A través de Ricardo García, presidente de la entidad azulina, se conocía que el club azulino iba a llegar hasta el final con un caso que está pendiente de la decisión de CEDD, llegando incluso a pedir “daños y perjuicios” en caso de que se le rechazara su petición de recuperar la plaza en Segunda División B.

Pues bien, según informó ayer Radio Jerez, el Xerez ya ha confecionado una demanda que presentará la próxima semana contra la figura de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional y exabogado del Concurso de acreedores de la entidad azulina. En dicha demanda, el club se querella también contra Luis Manuel Rubiales, presidente de la AFE, al que también responsabiliza de ese “descenso irregular”.

En dicha querella, el club pedirá nueve años de cárcel para Javier Tebas por presuntos delitos de “estafa, deslealtad profesional e incluso delitos societarios”, solicitando también la inhabilitación para el mandatario de la patronal del fútbol. El club mantiene que, entre otras presuntas irregularidades, Tebas embargó un dinero que, según el club, “no se puede embargar”, como es la partida destinada por pérdida de la categoría. Además, en la demanda se refleja que Tebas compaginó su cargo como presidente de la LFP con el de abogado del Concurso de acreedores del Xerez, algo que el club entiende que es incompatible.

Por último, y a la espera de lo que decida el CEDD, el club también solicitará dañor y perjuicios al no haber podido competir esta temporada en la categoría que, según sus gestores, le corresponde a un Xerez que podría pedir una indemnización millonaria por un descenso administrativo que entienden que es ilegal. Por lo tanto, se avecina una nueva guerra entre Ricardo García y estamentos tan importantes en el fútbol español como la LFP o la AFE.

Hay que recordar que el club gaditano denunció que, tras finalizar el encuentro, que acabó con goleada local por 4 a 0, los jugadores,  directivos del equipo jerezano realizaron diversos destrozos en el vestuario visitante, provocando serios desperfectos “en paredes y en los servicios”, aunque anteriormente, tal y como denunció el propio colegiado en el acta abitral, hubo “intento de agresión e insultos a miembros del equipo arbitral”.

Por todo ello, el Comité de Cometició de la Federaciñon Gaditana ha determinado inhabilitar con un mes y multa simbólica de 56 euros a Agustín Piñero, presidente del club jerezano, “según Art. 44.1 por amenazas y coacción a un juez asistente”. Además, se inhabilita con dos meses y multa de 112 euros a David Pérez, delagado del equipo jerezano, “por incumplimiento de órdenes emanadas por el Comité de competición , teniendo orden directa en la mencionada comparecencia , ocultando pruebas y hechos para posterior sanción por una agresión al árbitro del partido”.

Este grupo de empresarios, afines a los actuales gestores del Xerez Deportivo según las primeras informaciones, tardarán como mucho al lunes de la próxima semana para presentar en los juzgados una querella contra María José Garcia-Pelayo y su primer teniente de alcaldesa por coacciones, cohecho y prevaricación.

Y es que ese grupo de empresarios afines al Xerez y con intereses en el club entiende que las manifestaciones públicas tanto de García-Pelayo como de Saldaña, en la que valora de manera negativa la gestión actual de la entidad azulina que preside Rafael Mateos,  son motivos de coacción, añadiendo, según las fuentes, que no se puede decir de apoyar o no a un club dependiendo de sus gestores, lo que supondría, según los afectados, una falta de cohecho. Por ello, este grupo de empresarios, que se mantiene en el anonimato, va a pedir la inhabilitación tanto para la alcaldesa como para el teniente de alcaldesa.

Uno de los casos de presunta corrupción política más mediáticos escribe a partir de este lunes su capítulo más importante con el inicio de un juicio en el que se sentará en el banquillo Pedro Pacheco, acompañado de José López y Manuel Cobacho. El conocido como ‘caso de los Asesores’ salió a la luz en 2009, a raíz de una denuncia interpuesta por la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por unas presuntas contrataciones’a dedo’ realizadas por su antecesor en el cargo, a favor de los otros dos imputados en la causa. Tras varios años de instrucción, la Sección Octava de la Audiencia provincial acoge la primera sesión de la vista, en la que el líder de Foro Ciudadano se enfrenta a 17 años y 8 meses de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. 

Los hechos se remontan al año 2005, como consta en la calificación del fiscal, a la que Reporteros Jerez ha tenido acceso, y en la que se detalla cómo Pacheco emitió presuntamente facturas a favor de López por un trabajo que éste nunca llegó a realizar. En concreto, el fiscal asegura que el principal procesado se valió de su cargo como presidente de la sociedad Speed Festival y más tarde como vicepresidente, para ordenar transferencias a nombre de su compañero de partido por labores de asesoramiento y comercio para el citado parque de ocio que nunca se llevaron a cabo. “Trabajos no efectuados ni encargados por Speed Festival  y facturas que no reflejaban realidad alguna”, como figura en la calificación, y por los que López llegó a embolsarse presuntamente 32.407,31 euros con cargo al erario público.

En noviembre del mismo año, en su calidad de vicepresidente de Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo) y “sin conocimiento de la presidenta y alcaldesa”, Pacheco suscribió otro contrato de consultoría con la misma persona para asistencia de proyectos urbanísticos y promoción inmobiliaria, sin que supuestamente se efectuara expediente ni trámite alguno y sin que existiera un informe que justificara la abultada cantidad percibida por el receptor, cifrada en 74.580,12 euros. Varios meses antes y haciéndose valer del mismo cargo, el vicepresidente de Emusujesa efectuó un contrato laboral a favor de Manuel Cobacho como asesor a la vicepresidencia y dándole el cargo de jefe de unidad, sin que presuntamente se hubiera realizado un expediente previo y sin cumplimentar ningún tipo de requisito. Por esta operación, el beneficiario recibió 99.846,23 euros y sin embargo no se llevó a cabo obra o servicio alguno, “con el consiguiente perjuicio al erario público”.

Por estos hechos, la Fiscalía imputa a Pacheco tres presuntos delitos de malversación, otros tres de prevaricación y tres más de falsedad documental; a López, dos de malversacion, dos de prevaricación y dos de falsedad y a Cobacho uno de cada uno de los citados. El Ministerio les considera en algunos causos autores directos y en otros cooperadores, y solicita 17,8 años de cárcel para el exalcalde y 28 años de inhabilitación; 8,9 para López y 4,3 para Cobacho, que podrían ser inhabilitados durante 15 y 7 años, respectivamente. Además de ello, el fiscal pide que los dos primeros indemnicen a la sociedad Speed Festival con 32.407,31 euros y a Emusujesa con 74.580,12, que se supone que fueron las cantidades desviadas de manera ilícita, más otros 99.846,23 euros para esta última, a cargo de Pacheco y Cobacho.

El Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 3.381.580,88 euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para los presuntos responsables de la situación económica del Xerez CD, que a finales de 2009 se acogió al concurso de acreedores.

Los informes del concurso de acreedores del Xerez, tanto el de los administradores concursales como el del Ministerio Fiscal, señalan que la calificación del concurso será resuelta por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, que determinará la responsabilidad a la que tendrían que hacer frente los culpables.

Tras el informe concursal, el Ministerio Fiscal solicita para Joaquín Morales Domínguez (expresidente y actualmente máximo accionista del club), Antonio Fernández Monterrubio (exvicepresidente, exapoderado y ex director general del Xerez) y José María Gil Silgado (expresidente) una indemnización de 3.381.580,88 euros y entre siete y ocho años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa de la sociedad Xerez.

Se solicita indemnización solidaria para los tres responsables que aparecen en el informe del fiscal de 2.061.402,75, correspondiente a “recargos, intereses y conceptos análogos de las deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria”.

Se solicita, igualmente para Joaquín Morales y Antonio Fernández una indemnización de 1.181.046,09 euros por el “montante de los bienes sin justificar que han salido del Xerez CD SAD durante su gestión”, y para José María Gil Silgado una indemnización de 139.132,04 euros por “liquidación de intereses no practicada”.

También se solicitan ocho años de inhabilitación para “administrar bienes ajenos y la pérdida de cualquier derecho sobrevenido contra la masa activa” de la sociedad para Joaquín Morales y Antonio Fernández, mientras que para José María Gil Silgado la solicitud de inhabilitación se fija en siete años