Pedro Pacheco recurrirá al Supremo para tratar de evitar volver a Puerto III, de donde salió en tercer grado el pasado mes de abril. Su abogado, Manuel Hortas, avanza que si el Supremo confirma el fallo, pedirán la suspensión de la condena toda vez que los hechos ocurrieron cuando Pacheco, que ahora tiene 69 años, no tenía antecedentes penales.

Esta es la cuarta sentencia condenatoria para el histórico político. Pacheco entró en Puerto III en octubre de 2014 para cumplir una pena de cinco años y medio de cárcel por dos casos de enchufismo. Posteriormente fue condenado a otros casi dos años de prisión por pagar con dinero municipal los 120.000 euros que costó la remodelación de la casa hermandad de Jerez en el Rocío y a un año y 10 meses por la venta de suelo de la antigua estación de autobuses, condena esa última que sí fue suspendida años más tarde.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez ha decidido seguir procedimiento contra Pedro Pacheco en el caso de ‘los huertos de ocio’ porque ve que hay indicios de delito por prevaricación y fraude a la administración pública. Junto a él, quedan imputados José Antonio Monreal Rodríguez, Luis Cruz de Sola, Fernando Núñez y Óscar Real Cambas. No ocurre así lo mismo con el resto de los implicados en el caso, entre los que se encuentran Bernardo Villar o Francisco Lebrero, a los que aparta de la causa.

El auto explica que existen indicios de que Pedro Pacheco “se concertó con José Antonio Monreal Rodríguez para beneficiar de manera arbitraria a su empresa Xera Promociones SA con bienes públicos en perjuicio económico del Ayuntamiento de Jerez con la finalidad de transmitirle una parcela en la zona de San José Obrero que había sido rectificada previamente”. Entienden que todo ello se hizo “con desprecio total de las administraciones, evitando la posible concurrencia de terceros y con grave perjuicio al patrimonio público al enajenar un inmueble percibiendo un precio considerablemente inferior al de 1.650.962 euros que le correspondía por su valor de mercado”.

Por todo ello asegura que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. La acusación tiene previsto formular un escrito en diez días pidiendo las condenas y que no se sobresea con respecto a unos y se mantenga contra otros.

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La eterna instrucción por el caso de ‘los huertos de ocio’ ha escrito hoy otro nuevo capítulo con la declaración de cuatro personas en el Juzgado de Instrucción número 2. Poco antes de que ello ocurriera, en el exterior del órgano el abogado de las decenas de afectados, Francisco Pérez-Vera, se reunía con algunos de ellos para valorar un procedimiento que a su juicio se ha dilatado excesivamente en el tiempo. Como explicó el letrado, en esta ocasión el juez citó a dos técnicos municipales, un antiguo notario y un registrador de la propiedad con el fin de que aclararan los términos en los que se realizó la controvertida permuta por la que la Gerencia Municipal de Urbanismo desalojó en 2004 a los propietarios de los huertos en beneficio de Xera Promociones. Un desalojo que ya fue calificado como ‘no ajustado a Derecho’ hace unos años por el Contencioso-Administrativo de Jerez, a pesar de lo que los perjudicados aún no han cobrado ningún tipo de indemnización.

El procedimiento penal, por tanto, sigue su curso con una engrosada lista de imputados entre los que se encuentra Pedro Pacheco por una presunta prevaricación; Pilar Sánchez y Joaquín del Valle, por contra, han visto sobreseída la causa en lo que a ellos respecta como así ocurrió en su día con María José García-Pelayo. Francisco García, portavoz de la plataforma de afectados, ha trasladado a Reporteros Jerez la impotencia que éstos sienten después de ver cómo, desde que llevaron el caso a los juzgados en 2005, se ha ido dilatando el procedimiento de una forma tan notoria. “Esto es desesperante. Estamos hastiados y nos parece mentira que ni siquiera aún se haya señalado el juicio. Éramos más de 40 los afectados pero varios han fallecido ya, pues hay que tener en cuenta que en su mayoría se trataba de personas mayores que tenían ese terreno para uso social y de ocio. Por desgracia, prevaleció el interés económico y unos pocos políticos y empresarios se enriquecieron a nuestra costa”.

Como apuntó García, no persiguen tanto el recibir una compensación económica como resarcir el daño moral al que han sido sometidos, por todo a lo que tuvieron que renunciar y “de una forma tan torticera”. “Teníamos permiso para la edificación de una caseta en cada terreno, aperos de labranza, diversos cultivos y sobre todo árboles frutales. El que menos tenía, disponía de unos 30 ó 40 árboles y nos echaron de allí, quitándonos lo que era nuestro, prácticamente de un día para otro y sin motivo alguno”. En la actualidad, el portavoz afirma que muchos de los perjudicados subsisten a duras penas con míseras pensiones, lo que no terminan de digerir mientras recuerdan cómo “unos pocos se llenaron los bolsillos ilegalmente con esto”. Por ello, confían en que la Justicia se pronuncie, y lo haga pronto, poniendo fin a tantos años de desazón y angustia.