La portavoz municipal de Foro Ciudadano de Jerez, Rocío Montero, ha expresado su asombro e indignación por el hecho de que la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento del pasado ejercicio 2013 arroje datos “escalofriantes” sobre la manera en que el gobierno local del PP está gestionando el dinero público en la ciudad. En este sentido, la concejala y diputada de Foro ha denunciado que el gobierno municipal del PP que preside la alcaldesa, María José García-Pelayo, dejó de abonar las cuotas y prestaciones sociales de la plantilla de trabajadores del Consistorio durante todo el pasado año. Una cantidad algo superior a los 19 millones de euros que suponen un “gravísimo” incumplimiento con el Estado y con la propia plantilla, y una “dejación absoluta” de funciones respecto de la obligatoriedad de cumplir con los pagos a la Seguridad Social. La liquidación también recoge que el Ayuntamiento, en manos del PP, dejó de pagar 34 millones que comprometió con los bancos, puesto que solo ha liquidado un 7% de las amortizaciones de los créditos y un 27% de los intereses. Además de otros más de 19 millones de obligaciones con los proveedores del Ayuntamiento. “Esto solo representa más intereses financieros y, en suma, más asfixia para los jerezanos y jerezanas”, ha recalcado.

“Con la liquidación del Presupuesto de 2013 en la mano queda ratificada la incapacidad del gobierno local para ordenar las cuentas, empezar el necesario saneamiento financiero municipal y, especialmente, hacer que el Ayuntamiento funcione y empiece a tirar de la recuperación social y económica de la ciudad”, ha afirmado Montero. A su juicio, “la alcaldesa ha emprendido una disparatada carrera para tratar de llegar viva políticamente a 2015 sea como sea y cueste a los jerezanos lo que les cueste, algo que si no podemos impedir democráticamente por ahora, sí vamos a seguir denunciando permanentemente”. La gravedad del impago durante todo 2013 de las cuotas y prestaciones sociales de la plantilla es aún peor si se recurre a las recientes declaraciones de la señora García-Pelayo con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, de visita a la Alcaldía. “Hemos recuperado la credibilidad ante las instituciones y ante los bancos y proveedores, este es un acuerdo que vamos a cumplir”, dijo la alcaldesa en relación con un acuerdo por el que los ingresos que Jerez recibe del Estado quedarán embargados durante la próxima década.

“No solo no va a cumplir nada, sino que esta alcaldesa y este equipo de gobierno no pagan absolutamente nada. La liquidación, que está ‘colgada’ en la web municipal y puede ser consultada por cualquier ciudadano, derrumba la fachada de cartón piedra que García-Pelayo ha montado para hacer creer que Jerez está mejor que hace tres años”, ha dicho Montero. En este punto, ha considerado que “Jerez no solo no ha mejorado, sino que el futuro a corto plazo que está labrando la derecha pinta terrorífico a menos que se les desaloje democráticamente del poder municipal”. Los gastos financieros han crecido de forma brutal por el incremento de la deuda con los bancos en un 443%, la deuda con la Seguridad Social también se ha disparado en estos años y el agujero de la deuda no deja de hacerse mayor pese a decisiones nefastas como privatizar el agua o echar a la calle a 260 padres y madres de familia, ha enumerado la concejal de Foro. Montero entiende que “hay que coger el toro por los cuernos de una vez por todas y reclamar lo que es de Justicia, fundamentalmente un Estatuto Económico Especial para Jerez por su singularidad territorial, lo que García-Pelayo prometió y ahora es incapaz de defenderlo ante los gerifaltes de su partido”.

El juez recoge en su sentencia que la reducción efectuada “es ajustada a derecho” y supone una vuelta “a la senda de la legalidad” que es, según insiste el juez en la sentencia, “la única que puede determinar las retribuciones de los empleados públicos”. Igualmente, en otra sentencia, el juzgado  desestima también en su integridad otra demanda presentada por una funcionaria del Ayuntamiento en relación a este mismo asunto.

En su fallo, el juez “desestima en su integridad” el recurso interpuesto por la ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales)contra los acuerdos que adoptó la Junta de Gobierno Local los días 16 y 23 de septiembre de 2011, en el marco del Plan de Ajuste, para reducir las productividades que percibían los empleados con sueldos superiores a los 40.000 euros anuales, que en algunos casos superaban los 122.000 euros.

El Ayuntamiento ha decidido aplazar el proceso de modificación de la plantilla municipal para la creación de plazas hasta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado permita ofertar dichas plazas. De esta manera, se persigue que la creación y la oferta de las plazas se hagan en paralelo en el tiempo, garantizando la estabilidad de la plantilla. Este punto ha quedado retirado del orden del día del pleno.

La Asociación de Técnicos Municipales ha reiterado este sábado su intención de impugnar el convenio colectivo tanto por la vía laboral como por la contenciosa si el documento sale ratificado en la asamblea de trabajadores convocada para este lunes 16 de septiembre. A juicio de este colectivo, “el SIP y CGT han conseguido que el gobierno reparta beneficios solo entre ellos. Es una demostración más de que el gobierno local es rehén de estos sindicatos y le importa poco el resto de la plantilla”.

“La ATMJ no ha participado de esta nueva tomadura de pelo -no asistieron a la convocatoria- y  está en contra del Convenio  porque es ilegal, peor que el anterior y arbitrario”, han explicado. Denuncian que el texto ha sido “pactado” en una mesa “sin autoridad legal para ello” y que “los empleados municipales han perdido derechos que habíamos conseguido en los últimos años”. Argumenta, igualmente, que el acuerdo “solo recoge mecanismos de compensación económica de las reducciones de sueldos operadas por la RPT, para una parte de la plantilla.

El convenio, según las mismas fuentes, “vuelve a crear algunos de los pluses eliminados el año pasado, beneficiando a los colectivos que ya resultaron premiados con la RPT, en especial y de nuevo a los policías locales”. De esta forma, hay agentes de la Policía Local que pueden cobrar “hasta 4.000 euros” mientras que “los policías nacionales con mayor responsabilidad cobran 2.000″. La ATMJ asegura que sus miembros “han sido amenazados en varias ocasiones por la CGT pero no por ello vamos a dejar de ejercer la defensa de los intereses de los empleados municipales”.

Por último con respecto al convenio, critican que los sindicatos “pretendan que las votaciones sean a mano alzada y no en secreto, como recoge la ley, situación que catalogan de “atropello”.

Balance de la actuación municipal

La ATMJ ha aprovechado la comparecencia para hacer un balance de las actuaciones municipales en asuntos laborales desde que se aprobara la RPT. Entre las principales denuncias, destacan los nombramientos “a dedo” de los puestos más relevantes y jefaturas a “personas allegadas”, dos “modificaciones ilegales” de la RPT, más de 200 movimientos de trabajadores entre distintas áreas y departamentos sin el proceso legal correspondiente, el pago de un complemento personal transitorio para un grupo de empleados con informe contrario del interventor y disconformidad de la Junta así como la asignación de gratificaciones extraordinarias que no cuentan con la aprobación de la Junta de Gobierno Local. Por todo ello y a lo largo del año, la ATMJ ha presentado varias demandas.

La Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía ha respondido a la denuncia efectuada semanas atrás por Foro Ciudadano de Jerez y ha requerido al gobierno municipal del PP a que amplíe “información rigurosa y creíble” sobre por qué ha llevado  a cabo “un reparto a dedo” de los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento para todos y cada uno de los empleados municipales (funcionarios, laborales fijos y laborales indefinidos) a través del documento denominado ‘Relación Nominal de Adscripciones a Puestos de la RPT’, el cual se aprobó en junta de gobierno local el pasado 15 de octubre. La propia formación liderada por Pedro Pacheco afirma que “es sólo un apartado más de la cadena de irregularidades y despropósitos que encierra el documento gestado por el PP con el único objetivo de premiar a los empleados de su cuerda y castigar a todos los niveles a quienes les son molestos”.

Y añade que, en los anteriores escritos remitidos a Gobernación, ya el Foro exponía “con claridad un decálogo de incumplimientos legales en la elaboración del documento, así como otros supuestos de ilegalidad que hacen a esta RPT arbitraria”.

En concreto, el gobierno andaluz, que ya hace un par de meses requirió información complementaria “ante el oscurantismo del documento diseñado a su medida por el gobierno local del PP”, ha solicitado la remisión a la Delegación del Gobierno de “información completa sobre el acuerdo adoptado en el punto 30 del orden del día de la junta de gobierno local del 15 de octubre de este año, relativo a la “corrección de errores materiales advertidos en el acuerdo de la junta de gobierno local, con el número 54 del orden del día de fecha 14 de septiembre de2012”, aportando la siguiente documentación:

1.- Certificación del acuerdo íntegro adoptado en el punto 30 del orden del día por la junta de gobierno local del pasado 15 de octubre.

2.- Copia del informe emitido por el Servicio Jurídico del Área de Gobierno de Personal y Seguridad que se menciona en el acuerdo.

3.- “Relación nominal de Adscripciones a Puestos de la RPT” que forma parte de la aprobación definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo, y que no consta en la documentación aportada por el Ayuntamiento de Jerez.

4.- Relación y rectificaciones que consta y se relacionan en la propuesta, y no figuran en el extracto remitido a través del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.

ACLARACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

El gobierno local, por su parte, deja claro que el requerimiento de ampliación de información sobre la RPT realizado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía “responde a un trámite habitual entre administraciones dentro de la complejidad técnica de los documentos”.

En este sentido, también hace hincapié en que esta es una práctica que se sitúa dentro de la normalidad que preside la relación entre las administraciones y que desde el Ayuntamiento, hasta la fecha, se está enviado toda la información demandada por la administración autonómica. El Ejecutivo insiste en que “la RPT se ha hecho cumpliendo con la legalidad y con la máxima transparencia”.

El Ayuntamiento explica que la ampliación de documentación complementaria que solicita la Junta forma parte de diferentes acuerdos de la Junta de Gobierno Local y que se han enviado todos los documentos con la información demandada “al no tener nada que ocultar”, ya que se trata de acuerdos de Junta de Gobierno Local.

Por último, el gobierno municipal recuerda que “la RPT es un instrumento de trabajo que viene a poner fin al caos organizativo y a los agravios comparativos en las retribuciones salariales, unas desigualdades que el ex alcalde Pedro Pacheco no quiso o no fue capaz de solucionar, al carecer este Ayuntamiento de una RPT, porque no quiso o no supo hacerla”.

Señala que ha tenido que ser “el Ejecutivo de María José García-Pelayo el que ha tenido que poner fin a la situación de desorden de este Ayuntamiento, con la aprobación de una RPT cuyo objetivo es organizar la plantilla y racionalizar los salarios, dotando al Ayuntamiento de un documento histórico que, además, es obligado por ley desde el año 1984”. “Un documento que en este Ayuntamiento ningún gobierno anterior se había atrevido a abordar por lo que seguíamos funcionando con un catálogo de puestos de trabajo de 1995”, concluye.