La defensa explica que ha “retomado” en el recurso todos los argumentos empleados durante el juicio para defender la “legalidad” de las decisiones adoptadas por su patrocinada para garantizar el pago de la nómina a la plantilla municipal en los ejercicios de 2010 y 2011. Asimismo, plantea que el tribunal ha aplicado en la sentencia, “con carácter retroactivo”, una redacción “más perjudicial” del artículo 308 del Código Penal para enjuiciar los hechos, pese a que indica que no estaba vigente cuando se adoptaron las medidas por las que ha sido condenada su cliente.

Además de resaltar la “dureza” de la sentencia dictada contra la exalcaldesa –que tras conocer el fallo cursó su baja voluntaria de militancia en el PSOE y presentó su dimisión como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales–, su abogado ha criticado el tratamiento “sesgado” de las pruebas practicadas en la vista que se ha dado en la sentencia, al “omitir declaraciones importantes” del interventor y el tesorero en las que, en su opinión, se ponía de manifiesto la inexistencia de expedientes de reintegro y de quebranto económico para las arcas municipales. Además de los dos años de cárcel y la multa, que coincide con parte del dinero desviado del Plan E para pagar nóminas municipales y a las concesionarias y una cantidad añadida, Sánchez también ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial para cargo público como responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones.

“HASTA DONDE HAYA QUE LLEGAR”

El Ministerio Fiscal, que en el juicio celebrado en junio solicitó tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, también ha recurrido el fallo pidiendo que se incremente la condena en un año y, de esa manera, le sean impuestos los tres que reclamaba. El letrado de Sánchez, que espera que la resolución de la Audiencia les sea “favorable”, ha avanzado que, en caso de que el recurso sea desestimado, llegarán “hasta donde haya que llegar”, en alusión a la posibilidad recurrir ante el Tribunal Supremo.

En declaraciones a los periodistas, García-Pelayo ha asegurado que, de la misma manera que en su día valoraron la sentencia de cárcel para el exalcalde Pedro Pacheco, “esta situación no se la deseamos a nadie”, aunque “es verdad que el tiempo va dando la razón”. Para la regidora ‘popular’, el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez por el ‘caso desvío de fondos’ refleja que “había un caos bastante importante en la gestión del Ayuntamiento, que en parte estaba provocado por una cuota importante de despilfarro por la desorganización”. Sostiene que en la actualidad la situación “también es dura” en el Consistorio, pero están pagando nóminas y a los proveedores “sin utilizar los fondos como no hay que utilizarlos”, por lo que ha apelado al “rigor” y ha dicho que “hay gestiones y gestiones”.

“TODOS NO SOMOS IGUALES”

La alcaldesa también ha censurado que, tras conocer sentencia, Sánchez pretenda “poner en marcha el ventilador y decir que todo el mundo lo hace igual”, aludiendo a manifestaciones realizadas por Sánchez en las que sostiene que detrás de ella “caerán” más dirigentes políticos del actual equipo de gobierno.

Preguntada por estas declaraciones, ha dicho que no se ha “ensañado” con Sánchez ni ha contado “casos concretos de despilfarros de su gestión”, ya que entiende que “hay que estar a la altura” y “hay que pasar página, porque Jerez tiene un gran presente y sobre todo va a tener un gran futuro”. Cabe recordar que tanto García-Pelayo como el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento jerezano, Antonio Saldaña, declararon como testigos en el juicio desarrollado contra Pilar Sánchez el pasado mes de junio, cuando expusieron los perjuicios que había causado el desvío de fondos a las obras para las que el Ejecutivo había destinado los fondos del Plan E.

“Con el objetivo de no perjudicar innecesariamente al partido y en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial, Pilar Sánchez Muñoz ha solicitado formalmente su suspensión de militancia a la Agrupación Local del PSOE de Jerez, con carácter estrictamente voluntario. Pilar Sánchez toma esta decisión justo en el momento en que se ha conocido la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez. De esta manera, quedará suspendida la relación de militancia con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía por parte de la histórica militante jerezana”. Así reza el comunicado del PSOE de Jerez tras conocerse la sentencia por el juicio denominado ‘caso desvío de fondos’ contra la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez, que en el pasado mes de junio quedaba visto para sentencia. El Juzgado de lo Penal número tres de la ciudad ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 8,6 millones de euros a la regidora por la utilización de fondos del Plan E para pagar nóminas del Ayuntamiento de Jerez.

Sánchez estaba acusada de un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones. En el juicio, el fiscal, que llegó a pedir para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, puso ya en tela de juicio que Sánchez informara al Gobierno de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias, ni que existiese un plan formal de reintegro del dinero destinado al abono de nóminas. De la misma forma, entiende que existe la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.

En ese mismo juicio, la ahora condenada remarcó en su declaración que “a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas” y ya estaba convencida de que ella será “la única”. “No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”, ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas. Con esta condena, finalmente, Pilar Sánchez tendrá que asumir el pago de esta cantidad si no prospera el recurso ante la Audiencia que ha anunciado inmediatamente después de conocer la sentencia.

En su alegato final, el fiscal, que pide para la exalcaldesa socialista tres años de cárcel, 12 de inhabilitación especial para cargo público y una multa de 8,6 millones de euros, ha puesto en tela de juicio que, como declaró la imputada la semana pasada, informara al Gobierno de que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y a las concesionarias, ni que existiese un plan formal de reintegro del dinero destinado al abono de nóminas. De la misma forma, entiende que existe la “posibilidad real de duplicidad de pagos” de algunas de las obras enmarcadas en el Plan E a causa del uso de estos fondos.

Por su parte, el abogado de Pilar Sánchez ha pedido su libre absolución, afirmando que se limitó a usar fondos públicos para cumplir “una obligación”. También ha insistido en que “el Código Penal no contempla lo que se ha enjuiciado estos días”, aludiendo en este punto a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2012 que, según afirma, anuló la disposición séptima del Real Decreto de 2009 por el que se regulaba el Plan E. Dicha disposición aludía al principio de la cuenta restringida, según ha detallado. Ha subrayado igualmente que nadie le advirtió de que podía estar incurriendo en un ilícito penal, pese a que ella lo preguntó “hasta la saciedad”.

Por su parte, Pilar Sánchez ha remarcado en su declaración que “a ningún alcalde de la historia le han juzgado por pagar las nóminas” y está convencida de que ella será “la única”. “No me llevé nada, no fui la beneficiaria y tampoco lesioné al Ayuntamiento”, ha afirmado, apuntando al mismo tiempo que ella no contrató a ninguno de los trabajadores a los que pagó las nóminas.

Se ha mantenido firme en que adjudicó todas las obras y cumplió con el objetivo de creación de empleo y en que las operaciones financieras para reponer las cantidades tardarían más o menos en llegar, pero “siempre se hacían”.

Finalmente, ha llamado la atención sobre el “daño”, la “inseguridad y miedo” que este caso le ha ocasionado a ella y a su familia (tiene sus cuentas embargadas y un embargo de señalamiento en su vivienda), pese a lo que tiene “plena confianza en la justicia”.

Así, el interventor ha declarado que se recurría a esos fondos del Plan E para pagar los salarios de los trabajadores municipales “de manera puntual” y no habitualmente, por tanto. Ha añadido también que la que fuera alcaldesa la pasada legislatura tenía siempre la voluntad de reponer el dinero que sacaba. Ha apuntado que su cometido no era autorizar la operación, sino informar sobre el decreto del Estado que impide sacar dinero de cuentas restringidas “salvo una causa de fuerza mayor”, que cabe recordar que es lo que Pilar Sánchez argumentó en la primera sesión del juicio celebrada este pasado lunes.

Por su parte, el tesorero se ha pronunciado en la misma línea, confirmando que existía intención de reponer el dinero y ha señalado que las advertencia que él hacía eran de carácter administrativo, no penales. Ha asegurado, por tanto, que él no advirtió a Pilar Sánchez de podía estar cometiendo un delito al usar el dinero de cuentas restringidas para otros fines.

El juicio, en el que Pilar Sánchez se enfrenta a una pena de 3 años de prisión y una multa de más de 8 millones de euros, quedará previsiblemente visto para sentencia este miércoles, aunque, tras las declaraciones de este martes, parece que en estos momentos la absolución de la exalcaldesa está más cerca que la condena.

Según fuentes cercanas al club son unos 15.000 euros lo que costaría finiquitar la plantilla, aunque la cifra asciende hasta casi 20.000 euros. Eso sí, las negociaciones con algunos futbolistas siguen abiertas e incluso algunos están por la labor de perdonar hasta el 50% de lo que se le debe. Es el caso, por ejemplo, de Fran Pineda, al que se le debe más de 3.000 euros, pero que ha aceptado mucho menos para así no recurrir a la Federación.

La pelota está ahora en el tejado de Ricardo García, quien parece estar muy tranquilo ante la posibilidad de una nueva sanción federativa, que podría ir desde el bloqueo de las fichas federativas hasta el descenso de categoría por reincidencia. Aún así, es el propio presidente del Xerez el que firmó los reconocimientos de deuda con algunos futbolistas de la pasada temporada y el que se ha dispuesto a negociar el pago con algunos exazulinos.

La exalcaldesa socialista, que se ha acogido al derecho de no responder a las preguntas de la Abogacía del Estado y se ha limitado a contestar, durante aproximadamente dos horas, a las cuestiones formuladas por su abogado y la Fiscalía,  ha asegurado que en su momento trasladó a la directora general del Ministerio competente en una conversación telefónica que iba a utilizar fondos del Plan E para pagar la nómina a la plantilla municipal y que tenía preparado un plan de reposición conjunto.

También ha explicado que se constituyó un “comité de crisis formado por el interventor, tesoreros y miembros del gobierno local para buscar una solución a un problema puntual del Ayuntamiento”. Ha insistido en que “no hubo improvisación” y que ese comité de crisis consideró que “el pago de las nóminas a 3.000 familias era una necesidad y una causa de fuerza mayor”, lo cual también entiende que era su “obligación”. En este sentido, ha enfatizado que “nunca” ha visto a “ningún alcalde sentado en un banquillo por esto”.

También ha descartado que tuviera un informe jurídico que le prohibiera utilizar los fondos para pagar la nómina, tras asegurar que el Real Decreto en el que se regulaba las condiciones del Plan E contemplaba la necesidad de “reponer” alguna cantidad si era utilizaba para fines distintos a los concedidos “por causa de fuerza mayor”, como considera que era hacerlo para pagar la nómina a la plantilla “y no para una fiesta”, apostilla.

Cabe recordar que los hechos fueron denunciados por el actual gobierno local (PP) ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar al poco tiempo de tomar posesión, desfases que se elevaron a 8,6 millones, según ha apuntado Fiscalía. Pilar Sánchez se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y al pago de una multa de más de ocho millones de euros.

Este lunes también ha declarado la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, quien se ha ratificado en su denuncia, considerando que las cuentas restringidas ” no se deben tocar”. El primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, entre otros muchos, también ha sido citado como testigo.

La delegada ha señalado que con esta postura CCOO no respeta un acuerdo que ha sido firmado por el comité de empresa y en cambio se dedica crear un alarmismo innecesario. “Estamos ante una actitud poco menos que antidemocrática puesto que no se respeta ni los acuerdos ni la voluntad mayoritaria del comité ni de la asamblea de trabajadoras; la actitud de este sindicato va más allá de la mera reivindicación laboral y obedece a intereses políticos, sino no se entiende a qué vienen ahora con esta andanada cuando se ha pagado en tiempo y forma, y con mucho esfuerzo”.

Frente a la actitud de CCOO, Isabel Paredes ha agradecido el trabajo de colaboración que durante mucho tiempo ha realizado el nuevo comité de empresa y los técnicos municipales ya que tras meses de negociación la empresa municipal Comujesa se logró un acuerdo que está permitiendo el abono de esta deuda de 1.301.500 euros en nueve pagos a lo largo de este año. La delegada ha subrayado que con la firma de este acuerdo el Ayuntamiento de Jerez y el comité expresaron claramente su voluntad de alcanzar la solución más factible para todas las partes. “El Ayuntamiento cumple su compromiso de abonar la deuda que dejó la anterior concesionaria. Hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de todos, después de muchos meses de pesadumbre de las trabajadoras se puso fin a una larga reivindicación. Vuelvo a dar a las gracias a Esther Hidalgo, presidenta del comité, por la colaboración que ha mantenido durante el desarrollo de la negociación; la actitud del comité de empresa hizo posible este acuerdo”.

“DESDE CCOO NO SE ENTERAN O NO SE QUIEREN ENTERAR”

 La delegada recuerda a CCOO que el Consistorio abonó a Acasa las cantidades correspondientes a las nóminas que esta empresa tiene pendientes con la plantilla, y que lo hizo a través de tomas de razón, a pesar de que la financiación de este servicio es al cien por cien de la Junta de Andalucía. La delegada recuerda a CCOO que “el dinero que ha venido de la Junta va a la toma de razón por la que este Ayuntamiento está pagando unos intereses, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las trabajadoras, y la imperiosa necesidad de atender a los usuarios de la ayuda a domicilio, ya que se trata de una población muy sensible y por la que este Consistorio está realizando todos los esfuerzos necesarios”.

Paredes destaca que “no sabemos dónde estaba entonces CCOO, que no exigió a Acasa que abonara inmediatamente esas nóminas a las trabajadoras, y por qué  ahora se dedica a boicotear los acuerdos de la mayoría; que hay detrás de estas andanadas. El Ayuntamiento está realizando un esfuerzo extraordinario para garantizar el correcto funcionamiento de este servicio, y nos parece muy injusto que se siga desinformando con intereses partidistas que en cualquier caso nunca nos van a quitar la ilusión por seguir trabajando en un tema tan sensible y tan importante como es la ayuda a domicilio”.

La delegada explica que “desde Comisiones Obreras, o no se enteran, o no se quieren enterar. El Ayuntamiento, desde que asumió la gestión de este servicio, ha abonado todas las nóminas de las trabajadoras. Con anterioridad, había abonado todas las mensualidades a Acasa, y es la empresa la que las tiene pendientes con la plantilla. Si de verdad quieren facilitar el camino para que este servicio funcione, deberían reclaman a la Junta de Andalucía que abone puntualmente las resoluciones del servicio de ayuda a domicilio”, ha afirmado.

El plan de pagos recogido en el documento firmado fue rubricado por el Ayuntamiento y el comité de empresa en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA). Isabel Paredes ha destacado que el Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo económico para garantizar el servicio de ayuda a domicilio. “Estamos cumpliendo los objetivos que el Gobierno Municipal se marcó al inicio de la legislatura, la normalización y dignificación del servicio de ayuda a domicilio. Este gobierno, con la alcaldesa al frente, ha trabajado codo con codo con las trabajadoras del servicio. Hemos mantenido una comunicación directa para informar de todos los pasos que el gobierno ha realizado. La firma del acuerdo fue un ejemplo más. Otro de plan de pagos no sería asumible dada la situación actual del Ayuntamiento”, ha afirmado.

Dentro de este esfuerzo y compromiso a favor del servicio Isabel Paredes ha destacado la importancia que tuvo que, por primera vez, se llevara a Pleno una propuesta para que el dinero de las transferencias del servicio fuesen finalistas. “En julio tuvimos que asumir el servicio, a través de Comujesa, para evitar su desaparición y la de los puestos de trabajo por las deudas que dejó Acasa. A partir de entonces la empresa municipal ha hecho un gran trabajo con compromiso. Con todo ello se pone de manifiesto la voluntad política de este Gobierno municipal de mantener el servicio porque día a día lo estamos dotando de medidas que lo hacen sostenible”, ha apostillado.

CCOO reclama el pago de las cuatro nóminas y la paga extra que la empresa ACASA adeuda a 400 las trabajadoras del servicio municipal de ayuda a domicilio y rechaza la solución ideada por el Ayuntamiento jerezano, que hace que sea el municipio el que adelante estos pagos para después reclamárselos a través de un proceso judicial y que las trabajadoras no vean satisfecha la deuda hasta octubre.

La empresa Asociación Coordinación Asistencial Sociosanitaria Andaluza, ACASA, fue concesionaria del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio hasta el 30 de junio del pasado año. A día de hoy, adeuda a las 400 trabajadoras que conforman la plantilla los sueldos de marzo, abril, mayo y junio de ese año, así como una paga extra. Según el Ayuntamiento, el importe de esa deuda es de 1,3 millones de euros.

En la reunión mantenida por CCOO con la Delegada de Bienestar Social, esta manifestó que el Ayuntamiento había abonado la totalidad de la deuda contraída con la empresa. Sin embargo, ésta no iba a abonar directamente el pago a la plantilla, sino que va a ser el municipio quien pague a las trabajadoras y, posteriormente, reclamará judicialmente a la empresa la cantidad de 1.301.500 euros. Además, el Ayuntamiento no va a saldar la deuda de Acasa con las trabajadoras en un único pago, sino a plazos.

Con el fin de asegurarse de que, efectivamente, el Gobierno Local había pagado lo que debía a ACASA, CCOO solicitó el pasado día 21 de enero a la alcaldesa de Jerez copia del justificante de los pagos realizados, así como certificación del pago total de la deuda del Ayuntamiento con la empresa, sin que el Gobierno Local haya aportado al sindicato esta documentación.

El sindicato se muestra crítico con el procedimiento: “Resulta cuanto menos extraño que el Ayuntamiento haya abonado la totalidad de la deuda a Acasa y  después solicite a la propia empresa Acasa la devolución del monto que supone el impago de las cinco nominas y que según la delegada asciende a 1.301.500 euros”, explica el sindicato, que considera la actitud municipal un “despropósito”.

Para CCOO, “está claro que alguien miente o no está diciendo toda la verdad, ya que lo normal es una vez que la Junta abona la totalidad del dinero de la Dependencia del año 2013, la regularización con Acasa debería de haberse realizado igual que se hizo con Sergesa Hogar”. Esta empresa es la antigua concesionaria del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que sufrió los impagos del Ayuntamiento entonces socialista. El 30 de abril de 2010, la empresa deja de prestar el servicio de ayuda a domicilio debido a los impagos reiterados por parte del municipio. Sergesa dejó de abonar a la plantilla alguna nómina del 2010 y atrasos de convenio.

En julio de 2011, con los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Ayuntamiento abonó a la empresa Sergesa la deuda pendiente y la empresa abonó directamente a las trabajadoras los salarios pendientes de pago del año 2010. Si es cierto que el Ayuntamiento ha saldado la deuda total con Acasa, ¿por qué no se ha operado igual que en el 2011 con Sergesa, es decir, que se le abone a la plantilla las cinco nominas que se les adeuda del 2013?, pregunta CCOO.

Desde CCOO pedimos a la alcaldesa que, al igual que rescató a la empresa Acasa pagando la deuda contraída con la Seguridad Social, haga lo mismo con las mas de 400 trabajadoras y mas teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ya ha cobrado la totalidad del dinero de la dependencia del año 2013 (algo reconocido por el propio municipio). Este pago de la deuda con la Seguridad Social respondió fundamentalmente a allanar el camino para la nueva adjudicación del servicio de ayuda adomicilio.

También denuncia el sindicato la fórmula de pago de las cinco nominas del año 2013, que contempla que se realizará en plazos a lo largo del 2014, es decir, todos los días 20 desde febrero hasta octubre. Si bien es cierto que el Comité de Empresa ha firmado en el SERCLA dicho calendario de pago, no es menos cierto que o bien se acogían a esta formula impuesta por el Ayuntamiento o bien optaban por la reclamación vía judicial con el coste añadido que supone dicha formula, indica. CCOO, en unas de las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, ya manifestó la negativa a este calendario por “injusto” y porque la economía familiar de la mayoría de la plantilla es de “extrema necesidad”.

Por ello, pide a la alcaldesa que abone a las trabajadoras y trabajadores del Servicio Público de Ayuda a Domicilio, los salarios de los meses de  marzo, abril, mayo, junio y extra.

La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, lamenta una vez más la falta de información del sindicato Comisiones Obreras respecto a la situación del servicio de Ayuda a Domicilio, después de que exigiera este martes al Ayuntamiento de Jerez el pago de las nóminas que debe a la plantilla. Desde CC OO denuncian que se adeuda a los más de 400 trabajadores las nóminas de marzo, abril, mayo y junio y una paga extra correspondiente al pasado año, “pese a que ya ha percibido los pagos pendientes de la Junta que esperaba para realizar estos pagos”.

La delegada recuerda que el Consistorio abonó a Acasa las cantidades correspondientes a las nóminas que esta empresa tiene pendientes con la plantilla, y que lo hizo a través de tomas de razón, a pesar de que la financiación de este servicio es al cien por ciende la Junta de Andalucía.

La delegada recuerda que “el dinero que ha venido de la Junta va a la toma de razón por la que este Ayuntamiento está pagando unos intereses, dada la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las trabajadoras, y la imperiosa necesidad de atender a los usuarios de la ayuda a domicilio, ya que se trata de una población muy sensible y por la que este Consistorio está realizando todos los esfuerzos necesarios”.

Paredes destaca que “no sabemos dónde estaba entonces CCOO, que no exigió a Acasa que abonara inmediatamente esas nóminas a las trabajadoras, pero el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo extraordinario para garantizar el correcto funcionamiento de este servicio, y nos parece muy injusto que se siga desinformando con intereses partidistas que en cualquier caso nunca nos van a quitar la ilusión por seguir trabajando en un tema tan sensible y tan importante como es la ayuda a domicilio”.

La delegada explica que “desde Comisiones Obreras, o no se enteran, o no se quieren enterar. El Ayuntamiento, desde que asumió la gestión de este servicio, ha abonado todas las nóminas de las trabajadoras. Con anterioridad, había abonado todas las mensualidades a Acasa, y es la empresa la que las tiene pendientes con la plantilla. Si de verdad quieren facilitar el camino para que este servicio funcione, deberían reclaman a la Junta de Andalucía que abone las partidas pendientes de noviembre y diciembre de 2013”.

La delegada Isabel Paredes se reunió el pasado 12 de diciembre con el nuevo comité de empresa de Ingesan en UTE con Macrosad, entidad responsable de la gestión del servicio de ayuda a domicilio desde octubre, para presentar el calendario de pagos de la deuda de la anterior concesionaria Acasa con estos empleados.

La delegada ya explicó que con este plan se pone de manifiesto la voluntad “máxima” del Ayuntamiento de Jerez de cumplir su compromiso y asumir la deuda que dejó la anterior concesionaria. El Ayuntamiento abonará la cantidad de 1.301.500 euros en nueve pagos a lo largo de 2014; “un dinero que ya se pagó pero que no llegó a las trabajadoras por desvío de Acasa, no por este Gobierno municipal”, subrayó. Con este dinero, se podrá liquidar completamente la deuda  pendiente con las trabajadoras y que corresponde a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio (más extra) de 2013. Cabe recordar que el Ayuntamiento ya abonó dos pagos de 124.000 y 125.000 euros, en octubre y noviembre, respectivamente, también de la deuda de Acasa.