada) dentro de una pieza separada de lo que se conoce como la rama jerezana de trama Gürtel.

Los tres coincidieron el pasado 19 de enero en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde estos días está siendo juzgado Pedro Pacheco por un supuesto caso de corrupción urbanística por los que el fiscal pide para él otra condena de siete años de cárcel. Ellas fueron como testigos. Aquel día, en lo que sería su última aparición pública antes de ingresar hoy en prisión, Sánchez, insistió en su inocencia, en que nunca se ha “llevado nada de nadie”, en que siempre buscó el bien de la ciudad y en que aún conservaba esperanzas de que el Tribunal Constitucional crea su versión, la de que ella sólo quiso apoyar a una empresa que iba a invertir ocho millones de euros en la ciudad.

“Me ha salido muy caro ser la alcaldesa de esta ciudad”, señaló aquel día a los periodistas, mientras contaba que “una y otra vez” se pregunta por qué le ha tocado a ella pasar por este “calvario” judicial por gestiones que en otros ayuntamiento no han tenido estas consecuencias.

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a dos personas en Puerto Serrano cuando trasportaban más de 160 gramos de cocaína en roca de gran pureza, por lo que podía adulterarse para aumentar la cantidad que se podría distribuir de cara a las fiestas navideñas. Los guardias civiles de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la 3ª Compañía de Villamartín (USECIA) realizaban un servicio de prevención del trafico y consumo de drogas en las inmediaciones de las zonas de ocio  de la localidad con motivo de las fiestas navideñas y el comienzo de las vacaciones escolares, donde es habitual la venta de estupefacientes y observaron cómo el conductor de un vehículo marca Audi 4, se acercaba por la CA-8100 a la altura del kilómetro 4’5,  el cual al percatarse de la presencia de los guardias civiles, realizó maniobras titubeantes, por lo que los agentes procedieron a la identificación de los dos ocupantes del turismo.

Una vez los agentes interceptaron el vehículo, se realizó una identificación del conductor y el acompañante del turismo, resultando ser Juan Manuel V. L., de 41 años de edad natural y vecino de Jerez, al cual le constan antecedentes por Tráfico de Drogas, y Santiago R.G., de 42 años de edad, también natural y vecino de Jerez, al cual le constan antecedentes por tráfico de drogas y contra el patrimonio. Los guardias civiles procedieron a la inspección minuciosa del vehículo, así como al cacheo de ambos, encontrando entre sus pertenencias un envoltorio envasado al vacío, conteniendo 162’5 gramos de cocaína en roca de gran pureza, la cual podía adulterarse para multiplicar las dosis que podrían venderse de cara a las fiestas navideñas, por tal motivo los guardias civiles procedieron a su inmediata detención como autores de un delito de Tráfico de Drogas.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Villamartín, los cuales junto con los efectos intervenidos fueron puestos a disposición del titular del Juzgado Mixto nº 1 de los de Arcos, el cual decretó su inmediato ingreso en prisión.

Junto al recurso, ha presentado un escrito en el que explica las razones por las que considera que Pacheco debería salir “unos días” para tener un ingreso “ordenado” en prisión y resolver cuestiones pendientes, como la presentación de su historial clínico para ser tratado en prisión del glaucoma y de la “trombo” que padece, así como otorgar poderes a su familia para ejecutar trámites bancarios.

El abogado del exalcalde, José Aníbal Álvarez, considera que “lo razonable” es que su patrocinado pueda resolver estos asuntos antes de empezar a cumplir la condena, criticando que “no le han dado la oportunidad” de ingresar voluntariamente “porque no es un narcotraficante, ni un terrorista”. Ha afirmado al respecto que Pacheco sólo tenía en su poder un auto de 12 días antes de su detención en el que se le notificaba que la Audiencia Provincial ratificaba la sentencia del Tribunal Supremo y ha aclarado que el exalcalde “estaba haciendo gestiones” para poder satisfacer la responsabilidad civil de más de 200.000 euros con la venta de su casa en el complejo residencial de Costa Ballena (Rota), actualmente embargada y tasada en 300.000 euros.

El exalcalde de Jerez Pedro Pacheco pasa este fin de semana sus primeras horas en la cárcel de Puerto III, después de ser detenido durante la mañana del viernes en la puerta de su casa para que cumpla la condena de cinco años y medio impuesta por el Tribunal Supremo. El que fuera alcalde de la ciudad durante 24 años intenta acostumbrarse a su nueva rutina tras la sorpresa por su rápido ingreso en prisión.

Como se recordará, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) emitía a mediados de septiembre una sentencia que elevaba a cinco años y medio de cárcel la condena impuesta a Pacheco por el ‘caso Asesores’ -la Audiencia Provincial de Cádiz le impuso inicialmente un año menos de pena-, al considerarle culpable de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial notificaba al exalcalde el pasado día 7 el auto de ingreso “inmediato” en prisión, presentando la representación letrada de Pacheco un recurso de súplica contra la orden de ejecución de la sentencia. Asimismo, anunció su intención de pedir el indulto ante el Ministerio de Justicia, iniciándose en la localidad jerezana una campaña de recogida de firmas en apoyo de quien fuera alcalde durante más de dos décadas.

Tanto el Ministerio Fiscal como el Ayuntamiento de Jerez, que ejerció como acusación particular en la causa, solicitaron a la Audiencia Provincial de Cádiz que desestimase el recurso de Pacheco contra el auto de ingreso en prisión.

Acusación y Fiscalía alegaban que no debía haber “tolerancia” hacia delitos cometidos por un cargo público ni “trato de favor”, alertando al mismo tiempo del “alto” riesgo de fuga del exalcalde por los dos juicios que tiene pendientes de celebración y para los que el fiscal pide 13 años de prisión entre las dos causas.

Pedro Pacheco, que fue alcalde de Jerez durante 24 años, fue apartado del Ayuntamiento en junio del pasado año, cuando el equipo de gobierno del PP aprobó su cese como concejal de Foro Ciudadano de Jerez –partido en el que venía militando en los dos últimos años– al aplicar la Ley Electoral, que impide que un concejal condenado a inhabilitación continúe en el cargo, sin que sea obligatorio que la sentencia que lo condena sea firme.

Suspendido el ingreso en prisión de López

El Tribunal Supremo también condenaba a los exasesores andalucistas José López Benítez y Manuel Cobacho, a quienes considera responsables de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.

Cobacho fue condenado a dos años y siete meses y López a dos años y diez meses de cárcel. Sin embargo, según ha confirmado el abogado de José López, Manuel Hortas, la Audiencia sí ha atendido a su recurso contra el auto de ingreso en prisión, como ha conocido este mismo viernes.

Según explica, entre otros motivos, la Audiencia ha estimado el recurso contra la ejecución de la sentencia de López debido a que la pena impuesta por el tribunal es inferior a tres años. Asimismo, cabe señalar que su defensa ha formalizado ya una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.

La Policía Nacional pretendía una detención discreta, con sigilo, para evitar llamar la atención de los vecinos, de ahí que únicamente dos agentes se desplazasen a la vivienda de Pedro Pacheco cuando sabían que salía a desayunar. Fue trasladado inmediatamente a la Comisaría de la plaza del Arroyo, a la que entró por un acceso lateral. No permaneció allí demasiado tiempo, concretamente hasta aproximadamente las 11.30, momento en el que un furgón de la Guardia Civil salía con él dentro para trasladarlo a Puerto III.

Así, ingresó poco antes de las doce del mediodía en la cárcel portuense, a la que el vehículo de la Benemérita entró sin ni tan siquiera parar en la puerta de acceso, donde aguardaban decenas de periodistas que intentaban inmortalizar el momento.

Así, el Supremo dice que en la primera página de la sentencia, como es práctica habitual, consta la identidad de los miembros que compusieron el Tribunal; que antes de los antecedentes de la sentencia, aparece la identidad del magistrado ponente y que también aparece la fecha y el lugar en el que se dictó la misma.

En cuanto a los hechos constitutivos de delito, señala que están descritos en los hechos probados de la sentencia de origen y son los que fueron admitidos íntegramente en el antecedente de la sentencia dictada por el Supremo. Respecto a ello, recuerda que la sentencia de instancia declara que existió un delito de falsedad en documento oficial continuado, pero que se estimaba como medio comisivo de la prevaricación por lo que lo entendió integrado dentro de dicha prevaricación, una tesis que no admitió el TS.

En cuanto al tercer aspecto sobre el que Pacheco pidió aclaración, el Supremo dice que “con toda claridad se dijo en el fundamento jurídico tercero de la segunda sentencia que en abstracto la pena era la mitad superior de la mitad superior del delito más grave, que era el de la falsedad continuada de documento oficial”.

Cabe recordar que la sentencia del Supremo, que fue hecha pública el 19 de septiembre, aumentó la la condena de cuatro años de prisión que la Audiencia Provincial de Cádiz le había impuesto a Pacheco a cinco y medio al considerarlo culpable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.

Según ha trascendido, los hechos fueron denunciados por el padre de un menor de edad. Se sospecha que el detenido habría podido llevar a cabo las acciones que se le imputan fuera del club de fútbol para el que presta sus servicios, aunque pero en tres de los cuatro casos sospechosos se trataban de futbolistas de la entidad.