La puesta en libertad del conocido como ‘estafador del seguro’, Carlos Bellido, ha sentado como un jarro de agua fría no solo a las decenas de afectados sino también a la propia Fiscalía, que ha recurrido esta decisión judicial después de que hace apenas unos meses fuera condenado a 8 años de prisión. Así lo ha conocido este medio por fuentes del caso, que han confirmado que junto al citado recurso el Ministerio solicita también que Bellido se presente a diario en los juzgados, en tanto en cuanto el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre si el fallo es firme o no. Como ya publicara Reporteros Jerez, se esperaba que este mes de septiembre Bellido quedara libre tras cumplir cuatro años en prisión provisional, lo que corresponde a la mitad de la pena impuesta y supone por tanto el máximo de tiempo posible que un reo puede permanecer en este régimen.

En la actualidad, disfruta de una libertad condicionada por el pronunciamiento final del Supremo: si el tribunal termina por ratificar la sentencia que en su día fijó la Audiencia Provincial de Jerez, el condenado deberá volver a la cárcel para cumplir lo que le quede de la pena. Si por el contrario admite el recurso interpuesto por la defensa, que consideraba “desproporcionado” el fallo, podría quedar definitivamente libre. Mientras todo ello se dirime, el abogado del condenado, Ángel Durán, ha decidido oponerse a la petición de la Fiscalía de que su cliente pase a diario por los juzgados, ya que le parece “una barbaridad, cuando lo normal es que lo haga los días 1 y 15 como hasta ahora. Así, es imposible para él buscar trabajo”, ha apostillado. Además de ello, el Ministerio también ha solicitado que se le retire el pasaporte para que no pueda viajar al extranjero, algo que según Durán no entra en los planes de su cliente. 

El caso del conocido como ‘el estafador del seguro’ fue de los más sonados en 2009, cuando Carlos Bellido fue detenido y trasladado a prisión acusado de cometer una importante estafa, haciéndose pasar por trabajador de una aseguradora con la que ya no mantenía ninguna relación contractual. La enorme cantidad de perjudicados (82) y del dinero defraudado dio relevancia a un procedimiento que culminó con una condena de 8 años de prisión para él, y una absolución para el que fue juzgado como su presunto colaborador. Además, deberá afrontar en solitario el pago de indemnizaciones que en su totalidad superan los 2 millones de euros.

se cobraban de antemano los intereses, por lo que en realidad daban 2.500. Además, con el dinero de unos se iba pagando lo que se debía a otros, por lo que el daño no fue tal”.

A juicio de Durán, en el procedimiento tampoco se llegó al fondo del asunto, puesto que según él se debería haber ahondado en el origen de las cantidades ingentes de dinero invertidas en los seguros por los perjudicados, en su gran mayoría funcionarios de la Guardia Civil. Un asunto sobre el que ya no se podrá investigar, por lo que el abogado centrará su recurso en pedir una rebaja de condena por el motivo anteriormente mencionado. Otra de las cuestiones que ha solicitado ha sido la puesta en libertad de su cliente, algo que por el momento se le ha denegado. Como ha explicado el letrado, Bellido lleva 3 años y 10 meses en la cárcel, y el tiempo máximo que puede estar en régimen de prisión provisional es justo la mitad de su pena, lo que equivaldría a 4 años.

Por ello, en apenas dos meses el condenado saldrá de prisión, a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso interpuesto por la defensa. Solo entonces volverá a la cárcel, en el supuesto de que no prospere y la sentencia sea ratificada, para cumplir lo que le quede de condena. El caso del conocido como ‘el estafador del seguro’ fue de los más sonados en 2009, cuando Carlos Bellido fue detenido y trasladado a prisión acusado de cometer una importante estafa, haciéndose pasar por trabajador de una aseguradora con la que ya no mantenía ninguna relación contractual. La enorme cantidad de perjudicados (82) y del dinero defraudado dio relevancia a un procedimiento que culminó con una condena de 8 años de prisión para él, y una absolución para el que fue juzgado como su presunto colaborador. Además, deberá afrontar en solitario el pago de indemnizaciones que en su totalidad superan los 2 millones de euros.

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El recurso presentado por la defensa del presunto pederasta que se hacía pasar por ojeador de fútbol ha prosperado, y tras unos meses en prisión el imputado ha abandonado la cárcel en espera de que se celebre el juicio. La medida ha sido adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, a través de un auto al que este medio ha tenido acceso y en el que se fundamenta esta decisión en que ha concluido la fase de instrucción del procedimiento y, por tanto, “desaparece el riesgo de que el imputado pueda destruir algún elemento de prueba”. Eso sí, el juez se cura en salud y fija una orden de alejamiento del individuo con respecto a los cuatro menores que han prestado declaración en el juzgado, y a los que no se podrá acercar a menos de 300 metros ni mantener con ellos ningún tipo de comunicación. El sujeto, además, deberá presentarse ante la autoridad judicial todos los días 1 y 15 de cada mes.

Como se recordará, el presunto pederasta fue detenido el pasado mes de diciembre, después de una dilatada investigación policial en la que los agentes determinaron que el individuo, de 42 años, mantuvo relaciones supuestamente con algunos menores en Jerez y El Puerto con los que había contactado previamente a través de internet. Su estrategia no era otra que la de hacerse pasar por ojeador de fútbol, lo que le valió para relacionarse virtualmente con unos 30 jóvenes que conoció mediante la red Tuenti. Con algunos de ellos llegó a citarse personalmente en varias ocasiones, siempre con la excusa del deporte, hasta que la Policía le cerró el cerco.

Por el momento, se le imputan los presuntos delitos de abuso sexual a menores, tenencia y distribución de material pornográfico y contra la salud pública, por facilitar droga presuntamente a los niños y adolescentes con los que ‘entablaba amistad’. No obstante, la Fiscalía tendrá que fijar su imputación final en la calificación de los hechos, tras lo que se procederá a la celebración del juicio.