Mobiliario de tipología diversa como lámparas, sillones, armarios, relojes de cuco y hasta 180 cuadros es el material recopilado por la Policía hasta el momento como parte de la mercancía robada en el establecimiento de ocio conocido como el Palacio del Oro. En concreto, lo requisado asciende al 85% del total, teniendo en cuenta que los delincuentes saquearon el local, arramplando incluso con el pan de oro con el que estaban recubiertas las paredes. El abogado del propietario del lugar, Ángel Durán, se ha mostrado satisfecho por el desarrollo de la investigación policial, que seguirá abierta en tanto en cuanto no aparezcan todos y cada uno de los objetos que desaparecieron. Entre otras cosas, aún se han de recuperar unos 30 cuadros, otros 30 relojes de cuco y, lo más importante, las piezas de porcelana sustraídas que suponen la parte del motín más suculenta, pues su precio asciende aproximadamente a 100.000 euros (la totalidad del mobiliario alcanza los 800.000).

Como se recordará, el Juzgado de Instrucción número 1 ha imputado hasta la fecha a seis personas involucradas supuestamente de alguna u otra forma en el saqueo del inmueble: Juani C. Q. (trabajadora del local y considerada cabecilla de la trama de robo); los empresarios del campo y el mundo del toro Antonio M. y Juan Antonio A. y su estrecho colaborador Francisco A., que adquirieron presuntamente la mercancía y la guardaron a buen recaudo, y otros dos individuos que les compraron algunas de las antigüedades. Es precisamente en una finca de La Ina propiedad de uno de los empresarios y en una nave de Prado del Rey alquilada también por uno de ellos donde la Policía ha intervenido toda la mercancía requisada, en virtud de la declaración de los propios imputados que reconocieron habérsela llevado del Palacio del Oro tras comprársela a la trabajadora de origen peruano, sin saber que cometían una ilegalidad. A juicio del letrado del perjudicado, los acusados “no han dicho todo lo que saben y no fueron claros en su declaración”, asegurando incluso que uno de ellos ha continuado vendiendo parte de la mercancía que permanecía con depósito judicial durante la instrucción.

Así las cosas, la Policía mantiene el cerco sobre ellos y sobre la pista de la porcelana sustraída, sin descartar que se produzcan nuevas imputaciones de personas que durante todo el tiempo transcurrido hayan ido adquiriendo material de procedencia ilícita. El desmantelamiento del Palacio del Oro se produjo el pasado mes de enero, cuando Juani C. Q. denunció que unos desaprensivos habían robado todo el mobiliario tras mantenerla secuestrada cuatro días dentro del recinto. De la investigación policial se desprendió con posterioridad que los dos empresarios mencionados fueron los que, en connivencia presuntamente con la trabajadora, contrataron a un tercero que con una furgoneta y cuatro jóvenes empleados desvalijó en tiempo récord el establecimiento, procediendo en siete noches al vaciado no solo de muebles sino también de grifos, lámparas, cuadros y cualquier tipo de objeto valioso.

El Juzgado de Instrucción número 1 ha acogido esta semana la declaración de seis personas en calidad de imputadas por el saqueo del establecimiento de ocio conocido como Palacio del Oro. Según han informado a este medio fuentes del caso, se trata de Juani C. Q. (trabajadora del local y considerada cabecilla de la trama de robo); los empresarios Antonio M. y J. A. A. y su estrecho colaborador Francisco A., que adquirieron presuntamente la mercancía y la guardaron a buen recaudo, y otros dos individuos que les compraron algunas de las antigüedades. Además de ellos han declarado un buen número de testigos, por lo que una vez que el juez dicte el correspondiente auto para la recuperación del mobiliario robado, que se encuentra en una nave propiedad de Antonio M., quedará finiquitada la instrucción.

Como confirman las fuentes consultadas, los empresarios imputados por un presunto delito de robo han reconocido que efectivamente participaron en el vaciado del local y se llevaron la mercancía, pero después de habérsela comprado a Juani C. Q. con la convicción de que no estaban cometiendo ninguna irregularidad. De esta forma, todo se centra en la trabajadora del Palacio del Oro a la que se imputa no solo un presunto delito de robo sino también otro de simulación de delito, pues no hay que olvidar que fue ella la que denunció haber sido víctima de un secuestro dentro del propio establecimiento, mientras unos presuntos ladrones arramplaban con todo el mobiliario. Una versión que la Policía echó por tierra en cuestión de días, todo ello reforzado por la versión de los dos empresarios que acudieron voluntariamente a Comisaría a manifestar que fue ella quien les vendió los muebles, por lo que dieron por hecho que era su legítima propietaria.

De la investigación policial se desprende que los dos compradores, relacionados con el campo y el mundo del toro, contrataron a un tercero que con una furgoneta y cuatro jóvenes empleados se puso manos a la obra para desmantelar en tiempo récord el inmueble, que fue desvalijado en siete noches y vaciado no solo de muebles sino también de grifos, lámparas, cuadros y cualquier objeto valioso, incluyendo el pan de oro con el que estaban revestidas las paredes. Según las mismas fuentes, durante todo el proceso se manipularon las alarmas, se cortó la luz y se taparon las cámaras de seguridad, lo que da una idea de la “nocturnidad y alevosía” con la que pudo llevarse a cabo el desmantelamiento.

UNA TRANSACCIÓN CON ANIMALES Y ACEITUNAS

Como declararon los dos empresarios en Comisaría, la venta se produjo tras cerrar un acuerdo con la trabajadora por el que ésta les vendía una buena parte de la mercancía a cambio de unos 12.000 euros, 15 caballos, 5 halcones y 6.000 kilos de aceitunas. Un precio que estaría muy lejos del valor real del material presuntamente sustraído. El propietario del Palacio del Oro, por su parte, es un ciudadano alemán que vive con su familia en Tenerife y que se ha personado como acusación particular, con el fin de recuperar sus pertenencias lo antes posible y que los responsables del saqueo paguen por ello. Ahora tiene que lidiar con una dificultad añadida, puesto que la trabajadora imputada, de origen peruano, asegura que mantenía con él una relación sentimental y le ha acusado de un presunto delito de violencia de género.

La Guardia Civil de Cádiz, en colaboración con la de Jerez, ha detenido a ocho personas de nacionalidad senegalesa por presuntos delitos contra la propiedad industrial e intelectual, al dedicarse supuestamente a la venta de género falsificado de prestigiosas marcas comerciales. Los efectivos se han incautado de mercancía valorada en más de 142.000 de euros. En el servicio participaron funcionarios de la Policía Local  y del Cuerpo Nacional de Policía.

Los hechos ocurrieron cuando los guardias civiles de la Patrulla Fiscal de Sanlúcar de Barrameda detectaron una serie de personas que podrían dedicarse a la venta de material falsificado en las zonas turísticas de esta localidad. Los agentes iniciaron entonces una serie de seguimientos hasta identificar a este grupo de vendedores ambulantes que operaba principalmente en la Plaza del Cabildo de Sanlúcar para la distribución de los artículos falsos.

Una vez obtenidos los indicios de la presunta actividad delictiva, los guardias civiles llevaron a cabo un operativo coordinado con los miembros de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, y otras unidades de la 2ª Compañía, para interceptar a estas personas y proceder a su detención como presuntos autores de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Los detenidos una vez identificados resultaron ser ocho ciudadanos de origen subsahariano a los que se les imputan los delitos anteriormente descritos, los cuales quedaron junto con el material intervenido a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2, de los de Sanlúcar.