Una vez realizados los registros el pasado martes, ambas sedes se quedaron sin boletos que ofrecer a los vendedores para que procedieran a su venta en la vía pública. La Policía Adscrita, sospechando que la organización pudiera enviar nuevos boletos de lotería ilegal a estos locales, estableció un dispositivo de vigilancia que este jueves ha dado sus frutos.

El operativo ha permitido la interceptación de la persona que distribuía los mismos y que eran enviados desde la localidad de Talavera de la Reina (Toledo). El objetivo era que estos nuevos boletos sustituyeran a los decomisados tras los pertinentes registros. Así las cosas, en el conjunto de ambas intervenciones se han decomisado casi 300.000 boletos, 1.134 euros en metálico y un vehículo de alta gama. Los efectos requisados hubieran tenido un valor en el mercado que rondaría el medio millón de euros.

Han sido intervenidas más de 400.000 unidades de 62 tipos distintos de fármacos, todos ellos elaborados en laboratorios clandestinos de Asia sin ningún control de calidad ni supervisión sanitaria y siendo potencialmente peligrosos para personas con afecciones cardiacas. La entrada en nuestro país se realizaba desde la India a través de empresas de paquetería hasta un centro de distribución situado en el Puerto, concretamente en la calle Cruz del Sur, en la barriada del Tejar, donde eran distribuidas a los más de 6.000 clientes repartidos por toda la geografía nacional. El pago a los proveedores en bitcoins dificultó enormemente la investigación al ocultar las transacciones monetarias. Los agentes han intervenido 23.000 euros en efectivo, 65.000 euros en criptomoneda bitcoin y han bloqueado 320.000 euros en la cuenta corriente de uno de los investigados.

Patrullaje por las redes

La investigación comenzó a mediados del pasado año. Agentes especializados en el patrullaje de las redes detectaron a varias personas que adquirían medicamentos a través de Internet a una organización asentada en la provincia de Cádiz. Tras numerosas gestiones, los investigadores constataron la existencia de una red de venta ilegal de fármacos a través de páginas web con apariencia de farmacias legales y que importaban los medicamentos por paquetería desde la India hasta un centro de distribución situado en el Puerto de Santa María.

Los agentes comprobaron que en ese centro eran procesados los envíos a los más de 6.000 clientes distribuidos por todas las provincias españolas, la mayoría de ellos vinculados al mundo del ocio nocturno y a locales de prostitución, que adquirían el producto en la “DarkWeb” y que efectuaban el pago mediante transacciones en bitcoins. De este modo la organización pretendía ocultar los pagos monetarios y eludir la acción policial y judicial.

Futura expansión del negocio

Los investigados tenían un alto grado de especialización y usaban el navegador Tor para navegar de forma anónima y evitar ser identificados. Además, abrían continuamente nuevas páginas web que posicionaban rápidamente en los distintos motores de búsqueda en Internet. Los agentes constataron la intención de los investigados de expandir e internacionalizar el negocio al detectar que habían formalizado contratos con empresas en Reino Unido y así favorecer la legalización de las ganancias.

Tras analizar toda la información obtenida, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y realizaron 12 entradas y registros en Cádiz (5), Barcelona (3), Sevilla (1), Madrid (1), Málaga (1) y Valencia (1). En la vivienda que servía como centro de operaciones se intervinieron 400.000 unidades de medicamentos de 62 variedades distintas, la mayoría destinada a la disfunción eréctil y a tratamientos adelgazantes. Los agentes también se han incautado de alrededor de 55 paquetes que se encontraban en tránsito en el momento de las detenciones y que todavía no han sido abiertos, pudiendo contener unas 2.000 pastillas cada uno. Además se han incautado 23.000 euros en efectivo, 65.000 euros en bitcoins y se han bloqueado 320.000 euros en una cuenta corriente de uno de los investigados. Los agentes han clausurado las páginas web que funcionaban a modo de farmacia virtual.

La investigación ha concluido con la detención de 25 personas en las localidades gaditanas de Puerto de Santa María (5), Puerto Real (1), Jerez de la Frontera (1); en las localidades barcelonesas de Vilanova i la Geltrú (1) y Granollers (1), así como en la ciudad de Barcelona (2); en Motril (Granada), Linares (Jaén), Sevilla (4), Madrid (2), Alicante (1), Málaga (2), Umbrete (Sevilla) y Valencia (2).

Fármacos potencialmente peligrosos

La venta de estos medicamentos en España se encuentra rigurosamente regulada bajo prescripción y control médico especializado al tratarse de fármacos susceptibles de producir numerosos efectos secundarios y ser potencialmente peligrosos para personas con afecciones cardíacas. Además, los medicamentos intervenidos no han pasado ningún control de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios por lo que se desconoce su composición.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 18/2014 de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. El recurso sucederá al interpuesto contra el Real Decreto Ley 8/2014 del mismo título, que posteriormente fue tramitado y aprobado como texto legal por el Congreso de los Diputados.

A juicio de la Junta, los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley, así como su Anexo 1, dejan sin contenido competencias autonómicas sobre horarios de comercio, además de suponer un perjuicio para las pymes del sector en Andalucía.

Estos artículos obligan a las comunidades autónomas a declarar obligatoriamente nuevas ciudades con Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios comerciales, aunque no lo hayan solicitado y rebajando los criterios que deben cumplir. En el caso de Andalucía, las poblaciones afectadas son Almería, Jerez y Marbella (Málaga), que se sumarían a las cuatro que se declararon por imposición del anterior Real Decreto Ley 20/2012, también recurrido por la Junta: Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Los preceptos que se recurrirán modifican diversos preceptos de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales para introducir un alto grado de concreción en su regulación. Según el Consejo de Gobierno, este nivel de detalle, que sólo se justifica en el caso de competencias estatales exclusivas y directas, supone una extralimitación que deja sin margen a la comunidad para determinar el régimen de apertura de los establecimientos comerciales.

El Gobierno andaluz subraya que la nueva ley estatal va más allá de la habilitación que la vigente normativa básica ofrece a las comunidades para declarar la libertad horaria, como ha hecho Madrid en ejercicio de sus competencias, sino que directamente impone una política comercial que impide el desarrollo de las atribuciones autonómicas.

En su acuerdo de autorización del recurso, el Consejo de Gobierno recuerda que en Andalucía ya existe libertad total de horarios comerciales en los supuestos que la Administración autonómica ha establecido en ejercicio de sus competencias: los locales de menos de 300 metros cuadrados; las tiendas de conveniencia; los comercios especializados (fundamentalmente dedicados a venta de pastelería, repostería, pan, platos preparados, prensa, combustibles, flores y plantas), y los establecimientos de estaciones, aeropuertos y de los municipios andaluces declarados Zonas de Gran Afluencia Turística a efectos de horarios. La Junta considera que tanto estos supuestos como su regulación de detalle no pueden ser alterados por una norma estatal de ordenación económica general.

El recurso autorizado hoy se suma al ya interpuesto y aceptado a trámite por el TC, por los mismos motivos de inconstitucionalidad, contra otra norma similar de regulación estatal de horarios y rebajas comerciales: el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

La Junta considera que tanto esta norma como la que ahora se recurrirá perjudican al comercio minorista, que no puede hacer frente a la capacidad de las grandes superficies para mantener estrategias basadas en los tiempos de apertura o la reducción de precios. Según el Gobierno andaluz, las medidas que introducen ambas normas rompen el equilibrio de competencia del actual modelo comercial y no garantizan la convivencia de una pluralidad de formatos, como ocurría hasta ahora.

El sector comercial representa el 11% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 165.000 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 480.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.

Desde la Consejería se argumenta que el Plan Especial hace caso omiso de la Ley andaluza y trata de articular fuera del ámbito de las competencias municipales un procedimiento para las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable que ya contempla y desarrolla la normativa autonómica. Como ha explicado el delegado territorial, Federico Fernández, “en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ya existe ese procedimiento para que, dentro sus competencias, el Ayuntamiento pueda propiciar el impulso de nuevos usos en el viñedo de Jerez sin tener que colisionar con la norma andaluza o tratar de modificarla”. En el requerimiento que se ha enviado al Ayuntamiento también se deja claro que el Plan Especial aprobado no aporta ninguna novedad ni especifica ninguna actividad concreta que no esté ya recogida en el Plan General de Ordenación Urbana de Jerez.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio también recalca en el escrito enviado al Ayuntamiento de Jerez que la aprobación definitiva del Plan Especial se ha producido pese a que trámites como el informe de Valoración Ambiental ni habían concluido y pese a que había informes previos desfavorables.

Por todo lo anterior, la Junta requiere al Ayuntamiento de Jerez para que en el plazo de un mes anule el acuerdo de pleno adoptado el 26 de septiembre de 2013 en el que se produjo la aprobación definitiva del Plan Especial, y si no se atiende el requerimiento el Gobierno andaluz podrá acudir a la vía contencioso-administrativa.

En este sentido, el delegado territorial ha dejado claro que la Junta de Andalucía “comparte la filosofía del Ayuntamiento de Jerez respecto a los objetivos de este plan de diversificar los usos y actividades del viñedo de Jerez para que sean un revulsivo económico, pero esa labor hay que propiciarla al amparo de la ley y con las herramientas de las que ya dispone la instancia municipal, que cuenta con los mecanismos necesarios para dar el impulso que quiere a este sector”.

Fernández ha insistido en que la Junta de Andalucía se pone a disposición del Ayuntamiento de Jerez para colaborar en la búsqueda de esas fórmulas que permitan agilizar trámites e impulsar en el viñedo de Jerez otros usos distintos a la actividad tradicional, “pero con garantías legales y sin pretender modificar la ley”. Por ese mismo motivo, el delegado territorial lamenta que el gobierno municipal “a sabiendas de que el camino que estaba tomando no era el adecuado, porque así se lo hemos transmitido durante el proceso y en los trámites previos, haya insistido en seguir adelante en lugar de buscar la colaboración institucional para que las iniciativas puedan llegar a buen fin”.

La Policía Nacional ha imputado a un joven de 21 años que carece de antecedentes policiales su presunta autoría en un delito de contrabando conforme a la legislación vigente. En la media tarde de este pasado martes agentes del Cuerpo Nacional de Policía sorprendieron al joven al momento de estar trasvasando gran cantidad de cajetillas de tabaco entre dos vehículos en la Avenida de Francia, por lo que de inmediato procedieron a su identificación y la posterior incautación de todo el material ante la presunción de que el mismo ha podido ser introducido en España sin la debida supervisión aduanera y tributaria con el fin de su ilícito comercio.

El total del material incautado al joven han sido 4.360 cajetillas de tabaco de las marcas American Legend, Fortuna y Winston.

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido 3.500 cajetillas de tabaco de una marca comercial y valoradas en más de  12.000 euros, a dos personas dedicadas a la venta ilegal de tabaco de  contrabando. El tabaco intervenido podría ir destinado a abastecer los puntos de venta ilícita de cara al Gran Premio de Motociclismo de Jerez.

El servicio tuvo lugar el pasado martes cuando los guardias civiles del Puesto Principal de Arcos, realizaban un punto de verificación de personas y vehículo. Los ocupantes de un turismo de alquiler de la marca Seat, modelo León, dieron muestras de nerviosismo e incoherencia en sus respuestas a los agentes, por lo que procedieron a examinar con detenimiento el vehículo, encontrando en el interior del maletero 7 cajas de cartón de grandes dimensiones, que contenían en su interior 3.500 cajetillas de tabaco valoradas en más de 12.000 euros, por lo que se incautaron del tabaco, el cual carecía de precinta fiscal. El tabaco incautado quedó a disposición de la Delegación Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales.

Los trabajadores de Urbaser no salen de su indignación. Y es que hoy les han confirmado los propios empleados de la empresa Tragsa que el Ayuntamiento ha contratado a esta compañía para retirar la basura de las calles mientras continúa la huelga indefinida del servicio que hoy suma 16 días.

Según afirman fuentes de la plantilla a este medio, son los propios empleados de esa empresa externa los que les han dicho que será esta misma noche cuando empiecen a retirar los residuos acumulados. Esto ha caldeado los ánimos de los empleados que están en huelga,  que han criticado que el Ayuntamiento “eche más leña al fuego de este conflicto”.

Los trabajadores de esta otra compañía también les han informado de que los responsables de Tragsa estarían esta misma mañana reunidos con la delegada de Medio Ambiente, Felisa Rosada, para planificar la tarea a realizar desde esta noche.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Cazalla, ha recalcado que esta actuación ”es ilegal, porque no se puede contratar a cualquiera para retirar la basura, sobre todo cuando hay una concesión y un pliego de condiciones cono Urbaser, y tampoco se puede hacer durante el desarrollo de una huelga legalmente convocada”.

Por todos estos motivos, los empleados de Urbaser ya han anunciado que van a vigilar durante las 24 horas en todos los puntos de recogida de basura de la ciudad para en caso de que aparezca esa empresa y sus operarios llamar a un notario y junto a los abogados presentar la correspondiente denuncia.