Bajo el lema ‘Que no te calen los rumores’, representado en una pancarta, una representante del tercer sector ha leído un manifiesto mientras que los escolares han formado un círculo, con paraguas abiertos, para la realización de una foto aérea, haciendo visible este lema, en el que se muestra el rechazo a los rumores que existen en torno a las personas inmigrantes.

Además, se ha hecho entrega a los ciudadanos de octavillas que recogen estos rumores y anti rumores con frases como “Los chinos no pagan impuestos”, “Los inmigrantes saturan los servicios públicos”, “Los inmigrantes se llevan todas las ayudas” o “Los inmigrantes nos invaden”.

Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto de las instituciones que atienden a la población inmigrante y que están integradas dentro del trabajo en red que desarrolla la delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud.

En nombre de todas las asociaciones presentes, la representante de Ceain y responsable de la campaña ‘Stop Rumores’ de la Federación Andalucía Acoge, Teresa Fuentes, ha destacado la necesidad “de desterrar los estereotipos contra todas las personas y en este caso las personas inmigrantes y ser consciente de que esos rumores sobre ellos no son reales y que en estos momentos ellos sufren los mismos problemas que la población autóctona pero duplicados”.

La comisaría de la Policía Nacional de Jerez ha vuelto a recibir en la mañana de hoy una nueva llegada de inmigrantes procedentes de Tarifa, tal y como sucediera hace unos diez días. Este ha sido, según apuntaban ayer desde la delegación del Gobierno en Andalucía, el último traslado antes de que los inmigrantes sean realojados en otros centros o bien enviados a sus lugares de origen.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, apuntaba ayer que el Gobierno espera cerrar la crisis migratoria, desatada el pasado día 13 con la progresiva llegada de más de 1.200 inmigrantes a las costas españolas en patera, entre  hoy lunes y el miércoles; momento en el que se producirá el desalojo definitivo del pabellón ubicado en Tarifa, en el que permanecen unos 105 extranjeros.

Los inmigrantes confinados en la comisaría permanecerán en su interior a la espera de que en el plazo de 72 horas se les dé uno de los tres siguientes destinos: su internamiento en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), su puesta a disposición de una organización no gubernamental o su puesta en libertad. Según explicó la semana pasada el subdelegado del gobierno Javier de Torre, “todo queda en manos de la comisión judicial que es la encargada de estudiar cada caso”. En dichos informes se comprueba el país del que proceden, las posibilidades de repatriación, así como si es posible que continúen en territorio nacional (si no hay posibilidades de repatriación).

“Aún es pronto para hablar de incidencias pero sí que hemos notado un crecimiento del 100% en peticiones de ayuda para los trámites”, asegura Francisco Morales desde el colectivo. El protocolo que siguen es el mismo que antes del 1 de septiembre: se deriva a los centros de slaud pertinentes y a los trabajadores sociales para que hagan el correspondiente informe. Así, el afectado puede conseguir un volante temporal que le permite tener asistencia médica. Medio centenar de inmigrantes han acudido solo en los últimos díez días a los servicios de Ceain para tratar de solucionar el trámite y resolver las dudas ante la nueva ley.

Tal y como ya anunciaron desde la Consejería de Salud, en Andalucía la situación seguirá como hasta ahora aunque desde instituciones como Ceain piden que se unifiquen los criterios en toda la comunidad.

Medio millar de personas

Ceain estima que alrededor de 500 personas se encuentran en Jerez de forma irregular y que su falta de asistencia médica puede tener consecuencias para ellos y para el resto de la población. “Los 1.500 millones de euros al año que dice el gobierno va a ahorrarse, no son reales ya que no contempla el impacto social de la medida y por consiguiente sus costos. Para empezar, disminuirá el control que se va a tener sobre las enfermedades infectocontagiosas al dejarse de detectar en consultas ambulatorias y previsiblemente aumentará las demandas de los servicios de urgencias, por parte de enfermos crónicos a los que no les quedará otra vía para ser atendidos”, indicaron a través de un comunicado ante la entrada en vigor de la normativa.

Ceain, que se ha unido a los cientos de colectivos que piden la marcha atrás de la decisión, alerta de las consecuencias que puede acarrear la retirada de la tarjeta a estas personas. “Para empezar, disminuirá el control que se va a tener sobre las enfermedades  infectocontagiosas al dejarse de detectar en consultas ambulatorias y previsiblemente aumentará las demandas de los servicios de urgencias, por parte de enfermos crónicos a los que no les quedará otra vía para ser atendidos”, aseguran a través de un comunicado. Según Ceain, “no se ha calculado el coste social” por lo que la cifra de 1.500 millones de euros que pretende ahorrar el gobierno popular “es irreal”.

Aunque la comunidad autónoma andaluza es una de las que ha asegurado que seguirá prestando Atención Primaria a los afectados, desde Ceain recuerdan que “aún no han determinado cómo lo harán”. Según estipula la nueva normativa nacional, solo se atenderá a los inmigrantes irregulares en los centros sanitarios en tres casos: urgencias, durante el embarazo, parto y posparto. También entran en las excepciones los menores de edad.

Para el colectivo, la medida no solo supone la exclusión de un determinado sector de la sociedad de un derecho sino que va más allá ya que “es un cambio de modelo, que pasa ahora a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas”, aseguraron.