Entre enero y junio, se reconoció el derecho a un profesional de oficio a 64.116 andaluces. Cádiz fue la provincia con más beneficiarios (14.858), seguida de Granada y Málaga (10.692 y 10.095 respectivamente). En Almería se reconoció este derecho a 7.696 personas, en Sevilla a 6.451, en Córdoba a 5.617, en Huelva a 4.365 y en Jaén a 4.345.

Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el IPREM; 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más. También, sin límite de ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un accidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de reclamación de indemnización de daños personales y morales sufridos.

La mayoría de las solicitudes aceptadas fueron para asesorar a personas ante procedimiento penales (37.396) pero también asuntos civiles (19.306) y contencioso administrativos (7.417).

En 11.066 casos las peticiones fueron denegadas porque los solicitantes no cumplían los requisitos, en 3.797 las comisiones de Justicia Gratuita emitieron un informe indicado que la pretensión era insostenible, otras 3.706 solicitudes fueron impugnadas, en 4.346 casos se archivó la petición y hay 3.109 resoluciones de solicitudes de las que no consta información en los archivos.

Las solicitudes pueden presentarse en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados. En la web de la Consejería de Justicia pueden descargarse los formularios que hay que presentar, además de acceder a información sobre la documentación requerida y calcular, a través de un simulador, si se puede ser beneficiario de este derecho (https://lajunta.es/4yefe).

En Andalucía hay más de 8.800 profesionales de la Abogacía y la Procura adscritos al turno de oficio (más de la mitad prestan servicio en el turno especializado de violencia de género), garantizando así el acceso de toda la ciudadanía al derecho a la Justicia, independiente de sus circunstancias económicas y sociales.

Servicios ya abonados a los colegios

La Consejería de Justicia compensa económicamente esta labor. Los profesionales que prestan el servicio de Justicia Gratuita deben certificar sus actuaciones de forma trimestral. Una vez finalizado el trimestre, disponen de un plazo de un mes para que sus respectivos colegios profesionales presenten a la Junta las certificaciones correspondientes. Tras recibir esta documentación, la Consejería de Justicia realiza el pago a través de los colegios, en función de las asistencias efectivamente prestadas por sus colegiados.

A día de hoy, la Junta ya ha abonado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) los servicios realizados por los profesionales entre enero y junio. En este sentido, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha puesto en valor el “esfuerzo de este Gobierno por mejorar progresivamente las condiciones de los profesionales de oficio, agilizando el pago de sus retribuciones y actualizando las cuantías que reciben, congeladas desde 2009”

Así, ha recordado que Andalucía fue pionera al incluir la mediación civil y mercantil en el sistema de Justicia Gratuita, “antes de que la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia estableciera la obligatoriedad de acudir a medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito previo a interponer una demanda civil o mercantil”. Desde el 1 de enero de 2024 los andaluces que cumplen los requisitos para contar con un profesional de oficio pueden solicitarlo para que les asesore en procesos de mediación y los letrados son recompensados con hasta 400 euros en caso de alcanzar un acuerdo que evite un juicio.

Recientemente se ha actualizado la orden de módulos y bases que regula las retribuciones del sistema de Justicia Gratuita para abonarles su trabajo, aunque no logren acuerdo. En concreto, en la Comisión Mixta entre la Junta y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) se ha acordado pagar 75 euros si el acuerdo se intenta a través de la mediación o la conciliación y 25 euros si se opta por otro medio alternativo previsto en la ley, como la oferta vinculante, el informe de un experto independiente o el derecho colaborativo.

Además, se ha incorporado también la mediación para asuntos penales en la Justicia Gratuita. El profesional de oficio que logre un acuerdo o conformidad recibirá el módulo retributivo íntegro que cobraría por el procedimiento judicial correspondiente. Andalucía cuenta, desde mayo de 2024, con un Servicio público de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA) que ya ha logrado evitar más de 2.000. Ahora, los letrados podrán acudir a este servicio para alcanzar un acuerdo y percibirán la misma cantidad que si hubieran ido a un juicio, con la diferencia de que en el SEMPA los asuntos se resuelven en un plazo medio de un mes, mientras en los juzgados pueden ser meses o incluso años.

“Esto sitúa a Andalucía en el tercer puesto de las comunidades que más pagan por acudir a los MASC”, ha destacado el consejero

También desde el año pasado la Junta aboba a los profesionales de oficio la representación de las personas jurídicas o el trabajo que realicen a requerimiento judicial, de forma que son compensados por los trámites realizados, aunque luego la persona asistida no cumpla los requisitos para ser beneficiaria del derecho a la Justicia Gratuita y su solicitud sea denegada.

Así, el Supremo dice que en la primera página de la sentencia, como es práctica habitual, consta la identidad de los miembros que compusieron el Tribunal; que antes de los antecedentes de la sentencia, aparece la identidad del magistrado ponente y que también aparece la fecha y el lugar en el que se dictó la misma.

En cuanto a los hechos constitutivos de delito, señala que están descritos en los hechos probados de la sentencia de origen y son los que fueron admitidos íntegramente en el antecedente de la sentencia dictada por el Supremo. Respecto a ello, recuerda que la sentencia de instancia declara que existió un delito de falsedad en documento oficial continuado, pero que se estimaba como medio comisivo de la prevaricación por lo que lo entendió integrado dentro de dicha prevaricación, una tesis que no admitió el TS.

En cuanto al tercer aspecto sobre el que Pacheco pidió aclaración, el Supremo dice que “con toda claridad se dijo en el fundamento jurídico tercero de la segunda sentencia que en abstracto la pena era la mitad superior de la mitad superior del delito más grave, que era el de la falsedad continuada de documento oficial”.

Cabe recordar que la sentencia del Supremo, que fue hecha pública el 19 de septiembre, aumentó la la condena de cuatro años de prisión que la Audiencia Provincial de Cádiz le había impuesto a Pacheco a cinco y medio al considerarlo culpable de delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha solicitado al Ministerio de Justicia la creación de forma urgente de más plazas de jueces para acabar con el colapso que se registra en algunos órdenes jurisdiccionales, como es el caso de los juzgados de los Mercantil y lo Social que soportan una elevada carga de trabajo derivada especialmente de la actual situación económica.

De Llera, que este lunes ha visitado las sedes judiciales de la ciudad gaditana de Jerez para reunirse con sus autoridades y profesionales, ha asegurado que “la creación de más plazas de jueces y fiscales es lo que necesita urgentísimamente la Administración de Justicia y eso es competencia del Estado”. En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Justicia haya primero congelado la creación de estas plazas y después haya realizado una convocatoria insuficiente que apenas cubre las bajas que se producen y que no suponen un incremento de la plantilla.

El titular de Justicia e Interior ha denunciado que esta carencia de jueces es mucho más preocupante en Andalucía, que sigue por debajo de la ratio europea y nacional en cuanto al número de jueces por habitante. “Es necesario que el Gobierno del Estado entienda esta necesidad y dé respuesta a esta situación para mejorar la Justicia en Andalucía”, ha subrayado. Andalucía cuenta con más de 900 jueces en la actualidad, lo que significa una ratio de 10,5 jueces por cada 100.000 habitantes, un nivel inferior a la media nacional situada en un 11,1 y también por debajo del promedio europeo que se sitúa en 21,3.

El consejero ha estado acompañado en su vista a los juzgados jerezanos por el presidente del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, con el que ha coincido en resaltar la citada necesidad de contar más jueces, como así lo recoge su memoria, y también la conveniencia de impulsar un nuevo modelo organizativo de oficina judicial y fiscal que propicie una distribución más eficiente de los medios personales.

De Llera ha puesto de relieve que su visita a Jerez responde a su empeño por conocer de primera mano la realidad de todas las sedes judiciales y mantener una interlocución directa con los profesionales de la Justicia.  “Quiero conocer la situación que atraviesan y sus problemas e inquietudes con vistas a orientar nuestras políticas y ser más eficaces en el arreglo de los problemas más urgentes”, ha señalado.

Ubicación de la Ciudad de la Justicia

En su visita a Jerez, el consejero ha asegurado que la Junta no renuncia a la futura construcción de la Ciudad de la Justicia ya que “es una infraestructura necesaria para acabar con la actual dispersión de sedes judiciales que supone un perjuicio tanto para los usuarios de los juzgados y como también para los profesionales que desempeñan su trabajo en estas dependencias”.

En este sentido, ha afirmado que se está a la espera de una próxima reunión entre los técnicos municipales y los de su departamento para analizar la idoneidad de una nueva parcela propuesta para albergar este proyecto, al tiempo que se ha referido al incumplimiento de los requisitos exigidos para esta infraestructura por parte de las propuestas que se habían planteado con anterioridad.

La Consejería de Justicia e Interior ha ahorrado 925.870 euros en los últimos cuatro años en los alquileres de las sedes judiciales de la provincia de Cádiz, al pasar de los 3,6 millones que gastaba por este concepto en 2010 a los 2,7 que ha abonado en 2013. Esta reducción representa, además, cerca del 19% de los cerca de cinco millones de euros que se ha ahorrado en estos años la Junta en el pago de alquileres de sedes judiciales en toda Andalucía.

Para conseguir esta reducción de gastos, la Consejería de Justicia e Interior ha renegociado la cuantía de los arrendamientos de 18 sedes judiciales en la provincia de Cádiz, ubicadas en Algeciras, Barbate, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez, La Línea, Puerto Real, San Fernando, San Roque y la capital gaditana.

La consecución de los mayores ahorros en los contratos de alquiler es una política tradicional del Gobierno andaluz que se ha visto plasmada y reforzada de manera especial tras la aprobación del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014.  Este Plan nace del compromiso asumido por el Gobierno de Andalucía de cumplir con los objetivos establecidos por el Gobierno de España en materia de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas.

La programación de las infraestructuras judiciales ha sido presidida por una apuesta firme por el régimen de propiedad de las sedes judiciales y por una progresiva disminución de los arrendamientos, siempre dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública. Este objetivo va enlazado también con el propósito del Gobierno andaluz de  avanzar en la modernización de los edificios judiciales para mejorar la prestación de este servicio público.

El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López Gil, ha puesto de relieve que “en la actual coyuntura económica y presupuestaria es una prioridad en la gestión pública impulsar la eficiencia y racionalización en el gasto e incentivar del mismo modo el ahorro para rentabilizar al máximo los recursos y medios de los que actualmente disponemos y garantizar un buen funcionamiento de la Administración de Justicia”.

López Gil ha valorado “el gran esfuerzo realizado en la provincia con el ahorro de cerca de un millón de euros en alquileres”. A su juicio, “el propósito es seguir fomentado este ahorro y al mismo tiempo favorecer progresivamente el régimen de titularidad pública de los edificios judiciales”.

Además, el delegado ha subrayado que “en la actualidad se está impulsando, dentro  siempre dentro de las exigencias de la normativa de contratación pública, una negociación en condiciones económicas más ventajosas para la Administración en el proceso de renovación de los arrendamientos de las sedes judiciales cuyos plazos de alquiler van concluyendo, contribuyendo de esta forma también a propiciar un importante ahorro para las arcas autonómicas”.

La Consejería de Justicia e Interior ha hecho efectivo un nuevo pago de 788.926 euros a los consejos andaluces de abogados y procuradores para sufragar la asistencia jurídica gratuita que prestan estos profesionales en la provincia de Cádiz, abono con el que comienza a dar cumplimiento al compromiso de los plazos de pagos acordado por la Consejería y el Consejo Andaluz de Abogados el pasado mes de noviembre.

Este abono corresponde a las cuotas pendientes del primer y segundo trimestre de 2013, de los cuales 205.142 euros se han destinado al pago de los procuradores y 583.784 euros al de los letrados y se refieren a los servicios prestados y certificados por los respectivos colegios profesionales de la provincia de Cádiz.

Con este nuevo pago, el importe abonado en esta provincia desde 2013 se acerca a los siete millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y los plazos de abono.

El delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, ha manifestado que este abono “demuestra el compromiso con la justicia gratuita y el cumplimiento del acuerdo alcanzado con los abogados para avanzar en el abono de este servicio fundamental para la ciudadanía y garantizar así su prestación en la compleja coyuntura económica y presupuestaria actual, tal como viene realizando desde que comenzó la legislatura”. Al respecto, ha recordado el acuerdo alcanzado por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, con los responsables de los colegios de abogados andaluces  acordaron en noviembre un nuevo plazo de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de liquidar todos los servicios prestados y certificados de 2013 realizados por estos profesionales.

En virtud de ese acuerdo, la Consejería de Justicia e Interior sigue abonando mensualmente diversas cuantías de este servicio y se compromete a sufragar en los próximos tres meses los citados servicios prestados que quedan pendientes del año pasado. Con este nuevo pago que acaba de realizar la Junta, el importe abonado en el último año alcanza los 40 millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y sus plazos de abono.

El delegado del Gobierno ha insistido en destacar “el gran esfuerzo que realizan los más de 8.000 letrados y procuradores andaluces en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, y resalta su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio esencial para garantizar el principio de igualdad de la ciudadanía ante la Justicia”.

Según el delegado, el respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita es una prioridad del Gobierno andaluz y forma parte de las políticas sociales y de igualdad que viene defendiendo frente a los recortes y la austeridad impuestos por la crisis, todo ello con el objetivo de garantizar este servicio de representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales.

La Justicia Gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.

La Consejería de Justicia e Interior ha hecho efectivo un nuevo pago de 194.271 euros al Consejo Andaluz de Abogados para sufragar la asistencia jurídica gratuita que prestan estos profesionales de la provincia de Cádiz, una cuantía correspondiente a una parte de los servicios prestados por los turnos de oficio del primer trimestre de 2013 en la provincia.

Con este nuevo pago, el importe abonado en la provincia en 2013 supera los 6,1 millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y los plazos de abono. De esta forma, la Administración andaluza sigue manteniendo, tal como viene realizando desde julio de 2012, su compromiso de atender mensualmente estos pagos a abogados y procuradores gaditanos pese a las dificultades económicas del momento.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados acordaron el pasado mes de noviembre un nuevo calendario de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de avanzar en el abono de este servicio esencial para la ciudadanía y garantizar de esta forma su prestación en la compleja coyuntura presupuestaria actual.

El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha destacado que la Junta va a seguir abonando mensualmente diversas cuantías de este servicio y ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz para sufragar durante el primer cuatrimestre de este año todos los servicios prestados por los letrados gaditanos durante 2013. De esta forma, se pagarán mensualmente y hasta el próximo mes de abril todos los servicios y gastos de 2013 que hayan sido certificados por la Administración autonómica y que supondrán una cuantía que superará los 18 millones de euros para toda Andalucía.

El delegado del Gobierno andaluz ha subrayado “el gran esfuerzo que realizan los  letrados y procuradores almerienses en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, destacando su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio fundamental”. Además, ha señalado la coincidencia con los consejos andaluces de estos colegios profesionales en la necesidad de priorizar y asegurar este servicio esencial para la ciudadanía en estos tiempos de crisis.

Según López Gil, el respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita es una de las prioridades del Gobierno andaluz dentro de su compromiso por las políticas de igualdad, ya que que se garantiza así un servicio fundamental para la ciudadanía más afectada por los crisis. Esta asistencia cubre la representación letrada en procesos judiciales de la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales.

La Justicia Gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.

Junto al pago de los turnos de oficio, la Junta ha abonado también a los abogados gaditanos 11.130 euros correspondientes a una subvención pendiente del programa de orientación jurídico penitenciaria correspondiente a parte del año 2012.

Este viernes se cumplen 18 años de uno de los episodios más negros de la historia reciente de Jerez: el asesinato de Juan Holgado en la gasolinera de Martín Ferrador. Un suceso que a día de hoy, y pese al tiempo transcurrido, sigue sin ser resuelto y, por tanto, con el culpable o los culpables sin condena. Por tal motivo, ese día, este 22 de noviembre, se celebrará una concentración reivindicativa para pedir justicia frente a los juzgados de la avenida Tomás García Figueras, una cita a la que asistirán, como sucede cada año, familiares y amigos que se resisten a que el mencionado asesinato quede impune. Cabe recordar que en 2015, una vez que se cumplan las dos décadas del trágico suceso, el caso quedará cerrado.

La concentración será a las 11.00 horas y ha sido convocada por la madre del joven asesinado, Antonia Castro, en colaboración con el candidato del PA a la Alcaldía de Jerez, Santiago Casal, quien se ha destacado por mantener su apoyo incondicional a la familia Holgado-Castro durante estos 18 años.

REPORTEROS JEREZ se suma a la petición de la familia de Juan Holgado y aprovecha para completar esta información con el vídeo que realizó el pasado mes de julio sobre el caso y una sorprendente alianza surgida para tratar de arrojar algo de luz a este caso. Se trata de un vídeo reportaje de larga duración en el que, además, de recordar las claves del mismo, se ofrecen testimonios de dos de los principales protagonistas de esta historia.

El Partido Popular de Jerez ha salido al paso de las declaraciones realizadas por miembros del Foro Ciudadano en relación a la decisión de la Junta Electoral de obligar a los concejales condenados e inhabilitados, Pedro Pacheco y José López, a abandonar sus actas de concejal.

Sobre este asunto, el PP quiere recordar que “Pacheco ha sido condenado e inhabilitado por la Justicia y que, por tanto, lo único que está haciendo atacando al PP es echar balones fuera e intentar distraer la atención ante la gravedad de su condena por enchufismo”, por lo que ha sido condenado, en primera instancia, a cuatro años y seis meses de prisión, más ocho de inhabilitación, por el conocido como ‘caso asesores’ en el que estaba acusado de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Asimismo, los populares jerezanos consideran que, “por mucho que le pese a Pacheco, la Justicia no es un cachondeo y la gestión del dinero de los jerezanos tampoco”, por lo que le solicita al ex concejal y ex alcalde que “asuma su responsabilidad y deje de inventar cortinas de humo que de nada le van a servir y a nadie van a engañar a estas alturas. Esto es un tema que está en manos de la Justicia, que es la que pone a todo el mundo en su sitio”

Además, los nuevos equipos instalados permiten una mayor calidad de las grabaciones, tanto de imagen como de sonido, así como el traslado de datos del Sistema Procesal Adriano a la vista. Asimismo, facilitan grabar sonido sin imagen, lo que aumenta la protección de determinadas víctimas o testigos en sus comparecencias en los juicios.

Ofrece, igualmente, la posibilidad de ordenar cronológicamente los procedimientos para facilitar de esta forma su acceso y posterior búsqueda. Toda esta renovación informática y tecnológica de los juzgados ha estado acompañada de una acción de formación a funcionarios, secretarios judiciales, jueces y magistrados, que han sido preparados para el adecuado manejo de estos sistemas.

El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López Gil, ha puesto de manifiesto que “la implantación de estos nuevos equipos forma parte del esfuerzo que viene realizando la Junta para impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, un factor estratégico para avanzar en la modernización de este servicio público esencial para la ciudadanía”.

López Gil ha puesto de relieve también que estas mejoras informáticas y tecnológicas contribuyen a mejorar el funcionamiento de la Justicia  y permiten seguir dando pasos hacia una Justicia moderna, eficaz, sin papeles y más acorde con el siglo XXI.