La Audiencia Provincial de Cádiz dio el pasado viernes un plazo de dos días a la que fuera alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011 para que ingresara en prisión para cumplir la sentencia que le impuso y que el pasado diciembre fue confirmada por el Tribunal Supremo.

La sentencia considera probado que la que fuera también exsecretaria del PSOE de Jerez cometió falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación al interceder para que un informe técnico aumentara de 9 a 14 los puntos con los que se evaluó la subvención de 244.000 euros que el Ayuntamiento concedió a TISA, una empresa dedicada a la fabricación de generadores de oxígeno, para que se instalara en suelos del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

La sentencia sostiene que cuando se tramitó esta subvención, en el 2007, Sánchez le dijo al técnico encargado de puntuar a la empresa que la tratara “con cariño” y que, por un correo electrónico que recibió el jefe de su gabinete, su marido, se deduce que ella siguió de cerca los pasos de un informe que fue firmado por un capataz municipal porque el técnico al que le correspondía se negó a hacerlo.

El fallo condenó también a dos años y medio de prisión a la entonces delegada de Medio Rural y a un año y nueve meses al capataz municipal que rubricó el documento por orden de ésta y absolvió a los tres consejeros de la empresa que se sentaron en el banquillo de los acusados por este caso, que fue denunciado por (PA) en el 2009.

Sánchez dejó en octubre de 2014 el PSOE y su cargo como directora general del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía a raíz de una sentencia que la condenó a dos años de prisión y a una multa de 8,6 millones por pagar las nóminas y gastos corrientes en el Ayuntamiento jerezano con fondos estatales del Plan E.

La Audiencia Provincial de Cádiz anuló posteriormente esta sentencia, que se derivó de una denuncia de su sucesora en el cargo, la popular María José García-Pelayo, y la absolvió, al entender que no usó los fondos en beneficio propio. El ingreso en prisión de Pilar Sánchez (nacida en Ceuta en 1958 y funcionaria del ámbito de la Educación) es un paso más del cruce de denuncias en los juzgados en los que derivó el enfrentamiento político entre los tres alcaldes que ha tenido Jerez desde el inicio de la Democracia hasta las últimas elecciones municipales y que han combinado malas relaciones con pactos de gobierno.

Dos de ellos, Pacheco y Sánchez, están ya en prisión, y la tercera, la popular García-Pelayo, es investigada por el Tribunal Supremo por su condición de aforada (en la anterior legislatura fue senadora y en esta es diputada) dentro de una pieza separada de lo que se conoce como la rama jerezana de trama Gürtel.

Los tres coincidieron el pasado 19 de enero en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde estos días está siendo juzgado Pedro Pacheco por un supuesto caso de corrupción urbanística por los que el fiscal pide para él otra condena de siete años de cárcel. Ellas fueron como testigos. Aquel día, en lo que sería su última aparición pública antes de ingresar hoy en prisión, Sánchez, insistió en su inocencia, en que nunca se ha “llevado nada de nadie”, en que siempre buscó el bien de la ciudad y en que aún conservaba esperanzas de que el Tribunal Constitucional crea su versión, la de que ella sólo quiso apoyar a una empresa que iba a invertir ocho millones de euros en la ciudad.

“Me ha salido muy caro ser la alcaldesa de esta ciudad”, señaló aquel día a los periodistas, mientras contaba que “una y otra vez” se pregunta por qué le ha tocado a ella pasar por este “calvario” judicial por gestiones que en otros ayuntamiento no han tenido estas consecuencias.

La Sala Segunda del alto tribunal ha rechazado el recurso de casación interpuesto por Sánchez, así como el de la concejal María del Carmen Martínez Martínez -condenada a dos años, seis meses y 15 días de prisión– por los mismos delitos–. Sánchez, que también fue condenada a ocho años de inhabilitación, tendrá que pagar junto a la exconcejal, de forma solidaria 122.360 euros al Ayuntamiento de Jerez.

La Audiencia Provincial de Cádiz consideró probado que en el marco de la solicitud de TISA para incorporarse al PTA, el encargado de emitir los informes de valoración de solicitantes comentó las dificultades que veía para poder informar favorablemente de la incorporación de TISA al PTA. Tras ello, Sánchez habló con aquel y le dijo que «tratase con cariño a esa empresa, facilitándole diversa documentación y un teléfono de contacto».

Asimismo, TISA obtuvo la adjudicación de la parcela, basada en una valoración que otorgaba a su solicitud nueve puntos sobre una puntuación de 14, y Sánchez «decidió que iba a concederle una ayuda del 40 por ciento del precio establecido por el Consejo de Administración de Emusujesa», pese a que la valoración era un «impedimento para ello» ya que un adjudicatario valorado con nueve puntos, como era el caso, sólo tenía derecho a una ayuda del 20 por ciento.

La Audiencia Provincial tiene la «certeza» de que Pilar Sánchez «estuvo al tanto de lo que ocurría con el informe para otorgar los 14 puntos a la solicitud de TISA», que fue «la que decidió la modificación del borrador» y «que debía ser firmado por algún otro empleado municipal para crear la apariencia de informe técnico de valoración con 14 puntos, habiendo sido ella quien decidió conceder a TISA la máxima puntuación posible».

La sentencia del Supremo recuerda que la exdirigente socialista ha sido condenada por los delitos de prevaricación, falsedad y malversación, en relación de concurso medial y explica que en los de prevaricación y malversación concurre prueba directa de los elementos objetivos, ya que «la resolución administrativa que materializa la prevaricación y constituye el instrumento de la malversación fue dictada personalmente por la recurrente», en su calidad de alcaldesa de Jerez, dato «indiscutido, documentalmente acreditado y reconocido».

Además, expone que se cuestiona el requisito subjetivo, «a sabiendas de su injusticia», «que es lo que se ha acreditado a través de prueba indiciaria» y añade que «la acreditación del elemento subjetivo del tipo de prevaricación a través de la prueba de indicios constituye un supuesto generalizado, que no aporta motivo alguno para cuestionar la resolución impugnada».

«ARBITRARIEDAD MANIFIESTA»

La decisión de la alcaldesa de adjudicar la ayuda máxima a la empresa TISA constituyó «una resolución adoptada con el único sustento de su exclusiva voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, y situada extramuros de toda justificación que pudiera tener el más mínimo apoyo racional», mantiene el Supremo, que señala que Sánchez influyó primero sobre el funcionario competente «para que tratase con cariño a la empresa»; y, después, visto que el perito no le adjudicaba a la empresa TISA la puntuación máxima, necesaria para la concesión de la ayuda máxima, «se le presionó para que cambiase el informe».

Por último, como el nuevo informe tampoco daba cobertura a la máxima subvención que arbitrariamente quería conceder la alcaldesa, «se manipuló el informe y se sustituyó por otro firmado por un capataz». «La arbitrariedad del proceso es manifiesta», sostiene.

En lo que se refiere al delito de falsedad, indica que no constituye un delito de propia mano que exija la realización material de la falsedad por el propio autor, sino que admite su realización a través de persona interpuesta que actúe a su instancia, por lo que «la responsabilidad en concepto de autor no precisa de la intervención corporal en la dinámica material de la falsificación bastando el concierto y el previo reparto de papeles para la realización y el aprovechamiento de la documentación falseada», de modo que «es autor tanto quien falsifica materialmente como quien en concierto con él se aprovecha de la acción con tal de que tenga el dominio funcional sobre la falsificación».

En esa línea, mantiene que «no existe ninguna hipótesis alternativa razonable» a que la operación, que exigía necesariamente como instrumento esencial la manipulación del informe, se pudiese realizar «sin el impulso y aquiescencia» de la alcaldesa. Asimismo, expone que era ésta, además, «la que iba a beneficiarse de la falsificación del dictamen», al permitir que su resolución del expediente pudiese superar las objeciones de la Intervención, si la concesión de la máxima subvención no estuviese apoyaba en un dictamen con la máxima puntuación.

La sentencia, hecha pública este lunes, prosigue señalando que, valorados los indicios existentes y relacionándolos racionalmente, «surge como conclusión natural de las normas ordinarias de la lógica y la experiencia que la falsificación se realizó a instancia de la recurrente, que fue quien se aprovechó de la documentación falseada, conclusión que supera el canon de la lógica o cohesión interna, y el canon externo de la suficiencia o calidad de la conclusión».

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, expone que “procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones” respecto a la exalcaldesa socialista, quien, como se recordará, declaraba el pasado 29 de abril como imputada por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental. El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz instruye las diligencias previas por el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta vinculados a Mercajerez, S.A., una sociedad participada por el Ayuntamiento jerezano de la que Sánchez fue presidenta entre 2005 y 2011 por su condición de alcaldesa. Dicha empresa desarrolló dos acciones formativas para desempleados y las investigaciones apuntan a una ayuda cercana a los 150.000 euros de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cádiz de la que fue beneficiaria Mercajerez para el desarrollo de unos cursos de carnicería y panadería, para los que presuntamente se falseó documentación.

Tras su declaración en los juzgados en abril, Sánchez y su abogado explicaron a los medios que confiaban en que se retirase la imputación contra ella al ser “nula” su participación en los hechos investigados, ya que su cargo como presidenta de Mercajerez era “meramente institucional” y “todas las competencias estaban delegadas en el gerente -también imputado- y el consejo de administración”. Cabe señalar que el juzgado no ha acordado el archivo de las actuaciones contra el gerente, el cual sigue imputado en la causa junto a otra persona más que también prestó declaración en su día en relación a estos hechos.

Pilar Sánchez sostuvo entonces que algo había “fallado” en las diligencias previas, pues el curso “se desarrolla en un 80 por ciento siendo alcaldesa María José García-Pelayo (PP)” y, por tanto, siendo la ‘popular’ presidenta de Mercajerez. En este sentido, resaltaba que el curso “empezó a finales de marzo de 2011 y terminó en la fecha que marcaba la normativa, que es el 31 de diciembre” de ese año, dándose la circunstancia de que ella dejó de ser alcaldesa el 24 de mayo de 2011. Tras asegurar que ella no firmó “nada”, ni si quiera el convenio, explicó sobre los pagos que el primero llegó “el 27 de junio de 2011″ y el segundo “en agosto”, de lo que deduce que “se daría cuenta en el consejo de administración de cierre del año 2011″, es decir, siendo presidenta de Mercajerez María José García-Pelayo.

Desde el Gobierno se destaca que “este es otro de los marrones que la anterior alcaldesa y su marido han dejado a este Ayuntamiento, como fue el caso de la estación de lavado de coches de Chapín, y que el Gobierno municipal está solucionando, porque no podemos permitir que se mantengan situaciones que están fuera de la legalidad”.

Cabe recordar que fue en el Pleno municipal celebrado el pasado 31 de octubre cuando se aprobó el expediente de desahucio administrativo para el desalojo de la Asociación Deportiva, Asociación Tenis de Jerez, de las instalaciones deportivas sitas en Chapín, ubicadas sobre una parcela de 26.497,40 metros cuadrados de propiedad municipal.

Esta propuesta de Pleno venía  a cumplir un mandato judicial que se remontaba a la legislatura anterior, con el Gobierno del partido socialista, cuando se volvió a sacar a concurso la concesión de estas instalaciones y el nuevo adjudicatario impugnó el procedimiento. La ATJ carecía de título y no ostentaba concesión administrativa alguna para su uso y explotación desde el 6 de abril de 2009.

Como explicó el Gobierno en dicho Pleno “traemos este asunto al Pleno para cumplir un mandato judicial, aunque no es un plato de gusto para nadie.  Estamos manteniendo reuniones tanto con los representantes de la Asociación como de los trabajadores para intentar garantizar que no se pierdan los puestos de trabajo y que se mantenga el espíritu de familia que tiene esta asociación, de tanto raigambre”.

Por tanto, el proceso se ha desarrollado con luz y taquígrafo y cumpliendo todos los pasos legales, a la vez que manteniendo informados en todo momento a los afectados. Posteriormente, la adjudicación de la concesión administrativa consistente en el uso privativo y la explotación de las instalaciones deportivas Municipales, destinadas hasta ahora a tenis, sitas en Chapín, ha sido aprobada por la Junta de Gobierno  Local a favor la entidad mercantil Tenis Chapín, S.L., por un importe de 1.502.000 euros y un plazo de de duración de veinte años.

Desde el Gobierno se destaca que “el objetivo de esta concesión es ofrecer un mejor servicio a los usuarios y que todos los jerezanos puedan disfrutar de las mismas en igualdad de condiciones en unas instalaciones de propiedad municipal, como es en este caso”. Desde el ejecutivo se pone de manifiesto que “la concesión se ha realizado atendiéndose a las pautas que la administración tiene para este tipo de concesiones administrativas, por lo que se la ha adjudicado a la oferta que mejores condiciones ofrecía en su contrato y que perfectamente se podrá hacer cargo de la explotación”.  Por otro lado, el Ayuntamiento garantiza que el servicio contará con un exhaustivo control municipal, como es obligado en cualquier concesión, para que se cumpla todo lo estipulado.

La Fiscalía había reclamado una sentencia “condenatoria” y “ejemplar” para la exalcaldesa socialista de Jerez Pilar Sánchez por considerarla “la cabeza pensante” del ‘caso PTA‘ y así ha sido. Pilar Sánchez ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión y a ocho de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Cádiz por las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de concesión de una subvención de 244.000 euros a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) para instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) durante su mandato (2005-2011). Francisco Lebrero, ex delegado de Fomento, ha sido absuelto, y Carmen Martínez, ex delegada de Medio Rural, tendrá que afrontar una pena de 2 años y medio de prisión.

El fiscal consideraba que la exalcaldesa “es la principal responsable de todo lo que ha ocurrido”. El juicio, que se desarrolló en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, quedó visto para sentencia el pasado 29 de enero.

Aún queda la posibilidad de que la defensa recurra la sentencia

Pilar Sánchez, exalcaldesa de Jerez, ha salido en libertad con cargos tras declarar durante unos diez minutos en la Comisaría Provincial de Cádiz, al implicarla en supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, entre ellas Mercajerez. Sánchez ha declarado que desconocía la gestión de los cursos de formación, que controlaba, según ha especificado, el gerente de la sociedad.

Pilar Sánchez ha explicado a Efe que ha sido citada a declarar esta mañana en la Comisaría Provincial de Cádiz para “testificar” en el caso, aunque fuentes policiales han señalado que está “imputada” en la investigación, en la que se prevén entre setenta y noventa detenciones en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería.

La exalcaldesa socialista ha señalado que, en el ámbito de Jerez, se están investigando supuestas irregularidades en unos cursos de formación que solicitó Mercajerez, una entidad que ella presidía como regidora de la ciudad gaditana.

“Mercajerez es una sociedad mixta, cincuenta por ciento privada y cincuenta por ciento municipal. La presidencia la ejerce el alcalde o alcaldesa de la ciudad pero las competencias las desarrolla y ejerce la gerencia y la vicepresidencia”, ha apuntado Sánchez. La exalcaldesa ha explicado que en ningún momento ha sido detenida, como aseguraba a primera hora de la mañana El Confidencial sino que ha testificado durante ocho minutos para explicar este organigrama y señalar que desconocía los asuntos relativos a estos cursos de formación que se están investigando.

“Aquí todo acaba en el alcalde”, se ha quejado Pilar Sánchez, condenada a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales y recientemente juzgada por supuestas irregularidades en la adjudicación de una ayuda a una empresa.

La defensa explica que ha “retomado” en el recurso todos los argumentos empleados durante el juicio para defender la “legalidad” de las decisiones adoptadas por su patrocinada para garantizar el pago de la nómina a la plantilla municipal en los ejercicios de 2010 y 2011. Asimismo, plantea que el tribunal ha aplicado en la sentencia, “con carácter retroactivo”, una redacción “más perjudicial” del artículo 308 del Código Penal para enjuiciar los hechos, pese a que indica que no estaba vigente cuando se adoptaron las medidas por las que ha sido condenada su cliente.

Además de resaltar la “dureza” de la sentencia dictada contra la exalcaldesa –que tras conocer el fallo cursó su baja voluntaria de militancia en el PSOE y presentó su dimisión como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales–, su abogado ha criticado el tratamiento “sesgado” de las pruebas practicadas en la vista que se ha dado en la sentencia, al “omitir declaraciones importantes” del interventor y el tesorero en las que, en su opinión, se ponía de manifiesto la inexistencia de expedientes de reintegro y de quebranto económico para las arcas municipales. Además de los dos años de cárcel y la multa, que coincide con parte del dinero desviado del Plan E para pagar nóminas municipales y a las concesionarias y una cantidad añadida, Sánchez también ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial para cargo público como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones.

“HASTA DONDE HAYA QUE LLEGAR”

El Ministerio Fiscal, que en el juicio celebrado en junio solicitó tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, también ha recurrido el fallo pidiendo que se incremente la condena en un año y, de esa manera, le sean impuestos los tres que reclamaba. El letrado de Sánchez, que espera que la resolución de la Audiencia les sea “favorable”, ha avanzado que, en caso de que el recurso sea desestimado, llegarán “hasta donde haya que llegar”, en alusión a la posibilidad recurrir ante el Tribunal Supremo.

En declaraciones a los periodistas, García-Pelayo ha asegurado que, de la misma manera que en su día valoraron la sentencia de cárcel para el exalcalde Pedro Pacheco, “esta situación no se la deseamos a nadie”, aunque “es verdad que el tiempo va dando la razón”. Para la regidora ‘popular’, el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez por el ‘caso desvío de fondos’ refleja que “había un caos bastante importante en la gestión del Ayuntamiento, que en parte estaba provocado por una cuota importante de despilfarro por la desorganización”. Sostiene que en la actualidad la situación “también es dura” en el Consistorio, pero están pagando nóminas y a los proveedores “sin utilizar los fondos como no hay que utilizarlos”, por lo que ha apelado al “rigor” y ha dicho que “hay gestiones y gestiones”.

“TODOS NO SOMOS IGUALES”

La alcaldesa también ha censurado que, tras conocer sentencia, Sánchez pretenda “poner en marcha el ventilador y decir que todo el mundo lo hace igual”, aludiendo a manifestaciones realizadas por Sánchez en las que sostiene que detrás de ella “caerán” más dirigentes políticos del actual equipo de gobierno.

Preguntada por estas declaraciones, ha dicho que no se ha “ensañado” con Sánchez ni ha contado “casos concretos de despilfarros de su gestión”, ya que entiende que “hay que estar a la altura” y “hay que pasar página, porque Jerez tiene un gran presente y sobre todo va a tener un gran futuro”. Cabe recordar que tanto García-Pelayo como el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento jerezano, Antonio Saldaña, declararon como testigos en el juicio desarrollado contra Pilar Sánchez el pasado mes de junio, cuando expusieron los perjuicios que había causado el desvío de fondos a las obras para las que el Ejecutivo había destinado los fondos del Plan E.

“Con el objetivo de no perjudicar innecesariamente al partido y en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial, Pilar Sánchez Muñoz ha solicitado formalmente su suspensión de militancia a la Agrupación Local del PSOE de Jerez, con carácter estrictamente voluntario. Pilar Sánchez toma esta decisión justo en el momento en que se ha conocido la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez. De esta manera, quedará suspendida la relación de militancia con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía por parte de la histórica militante jerezana”. Así reza el comunicado del PSOE de Jerez tras conocerse la sentencia por el juicio denominado ‘caso desvío de fondos’ contra la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez, que en el pasado mes de junio quedaba visto para sentencia. El Juzgado de lo Penal número tres de la ciudad ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 8,6 millones de euros a la regidora por la utilización de fondos del Plan E para pagar nóminas del Ayuntamiento de Jerez.

Sánchez estaba acusada de un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones. En el juicio, el fiscal, que llegó a pedir para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, puso ya en tela de juicio que Sánchez informara al Gobierno de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias, ni que existiese un plan formal de reintegro del dinero destinado al abono de nóminas. De la misma forma, entiende que existe la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.

En ese mismo juicio, la ahora condenada remarcó en su declaración que “a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas” y ya estaba convencida de que ella será “la única”. “No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”, ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas. Con esta condena, finalmente, Pilar Sánchez tendrá que asumir el pago de esta cantidad si no prospera el recurso ante la Audiencia que ha anunciado inmediatamente después de conocer la sentencia.

En su alegato final, el fiscal, que pide para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, ha puesto en tela de juicio que, como declaró la imputada la semana pasada, informara al Gobierno de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias, ni que existiese un plan formal de reintegro del dinero destinado al abono de nóminas. De la misma forma, entiende que existe la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.

Por su parte, el abogado de Pilar Sánchez ha pedido su libre absolución, afirmando que se limitó a usar fondos públicos para cumplir “una obligación”. También ha insistido en que “el Código Penal no contempla lo que se ha enjuiciado estos días”, aludiendo en este punto a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2012 que, según afirma, anuló la disposición séptima del Real Decreto de 2009 por el que se regulaba el Plan E. Dicha disposición aludía al principio de la cuenta restringida, según ha detallado. Ha subrayado igualmente que nadie le advirtió de que podía estar incurriendo en un ilícito penal, pese a que ella lo preguntó “hasta la saciedad”.

Por su parte, Pilar Sánchez ha remarcado en su declaración que “a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas” y está convencida de que ella será “la única”. “No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”, ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas.

Se ha mantenido firme en que adjudicó todas las obras y cumplió con el objetivo de creación de empleo y en que las operaciones financieras para reponer las cantidades tardarían más o menos en llegar, pero “siempre se hacían”.

Finalmente, ha llamado la atención sobre el “daño”, la “inseguridad y miedo” que este caso le ha ocasionado a ella y a su familia (tiene sus cuentas embargadas y un embargo de señalamiento en su vivienda), pese a lo que tiene “plena confianza en la justicia”.