El Juzgado de Instrucción número 1 ha acogido esta semana la declaración de seis personas en calidad de imputadas por el saqueo del establecimiento de ocio conocido como Palacio del Oro. Según han informado a este medio fuentes del caso, se trata de Juani C. Q. (trabajadora del local y considerada cabecilla de la trama de robo); los empresarios Antonio M. y J. A. A. y su estrecho colaborador Francisco A., que adquirieron presuntamente la mercancía y la guardaron a buen recaudo, y otros dos individuos que les compraron algunas de las antigüedades. Además de ellos han declarado un buen número de testigos, por lo que una vez que el juez dicte el correspondiente auto para la recuperación del mobiliario robado, que se encuentra en una nave propiedad de Antonio M., quedará finiquitada la instrucción.

Como confirman las fuentes consultadas, los empresarios imputados por un presunto delito de robo han reconocido que efectivamente participaron en el vaciado del local y se llevaron la mercancía, pero después de habérsela comprado a Juani C. Q. con la convicción de que no estaban cometiendo ninguna irregularidad. De esta forma, todo se centra en la trabajadora del Palacio del Oro a la que se imputa no solo un presunto delito de robo sino también otro de simulación de delito, pues no hay que olvidar que fue ella la que denunció haber sido víctima de un secuestro dentro del propio establecimiento, mientras unos presuntos ladrones arramplaban con todo el mobiliario. Una versión que la Policía echó por tierra en cuestión de días, todo ello reforzado por la versión de los dos empresarios que acudieron voluntariamente a Comisaría a manifestar que fue ella quien les vendió los muebles, por lo que dieron por hecho que era su legítima propietaria.

De la investigación policial se desprende que los dos compradores, relacionados con el campo y el mundo del toro, contrataron a un tercero que con una furgoneta y cuatro jóvenes empleados se puso manos a la obra para desmantelar en tiempo récord el inmueble, que fue desvalijado en siete noches y vaciado no solo de muebles sino también de grifos, lámparas, cuadros y cualquier objeto valioso, incluyendo el pan de oro con el que estaban revestidas las paredes. Según las mismas fuentes, durante todo el proceso se manipularon las alarmas, se cortó la luz y se taparon las cámaras de seguridad, lo que da una idea de la “nocturnidad y alevosía” con la que pudo llevarse a cabo el desmantelamiento.

UNA TRANSACCIÓN CON ANIMALES Y ACEITUNAS

Como declararon los dos empresarios en Comisaría, la venta se produjo tras cerrar un acuerdo con la trabajadora por el que ésta les vendía una buena parte de la mercancía a cambio de unos 12.000 euros, 15 caballos, 5 halcones y 6.000 kilos de aceitunas. Un precio que estaría muy lejos del valor real del material presuntamente sustraído. El propietario del Palacio del Oro, por su parte, es un ciudadano alemán que vive con su familia en Tenerife y que se ha personado como acusación particular, con el fin de recuperar sus pertenencias lo antes posible y que los responsables del saqueo paguen por ello. Ahora tiene que lidiar con una dificultad añadida, puesto que la trabajadora imputada, de origen peruano, asegura que mantenía con él una relación sentimental y le ha acusado de un presunto delito de violencia de género.

Luisa P. E., sus hijos José Ramón y Antonio C. P. y su pareja José María C. N. se sientan hoy en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez acusados de un presunto delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental. Se trata de una familia a la que se imputa el haber creado una auténtica red delictiva por la que se dedicaban presuntamente a estafar a empresas, comprando artículos diversos con DNI de otras personas como aval. Como ha podido saber este medio, los procesados ya fueron juzgados y absueltos por una acusación similar y sobre ellos está pendiente la celebración de otro juicio por presunto fraude a la Seguridad Social.

Los hechos que hoy se juzgan se remontan a los años 2004 y 2005, cuando en diferentes meses los procesados acudieron en varias ocasiones a Muebles Palomino, Movistar y Renault para adquirir mobiliario, electrodomésticos, un móvil y un vehículo. Así lo han confirmado fuentes del caso, precisando que el modus operandi de la familia consistía supuestamente en realizar la compra sin llegar a aportar un solo euro, a través de contratos suscritos con DNI de otras personas y firmados según la ocasión por un miembro diferente del clan. El resultado de todo ello es que los cuatro estafaron presuntamente más de 41.200 euros a las empresas mencionadas, llevándose la palma la tienda de muebles con aproximadamente 25.5000 euros del total.

Por todo ello, la Fiscalía solicita tres años de cárcel para cada procesado por un presunto delito de estafa, en concurso con otro de falsedad documental. La defensa, ejercida por Juan Manuel Delgado, pedirá la absolución de sus representados centrándose en la sentencia absolutoria mencionada anteriormente, así como en la falta de pruebas que los vinculen con los hechos y en la prescripción de los mismos por el tiempo transcurrido.

Los empresarios, relacionados con el campo y el mundo del toro, dieron su versión por válida y contrataron a un tercero que con una furgoneta y cuatro jóvenes empleados se puso manos a la obra para desmantelar en tiempo récord el inmueble. Así, durante siete noches estas personas se dedicaron a desvalijar el establecimiento, arramplando no solo con muebles sino también con grifos, lámparas, cuadros y cualquier objeto valioso. Cabe destacar que hasta las paredes del local estaban revestidas con pan de oro, lo que da una idea de la dimensión de lo invertido en él. Por el momento, estos empresarios comparecerán en calidad de testigos mientras continúan las pesquisas sobre un caso con muchos claroscuros.

Según las fuentes consultadas, la Policía descarta que la trabajadora, imputada por un presunto delito de apropiación indebida y otro de simulación de delito (no hay que olvidar que denunció haber estado secuestrada mientras alguien desvalijaba el recinto), fuera capaz de planear toda la trama en solitario. El vaciado del local, además, se produjo durante la noche y de una forma aparentemente clandestina, lo que levanta ciertas sospechas entre los investigadores. Por si fuera poco, la trabajadora, que responde al nombre de Juana C. Q., ha denunciado a su vez al propietario del establecimiento por un presunto delito de violencia de género, lo que podría enmarañar aún más el procedimiento.

Según estas fuentes, la imputada ha asegurado que hace dos años su jefe intentó arrojarla de un coche en marcha, a raíz de una disputa doméstica porque mantenían una relación sentimental. El afectado, por su parte, es un ciudadano alemán que vive con su familia en Tenerife y que ya se ha personado como acusación particular, con la esperanza de que se resuelva el misterioso caso.